Durante el siglo XX se instaló una matriz “prohibicionista-abstencionista” como respuesta a la problemática de las drogas, cuya principal expresión fue la respuesta penal, y sus principales destinatarios, los usuarios. Si bien en los últimos años parece existir un cierto consenso para dejar de criminalizarlos, la reforma no se termina de concretar y las resistencias persisten. Un debate que permanece abierto.

En una habitación de un viejo hotel de Constitución, Denise espió el interior del paquete que un hombre acaba de entregarle en el local de comidas rápidas de la esquina. Había alrededor de 100 capsulitas envueltas en un papel oscuro. La joven era venezolana y era la primera vez que estaba en la Argentina. Abrió la botella de agua que compró en el quiosco y empezó a tragar de a una esas pequeñas pelotitas que contenían en total un kilo de cocaína pura. Mientras se esforzaba por no vomitarlas, tanteó en su bolsillo los 500 dólares que acompañaron la entrega de la droga.

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Un tribunal de Argentina declaró la inconstitucionalidad de la norma que castiga el cultivo de plantas de marihuana para consumo personal. La inconstitucionalidad fue declarada por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata y alcanza al penúltimo párrafo del artículo quinto de la ley 23.737, que castiga a quien siembre o cultive plantas, o guarde semillas utilizables para producir para consumo personal. Según informó el Centro de Información Judicial , el tribunal consideró en su fallo que "esa situación se encuadra dentro del ámbito de las acciones privadas protegidas" por la Constitución Nacional argentina.

En Argentina la reforma de la ley 23.737 quedó frenada luego de las jornadas de debate organizadas por las Comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico en el Congreso de la Nación. Diversas voces se alzaron sobre la necesidad de mejorar los tratamientos a usuarios con consumo problemático de drogas y en los últimos dos meses se presentaron varios proyectos en esa dirección. Mientras tanto, la penalización del cultivo y la tenencia para consumo personal siguen vigentes.

El pasado 29 de marzo se presentó un proyecto de reforma de la actual legislación penal sobre “estupefacientes” (drogas prohibidas por la ley penal). Su autor, el actual senador del partido gobernante Aníbal Fernández, había defendido cuando era ministro un nuevo enfoque en este tema donde no se criminalizara a los usuarios y se concentraran los esfuerzos de aplicación de la ley en los actores del tráfico que pudieran ocasionar más daño.

Desde hace al menos cinco años en varios estamentos judiciales se viene reclamando un solución para la saturación de causas referidas a la tenencia de drogas para uso personal. Después del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de penar la tenencia para uso personal en 2009, la presentación en el Senado de un proyecto despenalizador reavivó el debate. Quiénes son los procesados por consumir, cuánto cuesta a la Justicia llevar esas causas, en qué terminan. 

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes dijo que se debe impedir la “masticación” y también el té de esta hoja. Pero una ley nacional de 1989 estipula que el coqueo no puede ser considerado consumo de drogas. En su artículo 15 dispone que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.

Argentina se encuentra a la cola en la legislación que combate el negocio de la droga. Los interrogantes, avances y reformas legislativas a la Ley de Estupefacientes 23.737 fueron ayer la esencia de la VIII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por la Asociación Civil Intercambios, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud. Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas de Drogas, aseguró a Página/12 que “hubo avances”, pero advirtió que en la región, a nivel penal, “estamos últimos. Salvo Venezuela y nosotros, todos los países ya modificaron su legislación”.

El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió, por unanimidad de todos sus integrantes, declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (N° 23.737), que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años (sustituibles por medidas educativas o de tratamiento). Según la Corte la inconstitucionalidad del artículo es aplicable a aquellos casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal que no afecten a terceras personas.

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Teniendo en cuenta el negativo impacto en materia de derechos humanos de la ley 23.737 que el Comité pretende derogar hubo una reunión (8,9 de Octubre 2008) denominada "Primeras Jornadas Nacionales sobre Políticas de drogas” a la cual concurrieron todos los ministros del gobierno, legisladores y magistrados (jueces, fiscales y defensores oficiales). Para esa oportunidad los jueces y fiscales del comité elaboraron el documento que tienen en su poder y que dió a publicidad en febrero del 2009, con un impacto político, porque era el primer documento firmado por magistrados y hubo repercusión en los medios de comunicación, tanto periodística como televisiva.

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