La incorporación del tema de drogas en la agenda de las conversaciones de paz que se desarrollan entre el Gobierno colombiano y las FARC en la ciudad de La Habana es una decisión acertada.
Una región estratégicamente situada entre el mar Caribe y el río Magdalena ha sido meticulosamente vaciada de su población campesina y convertida en fortín de las élites surgidas de la violencia y de la ilegalidad, gracias a la pasividad o a la complicidad del Estado central.
El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de Argentina decretó la inconstitucionalidad de la ley que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal que no afecten a terceras personas.
El reciente enfrentamiento entre policías e indígenas awajún en el Perú es resultado de la confrontación de modelo neoliberalista, basado en la extracción indiscriminada de recursos no renovables, y el modelo basado en el respeto a los pueblos originarios, los ecosistemas biodiversos y la vigencia de los derechos colectivos.
Cada vez que se avecina una reunión de alto nivel para tratar el tema de las drogas controladas, vuelve a saltar a la escena la vieja propuesta de la legalización como solución al problema y la discusión en torno a ella.
Este documento analiza la cooperación internacional en Colombia, específicamente los llamados Laboratorios de Paz, como una propuesta que busca asegurar los intereses económicos de países europeos y empresas extranjeras.
En la cumbre regional antidrogas realizada en Cartagena fue poco lo que se propuso y avanzó en la definición de una política regional que permita encarar la propagación por el continente del problema del narcotráfico.
Más allá de las conclusiones de la cumbre de Cartagena consagrada a la lucha contra el narcotráfico conviene preguntarse cuáles son sus orígenes, sus rutas de tránsito, los Estados más vulnerables y la forma en que gigantescas sumas de dinero se licuan en los circuitos financieros legales.
En política de drogas y coca, el gobierno aprista, a dos años de su reinstalación, ha tenido cinco aciertos, pero lo que más se nota es el continuismo y la ausencia de propuestas alternativas.
Carta enviada por un grupo de parlamentarios europeos al presidente Álvaro Uribe en protesta por los señalamientos, represión e intimidación contra miembros de la oposición en Colombia.
