Ecuador atraviesa una nueva era de cara a su política y legislación de drogas. Después de 25 años de vigencia de la última gran reforma legal contenida en la afamada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108) promulgada el 17 de septiembre de 1990, la asamblea nacional se apresta a debatir –por segunda y definitiva vez– el proyecto de “Ley de Prevención de Drogas y Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización”.
Con el convencimiento de que las respuestas al problema de las drogas deben ser integrales, enfocándose en las perspectivas de la salud y los derechos humanos, el Gobierno de Colombia, con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), se ha propuesto impulsar el debate sobre alternativas que nos permitan poner en el centro al individuo, superando los enfoques basados únicamente en la represión.
Ecuador - Durante los tres primeros meses, más de 1.200 personas han sido beneficiadas por la aplicación del principio de favorabilidad (Defensoría Pública – Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas, noviembre 2014), en un claro sentido de vanguardia a los derechos fundamentales por parte de los jueces. Sin embargo, aún persisten escenarios donde prima la miopía judicial frente a la legítima exclamación de no continuar privados de la libertad por obra de una ley derogada. Por ello, el principio de favorabilidad además de ser un ideal y fin en sí mismo, ha servido de método para autocriticarnos y demostrar que, en algunos casos, todavía nos hace falta estar a la altura de la Constitución y los derechos humanos. Este es el momento de corregir estos desfases y no esperar que pasen otros cien años… (Jorge Paladines)
The Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD)
26 Julio 2014
El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El estudio encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales y no de las de salud.
América Latina está atravesada por una epidemia carcelaria. La llamada “guerra contra las drogas” y el endurecimiento de las medidas penales subyacen el aumento de la población penitenciaria. El número de mujeres encarceladas en la región, por ejemplo, se ha duplicado entre 2006 y 2011, pasando de 40,000 a 74,0003 y los delitos de drogas son la primera o segunda causa de encarcelamiento de mujeres.
En México los ofensores de delitos de drogas que el sistema apresa son principalmente consumidores y/o vendedores de bajo perfil, según un estudio publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), que estudia la política de drogas en 8 países latinoamericanos. Según el estudio, no se trata de delincuentes que cometen actos violentos u otras conductas delictivas, sino de consumidores o personas que poseen pequeñas cantidades de drogas.
En los últimos años, con el aumento de la población carcelaria y el consecuente hacinamiento, así como con el emergente acuerdo sobre lo inadecuado que resulta usar el derecho penal como la primera alternativa para enfrentar el problema de las drogas, se han venido impulsando alternativas a la privación de la libertad, entre las que se destacan las Cortes de Drogas –CdeD-. Estas, más que una institución, son un modelo que tiende a implementarse con múltiples variaciones. Originalmente desarrollado en Estados Unidos, ha sido implementado en varios países alrededor del mundo, con resultados diversos.
La discusión sobre drogas que tendrá lugar en la Cumbre de las Américas no debería limitarse a constatar el fracaso y los costos de la prohibición. Debería también avanzar en la búsqueda de alternativas razonables. La “reducción del daño” es una experiencia positiva, pero es insuficiente pues se mantiene la prohibición frente a la producción y distribución.
La actuación de México en la 55º Comisión de Estupefacientes, transita entre la esquizofrenia y cinismo. En su informe anual ante el pleno de la Comisión, la delegación mexicana señaló, metódicamente, los logros y alcances de la guerra contra las drogas. Notablemente, no fue mencionada una sola de las personas fallecidas en esta guerra, las importantes erogaciones monetarias que ha hecho el estado, las restricciones y menoscabos a los derechos fundamentales que hemos aceptado los mexicanos, ni el desgaste que han sufrido las instituciones de seguridad pública con motivo de la misma.
Maria Gorete Marques de Jesus, Amanda Hildebrand Oi, Thiago Thadeu da Rocha, Pedro Lagatta
16 Diciembre 2011
A pesquisa teve como objetivo compreender o uso da prisão provisória nos casos de tráfico de drogas. Buscou-se, também, compreender como está sendo aplicada a Lei 11.343/06, que trouxe diversas alterações em relação à antiga legislação de drogas. Para atingir esse objetivo, o estudo examinou as práticas e os discursos dos profissionais do sistema de justiça criminal e traçou um panorama dos casos de tráfico de drogas, nos quais houve prisão em flagrante, o que possibilitou uma ampla análise correlacionando a seleção do sistema de justiça, a forma de atuação da polícia, a lei e a compreensão dos profissionais sobre prisão e segurança pública.
Cincuenta años después de la firma de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes y cuarenta años después de que el gobierno de Estados Unidos declarara la "guerra contra las drogas", varios obstáculos persisten a pesar de los éxitos parciales que han tenido los esfuerzos emprendidos para abordar el problema. El Foro de Dialogo Andino Estadounidense ha señalado con suma preocupación cómo las políticas sobre drogas han monopolizado la agenda diplomática y económica entre los países, contribuyendo a generar tensiones entre los gobiernos e impidiendo la cooperación en torno a otras prioridades de importancia crucial, como salvaguardar los procesos democráticos de las redes criminales.
El Transnational Institute (TNI) y el Consorcio Internacional para Políticas de Drogas (IDPC) en colaboración con el Sentencing Council para Inglaterra y Gales organizaron el pasado 20 de mayo un seminario de expertos en el tema de la proporcionalidad de las sentencias para las personas acusadas por delitos relacionados con drogas. El seminario tuvo lugar en la Parliament Chamber de la ciudad de Londres.
Las historias de Alicia Castilla y Mauricio B que publicó la diaria hace una semana no son casos aislados o fallas del sistema penal. Una investigación de la socióloga Giorgina Garibotto demuestra que la mayoría de las acciones policiales en materia de drogas culmina con incautaciones insignificantes, mientras que legisladores del oficialismo estiman que hay unas 350 personas en las cárceles uruguayas acusadas por autocultivo. Para el director de la Junta Nacional de Drogas (JND), Milton Romani, las sentencias por autocultivo son absurdas.
El Transnational Institute TNI y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA coordinaron durante 2010 un estudio sobre las repercusiones de la legislación de drogas en el sistema penitenciario de ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El resultado ha quedado plasmado en un informe titulado, “Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina".
Bolivia anunció su intención de reformar su ley de drogas (Ley 1008), que ha sido criticada entre otras cosas por resultar en sentencias desproporcionadas por los crímenes cometidos. Sin embargo, nada ha pasado.
En Brasil, la posesión de drogas para consumo personal es castigada con medidas educativas y sentencias de prestación de servicios a la comunidad, no encarcelamiento. En este video, un joven habla de la disparidad en las sentencias entre los ricos y los pobres.
Martha Inés Miravete fue una actriz en Buenos Aires. Ella recuerda cómo en 1994 un hombre le cambió la vida cuando la invitó a participar en un proyecto de video en Brasil. Ella estaba animada por la nueva oportunidad laboral y la oportunidad de viajar por primera vez. Sin embargo, la pararon en el aeropuerto, su equipaje fue revisado y se encontró cocaína dentro.
El 29 de septiembre de 2010, la Associated Press (AP) publicó un artículo titulado Casi 3.000 detenidos por narcotráfico en 8 meses en Ecuador. El artículo menciona el número de detenidos por posesión y por tráfico internacional e insinúa que un número tan grande de personas detenidas por cargos de drogas es señal de que el Ecuador está jugando un papel clave en la disminución de la cantidad de drogas ilícitas que se mueven en la región andina. Sin embargo, las preguntas clave que surgen luego de la lectura de este artículo son: ¿quiénes son estas 3.000 personas, y ha conducido su detención a una disminución real en el movimiento de drogas en el Ecuador?
Con el apoyo de Editorial Fontamara dialogamos con 
Ecuador - Durante los tres primeros meses, más de 1.200 personas han sido beneficiadas por la aplicación del principio de favorabilidad (Defensoría Pública – Dirección Nacional de Investigaciones Aplicadas, noviembre 2014), en un claro sentido de vanguardia a los derechos fundamentales por parte de los jueces. Sin embargo, aún persisten escenarios donde prima la miopía judicial frente a la legítima exclamación de no continuar privados de la libertad por obra de una ley derogada. Por ello, el principio de favorabilidad además de ser un ideal y fin en sí mismo, ha servido de método para autocriticarnos y demostrar que, en algunos casos, todavía nos hace falta estar a la altura de la Constitución y los derechos humanos. Este es el momento de corregir estos desfases y no esperar que pasen otros cien años… (Jorge Paladines) 
El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El estudio encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales y no de las de salud.
En México los ofensores de delitos de drogas que el sistema apresa son principalmente consumidores y/o vendedores de bajo perfil, según un estudio publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el 
En los últimos años, con el aumento de la población carcelaria y el consecuente hacinamiento, así como con el emergente acuerdo sobre lo inadecuado que resulta usar el derecho penal como la primera alternativa para enfrentar el problema de las drogas, se han venido impulsando alternativas a la privación de la libertad, entre las que se destacan las Cortes de Drogas –CdeD-. Estas, más que una institución, son un modelo que tiende a implementarse con múltiples variaciones. Originalmente desarrollado en Estados Unidos, ha sido implementado en varios países alrededor del mundo, con resultados diversos.
La discusión sobre drogas que tendrá lugar en la Cumbre de las Américas no debería limitarse a constatar el fracaso y los costos de la prohibición. Debería también avanzar en la búsqueda de alternativas razonables. La “reducción del daño” es una experiencia positiva, pero es insuficiente pues se mantiene la prohibición frente a la producción y distribución.
La actuación de México en la 55º 
Cincuenta años después de la firma de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes y cuarenta años después de que el gobierno de Estados Unidos declarara la "guerra contra las drogas", varios obstáculos persisten a pesar de los éxitos parciales que han tenido los esfuerzos emprendidos para abordar el problema. 
El Transnational Institute TNI y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA coordinaron durante 2010 un estudio sobre las repercusiones de la legislación de drogas en el sistema penitenciario de ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El resultado ha quedado plasmado en un informe titulado, “
El 29 de septiembre de 2010, la Associated Press (AP) publicó un artículo titulado