Ecuador atraviesa una nueva era de cara a su política y legislación de drogas. Después de 25 años de vigencia de la última gran reforma legal contenida en la afamada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Ley 108) promulgada el 17 de septiembre de 1990, la asamblea nacional se apresta a debatir –por segunda y definitiva vez– el proyecto de “Ley de Prevención de Drogas y Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización”.
La despenalización de la marihuana, propuesta que ha generado polémica en la Isla, fue uno de los temas discutidos durante el Diálogo Informal sobre Política de Drogas que tuvo lugar en el Viejo San Juan y al que asistieron representantes de una docena de países de América.
Cámara de diputados acuerda la necesidad de modificar actual ley de drogas y emplaza al gobierno a llevar a cabo modificaciones respecto al acceso medicinal y rebaja de penas.
En el marco de la V Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Centroamericana sobre Políticas de Drogas, numerosos representantes de la sociedad civil del hemisferio se reunieron con el fin de realizar aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas.
The Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD)
26 Julio 2014
El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El estudio encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales y no de las de salud.
Los Defensores públicos y Defensoras públicas de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) América Latina y el Caribe, reunidos en Santo Domingo (República Dominicana) en el marco de la celebración de la reunión del Consejo Directivo de la AIDEF: (leer la Declaración)
La justificación por la cual hemos militarizado al país se vendría abajo si el mercado se regulara y fuera controlado por el gobierno. Sin un combate frontal contra el tráfico de drogas, nuestro gobierno podría enfocarse en los delitos de alto impacto como el secuestro, la extorsión, y el homicidio. Por estas razones, es importante apoyar las propuestas que se están discutiendo actualmente en las distintas legislaturas de México.
Por fin un presidente de los Estados Unidos se atreve a expresar públicamente sobre el cannabis opiniones que muchos en todo el mundo estaban esperando: que la marihuana no es más peligrosa que el alcohol en términos de los impactos en la salud del consumidor; que las leyes de drogas en Estados Unidos recaen sobre todo en los grupos más desfavorecidos de la población, jóvenes afroamericanos y latinos; y que apoya los esfuerzos de legalización de los estados de Colorado y Washington.
La proliferación exponencial del número de asociaciones, clubes y otras entidades en las que uno de los fines de la organización es la distribución de cannabis entre sus miembros y la consecuente generación de nuevos espacios de socialización, ha sorprendido al más optimistas de los partidarios de unas políticas de drogas más legítimas. En poco tiempo, la sociedad civil, a pesar de sus gobernantes, ha aportado una respuesta a un problema que la realpolitik no supo afrontar.
La polémica desatada por la propuesta del Ministerio de Justicia de establecer una dosis personal para las drogas sintéticas (semejante a la que existe para la marihuana o la cocaína) ha estado llena de equívocos conceptuales. Es bueno entonces hacer algunas precisiones a fin de tener una discusión más sensata sobre este tema, que es difícil y divisivo.
En América Latina es jurídicamente más grave contrabandear marihuana o cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino. Por ejemplo, en Bolivia, la pena máxima para tráfico de drogas es de 25 años, mientras que para el homicidio doloso, esto es, intencional, es de 20. Y en Colombia la pena máxima por tráfico es de 30 años, mientras que por violar a alguien es de 20 años.
Hace dos años, el intento para legalizar la marihuana en California—Propuesta 19—recibió gran notoriedad en América Latina, pero en última instancia no alcanzó los votos necesarios para ser aprobado. El próximo martes, los votantes en el estado de Washington parecen estar a punto de lograr lo que los partidarios de la Propuesta 19 no consiguieron—una victoria en el Día de Elecciones.
En los últimos años se ha hablado mucho del llamado “modelo portugués”, basado en una iniciativa que condujo a la descriminalización del consumo de drogas ilícitas en 2001. De hecho, en muchos lugares podemos leer que Portugal fue el primer país europeo en descriminalizar el consumo de drogas de jure, mientras que España por ejemplo, dio ese paso de facto por primera vez en 1974, no a través de una ley específica, sino de una sentencia del Tribunal Supremo. Ahora, el Bloco de Esquerda presentará un proyecto de ley para permitir los clubes de cannabis sociales.
Ahora que en muchos países del mundo está en auge un proceso de domesticación del cannabis, el fundamentalismo antidrogas recurre a la ciencia para sustentar su visión ideologizada de esta sustancia controlada. La publicación hace unas semanas de un estudio que sugiere que el uso del cannabis disminuye el coeficiente intelectual de los adolescentes fue noticia destacada en todo el mundo.
Juez del Tribunal Oral Criminal y ex integrante del Comité Científico Asesor del Ministerio de Justicia que elevó al Ejecutivo proyectos para modificar la legislación, Vázquez Acuña advierte que "la vigencia de la ley de estupefacientes posibilita un escenario de coacción y extorsión por parte de los miembros de la agencia policial". Una nueva voz de apoyo a las 15 Ideas por una nueva ley de drogas.
En Argentina la reforma de la ley 23.737 quedó frenada luego de las jornadas de debate organizadas por las Comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico en el Congreso de la Nación. Diversas voces se alzaron sobre la necesidad de mejorar los tratamientos a usuarios con consumo problemático de drogas y en los últimos dos meses se presentaron varios proyectos en esa dirección. Mientras tanto, la penalización del cultivo y la tenencia para consumo personal siguen vigentes.
A propósito de la despenalización de la dosis mínima de marihuana y cocaína en el país, Ricardo Vargas, experto en el tema de la política antidrogas e investigador asociado del Transnational Institute de Ámsterdam afirmó que "falta voluntad política por parte del Estado, para que se abra el tema a una participación correcta y no en función de una militancia política".
Así se expresó Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, en el cierre de la 10º Conferencia sobre Políticas de Drogas que se llevó adelante el pasado 7 de junio en el Senado de la Nación. A lo largo de la jornada, quedó claro que los funcionarios a nivel nacional están de acuerdo con la despenalización, que los diputados han llegado a una propuesta de consenso y que existen graves deficiencias en el desarrollo de tratamientos para usuarios de drogas.
Mientras en Latinoamérica y el mundo se debate cada vez de forma mas abierta una reforma profunda y sustancial en el sistema de control de drogas, en México éste debate se había circunscrito a círculos académicos y ciertos sectores de la una sociedad civil organizada.
La despenalización de la marihuana, propuesta que ha generado polémica en la Isla, fue uno de los temas discutidos durante el Diálogo Informal sobre Política de Drogas que tuvo lugar en el Viejo San Juan y al que asistieron representantes de una docena de países de América.
Con el apoyo de Editorial Fontamara dialogamos con 
Cámara de diputados acuerda la necesidad de modificar actual ley de drogas y emplaza al gobierno a llevar a cabo modificaciones respecto al acceso medicinal y rebaja de penas.
En el marco de la V Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Centroamericana sobre Políticas de Drogas, numerosos representantes de la sociedad civil del hemisferio se reunieron con el fin de realizar aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas.
Ver el Comunicado de prensa
El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El estudio encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales y no de las de salud.
Los Defensores públicos y Defensoras públicas de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) América Latina y el Caribe, reunidos en Santo Domingo (República Dominicana) en el marco de la celebración de la reunión del Consejo Directivo de la AIDEF: (
Por fin un 
En América Latina es jurídicamente más grave contrabandear marihuana o cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino. Por ejemplo, en Bolivia, la pena máxima para tráfico de drogas es de 25 años, mientras que para el homicidio doloso, esto es, intencional, es de 20. Y en Colombia la pena máxima por tráfico es de 30 años, mientras que por violar a alguien es de 20 años.
Hace dos años, el intento para legalizar la marihuana en California—
En los últimos años se ha hablado mucho del llamado “modelo portugués”, basado en una iniciativa que condujo a la descriminalización del consumo de drogas ilícitas en 2001. De hecho, en muchos lugares podemos leer que Portugal fue el primer país europeo en descriminalizar el consumo de drogas de jure, mientras que España por ejemplo, dio ese paso de facto por primera vez en 1974, no a través de una ley específica, sino de una sentencia del Tribunal Supremo. Ahora, el Bloco de Esquerda presentará un proyecto de ley para permitir los clubes de cannabis sociales.
Ahora que en muchos países del mundo está en auge un proceso de domesticación del cannabis, el fundamentalismo antidrogas recurre a la ciencia para sustentar su visión ideologizada de esta sustancia controlada. La publicación hace unas semanas de un 
Juez del Tribunal Oral Criminal y ex integrante del Comité Científico Asesor del Ministerio de Justicia que elevó al Ejecutivo proyectos para modificar la legislación, Vázquez Acuña advierte que "la vigencia de la ley de estupefacientes posibilita un escenario de coacción y extorsión por parte de los miembros de la agencia policial". Una nueva voz de apoyo a las 
En Argentina la reforma de la ley 23.737 quedó frenada luego de las jornadas de debate organizadas por las Comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico en el Congreso de la Nación. Diversas voces se alzaron sobre la necesidad de mejorar los tratamientos a usuarios con consumo problemático de drogas y en los últimos dos meses se presentaron varios proyectos en esa dirección. Mientras tanto, la penalización del cultivo y la tenencia para consumo personal siguen vigentes.
Así se expresó Graciela Touzé, presidenta de Intercambios, en el cierre de la 10º Conferencia sobre Políticas de Drogas que se llevó adelante el pasado 7 de junio en el Senado de la Nación. A lo largo de la jornada, quedó claro que los funcionarios a nivel nacional están de acuerdo con la despenalización, que los diputados han llegado a una propuesta de consenso y que existen graves deficiencias en el desarrollo de tratamientos para usuarios de drogas.