El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió, por unanimidad de todos sus integrantes, declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (N° 23.737), que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años (sustituibles por medidas educativas o de tratamiento). Según la Corte la inconstitucionalidad del artículo es aplicable a aquellos casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal que no afecten a terceras personas.

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El cambio es sutil. Y restringido. El 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema determinó, en el famoso "caso Arriola", que la tenencia de drogas para consumo personal no es un delito penalmente castigable siempre que no afecte a terceros. A un año del fallo, poco ha cambiado en la relación de los consumidores con su tan buscada libertad de hacer con su vida lo que quieran.

"Antes de Arriola sostenían un criterio y después lo cambiaron. El fallo impacta más en los juzgados que en la actuación de la Policía", resume Alejandro Corda, investigador y abogado de Intercambios, una asociación civil que estudia los problemas relacionados con las drogas. "Las agencias policiales parecieran ser un poco más resistentes a realizar cambios en cuanto a su relación con los consumidores", explica.

Desde hace al menos cinco años en varios estamentos judiciales se viene reclamando un solución para la saturación de causas referidas a la tenencia de drogas para uso personal. Después del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad de penar la tenencia para uso personal en 2009, la presentación en el Senado de un proyecto despenalizador reavivó el debate. Quiénes son los procesados por consumir, cuánto cuesta a la Justicia llevar esas causas, en qué terminan. 

Juan Carlos Molina lleva un año al frente la Sedronar y le bastó para despegarse de las políticas de intervención represivas y avanzar sobre el problema de las drogas desde la mirada de la "salud social". Durante una entrevista exclusiva habló de los jóvenes vulnerables, defendió el proyecto de la no criminalización basado en el fallo Arriola, y la diferenció de la despenalización del consumo; aseguró que el paco se consume en la clase media, pero se criminaliza a los jóvenes de las villas. Sostiene que es más preocupante el consumo de alcohol entre los chicos que el de marihuana.

El cambio es sutil. Y restringido. El 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema determinó, en el famoso “caso Arriola”, que la tenencia de drogas para consumo personal no es un delito penalmente castigable siempre que no afecte a terceros. A un año del fallo, poco ha cambiado en la relación de los consumidores con su tan buscada libertad de hacer con su vida lo que quieran.

El compromiso a medias de la nueva coalición de Gobierno en los Países Bajos continúa con la política desastrosa del coffeeshop

Iniciativas locales y sentencias judiciales desafían las restrictivas políticas de cannabis del Gobierno.

Es hora de afrontar que la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes está obsoleta, es imposible de enmendar y ha perdido su integridad.

La Cámara Federal en Argentina confirmó el sobreseimiento de un joven que había sido sorprendido por la policía fumando marihuana en cercanías del cementerio de Chacarita. Los jueces afirmaron, como ya lo había hecho la Corte Suprema, que el artículo de la ley de Drogas que reprime el consumo personal de escasas cantidades de droga es "inconstitucional".

El senador recogió el informe de una comisión de expertos que trabajó durante cuatro años. La iniciativa busca despenalizar la adquisición, tenencia y cultivo de drogas para consumo personal. También toma en cuenta el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema. Se trata de una ley nueva y no de una derogación de algunos puntos de la anterior, como los proyectos presentados por diputados de varios bloques en el Congreso.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados arrancó el debate sobre los proyectos de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal.  Ni el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni la nueva política criminal del Ministerio de Seguridad pueden terminar con la criminalización de los usuarios de drogas. Así lo explicó el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. Y agregó: “La ley sigue vigente y la corporación policial continúa deteniendo consumidores”, advirtió, cuando la diputada Patricia Bullrich preguntó si es necesario despenalizar la tenencia para uso personal, ya que la Corte se expidió al respecto.

La nueva narrativa defiende la integridad de las convenciones de drogas de la ONU al tiempo que permite interpretaciones más flexibles

Desde que ganó las elecciones en 2012, el presidente Pérez Molina ha estado impulsando un debate sobre la necesidad de modificar las políticas de drogas. Esta iniciativa arrancó a nivel internacional, en primera instancia en la región centroamericana, y luego en la Cumbre de las Américas, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), extendiéndose posteriormente a la ONU. Aunque se ha anunciado en varias ocasiones una revisión del marco legal nacional existente en materia de drogas, en el Congreso guatemalteco aún no se ha presentado ninguna propuesta para reformar la ley.