El envío del proyecto de regulación del uso del cannabis para su discusión y posterior aprobación en el Congreso en Chile, es un avance del proceso legislativo y que ha develado un vacío de liderazgo por parte del gobierno. Esta falta de conducción política ha sido llenada por la sociedad civil, cuyos diversos actores han sido fundamentales en la concreción de gran parte de las ideas ahí plasmadas y también de los diputados, quienes han tenido mayor sensibilidad para recoger el espíritu de los tiempos. (Ver la entrevista con el Dr. Sergio Sánchez sobre la regulación del cannabis en Chile)

Las autoridades agrícolas de Chile autorizaron a una empresa local para que avance en el cultivo de marihuana con fines medicinales y de investigación, que será la segunda siembra de este tipo en el país. La legislación chilena considera la marihuana como una "droga dura", castigada con las máximas penas. Sin embargo, la presidente Michelle Bachelet se ha comprometido a rebajar la marihuana de droga dura a droga blanda. 

En la Ley de Drogas chilena, el artículo 22 señala que si un preso coopera con la policía reduce su condena. En la perversión de la norma, reos con capacidad económica preparan envíos de droga sólo para delatar a mulas y burreros, personas de escasos recursos que transportan cocaína y mariguana. Aquí el recorrido del colectivo Dromómanos por esa ruta, en la última entrega para Domingo de la serie “Narcotráfico en América”.

En Chile inicio a la discusión que busca modificar la ley 20.000 con el fin de despenalizar el autocultivo de cannabis en las dependencias de la Comisión de Salud de la Cámara Baja del Congres. Con apoyo por una amplia mayoría, la diputada Cariola y se decidió hablar con la presidenta para que retire a la planta de marihuana lo antes posible de la lista de drogas duras y pase a otra lista. Esta medida daría paso a dar un nuevo eje a la discusión de los proyectos de ley.

En Chile, después de muchos años, por no decir todos desde que el Estado se ocupa del tema de las drogas, tres resoluciones públicas reciente muestran tendencias promisorias en el campo de las políticas de prevención y control del consumo y la provisión de esas sustancias. El Gobierno por medio de SENDA convocó a una Mesa de Salud Pública para la Revisión de la Ley 20.000 de Drogas, que ha congregado a un conjunto diverso de instituciones de la sociedad civil y las sociedades científicas.

Se inauguró una mesa de trabajo para revisar la Ley 20.000 -que sanciona el tráfico de sustancias ilícitas- y definir umbrales de posesión que permitan distinguir el consumo del microtráfico de drogas. “Hoy, el Estado destina una gran cantidad de recursos para perseguir a consumidores y microtraficantes sin distinciones. Ese tema debemos evaluarlo en la mesa que acabamos de inaugurar”, según el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. (Véase también: Chile revisa su ley de drogas)

Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciará por el cultivo ilegal de la marihuana. Esta semana se presentó una denuncia contra el Estado de Chile en Washington DC, EE.UU., porque la Ley N° 20.000 prohíbe el autocultivo y el autoconsumo de marihuana con fines espirituales y medicinales. La presentación es por el caso del psiquiatra Milton Flores, condenado por cultivo ilegal en un segundo juicio oral a una pena de 541 días de presidio y al pago de una multa (en el primer juicio le habían dado 41 días).

Al aproximarse la culminación de la campaña electoral contamos con el Décimo Estudio de SENDA sobre el consumo de drogas en el país, que muestra una estabilidad del mismo, asimismo, tenemos la información sobre los impactos criminológicos de la aplicación de la ley de drogas, ley 20.000, dos instrumentos con los cuales podemos evaluar las propuestas programáticas de las y los candidatos presidenciales.

Chile es otro de los países latinoamericanos que está impulsando reformas a sus leyes de drogas. Hay bastantes esperanzas en las propuestas de políticas de drogas presentadas por el nuevo Gobierno de Michelle Bachelet. Estas propuestas reconocen la creciente tendencia internacional a favor de nuevos enfoques en políticas de drogas basados en la salud. Las propuestas muestran también una disposición a revaluar la posición del cannabis en la lista uno de drogas y, entre otras medidas, reglamentarían las cantidades para consumo, lo que representa un mejor tratamiento en la práctica para el usuario de drogas.