El narcotráfico y el ejército de posguerra

01 နိုဝင်ဘာလ 1997
Article

La democratización de Guatemala se ve obstaculizada por la guerra contra las drogas que Estados Unidos libra en territorio extranjero.

Guatemala manifiesta una diversidad como ningún otro país en América Central; la cultura refleja a la geografía y viceversa. El altiplano central helado contrasta con las vaporosas planicies costeras; los terrenos agrícolas verdes, con las regiones casi desérticas. La mayoría indígena contrasta con la minúscula clase gobernadora, la mayoría económica, la mayoría poderosa, blanca; en medio, los ladinos, los mestizos. Hay pocas buenas carreteras para conectar una región con otra, igual que hay pocas buenas líneas de comunicación entre la gente, en ésta sociedad estratificada según líneas coloniales.

Una guerra acaba de terminar aquí, la conflagración más larga del istmo: treinta y seis años de derramamiento de sangre, con intensidades diversas. Decir que el acuerdo negociado entre el gobierno y la URNG rebelde, el 29 de diciembre de 1996, trajo paz a Guatemala, niega que aún existen las injusticias notorias que alimentaron el conflicto. También niega que hay otra guerra a la par de ésta, la guerra inspirada por Estados Unidos contra las drogas. Para ésta guerra, no hay final a la vista.

Este artículo examina cómo retarda la democratización de este país la guerra que, contra sí mismo, libra EU en territorio extranjero. Para superar las dificultades de describir esta guerra contra las drogas y la manera como afecta la totalidad de Guatemala, es útil seleccionar una área específica del país: San Marcos.

San Marcos

La región de San Marcos fue seleccionada por las siguientes características: está en el corazón del terreno productor de opio; es una importante región productora de mariguana; se ubica cerca de la frontera mexicana y es un buen lugar para controlar las operaciones de contrabando. Además, es una región donde se originan quejas sobre daños a cosechas alimentarias, por fumigación y otros abusos patrocinados por la DEA.

Como es usual en este tipo de informes, los nombres serán en reserva por pedido de los declarantes. Se hará esfuerzo por cubrir sus identidades, aunque pueden ser identificados sin mucha dificultad, si se conoce el contexto. Personas contactadas: jueces, activistas de derechos humanos, otras personas, con conocimiento directo en el tema.

San Marcos es un departamento de Guatemala, ubicado en el occidente del país, una región verde cafetalera del altiplano, donde el orgullo es que poseer los dos volcanes más altos del país. Era una zona de conflicto durante la guerra civil recién concluida, hecho que facilitaba la agricultura clandestina. Las cuestas del volcán más alto, el Tajumulco, fueron plantadas con minas y éstas sólo fueron eliminadas este año.

Según personas nombradas para desminar la zona, entre quienes había quienes colocaron las minas y operaron en el área durante 17 años, el campo de minas protegía mucho del cultivo de amapola. Dicho obstáculo para el acceso pudiera haber sido una de las consideraciones para el uso de fumigación por helicóptero, por la DEA. Informantes opinaron que desminar significaría un mejor acceso para los productores y los agentes de la guardia de hacienda.

Un entrevistado realiza labores de cabildeo en temas de derechos humanos, en la región. En su trabajo tiene contacto diario con campesinos, quienes a menudo denuncian violaciones a sus derechos elementales. Un número importante de estas violaciones son maltratos por parte de la policía y otros agentes que trabajan en la erradicación de las cosechas. La producción de amapola, explica, la realizan campesinos, cuyo involucramiento directo en la industria de drogas se limita a la producción.

Las denuncias más severas son por fumigaciones destructivas de las cosechas alimentarias de productos de subsistencia y para la venta local, como papa y avena. El informante, quien vio evidencias físicas de daño en las cosechas a causa de la fumigación, ha llevado estas denuncias a la DEA, pero ésta niega que los químicos que ha usado hagan daño a las cosechas alimentarias.

El daño ha sido denunciado tanto por campesinos que producen amapola como por otros que no la producen. La fumigación aérea era la técnica de erradicación más común, pero hoy día los incidentes de agentes que caminan entre los campos, usando machetes para talar las cosechas, se han incrementado. El informante indica que esto permite la malversación de la cosecha por parte de los agentes.

Al pedirle un comentario sobre la eficacia del esfuerzo de erradicación, dijo que, mientras han aumentado sensiblemente las medidas de control, ha habido un aumento proporcionado de producción. Un cambio importante ha sido que los campesinos han tomado conciencia de que sus cosechas pueden ser observadas por satélite y otras técnicas aéreas; entonces, han acudido al método de sembrar la droga confundida entre otras cosechas, y otros métodos similares, para amparar las plantas de observación.

Quizás lo más importante, ha sido el surgimiento de laboratorios que fabrican heroína. Anteriormente, toda la amapola era exportada directamente a México; recientemente, los campesinos han documentado la construcción de por lo menos un lugar donde se produce la conversión de la cosecha de amapola en el producto de valor agregado, que se vende por un precio mucho más alto, es transportado más fácilmente y puede ser llevado al mercado directamente. Los campesinos que observan esta evolución dicen que no tienen nada que ver con los laboratorios.

Tal facilidad ha sido identificada en el área ubicada entre Tacaná y Sivinal. Se ubica no muy lejos de una carretera de terraceríaque va a la frontera mexicana. Hay varias familias que se han vuelto manifiestamente ricas cerca de Malacatán y lucen esta riqueza con la construcción de sus casas, la compra de carros nuevos y otros excesos.

Para entender los aspectos legales del narcotráfico en San Marcos, fueron entrevistados miembros de la judicatura. Uno fue muy reticente para hablar, pero, en una conversación breve, verificó que la evidencia que llega a la corte es sólo una muestra, que no refleja, ni la cantidad, ni el origen de la recina de la amapola que se comercia.

La corte no tiene ningún control, ni conocimiento directo, sobre la cosecha. Los agentes de la Guardia de Hacienda, empleados en la destrucción de las plantas, también están involucrados en la propensión criminal de las mismas.

Cuando otros funcionarios se unieron a la conversación, todos clarificaron que la corte no tiene conocimiento sobre los detalles de estas operaciones, aparte de lo que es presentado como evidencia.

Ellos fueron muy reticentes para hablar del tema. En cambio, el segundo funcionario judicial entrevistado se manifestó más dispuesto. La siguiente, es una transcripción libre de las notas tomadas en la entrevista. Este informante, como todos los demás, no permitió que se grabara la conversación. Sin embargo, ella estuvo dispuesta a que la identificara como juezade la corte de narcoactividad y medio ambiente:

"¿Usted ha escuchado que se produce heroína por acá?"

"No puedo hablar de casos individuales; puedo decir que no he escuchado que aquí se produce heroína."

"¿Podría darme su opinión acerca de la situación de las drogas aquí? ¿Hay mucho consumo local?"

"El mayor problema aquí es el alcoholismo. Es más esa embriaguez que destruye a la gente y a las familias. Luego es la mariguana. Se produce aquí. El mayor problema es que, ya que es ilegal, los jóvenes que la usan formanmaras. La actividad de lasmaras conduce al crimen. Ahora tenemosmaras criminales, que no teníamos antes.

En cuanto a la cocaína y la heroína, prácticamente no hay, porque son demasiadas caras para la población. Se usan mucho estas drogas en la frontera de Tecún Umán. Allí se encuentra gente de todo el mundo. Hondureños, chinos, judíos, todo lo que se pueda imaginar, y hay todo tipo de droga, usada a nivel local y traficada.

En Retalhuleu, se usa la cocaína porque la encuentran en lugares donde los avionetas la dejan caer equivocadamente. La primera vez, nadie sabía lo que era. Los pescadores trataron de pintar sus barcos con ella. Luego, la gente que tenía que recibirla llegó y ofreció comprarla. Pagaron como cien quetzales (US$17) por kilo. Ahora, la gente sabe cuánto vale y qué hacer con ella; entonces la usan a nivel local."

"¿Y la corrupción y el involucramiento oficial en el área de San Marcos?"

"Hay mucho contrabando hacia México. Los agentes de la Guardia de Hacienda y la Policía Nacional están involucrados de varias maneras. Por ejemplo, la gente que transporta la droga sabe quién y cuándo está de turno en la aduana, de forma que sólo la mueven cuando la gente que saben está de torno."

"¿Y el ejército?"

"En los últimos tiempos se limita a las bases militares. Antes eran más evidentes; ahora todavía están involucrados, pero individualmente y vestidos de civil. La gente sabe quiénes son. En las detenciones y las incautaciones participan con la guardia de hacienda."

"¿Cómo afecta esta corrupción oficial a los casos legales?"

"Detienen a suficiente gente. El problema es después de detener a los traficantes y las drogas: se pierde la evidencia, se fugan los prisioneros, etcétera."

"¿Qué impacto tiene la guerra contra las drogas sobre el desarrollo y la democratización?"

"Este no es nuestro problema. La guerra contra las drogas no es nuestra. Cuando me llegan casos en los que la gente está involucrada con las drogas, la mariguana, la ley dice que la trate como delincuente, por lo que no tengo otra opción que mandarla a la cárcel. No los puedo mandar a educarse o ninguna otra cosa.

En esta guerra se usan recursos que deberíamos usar para solucionar nuestros propios problemas. Los linchamientos, por ejemplo; la gente toma la ley en sus propias manos porque la policía, los tribunales y las cárceles no están en capacidad de tratarlos.

"No habría problema de drogas aquí, si no hubiera una guerra en su contra. Estados Unidos manda un montón de dinero para esta guerra, pero no llega a nuestros problemas de seguridad, como el crimen común, los secuestros, los linchamientos."

Comentarios

Este vistazo de la guerra contra las drogas en San Marcos refleja también las realidades en otras partes del país. En Petén, por ejemplo, la destrucción de las cosechas de alimentos por la fumigación aérea, la situación es mucho más seria. Allí, en el norte del país, más de mil familias solicitaron ayuda al Gobierno, por la perdida de miles de hectáreas de maíz, frijol y otras cosechas destruidas por estas operaciones. La DEA ha negado responsabilidad en las fumigaciones.

Quizás el comentario más doloroso de los informantes es el expresado por la jueza, sobre que, "éste no es nuestro problema, la guerra contra las drogas no es la nuestra". Su crítica está bien fundamentada por encuestas de los periódicos que muestran claramente, en la calle, las drogas no son una preocupación de los ciudadanos. Los Guatemaltecos se preocupan mucho más por el aumento en la delincuencia común, los secuestros, los asesinatos y otros, que hacen que la vida, aquí, sea un ejercicio diario en el terror.

Hay indicaciones de que Estados Unidos está tomando acción ante la falta de preocupación ciudadana. El embajador Donald Planty informó recientemente que su gobierno ha ofrecido aligerar la carga para las fuerzas locales de seguridad, incorporando fuerzas norteamericanas a esta guerra.

Planty pide que Guatemala renuncie a su soberanía y deje que Estado Unidos entre a su voluntad en el espacio aéreo del país y sus aguas territoriales, en persecución de cualquier nave que, se sospeche, transporta drogas. La Constitución de Guatemala requiere la aprobación de las dos terceras partes del Congreso para esto y el gobierno está empleando toda su fuerza para conseguirla. El vice ministro de gobernación Salvador Gándara fue citado por la prensa, en días recientes, pidiendo apoyo para la propuesta y diciendo que "la única oposición que debería existir es la de los narcotraficantes". Citó la amenaza a "nuestros hijos" y opinó que "todos los guatemaltecos buenos deberían luchar contra esta amenaza". No mencionó que este deber patriótico se traduce en tolerar la presencia del ejército estadounidense bajo condiciones virtuales de combate.

Las autioridades legales

Al firmar los acuerdos definitivos de paz, el 29 de diciembre de 1996, el Gobierno se comprometió en una multiplicidad de cambios. Clave en el cumplimiento de estas obligaciones, fue la instalación de la nueva Policía Nacional Civil. Sólo con la instalación de esta nueva fuerza profesionalizada podría establecerse la seguridad interna, necesaria para la gobernabilidad.

Los esfuerzos iniciales para iniciar la nueva fuerza han sido menos favorables. El Gobierno empezó con forzar en el Congreso un anteproyecto que prácticamente desatendió los términos de los acuerdos. En particular, fue cuestionada la exclusión de una academia policiaca. Varios sectores lo denunciaron, entre estos un consorcio de ONGs y, señaladamente la Misión de Verificación de la ONU, MINUGUA.

La academia debía cumplir varias funciones, esenciales para la transición a una sociedad civil, entre las que está un curso de entrenamiento de seis meses para profesionalizar la policía nacional. La Policía Nacional anterior era nada más que una acumulación de brutos, plagada de corruptos e ignorantes que nunca gozaron de la confianza de alguien y cuya incapacidad apoyó el papel continuo del ejército en la seguridad interna. La academia policiaca también serviría como un filtro, para excluir a los peores.

Debido, en gran parte, a los esfuerzos de los grupos disidentes, el Congreso permitió unos cambios a su ley preparada con prisa y, en fin, la aprobó con algunas rectificaciones; pero, aún así, incumplió con compromisos contenidos en los acuerdos. Se instaló una academia policiaca y, aunque todavía no ofrece el entrenamiento esperado, acaban de graduarse las primeras promociones de policías reciclados.

Sin embargo, el ejército todavía patrulla las calles, usurpando las funciones de la policía. Y su papel en contra de las drogas y por la protección del medio ambiente está intacto. La inteligencia militar aún realiza las investigaciones que corresponden al narcotráfico y los secuestros de mayor importancia, sólo involucrando a las autoridades civiles, en el momento de la conclusión de las operaciones, para efectuar las detenciones, a fin de que los medios puedan informar de éstas como éxitos civiles.

La siguiente caracterización es demostrada, en detalle, en un informe de septiembre de 1997, de la Oficina de Washington sobre América Latina (Washington Office on Latin America). La investigadora de WOLA Rachel Garst destaca asuntos importantes que vale la pena repetir aquí.

El gobierno, en lugar de interpretar los acuerdos como una manera de depurar aquellos policías que no conformaran con los nuevos estándares profesionales, ha dicho claramente que casi toda la fuerza anterior se quedará y constituirá más de la mitad de la nueva. Obviamente, el enfoque está en la expansión rápida de la fuerza y no en la calidad de sus efectivos. Eso, a pesar de que la Policía Nacional guatemalteca es conocida como una de las más corruptas de la región y, hasta el momento, no ha tenido ningún programa verdadero de selección o capacitación.

Los miembros de la policía y de la Guardia de la Hacienda tienen un nivel educacional muy bajo y la mayoría no ha recibido ninguna capacitación específica. Muchos miembros actuales compraron sus puestos, o los consiguieron a través de influencias, y se ven obligados a pagar a sus superiores una parte de lo que ganan en exacciones ilegales, que suplen sus sueldos limitados. Como se documenta en todos los informes de MINUGUA, miembros de la policía están involucrados en el crimen, la extorsión y otros procedimientos policiacos ilegales. Estos son los agentes que actualmente constituyen el núcleo de la nueva Policía Nacional Civil Guatemalteca.

El gobierno de Presidente Alvaro Arzú ha reaccionado ante el crecimiento de los índices de delincuencia común, promoviendo la expansión rápida de la policía y el uso ejército. La única oportunidad de construir una fuerza más profesional y verdaderamente civil, con el apoyo de la comunidad internacional, es desperdiciada por Arzú.

La democratización

Desde la firma de los acuerdos, decir que se ha avanzado en la democratización sería aceptar el actual modelo norteamericano de la democracia; o sea que lo que ha estado produciendo es la consolidación, la fraccionalización y la construcción de campos electorales, en otras palabras, la construcción de partidos políticos. Los dos efectos más notables de esta actividad han sido la transición, mandada por los acuerdos de paz, de la URNG hacia un partido político y las escisiones continuas de los grupos progresistas.

Mientras un miembro de alta nivel de la URNG caracterizó la decisión rebelde de formar un partido aparte y no integrarse con el Frente Democrático Nueva Guatemala, como una manera de extender la selección para el electorado, otros analistas destacan su falta de experiencia en procesos electorales y la expectativa de que los ex comandantes se volvieran, automáticamente, líderes del partido.

Se comenta que la organización ex insurgente ha negociado tratos con el PAN gobernante, por lo cual la URNG aparece ahora como una organización de izquierda moderada, que pretende controlar el lado izquierdo del espectro político del país.

Las evidencias cuestionan crecientemente la reputación de la URNG por su estar en la cama con el PAN, lo que incluye el no haberse involucrado, durante todo el periodo posterior a la firma de los acuerdos, en ningun temas que pudiera haber significado su definición de posiciones. Dentro de estos, se incluyen la privatización, la policía y asuntos laborales. En cada uno de estos, al ser cuestiona por los medios de prensa sobre su ausencia, la respuesta fue uniforme:

Han estado ocupados en la construcción del partido. La respuesta ayuda a entender la estructura de la política guatemalteca, construida sobre una fundación de partidos que no representan los intereses de nadie, excepto los de sus miembros.

Hasta la fecha, la URNG no se ha concentrado en ninguno de estos temas, como podrían esperar sus electores. Si agregamos a eso, un secuestro inspirado por la URNG que casi hizo descarrilar las negociaciones de la paz, una desilusión severa de sus simpatizantes potenciales y la negación del partido de seguir la experiencia salvadoreña de involucrar a los excombatientes en la policía civil en formación, surge una expectativa popular sobre si la URNG ofrece esperanza para el desarrollo de la democracia.

Mientras tanto, aparece como la principal alternativa progresista el FDNG, que está experimentando lo que podrían ser dolores de crecimiento, o, al contrario, los primeros indicadores de una división exagerada de las fuerzas progresistas. En elecciones internas recientes, una reelección arreglada para el líder del partido resultó en denuncias de ilegalidad y fraude por los lideres de la oposición.

En virtud de los buenos resultados de las últimas elecciones nacionales, el FDNG cuenta con cinco diputados en el Congreso y, de ese modo, es la tercera fuerza en la política nacional.

Fuera de la arena de la política secular, la vida cotidiana ha descendido hacia lo que un ex procurador de derechos humanos llama un caos absoluto. La pobreza sigue sin disminución, la delincuencia callejera se eleva hacia el cielo, el ejército vaga por la capital con uniforme de campaña parecido a los tiempos de guerra.

Parece que las depuraciones del ejército y la policía, promovidas por el presidente Arzú, han resultado en una riña de secuestros, robos de carros y asesinatos, mientras los despedidos de servicio no enfrentan investigación alguna y su prosecución de justicia, sino simplemente entran en la práctica criminal privada. Sin el control del ejercito, y el de sus miembros renegados, estas categorías de iniciativa actualmente obedecen solamente las leyes del libre mercado.

El sistema de justicia

En un sistema gubernamental que funciona, estas actividades se enfrentan con un aparato judicial eficaz. En Guatemala no existe una institución así. Los jueces son corrompidos por el dinero, las amenazas o la incompetencia, y a diario absuelven a los acusados de crímenes mayores. Funcionarios de gobierno informan a los cárteles acerca de las operaciones que se planifican para controlar el narcotráfico y los informan de nuevas estrategias y planes.

Demoras en el proceso de prosecución de la justicia dan suficiente tiempo para la destrucción de evidencias, la expatriación de divisas, la fuga de los acusados, la compra y la intimidación de testigos, y otras tareas necesarias para mantener un sistema de inmunidad e impunidad.

No es que nunca haya detenciones de elementos poderosos; pero, cuando así pasa, no son resultado de un sistema criminal de justicia eficiente, sino de intereses institucionales. Los intereses del ejército, en tiempos de paz, están mejor servidos por tomar una posición contra el negocio de las drogas, proteger y lucrar con los narcotraficantes, que cumplir su mandato de protección de soberanía,. Es mejor la guerra contra las drogas que no tener guerra.

Por lo menos dieciséis oficiales están bajo investigación por ser sindicados de estar involucrados en actividades del narcotráfico. Muchos de ellos han sido detenidos, incluyendo el coronel retirado Carlos René Ochoa Ruiz, quien ha tenido la libertad de atender sus intereses comerciales en el tráfico de drogas desde 1994, después que el asesinato del Presidente de la Corte de Constitucionalaidad, Epaminondas González, convenció a los miembros sobrevivientes de tal institución que debieran cambiar una decisión que significaba la extradición de Ochoa a Estados Unidos, por un incidente de drogas sucedido en 1991, en Miami.

Estados Unidos ha indicado que volverá a solicitar la extradición, ya que Ochoa Ruiz se encuentra tras las rejas desde mayo. Fue encontrado con 30 kilos de cocaína.

El éxito de Estados Unidos depende, en gran parte, de si el caso que ahora enfrenta no se destruye. El caso se puede destruir ya que han anunciado que el depósito de evidencias, que está bajo el mando de la Policía de Hacienda, ha sido virtualmente asaltado por los guardianes, quienes se han llevado la cocaína que se encontraba allí.

El director de la Policía de Hacienda, Carlos Girón Méndez, ha dicho que el cártel de Cali ha infiltrado la institución y que el resultado ha sido la desaparición de la cocaína confiscada, incluyendo una cantidad no especificada de Ochoa. La droga ha sido sustituida con harina, detergente y cloro. La contaminación y desaparición de evidencias está causando problemas en varios casos, incluyendo el de Ochoa. Por supuesto, han detenido a empleados del depósito de evidenciad, siguiendo el ritual de comedias según el cual, por cada caso, alguien va a la cárcel.

Que las fuerzas armadas entreguen a sus oficiales involucrados en el narcotráfico a la justicia civil, no significa que estos oficiales serán declarados culpables. Ellos tienen el poder de cubrirse sin la ayuda del ejercito, igual que todos los grupos exitosos involucrados en el negocio.

Ellos intervienen en las investigaciones que se realizan en el nivel judicial. Varios jueces han sido implicados en la conversión milagrosa de cinco kilos de cocaína en polvo de jabón, en Jutiapa, en la negatoria a autorizar la búsqueda de una bodega de droga en Cobán, y en la negación de una orden de detención en el caso de Ochoa, en Mixco, que resultó en la fuga de varios acusados, por ejemplo.

Lo que los guatemaltecos han visto desarrollarse, desde la firma de los acuerdos de paz, no ha sido la democracia, sino lo que los medios de comunicación han llamado la colombianización del país. Se han vuelto comunes en los últimos meses los carros bomba, las guerras territoriales y los asesinatos de líderes de otros cárteles de drogas, como respuesta a los cambios que se han dado en este país, en el tráfico de las drogas desde los lugares de producción en el sur hasta el mercado del norte.

Los cambios de papel

Guatemala se ha convertido, de puente y bodega, a productor y fábrica. Los pasos iniciados por los productores hacen que, no sólo se produzca la cocaína, sino también la heroína. Mientras la heroína crece en importancia en el mercado, los empresarios han aprovechado el opio que ya crecía aquí y lo exportan a laboratorios en México. Es posible que hayan empezado a procesar la heroína aquí, como se indica en el informe de San Marcos, complementando lo que llega a diario en los estómagos flatulentos de las mulas de Colombia.

Guatemala también se ha convertido en un basurero de residuos de las entregas. Hace poco, embarques de pulpa de mango empezaron a llegar, enviados desde Estados Unidos, a direcciones que no existen en Guatemala. Los empaques son de origen colombiano y fueron abiertos en Louisiana y Los Angeles; las drogas fueron extraídas y el residuo de pulpa enviado a los puertos guatemaltecos para que se pudriera.

Mientras los intelectuales buscan los principios de la democracia entre las ruinas provocadas por el derrumbe de la historia reciente, los guatemaltecos comunes enfrentan el surgimiento de Narcolandia, el Estado dentro del Estado.

La narcocraciay la democracia son conceptos que se excluyen entre sí, en el contexto que ahora existe. Las reglas escritas en Estados Unidos no pueden ser cambiadas en una Guatemala que todavía no ha incorporado la sabiduría de no involucrarse en otra iniciativa armada estadounidense, tan poco tiempo después de haber superado la última.

En los últimos meses de 1996, cuando se firmaron los acuerdos de paz, un oficial militar de alta graduación teorizó acerca de que, la guerra de los últimos 36 años, fue sólo una consecuencia de la guerra fría, y que Guatemala jamás debería dejar que la involucraran en guerras de otros. La oportunidad de que esta teoría se concretice ya ha llegado, pero, por lo visto, será perdida.

La guerra civil que acaba de terminar impidió el desarrollo de la retórica antidrogas. Ahora que la insurgencia no existe, el Gobierno no está perdiendo tiempo. Está escribiendo nuevas historias en el discurso común. Los periódicos han anunciado que Miss Guatemala y un par de chicos de la selección nacional de fútbol empezarán una campaña contra las drogas.

"Nos sentimos muy contentos," dice la declaración conjunta que entregaron a la prensa, "hemos sido escogidos como imágenes para los jóvenes y los niños guatemaltecos. Nos da una oportunidad para hacer algo por nuestra juventud (...) que no se acerquen a la amenaza presentada por las drogas."

Después de una campaña de carteles, el ministro de gobernación Rodolfo Mendoza usó un foro patrocinado por el Gobierno, para anunciar la batalla contra las fuerzas del narco malo. Usó como ejemplo el caso de Ochoa, diciendo que habían "atacado a los grupos mas fuertes del narcotráfico".

Como evidencia de su efectividad, Mendoza demostró que, en 1995, bajo otra administración, sólo cuarenticinco agentes antidrogas fueron detenidos, mientras en 1996 fueron cuatrocientos, y 250 en el primer trimestre de 1997. La cantidad de decomisos también ha crecido: 950 kilos de cocaína en 1995, luego, 3 mil 916 en 1996 y, a mediados de 1997, fueron 2 mil 224, faltando seis meses para decomisar más.

Volver a las armas

El titular de un periódico dice Menchú lamenta la decisión de Arzú de abrir otra vez destacamentos militares. Esto es lo que las personas que trabajan por los derechos humanos han temido desde que el Ejército cerró los destacamentos durante las negociaciones de paz. Fue una táctica exitosa para que no se discutiera el tema durante las negociaciones. Ahora que tiene libertad, el Ejército ha regresado a las áreas rurales donde los habitantes temen, en las palabras de la ganadora del Premio Nobel, que "podría ser una marcha atrás en el proceso de paz. El Ejército no ha pedido perdón de la población y no ha demostrado que no volverá a reprimir".

Denominados por Rigoberta "los errores más graves" de parte del Presidente, estos eventos son contraproducentes en el movimiento hacia la democracia. El Ejército está ejerciendo poder en áreas del país donde no hay presencia de otras instituciones del Estado, donde los últimos 35 años ha ejercido completo control sobre la población, con un sistema de comisionados militares y otros mecanismos de dominación que, oficialmente, fueron disueltos en las negociaciones de paz.

Aunque estas instituciones militares fueron disueltas en 1996, no es un secreto que la estructura de dominación todavía existe y que los comisionados conservan mucho poder, aunque oficialmente ya no tienen titulo.

Rigoberta Menchú es acompañada, en su consternación por las decisiones del Presidente, por otros defensores de la justicia conocidos internacionalmente, como Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, quien ha comentado que la seguridad civil debería asegurarse de otras maneras y no por una presencia militar. Ella dice que el presupuesto de la nueva policía nacional debería ser incrementado para entrenar más policías.

Según otros analistas sobre el tema de policía, la preocupación mayor de la democracia no es que el Ejército es inherentemente abusivo, sino que, al tomar el poder que debería ser de la policía retrasa el desarrollo de un sistema de pruebas y balances que es esencial en el nuevo proceso.

La policía es parte de un sistema de justicia, que incluye una serie de procesos de administración ejercidos por un Ministerio Publico que se hace responsable de la persecución de la gente sospechosa de ser culpable y tiene un sistema judicial que examina los casos y emite un dictamen. Lo que la democracia requiere en este momento histórico, dicen los críticos, es el desarrollo de estas instituciones y no una semiguerra entrepoderes internacionales y sus sustitutos nacionales.

Un nuevo amanecer, Guatemala adelante

Tranquilizado por los nuevos tiempos, al Ejército lo llevan sus intereses, de masacrar, a proteger al narcotráfico. De acuerdo con teorías acerca de la guerra contra el narcotrafico, parece difícil la situación para la economía de polvo blanco y sus clientes entusiastas del primer mundo. Si uno mira la situación más detenidamente, todo indica que la guerra está abriendo nuevas oportunidades para las clases empresariales en Guatemala.

Este caso ilustra la situación: el 4 de agosto de 1997, Nicolás Hanggi fue detenido por la policía, acusado de que su empresa de exportaciones hortícolas en realidad era un frente para la exportación de la heroína y la cocaína hacia Alemania.

La empresa estaba localizada en una ciudad infestada de turistas, la Antigua Guatemala, donde también se encuentra la fabrica suiza de la corporación internacional Nestlé. El padre de Nicolás, Andreas, era director de esa fábrica. La investigación que se realizo después de la detención de Nicolás encontró que había una conexión con el papá, a partir de la cual se usaba la infraestructura de Nestlé para la exportación de los productos. También se encontró una conexión entre el Director Andreas y Harmut Zersch, un hombre que las autoridades dicen que es líder en la distribución de drogas en Alemania, distribución que incluye, además, a Suiza y España.

Harmut se instaló en Antigua hace ocho años y, desde aquel tiempo, ha trabajado como hotelero, con otros negocios que incluyen la exportación de productos hortícolas ornamentales, además de varios negocios en Costa Rica. Se sospecha que estos negocios son parte de la operación de drogas. Los números en este caso son impresionantes, pues las estimaciones hablan de cien millones de dólares en exportaciones, sin incluir el valor de las flores.

Estos eventos son claves para analizar las nuevas formas de operar en el comercio de drogas. El análisis requiere que se tomen en cuenta la nomenclatura y el contexto, en estas historias sujetas a un lenguaje misterioso. Esto es simplemente un negocio, no un tráfico. Las gentes involucradas son empresarios no traficantes.

El fenómeno no es una conspiración para inmovilizar a nuestros hijos o un complot para hacer que el mundo entre en crisis, sino es una respuesta inevitable a las leyes del mercado, que determinan que una demanda sea satisfecha con una oferta. Donde hay potencial para ganancias, hay negocios comerciales, predice la teoría del mercado. La historia completa puede ser escrita claramente en lenguaje simple con el titulo Adam Smith descubre los secretos de los cá rteles.

La nueva manera de analizar la situación obliga a repensar la estrategia de utilizar al ejército latinoamericano, como clave en la solución del problema. Es innegable que varios ejércitos han sido la causa del atraso de la democracia y son culpables de abusos imperdonables contra la gente.

Pero ellos no son la causa original. Para encontrarla, se deben analizar las políticas domé sticas y extranjeras de Estados Unidos, país que ha sido el agente principal de la ideología de libre mercado. Aquí, es particularmente importante analizar la historia de forma objetiva y no ideológicamente.

Lo que se debe ver es que Estados Unidos ha creado estas máquinas de destrucción, por medio de su financiamiento, entrenamiento y provisión. Estados Unidos ha sido influido, en sus acciones, por la búsqueda de capital que, ahora, es de importancia secundaria. De más importancia es escrutar la cronología de eventos que ha terminado con la creación de los propios mercados que ese país dice que quiere destruir y los efectos contraproducentes producidos al destruir esos mercados.

Los métodos han sido paradójicos, en términos que constante y previsiblemente han garantizado la estabilidad de los precios y, consecuentemente, en las ganancias potenciales necesarias para el crecimiento de la industria.

La participación militar en la industria libre de fármacos psicoactivos, ILFP, es caracterizada por dos condiciones: la primera es la creación de infraestructura por empresarios, adentro de la institución de ILFP, usando ventajas competitivas a su disposición. La segunda, es el uso de individuos o grupos del contexto militar como operantes de organizaciones civiles que hacen capital a partir de esas ventajas.

Es importante delinear esas ventajas, pero antes hay que aclarar que los ejércitos de Latinoam érica no se crearon con el propósito de dirigir el narcotráfico; ellos fueron desarrollados para proteger los intereses de propiedad de las clases de poder. La situación actual es solamente la última expresión de este mandato, no la única. En Guatemala, se incluyen la industria de madera robada, la protección de los terratenientes contra las reclamaciones legítimas de los anteriores propietarios indígenas, la industria de robo de carros y otros. Si la guerra es la diplomacia con otros té rminos, aquí tenemos su actividad acompañante, el comercio por otros medios.

Antes de especificar las ventajas competitivas de los militares, hay que decir que la razón fundamental para esta participación en el narcotrá fico deja claro que las instituciones militares no son indispensables para el funcionamiento del ILFP global. Estas instituciones fueron dirigidas por ellos con el fin de ser eficaces y porque era su papel tradicional. Se podría demostrar que ese papel cambia a diario, a partir de las políticas neoliberales que suplantan muchas de las funciones tradicionales del Ejército. Los ejércitos resienten los cambios de intereses de tal manera, que ahora es da más ventaja inhibir el ILFP que facilitarlo.

Entre las ventajas competitivas de los ejé rcitos, está el control de la producción por medios coercitivos; la capacidad de asegurar el transporte seguro del producto en todas las fases de su producción, desde la finca hasta el mercado; y una garantía de la cooperación internacional bien organizada para todas las fases del negocio, incluyendo el financiamiento por medio de las instituciones bancarias controladas por los ejércitos.

También el aviso anticipado de los cambios en las políticas, estrategias y tácticas estadounidenses; la capacidad de tomar contramedidas en tiempo adecuado; y la capacidad de efectuar cambios rápidos de personal en la cadena de producción por medio de escuadrones de muerte, operaciones militares para calmar insubordinaciones y otros medios.

Se podría pensar en otras ventajas. Pero éstas probablemente tendrían las mismas características de las que están enumeradas aquí; ya no son imprescindibles en las operaciones del narcotrá fico internacional. Lo que el caso alemán enseña es que los ejércitos y la violencia en general ya no son esenciales para este negocio.

Tampoco es necesario usar términos como cártel, para ocultar que las organizaciones son empresas y negocios. Esta simple revelación asusta a los guerrilleros de las drogas y sus discípulos, los medios de comunicación. Ilustra la nota de un periódico, al describir una actividad de narcotrá fico: este grupo tiene características diferentes que los demás de los carteles de drogas. Entre ellos es el destino, porque los empaques son exclusivamente para Europa; y también los patrones, que son la mayor parte extranjeros con trabajos importantes, y finalmente el hecho que ellos no operan con métodos violentos. Esteultimo punto debería causar ondas de choque en todo el mundo.

¿Drogas sin violencia?

Lo que queda claro es que la privatización del narcotráfico es económicamente ventajosa, desde todo punto de vista; desde machacar los extremos del ciclo empresarial, hasta aumentar la productividad de la infraestructura del comercio mundial; pero, lo que es mucho más importante, estas consideraciones económicas siempre han operado. La capa de autoritarismo y violencia se debe a un imperativo político muy aparte del narcotráfico. Esto no significa que la capa no sea no lucrativa. Su capacidad de distorsionar los precios, la convierte, en gran medida, en independiente.

Según fuentes periodísticas, la conexión alemana venía operando desde hace tres o cinco añ os; no es nada nuevo. Lo que es impresionante es que lo haya hecho durante el mismo período en que el Ejército pasaba por batallas militares e internas, que culminaron con la firma de la paz, la modernización de la institución y la asignación de su papel en la posguerra.

Pocos días después que el comerciante alemán fue detenido, el general Otto Pérez Molina fue nombrado representante guatemalteco ante el Grupo de Defensa Interamericana. Pérez fue el más mencionado, durante mucho tiempo, para ser el heredero del aparato militar. Pérez anunció a la prensa que tomaría como uno de los temas más importantes en su nueva actividad, el papel del ejercito en el control regional del narcotráfico. Previamente, Guatemala no había tenido representante en ese foro.

Guatemala, con todas sus agonías y un costo enorme, ha contribuido a clarificar un par de nuevos factores, en la polémica interminable sobre la guerra contra las drogas. Lo primero es que, é ste, es un círculo de por lo menos tres anillos, uno entre otro; como sabe cualquier güiro, para sacar valor del dinero, no se puede mirar sólo el anillo del centro.

El Ejército no es la historia completa y tranquilizarlo no parará el comercio de las drogas. Un ejército más suave y simpático, en Guatemala, es igual de destructivo para el desarrollo de la democracia que un ejercito salvaje, mientras se le permita usurpar el proceso civil.

No se puede ver la guerra contra las drogas simplemente como un fracaso de las políticas internacionales de Estados Unidos o como sucesora natural de la guerra contra la amenaza comunista. La guerra antidrogas no es más que la encarnación de una política que, esencialmente, no ha cambiado, desde que la doctrina del destino manifiesto fue articulada por primera vez como política de dominación de América Latina.

Lo que hace que funcione el comercio de drogas es la constelación de las fuerzas económicas del libre mercado. Es comercio.

Mike Leffert es periodista estadounidense.