Los piratas del Estado en el TTIP

19 August 2015

eldiario.es - Grandes bufetes de abogados presionan para la inclusión del ISDS en el tratado TTIP por los suculentos beneficios que reportan los pleitos arbitrados.

La justicia, ese principio moral que inclina a obrar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, corre el riesgo de desaparecer para siempre. La firma del Tratado sobre la Carta de Energía (TEC) y el recorte en las renovables del Gobierno del PP han convertido a España en el paraíso para inversores extranjeros a la hora de ejercer sus demandas ante tribunales de arbitraje.

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La mayoría de paneles de arbitraje están integrados por tres personas. Cada una de las partes afectadas en el litigio eligen un árbitro; el tercero, el presidente, suele ser designado por los dos árbitros nombrados por las partes. Estas figuras pueden proceder de firmas de abogados, del mundo académico y de instancias gubernamentales. Y aunque hay miles de abogados que desean convertirse en árbitros, pocos lo consiguen. Según un informe del Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, sólo quince árbitros han dirimido el 55 por ciento de los innumerables casos estudiados.

El estudio anterior, Cuando la crisis es negocio, estima que cada caso tiene un coste medio de 8 millones de euros, y que puede superar los 30 millones en otros. Y ahí está el negocio: en el coste legal. En torno al 80 por ciento acaba en manos de los abogados, que acostumbran a ganar un promedio de mil dólares la hora por cada uno de los integrantes de su equipo, y de los jueces, que cobran 3.000 dólares por día. Todo ello sale de los impuestos de los ciudadanos, claro.

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