Una caricatura de ley

25 အောက်တိုဘာလ 2005
Article

Published in Italian translation in Fuori Luogo, 28 October 2005

El paramilitarismo fue una creación del Estado destinada a suplir la ausencia de ese mismo Estado. Lo que probablemente no llegaron a imaginar los hacendados, capos del narcotráfico y funcionarios que a comienzos de la década de los ochenta pusieron en marcha este fenómeno, fue las dimensiones que iría tomando la criatura gestada, que no tardaría en escapar al control de sus creadores. No por nada algunos han comparado a los paramilitares con Mr Hyde. O con el monstruo de Frankestein. En todo caso, con algo feo, vergonzoso, de lo que, de presentarse una oportunidad, sería mejor deshacerse.

Pues bien, eso es lo que viene intentando desde hace dos años el gobierno del presidente Uribe. Borrar del país la fea imagen del engendro paramilitar que solo sirvió para complicar aún más el muy complejo panorama socio político colombiano. Lo malo es que, después de dos largas décadas de expansión y acción de estos grupos, es una ilusión creer que se los puede hacer desaparecer de la escena nacional. Una escena en la que se hallan muy bien afianzados. Porque, siguiendo con las analogías, los paramilitares muy pronto terminarían por transformarse en una especie de Hidra de Lerna. Y el señor Uribe no es precisamente Hércules.

En este intento se concibió la llamada Ley de Justicia y Paz, una legislación aprobada el pasado mes de junio que debía ofrecer el marco jurídico necesario para consolidar la desmovilización de los diferentes bloques paramilitares y sus líderes que hubieran expresado voluntariamente el deseo de reintegrarse a la vida civil.

Lo bueno, lo malo y lo feo de la Ley de Justicia y Paz

Ha habido tanta violencia en Colombia y durante tantos años, que una iniciativa de paz, cualquiera sea ésta -olvidémonos de la justicia- es francamente deseable, y mientras más pronto comience mejor. Esta ley representaría la esperanza de un alto a las masacres, a los desplazamientos forzados, y al hostigamiento a la población campesina. Hasta aquí lo bueno. Los colombianos parecen estar dispuestos a todo, a aceptar un alto porcentaje de impunidad, a que nunca se sepa la verdad, a que no haya reparación a las víctimas de los paramilitares, con tal de que haya paz. La gente inclusive prefiere no preguntarse qué tipo de paz es la que se le viene encima, con tal de que no se vuelva a oír el ruido de las motosierras despedazando a las víctimas.

Lo malo de la ley es más complejo de simplificar pero radica básicamente en su naturaleza imprevisible. Nadie sabe para dónde va, aunque dados los vicios y ambigüedades con los que ha quedado consolidada, muchos se temen lo peor. El gobierno de Uribe se lanzó a un proceso con los paramilitares sin tener la menor idea de lo que iba a pasar a partir de ese momento. De hecho, aún ahora aprobada la ley, todavía nadie lo sabe. A la hidra le aparecen todos lo días nuevas cabezas y la ley se interpreta y reinterpreta a ver cómo se las aplaca. Lo cierto es que hay demasiadas zonas grises en esta ley que permiten que cualquiera que se las arregle para demostrar que tiene un pasado de violencia política -incluyendo delitos atroces como masacres y secuestros- podría gozar de sus beneficios.

Por otra parte, la ley ha sido concebida pensando en el beneficio de los paramilitares, cómo reinsertarlos e involucrarlos en una actividad económica, descuidando la existencia de las víctimas. Hay más de dos millones de desplazados internos a causa de la violencia paramilitar, gente que ha perdido a sus familias y ha sido despojada de sus tierras. Esas mismas tierras que ahora están en manos de los jefes paramilitares y que probablemente no restituyan nunca. Después de todo, nadie ni nada los obliga a hacerlo. La aplicación de esta ley no va a conllevar a una compensación a las víctimas, las penas son tan irrisorias que no se podrá decir que se habrá hecho justicia, y ni siquiera la verdad, lo mínimo a lo que puede esperar una víctima, va a salir a la luz.

La Ley de Justicia y Paz es de facto una amnistía concedida por el gobierno a reconocidos asesinos, narcotraficantes y violadores de derechos humanos. Figuras que han logrado consolidar un poder económico, político y militar lo suficientemente extenso y arraigado como para presionar la aprobación de una legislación a su entero gusto y acomodo. Gracias a ésta, son los procesados los que determinan su aplicación y en qué medida.

La Ley es tan absurda que hace pensar en una burla, una caricatura, gracias a la cual Colombia está ahora a punto de concluir una enorme operación de lavado político, social y económico, que compromete finalmente la legitimidad misma del Estado colombiano. Para nadie es un secreto en Colombia que en el último año y medio, desde que empezaron las conversaciones en la localidad de Ralito, los paramilitares han lavado una cantidad estimada de cerca de 22 mil millones de dólares, y que se han incrementado las exportaciones de cocaína controlada por los paras. Nadie ignora en Colombia que los paramilitares controlan el 35 por ciento del Congreso nacional, que poseen más de seis millones de hectáreas de tierra productiva, que controlan la política y la economía de importantes regiones del país, y que aunque hayan entregado una pequeña parte del armamento, mantienen intactas sus estructuras militares.

Todo esto que hasta hace poco era ilegal está a punto de pasar a la legalidad. Y esto es lo feo, y quizás la peor parte de esta ley. Individuos como Don Berna -un antiguo socio de Pablo Escobar, padrino de paramilitares y reconocido asesino, que desde el sitio en que se encuentra desmovilizado sigue controlando a grupos criminales que mueven la política de ciertas regiones así como negocios ilegales- luego de una condena de unos pocos años en una granja agrícola saldrá transformado en respetable hombre de negocios. Lo mismo le pasará a 'Gordo Lindo', un famoso narcotraficante del Cartel del Valle que controla las rutas del Pacífico de repente convertido al paramilitarismo para acogerse a la Ley. Y a Salvatore Mancuso, quizás el jefe más poderoso de las autodefensas que se da el lujo de moverse libremente por el país, sale a trotar por las playas de Cartagena con una escolta de cincuenta individuos fuertemente armados. Una congresista que no oculta sus simpatías hacia los paras dijo recientemente a la prensa que ve a Mancuso de aquí a unos años en un cargo de ministro.

Sobre todos estos individuos pesan solicitudes de extradición del gobierno estadounidense. Lo que no ha sido un obstáculo para que la administración de Bush diera su apoyo a la Ley. Después de todo el presidente Uribe es el mejor aliado de Washington en la región.

Es esta promoción de la impunidad, en un país ya bastante impune como Colombia lo que el Sr. Uribe está presentándole a la comunidad internacional como un logro de su gobierno a favor de la paz y la democracia. No por nada Amnistía Internacional ha hecho un llamado al gobierno colombiano para que se revoque la ley. De otro modo, lo que se evidencia es que Uribe, a diferencia de Hércules, en vez de matar al monstruo está haciendo alianza con él.