Coca y violencia en el Choco Biogeográfico

01 ဇန်နဝါရီလ 2006
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El Chocó es el departamento con el mayor índice de pobreza en Colombia. En este contexto se mueven los diferentes grupos armados que se disputan el control tanto de los cultivos ilícitos como del territorio. Por su ubicación geográfica en la costa pacífica, el Chocó es corredor de tráfico de armas y drogas. En 2005, el Chocó sufrió un amplio operativo de aspersiones con glifosato, lo que junto con las plantaciones de cultivos ilícitos y la deforestación para la producción agroindustrial de la palma aceitera están poniendo en peligro la riqueza y potencial ecológico de la región.

Los datos

De acuerdo con el informe (1) más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODD), en diciembre de 2004, el Chocó tenía solamente 323 hectáreas de coca repartidas en un 30 por ciento de los municipios del departamento, y camufladas entre cultivos tradicionales de la región como plátano, borojó, maíz y chontaduro.

Pero la nubosidad frecuente en extensas áreas del departamento afecta la confiabilidad en los datos sobre cultivos ilícitos registrados en las fotografías aéreas. Las grandes reservas de bosques vírgenes tropicales lluviosos que posee el departamento del Chocó hacen de ésta una de las regiones de mayor pluviosidad del planeta. De modo que, al igual que en otras zonas de Colombia, las cifras en hectáreas ofrecidas por las entidades oficiales difieren enormemente de la realidad que perciben las autoridades locales.

Aspersiones

A pesar de que las condiciones atmosféricas de la región lo desaconsejan -la deriva por lluvia afecta las fuentes de agua- y a pesar de lo relativamente reducida de la cantidad de cultivos, que habrían podido erradicarse de manera manual,(2) en enero de 2005 las autoridades antinarcóticos pusieron en marcha un operativo de fumigaciones con glifosato en el Chocó. Dentro de este operativo fueron asperjados el Cañón de Garrapatas, en límites con el departamento del Valle, el Medio San Juan, parte del Urabá chocoano y el Alto, el Bajo y el Medio Baudó. De acuerdo a información de prensa(3) de esas fechas, a finales de marzo de 2005 se habían fumigado 435 hectáreas de las 1.384 que la Policía antinarcóticos había detectado en Chocó en enero de ese año, cantidad que está en franca contradicción con las 323 hectáreas registradas por el sistema de monitoreo oficial sólo un mes antes.

El argumento que ofrecen las autoridades antinarcóticos a quienes nos oponemos a las fumigaciones es que los cultivos mismos son más perjudiciales para el medio ambiente que el glifosato asperjado. En efecto, la deforestación de amplias zonas para plantar coca y el uso no controlado de químicos aplicados en el cultivo y mantenimiento de la coca, fuera de los precursores químicos que se manipulan sin ninguna precaución en los precarios laboratorios para la elaboración de la pasta básica y la cocaína repercuten sin lugar dudas de manera dramática en el medio ambiente. Pero lo que las autoridades insisten en desconocer es que la fumigación no solamente no ha traído una solución sino que ha puesto en marcha un círculo vicioso(4) que ha propiciado una mayor penetración en la selva y mayor deforestación para plantar nuevos cultivos.

Las fumigaciones de 2005 en el Chocó desencadenaron una fuerte reacción por parte de importantes grupos ambientalistas.(5) De una parte, es muy poco lo que se sabe aún sobre la riqueza y el enorme potencial del llamado Chocó Biogeográfico, de ahí que una política agresiva a la biodiversidad resulte inaceptable. El Chocó Biogeográfico cuenta con más de cinco millones de hectáreas de bosques húmedos, que constituyen no sólo una extraordinaria reserva de biodiversidad sino el espacio de vida de numerosas etnias indígenas y afrodescendientes. Por otro lado, la política de aspersiones se escuda en los argumentos de la seguridad y el narcoterrorismo para intervenir por la fuerza en territorios de comunidades negras y pueblos indígenas. En esta intervención se violan los compromisos internacionales suscritos por Colombia, como el Convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los gobiernos a adelantar procesos de consulta previa antes de ejercer acciones que puedan afectar la integridad de las comunidades y sus territorios.

Coca y violencia

De hace más de veinte años datan las primeras plantaciones de coca en el Chocó, custodiadas por los grupos guerrilleros que entonces controlaban plenamente la zona. Se trataba de cultivos esparcidos y ocultos en las montañas de los que prácticamente no existen registros. El ingreso de las autodefensas en la región hace una década, desató una disputa territorial con la insurgencia que no cesa desde entonces, y que es el principal origen del desplazamiento de población. La probada asociación de las fuerzas militares con los grupos paramilitares ha exacerbado el conflicto y la crisis humanitaria de las diversas regiones del departamento, inclinando la balanza de fuerza generosamente hacia estos últimos.

El desastroso panorama chocoano quedaría completado con el ingreso del cartel del norte del Valle acompañado de sus ejércitos paramilitares, y la llegada masiva en los últimos años de cocaleros desplazados de otras regiones del país, particularmente Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño. Las fumigaciones en esos departamentos propiciaron un éxodo de mano de obra campesina, una parte de la cual fue a parar al Chocó.

El hecho de que el Chocó sea el departamento de Colombia con el mayor índice de pobreza(6) del país es un elemento importante más que complica la problemática de seguridad de esta región de Colombia en la que se combinan a la perfección un endémico abandono estatal, que facilitó la aparición de elementos armados y su desarrollo, y el fracaso de las políticas antinarcóticos. Dentro de esto último resalta la errónea concepción del gobierno colombiano sobre lo que deben ser los programas de desarrollo alternativo, como el de la palma aceitera,(7) a aplicarse en el Chocó como salida económica para contrarrestar los cultivos ilícitos, el narcotráfico e impulsar el desarrollo.

Los actores del conflicto

El control del Chocó se lo dividen lo que todavía se conoce como el cartel del Norte del Valle a través de su ejército privado 'Los Rastrojos', las FARC y un minoritario ELN, y varios sectores paramilitares en proceso o no de desmovilización. Todos ellos se sirven del Chocó como corredor que comunica el interior y suroccidente del país con la Costa Pacífica y la frontera con Panamá. Dada su topografía, el Chocó es ideal para el tráfico de drogas y armas. La importancia estratégica de la zona hace que los grupos en pugna(8) consideren que bien vale la pena la lucha por el control.

Insurgencia - Una de las regiones en donde las FARC dejaron ver que estaban poniendo fin a lo que algunos analistas llamaron un 'repliegue táctico' de la guerrilla, fue el Chocó, en las zonas de Urabá y en lo que llaman la parte 'de abajo' del río San Juan. La 'de arriba' la controlan las Autodefensas. Con vistas a recuperar territorio perdido en años anteriores, las FARC vienen realizando en los últimos años una fuerte ofensiva que se ha materializado de manera particularmente sangrienta en los últimos meses, según ha reportado ampliamente la prensa nacional colombiana.

Paramilitares - El dominio de las autodefensas está tan consolidado en el Chocó que incluso la desmovilización para acogerse a la Ley de Justicia y Paz(9) de los llamados Bloque Bananero y Bloque Vencedores que operaban en la región no ha representado una pérdida en el cubrimiento territorial. La razón es que han quedado activas fuerzas paramilitares de retaguardia, como el Bloque Pacífico que cubre toda la costa desde Chocó hasta Nariño, y el grupo llamado Elmer Cárdenas (que no participa en las negociaciones), y que controla importantes municipalidades. En la zona del Golfo de Urabá este bloque controla los negocios de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de cigarrillos.

Narcotráfico - La descomposición de los carteles del narcotráfico (10) -el cartel del Norte del Valle- degeneraría en la conformación de dos grandes bandas delincuenciales, 'Los Rastrojos" y "Los Machos", que se disputan el control del narcotráfico en la región del pacífico. Estas mafias están absorbiendo la fuerza de trabajo de los ex combatientes de los diversos bloques paramilitares desmovilizados, ofreciéndoles sueldos tentadores.

A estos tres factores graves de desestabilización en el Chocó, que se podrían considerar como los usual suspects de la problemática colombiana, hay que añadir a las fuerzas armadas, en particular a través de una de sus tristemente famosas brigadas.

La Brigada XVII - La trayectoria non sancta de esta brigada del ejército es de larga data, con acusaciones que se remontan a 1997 y los casos de 'exportación' de paramilitares desde Urabá hasta otras zonas del país. La masacre de Mapiripán, Meta habría sido facilitada por esta brigada. Nada más entre 2000 y 2001 se presentaron unas 200 acusaciones contra la Brigada XVII relacionadas con la comunidad de paz de San José de Apartadó. Estas acusaciones aún no han sido resueltas satisfactoriamente. La reputación de la brigada ha tenido repercusiones internacionales. La última fue en noviembre de 2005, cuando el senador demócrata estadounidense Patrick Leahy presentó una declaración(11) condenando el hecho de que a la fecha aún no se hubiera clarificado la masacre(12) de febrero en la comunidad de paz de San José de Apartadó. Más de 150 miembros de esa comunidad han sido asesinados desde que se fundara en 1997. Debido a su sospechoso récord, el Departamento de Estado de EEUU no entregará en 2006 asistencia a la Brigada XVII.

La población

La población rural chocoana, compuesta en su mayoría por comunidades negras e indígenas, vive en un permanente estado de derrelicción. En muchos casos el paisaje humano del Chocó no tiene nada que envidiarle a las zonas más miserables de Haití o de algunos países africanos. Al abandono del Estado, que se traduce en el alto índice de pobreza, se suma el temor en el que vive la población a causa de la guerra. Las únicas visitas que reciben estos chocoanos son las de los grupos armados, que los involucran de hecho en sus conflictos, y afectan su forma de sostenimiento social y económico, cuando no por desplazamiento,(13) entonces por el bloqueo de las zonas.

En febrero de 2005, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, denunció internacionalmente un masivo desplazamiento de personas en el Chocó por temor a enfrentamientos. Miles de afrocolombianos y miembros de la comunidad indígena Embera debieron huir de sus hogares por temor a los combates entre los grupos armados, FARC, AUC y ejército, concentrados en la zona preparando una ofensiva. La ACNUR denunció también por esas fechas el bloqueo de los grupos armados a amplias zonas del sur del departamento que mantuvo aislada durante largo tiempo a la población civil.

Los desplazamientos persistieron a lo largo de 2005, particularmente en las zonas de Cuvaradó y Jiguamindó. De acuerdo a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, durante los primeros seis meses del año, 8.178 personas abandonaron sus tierras. El 21 de febrero de 2005, el líder de la comunidad de paz de San José de Apartadó, Luis Eduardo Guerra fue asesinado junto con otras siete personas. Según una investigación(14) realizada por la Colombia Support Network (CSN), las evidencias recogidas identifican claramente al ejército colombiano en colaboración con paramilitares de las AUC como responsable de esta masacre.

Varias comunidades chocoanas(15) se han declarado 'zona humanitaria', y se consideran a sí mismas comunidades en resistencia, que lo único que pretenden es no tener contacto con ningún actor armado, ni siquiera con la Fuerza Pública. Se quejan de que en vez de perseguir a los grupos armados, los militares hostigan e intimidan a las poblaciones manteniéndolas permanentemente vigiladas. Las comunidades reivindican su derecho a oponerse a los megaproyectos que se anuncian para la región, los cuales se deciden sin consultar con la población, y por lo general suponen actividades de deforestación en territorios que pertenecen legalmente a las comunidades.

La tierra, la palma, la ley forestal

En 1993, por medio de la llamada Ley 70 de ese año que buscaba garantizarles a las comunidades negras e indígenas su derecho ancestral sobre las tierras que ocupaban, el gobierno les reconoció la propiedad colectiva inalienable de dichos territorios.

Pero los desarrollos que ha conocido la región desde entonces han venido a desmentir en la práctica el derecho legalmente adquirido de estas comunidades. Megaproyectos(15) como la construcción del tramo faltante entre Colombia y Panamá de la carretera panamericana, el proyecto de conexión eléctrica, o la construcción de un gasoducto desde Venezuela con salida al océano Pacífico, se discuten sin la consulta y participación de las comunidades.

Una amenaza más inmediata sin embargo es la que plantean los grandes proyectos agroindustriales que han visto estos territorios selváticos como fuente de inversión y de ganancia. También a este nivel se expresa la presencia paramilitar, en forma de lo que se podría llamar el paramilitarismo empresario. En Colombia es de voz pública que tras el proyecto de cultivo masivo de palma africana de la región se encuentra, entre otros, el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas.

La palma aceitera - Casualmente el gobierno del presidente Uribe ha adoptado la expansión de la siembra de palma africana como una de sus estrategias de desarrollo, como sustitutivo de cultivos ilícitos. En el Chocó esta política se ha convertido en otro foco de tensión tanto por el impacto ambiental de estos cultivos -procesos de desecación de zonas para volverlas aptas para el cultivo- como por las denuncias hechas por las comunidades.

La selva chocoana está siendo reemplazada por cultivos de palma. Además, estos cultivos se están produciendo en tierras que reclaman los nativos. Los habitantes de las cuencas de los ríos de Jiguamiandó y Curvaradó aseguran que luego de que fueron desplazados de sus tierras, las empresas palmeras las ocuparon y se pusieron a desarrollar sus cultivos. A su regreso, los desplazados encontraron sus parcelas cultivadas con palma aceitera o dedicadas a la ganadería. Muchas también sembradas con coca. Unas diez mil hectáreas, legalmente pertenecientes a las comunidades, han sido usurpadas y están hoy dedicadas a la palma y a la ganadería extensiva. Según lo han denunciado la Iglesia Católica y diversas ONG, detrás de esta ocupación está el gran proyecto agroindustrial que impulsan los paramilitares.

La denuncia ha dejado muchas víctimas. La última fue el líder del consejo comunitario de Cuvaradó, Orlando Valencia. En diciembre de 2005, Valencia iba a viajar a Estados Unidos para testimoniar ante diversas autoridades y órganos internacionales, pero la visa le fue negada. Al volver a su región la policía lo detuvo. Al poco fue puesto en libertad, pero sería nuevamente retenido, esta vez por paramilitares, y llevado por la fuerza. Unos días más tarde se encontró su cadáver. Un crimen más que sigue en la impunidad, ello a pesar de que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenaron al Estado colombiano a adoptar medidas de protección de la vida e integridad de los miembros de las comunidades.

En este marco, resulta incomprensible que el gobierno colombiano insista en presentar este proyecto del paramilitarismo empresario como parte de un programa de desarrollo económico benéfico para la región, pasando por alto las violaciones a los derechos humanos, los abusos contra la legislación de tierras, y el daño a la biodiversidad. El apoyo a este tipo de proyectos representa la impunidad para las autodefensas y la legitimación del robo de tierras perpetrado por éstas durante la última década a través de la violencia y la amenaza.

La Ley forestal - Aprobada por el Congreso colombiano en diciembre de 2005, la llamada Ley Forestal -que garantiza la explotación de 25 millones de hectáreas en el Chocó Biogeográfico y la Amazonía- ha sido objeto de una amplia controversia en el país. Lo que comenzó como una iniciativa que debía regular el manejo de las plantaciones forestales y bosques naturales, pronto se revelaría como un verdadero atropello forestal, demostrado en la manera arbitraria y apresurada como fue aprobada esta ley por los parlamentarios. En lugar de servir para garantizar la preservación de los bosques naturales, como se supone que debería hacerlo una ley forestal, esta Ley hace de los bosques naturales zonas de explotación comercial. Y por supuesto, una vez más, nadie consultó la opinión de las comunidades campesinas, negras e indígenas de la región.

Gracias a la actividad desarrollada por amplios sectores opositores a la Ley -congresistas de la oposición como Pedro Arenas, ex ministros del Medio Ambiente y organizaciones campesinas ambientales y forestales de base- el presidente Uribe objetó, en enero de 2006, algunos artículos de la Ley Forestal, los cuales deberán ser discutidos próximamente en el Congreso. Pedro Arenas(16) ha denunciado la injerencia de Chemonics, empresa contratista de lo agencia estadounidense de ayuda internacional al desarrollo, USAID, a favor de la aprobación de una ley reguladora de bosques.

La agroindustria de la palma ha generado empleo y una considerable actividad comercial en el principal pueblo de la región, Belén de Bajirá, no obstante las comunidades se resisten a aceptar este 'progreso' que ofrece la industria palmera. Las comunidades comprenden que se trata de un falso progreso que sólo representa unos pocos pesos para la población local, yéndose las ganancias fuertes a los inversionistas, e intereses económicos detrás de los cultivos. Por otro lado, es un "progreso" que no sólo se está realizando en tierras usurpadas a los nativos, sino que se está realizando en desmedro de una de las áreas más ricas del mundo en bosque tropical. Con lo cual en el Chocó se confirma también lo que sucede en otras regiones de Colombia que poseen algún recurso natural valioso, que en vez de servir al bienestar de la gente que allí habita, termina por volverse causa de su desgracia.


Notas

1.

Agosto 2000

250 has

Nov 2001

353,64 has

Dic 2002

--

Dic 2003

453 has

Dic 2004

323 has

Véase un mapa de Chocó con el área de cultivos en p. 24 [PDF]

2. Para información sobre erradicación manual de cultivos ilícitos en Colombia entre 1999 y 2004, véanse los datos del Observatorio de Drogas de Colombia en el siguiente enlace:
http://odc.dne.gov.co/publicaciones/PUBLICACION_39.xls
Se puede apreciar que en 2003, se erradicaron en el Chocó de manera manual 91 hectáreas, y en 2004 se erradicaron 152, 20 has.

3. Narcos abren nuevo frente en selvas del Chocó [PDF] El Heraldo, Barranquilla – Colombia, el 13 de marzo de 2005

4. Círculo vicioso; La guerra química y biológica a las drogas Martin Jelsma, TNI, marzo 2001

5. Entre los grupos que se pronunciaron en protesta al operativo de aspersiones aéreas: Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, CENSAT Agua Viva, Open Society Institute, Anaité Vargas, Grupo de Monitoreo de los impactos del Plan Colombia en el Ecuador Alexis Ponce, Asamblea Permanente de Derechos Humanos APDH del Ecuador, Grupo Defensa Parques Tomás León Sicard, Instituto Estudios Ambientales-Universidad Nacional de Colombia, Catalina Toro Pérez, docente Universidad Javeriana, Universidad del Valle, Corporación Ambiental KONTIKI, WOLA, Grupo SEMILLAS, Comité pour les droits humains "Daniel Gillard", Corporacion Mingafondo

6. Este mapa (del año 2000) [PDF]muestra las regiones de Colombia y el porcentaje de la población que no tiene satisfechas las necesidades básicas. En 2000, un 61% de la población chocoana vivía en condiciones de extrema pobreza. Esta situación se ha acrecentado en los últimos cinco años.

8. COLOMBIA - Censo de Cultivos de Coca NACIONES UNIDAS Oficina contra la droga y el delito, Junio de 2005 - pag 40

9. Ver Una caricatura de ley: Vistazo a la 'Ley de Justicia y Paz' en Colombia por Amira Armenta

10. - 'Amenaza contra los derechos humanos en el Valle del Cauca', Por Otty Patiño:

11. Statement of Senator Patrick Leahy on the Massacre at San José de Apartadó

12. Este documento [PDF] del Observatorio del programa Presidencial de Derechos Humanos y del DIH, ofrece información sobre las masacres que se han producido en el departamento en los últimos cinco años, y presenta en general indicadores sobre la situación de derechos humanos del Chocó - P. 6

13. Información detallada sobre la situación humanitaria del Chocó hasta diciembre de 2004
el número de personas desplazadas por la violencia en 2004 (p. 38)

14. El texto completo de la investigación de la Colombia Support Network

15. Consejos Comunitarios asociados en Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica, CAVIDA Consejo Mayor del Jiguamiandó y familias del Curvaradó y Consejo Mayor. Bajo Atrato, Enero 17 de 2005 - documento en PDF

16. En su denuncia el congresista Arenas pide que Chemonics explique claramente los intereses que tiene para que se apruebe una Ley Forestal en Colombia de las características de la que actualmente cursa en el Congreso.