A tres meses de las elecciones locales y regionales y a once de las presidenciales, el tema no aparece en el debate político pese a algunos requerimientos públicos (Comunicado del CIDDH, La República, Domingo 13 de Junio 2010). Parece necesario que actuales y nuevos gobernantes de las localidades y regiones del Perú se pregunten a profundidad, ¿es posible mantener políticas criminales que no resuelven los problemas de salud y pobreza rural? En este debate, debe pronunciarse el gobierno, pero también los partidos políticos. Lamentablemente, no se escucha padre…

Pese a los problemas que genera el narcotráfico, se insiste desde el aparato oficial, en seguir haciendo lo que hacemos, con los pocos recursos. Ni el sistema de la UNODC, ni el NAS de la Embajada, pero tampoco los organismos creados al interior de la región (CAN, ALBA, UNASUR), han conseguido plantearle cambios a las políticas peruanas

Entre otros problemas, el narcotráfico representa la existencia de más de 59,900 hás de coca (3,800 más que en el 2008) (1), o, la existencia de entre 100,000 y 250,000 usuarios de todas las drogas ilícitas en el país, o de 1,122 puntos de venta solo en Lima, así como la existencia de una delincuencia organizada que permanece incólume a la acción policial: todo parece indicar que existe un acuerdo tácito o formal entre los carteles extranjeros que deben proveerse de la droga peruana, para las firmas y organizaciones peruanas asuman la responsabilidad de poner la droga lista para ser transportada al exterior.

Nada de esto parecen llamar la atención del Estado ni de los políticos en competencia, que se siguen moviendo sobre la base de escandaletes y acusaciones mutuas (tema Cataño, Peñaherrera y sus relaciones con candidatos de distintos niveles). Si, las drogas tienen un impacto sobre el gobierno y la seguridad ciudadana, pero nada ganamos magnificando las cosas, ni pretender que solo la (amenaza de) cárcel salvará al Perú.

Aun así, la cooperación internacional principalmente norteamericana y europea, disminuyen progresivamente y el MEF insiste en recortar los escasos recursos del erario público. Nuestra pregunta es: ¿qué tipo de acciones está ejerciendo la diplomacia peruana, muy dada a mantener énfasis comerciales antes que políticos, para revertir este retroceso en la cooperación económica bajo el principio de la co rresponsabilidad? Según el World Drug Report 2010, de Naciones Unidas, hay entre 15 y 19 millones de usuarios de cocaína y derivados en el mundo. De ellos, 6´170,000 millones de usuarios se encuentran en EE.UU y 4´110,000 usuarios en países de Europa Occidental. ¿Acaso al Señor Obama, Rodriguez Zapatero, o la Sra Merkel deben asumir su responsabilidad??

La verdad es que la situación del narcotráfico procedente del Perú, se ha insertado en distintos segmentos de la vida económica del país, mientras que la atención simbólica del Estado sigue puesta –erróneamente- en las comunidades de la Selva Alta, aunque a distinta velocidad y con objetivos diametralmente diferentes. Próximamente, publicaremos las relaciones indirectas que ha tenido el sostenimiento del ajuste, privatizaciones, reforma del Estado sobre el funcionamiento del narcotráfico en el Perú.

Mientras en el Alto Huallaga el Frente Policial, pese haber perdido recursos y apoyo técnico de los EE.UU, teniendo que mudarse de la base de Santa Lucía a la ciudad de Tingo María, continua en su búsqueda principal de Artemio y sus huestes acuerdistas, los funcionarios de DEVIDA se siguen solazando sobre los éxitos del “desarrollo alternativo” en lo que ha venido en llamar el milagro San Martín, cuando el departamento aun adolece de los principales indicadores de pobreza y exclusión.

Las principales críticas que se deben hacer al modelo del Ingeniero Pizarro, es su dependencia a los cuatro monocultivos (cacao, café, palmito, palma aceitera), los mismos que están subordinados a la oscilación de la oferta internacional; por otro lado, no han creado suficientes mercados regionales que puedan absorber la producción local en lo que se refiere a cultivos alternativos y oriundos de la selva alta. Asimismo, tampoco ha analizado la medición de los impactos de 20 años de neoliberalismo y los sucesivos TLC suscritos y las importaciones agrarias sobrevinientes, sobre la Selva Alta. En este sentido, su visión es corto plasista, no es duradera.

Pese a los anuncios de la Secretaría del Plan VRAE sobre la ejecución del 90% de la 560 millones del presupuesto 2010, y la puesta en funcionamiento de la línea de trasmisión eléctrica procedente desde Ayacucho hasta San Francisco, la verdad es que el Estado no ha logrado revertir la actual dependencia al narcotráfico de la región. Ni la descentralización, ni la cooperación internacional han llegado al VRAE y sigue presente la dependencia a los Programas Sociales que ejecuta el Estado a través de la Presidencia, del MIMDES, o las FF.AA. Es momento de actuar sobre la base de realidades y no fetiches generados desde gabinetes interesados en perpetuar años de fracasos de la guerra contra las drogas.

Nota:

(1) Informe Monitoreo de Cultivos de Coca para 2009, UNODC Perú y Ecuador,