La forma en que se financian el agua y el saneamiento es crucial. Las principales instituciones internacionales resaltan el papel de la financiación privada, a pesar de las serias inquietudes que suscita el tema. La idea de que la financiación privada pueda traer las inversiones necesarias es extraordinariamente persistente en los círculos legislativos globales y conduce a una peligrosa falta de atención a la opción más realista de movilizar fondos públicos para financiar la infraestructura necesaria para garantizar unos servicios esenciales universales.
Waterlat Gobacit / Flickr
Se prevé que la comunidad internacional adopte unos nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre 2015 para orientar las políticas nacionales y globales en los próximos 15 años. Se estima que los países en desarrollo necesitarán entre 3,3 y 4,5 billones de dólares al año para implantar los ODS —desde la educación universal, la sanidad pública y el suministro sostenible de energía hasta el acceso universal al agua potable y un saneamiento adecuado— en un contexto en el que estos países ya se enfrentan a una brecha anual en materia de inversiones de 2,5 billones de dólares. [1] Solo en el sector del agua y el saneamiento, la brecha anual de financiación se estima en 26.700 millones de dólares. [2]
La forma en que se financian el agua y el saneamiento es crucial. Las principales instituciones internacionales resaltan el papel de la financiación privada en la consecución de los ODS [1], a pesar de las serias inquietudes que suscita el tema. La idea de que la financiación privada pueda traer las inversiones necesarias es extraordinariamente persistente en los círculos legislativos globales y conduce a una peligrosa falta de atención a la opción más realista de movilizar fondos públicos para financiar la infraestructura necesaria para garantizar unos servicios esenciales universales.
Instituciones como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han impulsado políticas orientadas a intensificar el papel del sector privado en infraestructuras desde principios de los años noventa. A pesar de los resultados decepcionantes[3], estos poderosos actores siguen promocionando obstinadamente este enfoque, como ilustra el lanzamiento en 2014 del Mecanismo Mundial de Financiamiento de la Infraestructura (GIF) [4], que pretende liberar miles de millones de dólares procedentes de la inversión privada para destinarlos a las infraestructuras de los países en desarrollo. El G20 hace también un llamamiento por un “ambiente propicio” para la inversión privada en infraestructuras y servicios públicos en el que se anima a los países a crear alianzas público-privadas (PPP por su sigla en inglés).
Este sesgo hacia el sector privado se ha abrazado también en el proceso político de los ODS, como se demuestra en el informe ‘Una nueva alianza mundial’ del Grupo de alto nivel de personas eminentes sobre la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015. Aunque este informe reconoce el papel de la financiación pública nacional y defiende sistemas fiscales más fuertes, alega que el capital privado es la fuente más importante de financiación a largo plazo. [5]
Investigadores advierten que para atraer el capital privado a los proyectos de desarrollo (por ejemplo los fondos de pensiones, las compañías de seguros o los fondos soberanos de inversión), es probable que estas PPP se integren en nuevos instrumentos financieros y se vendan a inversores institucionales a través de intermediarios financieros. El riesgo es que se fomente la tendencia hacia la ‘financiarización’ de los servicios esenciales, lo que crearía gran entusiasmo entre la comunidad financiera. pero que conllevaría una especulación peligrosa con servicios como el suministro de agua. [6]
La realidad es que las PPP proporcionan solo una pequeña parte de las inversiones en infraestructuras que se realizan en el mundo, como demuestra un informe reciente de la unidad de investigación de Internacional de Servicios Públicos. [7] La financiación pública sigue siendo el modelo dominante a escala mundial, proporcionando más del 90 por ciento de la inversión en infraestructuras. A modo de ejemplo y de acuerdo con los datos del Banco Mundial, las aportaciones del sector privado a las infraestructuras de agua y saneamiento entre 2001 y 2006 fueron prácticamente nulas en el África subsahariana, mientras que el sector público y la autofinanciación de los hogares aportaron 7.560 millones de dólares al año. [8] La historia nos demuestra también que el agua y saneamiento universales en países ricos como los Estados Unidos, el Reino Unido o Corea del Sur se consiguieron principalmente mediante la financiación pública. [9]
Hay muchas pruebas, sobre todo en el sector del agua, de que tanto la inversión y la gestión por parte de las multinacionales privadas del agua han sido deficientes en lo que se refiere al suministro de agua potable y asequible. [10] Es por este motivo por el que los proyectos PPP en el sector del agua a menudo son muy cuestionados por las comunidades locales.
En marzo de 2015, un tribunal del distrito de Yakarta Central anuló los contratos de agua privatizados de la ciudad, alegando que las PPP descuidaban su obligación de garantizar el derecho humano al agua de los residentes. [11]
Mysore, una ciudad al sur de la India, se vio profundamente decepcionada por los resultados del proyecto local de PPP que se suponía que debía ampliar el acceso al agua, y decidió suspenderlo en mayo.[12]
En Argentina, se puso fin a 9 de 18 contratos de concesión de agua entre 1997 y 2008 a consecuencia de las disputas sobre inversión, gestión y precios entre las compañías privadas y las autoridades públicas. [12]
Esta insatisfacción extendida entre autoridades locales y ciudadanía da impulso a la ola global de remunicipalización, que persigue devolver los servicios de suministro de agua y saneamiento previamente privatizados a las autoridades locales, regionales o nacionales. Entre 2000 y 2015, 235 ciudades finalizaron contratos de privatización y volvieron a poner los servicios de agua en manos públicas. [13] De hecho, el ritmo de la remunicipalización se está acelerando dramáticamente, duplicándose en el periodo 2010 a 2015 en comparación con el de 2000 a 2010.
Las razones por las que las autoridades locales han tomado tales decisiones son parecidas en Yakarta, Mysore y Buenos Aires: la mala gestión, la falta de inversión en infraestructuras, la mala calidad del agua, las disputas sobre los costes de explotación y los aumentos de precio. Asimismo, las PPP son contratos increíblemente complejos, inherentemente herméticos, que obligan a realizar mayores controles e implican costes legales para los gobiernos.
Los gobiernos pueden en general recibir préstamos a tipos de interés mejores que las compañías privadas a causa del menor riesgo de suspensión de pagos. [7] Entonces una pregunta obvia es: ¿Por qué los gobiernos no pueden pedir prestado suficiente dinero para invertirlo directamente en infraestructuras públicas? La respuesta es que los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI en los países en desarrollo desde los años ochenta y las demás políticas de austeridad en otros lugares siguen limitando el crédito a los gobiernos.
El informe ya citado del Grupo de alto nivel de personas eminentes de las Naciones Unidas afirma que el dinero está ya disponible, ya que los ahorros a escala mundial del año 2015 superarán seguramente los 18 billones de dólares. [5] En vez de abordar contratos de PPP complejos y arriesgados, los gobiernos nacionales podrían adquirir préstamos mediante bonos para invertir a largo plazo en obras públicas de agua y saneamiento. Ya es hora de que la comunidad internacional centre su atención en esta solución sensata: crear un entorno propicio para que los gobiernos puedan movilizar fondos públicos para la inversión sostenible a largo plazo en infraestructuras públicas que permitan alcanzar los ODS.
Los elementos esenciales de esta agenda deberían ser la construcción de sistemas fiscales eficientes y justos junto con la lucha contra la corrupción, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. La ayuda internacional podría contribuir a mejorar los sistemas fiscales, incluyendo la capacidad de gravar a los inversores extranjeros. Finalmente, la buena gobernanza es condición previa para que los fondos públicos se utilicen con eficacia y beneficien a toda la población.
La comunidad global no puede permitirse repetir los errores del pasado. Las PPP son inherentemente ineficaces para las comunidades más vulnerables. En opinión de los autores, no solo es oportunista sino irresponsable que los legisladores consideren la financiación privada como la solución para conseguir el acceso universal al agua y al saneamiento. Las agencias de las Naciones Unidas y la comunidad global deberían empezar a centrar su atención en la construcción de sistemas democráticos de financiación pública para cumplir los ODS.
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