Coincidiendo con la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Buenos Aires, en la que se dan cita los ministros de Comercio de 164 países, el Transnational Institute ha publicado un informe que analiza las 234 demandas de arbitraje de inversiones conocidas contra países de América Latina y el Caribe (ALC).
El ISDS en números revela que los países de ALC se encuentran entre los más afectados por el sistema de arbitraje de inversiones, al ser blanco del 28,6% de todas las controversias inversor- Estado conocidas a escala global. La Argentina, Venezuela, México, el Ecuador, Bolivia y el Perú, en concreto, representan el 77,3% del total de demandas presentadas contra países de ALC.
Desde 1996 (cuando se celebró la Conferencia Ministerial de la OMC en Singapur), muchos países han estado abogando por que la protección de las inversiones se incorpore en la agenda de la OMC. Los países en desarrollo llevan décadas resistiéndose a que se inicien negociaciones multilaterales sobre esta cuestión. Este año, pese a las objeciones de la India, el tema de los derechos de los inversores ha vuelto a aparecer en la agenda, bajo la fórmula de “facilitación de las inversiones”.
“El entusiasmo de Argentina por la protección de las inversiones es incomprensible. Siguen firmando nuevos tratados de protección de las inversiones y alentando la facilitación de las inversiones en la agenda de la OMC, a pesar de que es el país de la región con más demandas y de que ha perdido el 88% de los casos concluidos”, señala Luciana Ghiotto, investigadora del Transnational Institute.
El informe también evidencia que los inversores han ganado en el 70% de los casos presentados contra países de ALC.
Como consecuencia, los países de ALC ya han sido condenados a pagar a compañías extranjeras 20.600 millones de dólares estadounidenses, una suma que multiplica por diez el coste total de reconstruir México después de los terremotos de 2017. Por citar otros ejemplos, también equivale a la mitad del presupuesto anual de salud pública de la Argentina y podría cubrir el presupuesto de salud y educación de Bolivia durante cuatro años completos. La mayor suma pagada hasta la fecha por un país como resultado de una sola demanda fueron los 5000 millones de dólares que pagó la Argentina a la multinacional española Repsol a raíz de un acuerdo.
Por último, el informe destaca que los inversores de los Estados Unidos, Canadá y Europa han interpuesto el 89% del total de demandas. Además, el 23% de las demandas están relacionadas con los sectores de la minería, el gas y el petróleo. Los inversores han cuestionado las políticas públicas que persiguen proteger el ambiente y los derechos de las comunidades, así como las políticas concebidas para que las empresas paguen más impuestos al Estado en estos sectores.
“Los Gobiernos de América Latina y el Caribe deben evaluar las consecuencias negativas demostradas en lo que respecta a los beneficios prometidos, en su mayoría nunca cumplidos, del régimen de protección de inversiones antes de continuar con nuevas negociaciones, ya sea a escala bilateral o multilateral” , advierte Cecilia Olivet, investigadora del Transnational Institute y una de las autoras del informe.
Para más información:
Cecilia Olivet: cecilia.olivet@tni.org
Luciana Ghiotto: luciana.ghiotto@gmail.com
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