El próximo 17 de junio se celebrará en Colombia la segunda vuelta de elección presidencial para el período 2018-2022. Tras los resultados de la primera vuelta, los candidatos en disputa son Gustavo Petro —en representación de la Colombia Humana, una coalición de fuerzas democráticas y progresistas—, e Iván Duque —por el Centro Democrático—, partido de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
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El próximo 17 de junio se celebrará en Colombia la segunda vuelta de elección presidencial para el período 2018-2022. Tras los resultados de la primera vuelta, los candidatos en disputa son Gustavo Petro —en representación de la Colombia Humana, una coalición de fuerzas democráticas y progresistas—, e Iván Duque —por el Centro Democrático—, partido de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Esta es una elección atípica por diversos motivos. Para empezar, es la primera después de la negociación del acuerdo para poner fin al conflicto armado con la insurgencia de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC (hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común)—, firmado en 2016. También es la primera oportunidad en la que un candidato ‘progresista’ llega vivo a la segunda vuelta electoral y aspira a ganar la contienda. En junio de 2018 se juega más que una elección presidencial en Colombia, ya que, por primera vez, las élites, tanto urbanas como rurales, enfrentan dificultades para controlar y dirigir los resultados de ésta.
Cabe señalar, además, que en 1948 el candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán, cuyo programa de gobierno popular contaba con el respaldo de la mayoría de la población, fue asesinado y hay hipótesis que acusan a la élite colombiana. Su asesinato dio lugar al período conocido como La Violencia y, posteriormente, al Frente Nacional (acuerdo bipartidista para la alternancia del poder gubernamental entre liberales y conservadores). Fue en ese período cuando surgieron las FARC. Asimismo hay que recordar a otros políticos que fueron asesinados después de Gaitán, como consecuencia de su intento por enfrentarse democráticamente a la derecha colombiana en elecciones: Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo.
En 2018, el embrujo autoritario con el que Álvaro Uribe gobernó entre 2002 y 2010 intenta volver a imponerse en las urnas. Esa tendencia autoritaria impuesta por Uribe continuó reinando, aunque con un discurso en apariencia diferente, en el Gobierno Santos, y mantiene el apoyo de un porcentaje importante de la población. Sin embargo, al mismo tiempo, y por primera vez, parece existir un consenso amplio de rechazo a las formas y a las propuestas de esa tendencia.
En la primera vuelta de la elección, realizada el 27 de mayo, se produjeron dos cambios destacables. Por un lado, la abstención se redujo hasta un 46,62 %, frente al 59,93 % registrado hace 4 años, y, por el otro, se expresó un fuerte apoyo del electorado a candidatos que representaban una propuesta diferente a las que planteaban el Centro Democrático, el Partido de la U y Cambio Radical, agrupaciones de las que una amplia lista de sus integrantes han sido capturados y condenados por corrupción y vínculos con el paramilitarismo. El apoyo de más del 50 % de los votos a candidatos distintos a dichas opciones refleja un cambio de perspectiva en un país donde los procesos electorales se han caracterizado por el clientelismo y la falta de lectura histórica.
Para comprender mejor el escenario nacional que se dibuja en Colombia en estos momentos, es necesario mencionar tres elementos clave de las propuestas programáticas de los dos candidatos, que apuntan a dos visiones enfrentadas sobre el futuro del país.
El acceso a la tierra constituye uno de los problemas históricos que ha dado lugar al conflicto social y armado en Colombia. Se trata, por lo tanto, de un elemento fundamental en cualquier propuesta de país y en la representación de los intereses generales o de grupos particulares. Las posiciones de los dos candidatos se plantean como contrapuestas. Por un lado, desde el Centro Democrático se propone intensificar el extractivismo (minero, energético y agroindustrial) como base para generar el ingreso nacional. Este proyecto se fundamentaría en dos pilares: 1) una estructura de la propiedad de la tierra concentrada en manos de terratenientes históricos, y de quienes la acapararon a través del desplazamiento forzado durante los primeros años del siglo XXI, y 2) el rol protagónico del capital transnacional, como inversor, exportador y comprador del patrimonio natural extraído. Esto daría continuidad a la denominada ‘política de seguridad inversionista’, desarrollada por Álvaro Uribe Vélez en sus dos mandatos y continuada por Juan Manuel Santos en los 8 años siguientes.
Por otro lado, la Colombia Humana propone gravar las tierras fértiles improductivas, a partir de criterios definidos por un catastro rural modernizado, con el fin de incentivar una mayor productividad de la tierra que, a su vez, genere condiciones laborales dignas para el campesinado colombiano. En esta propuesta, el Estado desempeña un rol central en la garantía del acceso a la tierra para los pequeños propietarios y en la promoción de un proceso de industrialización paulatina. El candidato Gustavo Petro plantea que la agroindustria tendría un lugar central en esta cadena, pero con el campesinado como protagonista.
Frente a estas propuestas divergentes con respecto a un tema central del conflicto social y armado, es interesante analizar las respuestas electorales en la primera vuelta. Es cierto que aún no existen datos consolidados que permitan comparar las tendencias rurales y urbanas, y que las generalizaciones suelen pasar por alto elementos importantes. No obstante, al observar los 9 departamentos en los que ganó Gustavo Petro, se evidencia que son zonas donde el conflicto tuvo un alto impacto en los últimos años y, al mismo tiempo, donde se construyó un tejido social que buscó responder desde propuestas organizativas populares. En los 23 departamentos restantes, la victoria en la primera vuelta fue para Iván Duque. Estos departamentos incluyen regiones en las que hubo presencia activa de las FARC, así como algunas en las que aún existe una fuerte presencia paramilitar.
La creciente importancia que se le ha concedido a la cuestión ambiental en el debate refleja un giro notable, ya que esta deja de ser un tema secundario y se plantea como central desde una visión de la economía política del país. Los conflictos socioambientales generados por el modelo de desarrollo dependiente de la agroindustria, la explotación de minerales, petróleo y carbón, así como la generación de energía para alimentar ese modelo, son cada vez más visibles en el contexto nacional. Por ejemplo, el deterioro de los suelos y las fuentes de agua y la contaminación de los territorios ligados a la extracción minera han sido denunciados repetidamente. Los efectos en la salud de las poblaciones, particularmente niñas y niños que mueren por desnutrición en zonas de extracción de carbón, escandalizan a la población y los asesinatos de luchadoras/es por la defensa del territorio continúan aumentando.
La Colombia Humana propone una transición desde ese modelo explotador de la vida y los territorios hacia una economía productiva esencialmente agrícola. El Centro Democrático, en cambio, plantea seguir por la senda de la muerte a través de la profundización de la economía extractivista, a la que se suma la intención de promover el fracking. El apoyo de los partidos tradicionales y los principales gremios económicos a esta propuesta evidencia que son precisamente los grandes intereses económicos los que están en juego en la disputa actual.
La definición de la cuestión ambiental presenta distintas aristas en Colombia. Podría afirmarse que, salvando diferencias ideológicas internas, el ambientalismo radical —en el que también se ubican los pueblos que luchan por la dignificación de su vida frente al modelo de despojo— se ha sumado al proyecto político de la Colombia Humana. Por el contrario, el ambientalismo que defiende soluciones de mercado y se basa en una retórica de conservación de la vida —como un concepto abstracto e individual, desconectado de los territorios y del campo popular— ha optado por apoyar el voto en blanco, al sostener que está en contra de la polarización en que se ha sumido el país y que desea mantenerse al margen. Sin embargo, en la coyuntura actual, el voto en blanco podría constituir un respaldo mudo a las propuestas autoritarias del Centro Democrático.
Otras tendencias, autodenominadas de izquierda, que no se reclaman como ambientalistas pero reivindican representar intereses populares, también han optado por apoyar el voto en blanco, lo cual exacerba las visiones sectarias que se benefician de una perspectiva eterna de oposición.
Tras el proceso de negociación y la firma del acuerdo con las FARC, se manifestaron distintas concepciones de paz: la pax neoliberal contra la paz con justicia social. También se hizo evidente el interés de ciertos sectores en perpetuar el modelo militar y paramilitar. La campaña por el NO en el plebiscito para ratificar dicho acuerdo se basó en el uso de noticias falsas y en la manipulación a través de un refuerzo del conservadurismo, con instrumentos falaces como la llamada ‘ideología de género’.
Es esta disputa la que se ha ubicado en el centro del debate público y la que plantea los mayores desafíos a la sociedad colombiana, que debe optar por continuar una historia de guerra y eliminación física de propuestas que se alejan del modelo económico y social dominante, o la posibilidad de construir desde el ejercicio de la participación popular, en la que se reconoce la diversidad de actores sociales y sus intereses.
En este debate electoral y después de la desmovilización de las FARC, la polarización de la sociedad colombiana se ha reconfigurado en comparación con el debate de 2016. Quienes entonces defendieron una pax neoliberal, se han sumado ahora a la candidatura de la ultraderecha, a pesar de que esta se manifestó en contra del acuerdo.
La posible victoria de la ultraderecha es altamente preocupante, ya que podría volver a abocar a Colombia a una violencia como la vivida durante las décadas de 1980 y 1990, cuando el partido político de izquierda Unión Patriótica fue eliminado físicamente con el asesinato de más de 5000 de sus integrantes. Existe temor a que esto se repita, ahora contra los excombatientes de las FARC. También a que el uribismo sea de nuevo —como en los años de la ‘seguridad democrática’ cuando la criminalización del movimiento social no tuvo límite— la 'mano oscura' de la que se apoye la oligarquía para no manchar sus apellidos, al tiempo que se extermina cualquier opción de cambio y de pensamiento diverso en el país.
En la otra cara, la propuesta de Gustavo Petro y Angela María Robledo entiende la paz como una construcción de la sociedad. Además del compromiso de cumplir la implementación de los acuerdos alcanzados con las FARC y la garantía de la aplicación de la Justicia Especial para la Paz, esta visión considera que es indispensable reformar el Estado colombiano en los ejes de la salud, la educación y el sistema pensional, entre otros. Es decir, que considera que la justicia social es un elemento indispensable para la construcción de paz.
En un contexto regional en el que los Gobiernos de derecha toman el poder, incluso con golpes de Estado, para imponer procesos de restauración conservadora en países donde en los últimos años tuvieron lugar periodos democráticos denominados ‘progresistas’, y en un ámbito internacional en el que también se observa un creciente apoyo a iniciativas autoritarias de derecha, esta elección adquiere un peso representativo no solo para la población colombiana. Adquiere un significado geopolítico que tiene el potencial de reforzar o cambiar el rol que el país suramericano ha jugado históricamente en la región.
En las miradas contrapuestas de la paz en Colombia está en juego, en última instancia, el continuismo del arrasamiento de los territorios y su militarización con fines de acumulación corporativa transnacional, o la dignificación de la vida de los pueblos y los bienes comunes.
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