Demandas multimillonarias que desangran a países con problemas económicos, corporaciones que invalidan las victorias logradas por quienes defienden el medio ambiente y enormes recompensas financieras para inversores que cometieron abusos contra los derechos humanos. Diez demandas entre inversores y Estados de todo el mundo, que se han presentado o se han resuelto desde 2015, demuestran que el ISDS se utiliza una y otra vez como arma empresarial contra el interés público. Este informe denuncia la verdadera esencia del régimen del ISDS a través de 10 casos recientes.
Imagínate un proyecto empresarial que resulte destructivo desde el punto de vista social y ambiental. Pongamos, por ejemplo, una mina tóxica, que podría envenenar las reservas de agua de la zona en las que vives, o un proyecto para construir inmuebles de lujo, que desplazaría de tu barrio a centenares de personas. Tú y tu comunidad os oponéis a estos planes, los tribunales dictaminan a vuestro favor y el proyecto se detiene. ¿Suena a victoria para la comunidad, verdad? Pero entonces, la compañía que promueve el proyecto demanda a tu país por interferir en sus ganancias, y le exige millones —o incluso miles de millones— de dólares a modo de indemnización, incluso por beneficios futuros. Imagínate que la demanda se resuelve ante un pseudotribunal parcial, en que los dictámenes han sido tan devastadores para los países que muchos responden frente a un caso —o incluso la mera amenaza de que se presente— ofreciendo amplias concesiones, como retroceder en sus propias leyes.
La verdad es que no te tienes que imaginar todo esto. Se trata de una situación muy real. En el marco del sistema paralelo de justicia conocido como ISDS (sigla que se corresponde, en inglés, al término ‘solución de controversias entre inversores y Estados’), reservado a las corporaciones y los ricos, las empresas pueden demandar a los países cuando consideran que las decisiones de los Gobiernos o las sentencias judiciales —incluso aquellas cuyo objetivo explícito es proteger a las personas o el medio ambiente— afectan a sus beneficios. Estas demandas eluden los tribunales nacionales y se interponen ante un tribunal internacional de árbitros, integrado, fundamentalmente, por tres abogados especializados en inversiones que deciden qué es más importante, si las ganancias privadas o los intereses públicos.
Por ejemplo, después de que la Corte Constitucional de Colombia prohibiera las actividades mineras en un ecosistema frágil que proporciona agua potable a millones de personas, la compañía minera canadiense Eco Oro demandó al país y le exigió 764 millones de dólares en daños y perjuicios. Cuando los tribunales croatas anularon los permisos ilegales emitidos para construir un complejo de golf de lujo en la ciudad de Dubrovnik, Croacia fue blanco de una demanda de indemnización de 500 millones de dólares. Rumania se está defendiendo de una increíble demanda de 5700 millones de dólares por parte de la compañía minera canadiense Gabriel Resources, después de que los tribunales del país declararan ilegal el proyecto de mina de oro tóxica de Roşia Montană.
Estas son apenas tres de diez demandas en virtud del ISDS —examinadas con más detalle en este informe— que resultan notorias y paradigmáticas, y que se han presentado, amenazado con presentar o resuelto desde 2015 (véase la tabla 1). Hasta la fecha, a escala mundial, se conocen casi 1000 casos de ISDS, en los que los Gobiernos han sido demandados por un total que supera los 623 000 millones de dólares. Esta cifra equivale al 90 % de todos los flujos de inversión extranjera directa dirigidos hacia todos los países en desarrollo en 2018. La suma total de dinero conocida que los Estados han sido condenados o han accedido a pagar como resultado de fallos y acuerdos al amparo del ISDS es de 88 000 millones de dólares, otra cifra astronómica, que equivale a toda la inversión extranjera directa dirigida hacia Australia, Japón y otras economías desarrolladas fuera de Europa y Norteamérica en 2018.
10 casos recientes en virtud del ISDS que han socavado la justicia y los derechos humanos en todo el mundo
Estas demandas se están produciendo en un momento decisivo para el régimen del ISDS. Por un lado, la fuerte polémica provocada por los ‘tribunales corporativos’ ha dado lugar a que la ciudadanía, la clase política y los medios de comunicación participen en el debate y mantengan su interés y mirada crítica sobre la cuestión. Además, varios países han empezado a abandonar el régimen poniendo fin a acuerdos que contemplaban el ISDS. Por otro lado, en muchos lugares del mundo se están negociando nuevos acuerdos de comercio e inversión que prevén disposiciones relativas al ISDS, y la Unión Europea (UE), de hecho, prevé ampliar el ISDS a través de un Tribunal Mundial para Corporaciones (conocido, formalmente, como Tribunal Multilateral de Inversiones). Con estas últimas novedades, se corre el riesgo de que se expanda aún más, se blinde y se vuelva a legitimar un sistema muy criticado, que ha resultado ser extremadamente peligroso para los contribuyentes, la democracia, la protección social y ambiental, el desarrollo económico y la justicia climática.
En este contexto, este informe pone de manifiesto que el ISDS se emplea, una y otra vez, como arma empresarial contra el interés público y, a pesar de la controversia actual al respecto, estos tribunales con alfombra roja para las corporaciones siguen prosperando y reforzando la injusticia en todo el mundo. Este sistema judicial paralelo sigue adjudicando cientos de millones —o incluso miles de millones— de dólares de dinero de los contribuyentes a empresas y particulares ricos. Los casos presentados al amparo del ISDS —o el simple riesgo de que se presenten— logran intimidar a las países para que desmantelen sus propias leyes, menoscabando así profundamente la democracia y la participación ciudadana en todo el mundo. Muchos casos también demuestran cómo el ISDS contradice y obstruye directamente otros ámbitos jurídicos, en especial el de los derechos humanos y el derecho ambiental.
La última estrategia de la UE sobre los derechos de las empresas no hace nada para poner fin a esta situación ni para responder a las numerosas preocupaciones y críticas del sistema por parte de la ciudadanía europea. De hecho, resulta alarmante que genere el efecto contrario: en el marco del proyecto de reforma del ISDS de la UE (rebautizado como ‘Sistema de Tribunales de Inversiones’ o ICS, por sus siglas en inglés) y de la propuesta de Tribunal Multilateral de Inversiones, miles de empresas podrían seguir eludiendo los tribunales nacionales y demandar a los Gobiernos a través de un sistema de justicia exclusivo en caso de que alguna ley o reglamentación nacional interfiera en su capacidad de lograr grandes beneficios. La política de la UE con respecto al ISDS seguiría allanando el camino para que miles de millones de fondos de los contribuyentes acaben en los bolsillos de grandes empresas y particulares ricos. Todavía podría cercenar y minar la formulación de políticas en pro del interés público, con el fin de proteger a las personas y al planeta. Y aún podría dar lugar a fallos que contradigan directamente los derechos humanos y el derecho ambiental.
En un momento en que la UE está iniciando una cruzada para globalizar su enfoque con respecto al ISDS, estas evidencias no solo deberían alarmar a los europeos. Desde México hasta Vietnam, y desde Norteamérica hasta el grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, ciudadanía y responsables de políticas de todo el mundo deberían darse cuenta de que la UE no ha resuelto los problemas de base del ISDS, que han sido objeto de críticas muy graves durante los últimos años. En efecto, las últimas propuestas sobre la protección de las inversiones resultan tan peligrosas para los contribuyentes, las políticas de interés público y la democracia como el ‘viejo’ sistema ISDS, y mantienen la estructura de un sistema unilateral, en que los inversores solo gozan de derechos y oportunidades de lucro, pero sin ninguna obligación a cambio. Estos tribunales con alfombra roja para las corporaciones no deberían tener espacio en ningún acuerdo internacional.
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