Erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y derechos humanos

15 ဇူလိုင်လ 2020
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De acuerdo con cifras de UNODC, a diciembre 31 de 2019 se detectaron 154.000 hectáreas (has) de coca en Colombia, lo que significa una reducción de 15.000 has, es decir, el 9% respecto a las 169.000 has detectadas en 2018. El gobierno del presidente Iván Duque fijó para 2020 una meta de erradicación de cultivos de hoja de coca de 130.000 hectáreas, esto es, un 62,5 por ciento más que el 2019, cuando la meta fue de 80.000 has.

Photo credit Martin Jelsma

La meta global de erradicaciones se distribuye entre el Ejército Nacional y la Policía, cada uno con el 50% (65.000 Has.). Para ese propósito se están usando diferentes herramientas: la erradicación manual forzada, la aspersión terrestre de glifosato y, subsidiariamente, se esperaba un aporte en términos de reducción de cultivos de los programas de sustitución. Además, el gobierno esperaba contar con el regreso de la aspersión aérea desde comienzos de año. Para el cumplimiento de la meta en 2020, el gobierno dispuso de una partida para aumentar a 200, el número de Grupos Móviles de Erradicación Forzada. Estos grupos eran 24 al término de la administración Santos y en el 2019 fueron unos 100 actuando sobre zonas productoras.

La erradicación manual forzada está teniendo costos muy altos en materia de derechos humanos por la resistencia que presentan las comunidades al considerar esa intervención de la fuerza como injusta y violatoria de acuerdos firmados con el Estado colombiano a través del gobierno anterior del presidente Juan Manuel Santos. Así mismo, se han presentado heridos por parte de la fuerza pública (61 en 2019), la mayor de estos por amputaciones.

Por su parte, en los escenarios de producción, los grupos armados y las bandas neo paramilitares buscan controlar los mercados de Pasta Básica de Cocaína (PBC) o de hoja de coca. En general – sumado al accionar de las fuerzas de seguridad estatal - el ejercicio del control territorial por los armados golpea la autonomía, la economía propia y la organización de Finalmente, a pesar de las metas propuestas por el gobierno, el informe 2019 de UNODC señala que el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura se estimó en 1.137 tm, es decir, presentó un aumento de 1,5% en relación con el 2018. Por su parte, la producción estimada de hoja de coca fue de 993.107 tm, un aumento del 1,6% respecto al año 2018. En relación con la productividad del cultivo, a nivel nacional se estima que una hectárea produjo alrededor de 5,8 tm de hoja fresca en 2019. La región del Pacífico es la que presenta una mayor productividad.

Principales consideraciones alrededor de la actual política de reducción de la oferta centrada en los cultivos de uso ilícito

1. Bajo el actual gobierno se está produciendo una descoordinación total entre las políticas alternativas a los cultivos de uso ilícito, llámese sustitución o desarrollo alternativo, y la estrategia de reducción de áreas basada en acciones de fuerza.

Esa falta de coordinación se observa desde la administración del presidente Santos. En el terreno, y en relación con las acciones de erradicación forzosa, ha sido el Ministerio de Defensa el que ha controlado la política en una abierta alineación con las exigencias de Estados Unidos.1


  1. En materia de erradicación forzosa, la cual ha pasado a convertirse en “erradicación violenta”, ha predominado una política de Estado mientras en los programas de sustitución o de alternativas a la economía de los cultivos de uso ilícito, sigue la tradición de una política de gobierno.2 Claramente, la política de Estado de Colombia la traza Washington y se fundamenta en la fracasada demanda de reducción de áreas como el aspecto sustancial en detrimento de las políticas de desarrollo rural o, por lo menos, de fortalecimiento de las economías campesinas.

  2. Esas demandas de Estados Unidos se sustentan en falsas premisas que adjudican a Colombia una responsabilidad por el grave problema de salud asociado al incremento de muertes por sobredosis y que obedece al descontrol en el consumo de opiáceos sintéticos y del Fentanilo, más que a la demanda de cocaína. No obstante, el gobierno colombiano acepta sin rigor una pretendida corresponsabilidad que, reiteramos, es espuria.3

  3. Lo anterior se inscribe en la compleja relación entre seguridad y desarrollo o seguridad y fortalecimiento de los procesos de autonomía de los territorios indígenas y colectivos hacia el gobierno propio. Esa relación es central en el escenario de los pos-acuerdos y el país está en mora de asumirla. El diseño de estrategias de intervención sin tener en cuenta esa relación, o simplemente reducida a la militarización de los territorios como la llave maestra de la seguridad, pasa por encima de la participación de las comunidades en la construcción de la esfera civil que necesita con urgencia Colombia. Implica respetar sus procesos autónomos de seguridad y protección. En el agravamiento de la inseguridad hay una responsabilidad histórica y continua de los gobiernos que han tenido o asumido el poder desde la firma de los acuerdos de paz.

2. El Gobierno maneja una narrativa sobre el papel de los productores de modo que les margina socialmente y les criminaliza como actores del conflicto.

La actual narrativa reproduce exactamente las mismas justificaciones del período del expresidente Santos cuando llevó a cabo procesos de erradicación forzosa. Se argumenta que los cultivadores llevan a cabo asonadas contra la fuerza pública y son instrumentalizados por los grupos armados (GAO residual en el lenguaje gubernamental), por lo cual las acciones de fuerza son actos de “legítima defensa de las FFAA”. Parecieran repetirse las circunstancias de la masacre de El Tandil en el departamento de Nariño, ocurrida el 5 de octubre de 2017 y donde murieron siete personas entre productores y jornaleros.

Según un reportaje de la revista Semana sobre los eventos, las víctimas sostuvieron “que fueron los policías antinarcóticos los que abrieron fuego contra los campesinos que, como máximo, estaban armados de palos y caucheras. La Policía, por su parte, asegura que sus hombres respondieron al fuego de las disidencias de las FARC que los atacaron en medio de la protesta, y que así fue como se produjo la tragedia”.4 Según el artículo, “De momento, la versión con más piso, a partir de las investigaciones de la Fiscalía, es la de las víctimas”.5

Como la versión oficial de la masacre fue que se produjo en medio de enfrentamientos con un grupo armado ilegal, un fiscal especializado en investigar organizaciones criminales asumió el caso. Esta situación no fue aceptada por parte de los representantes de las víctimas que, al considerarla una masacre perpetrada por actores del Estado, pretendían que la investigación fuera asumida por un fiscal de derechos humanos. Sin embargo, el 27 de septiembre de 2019 se anunció que el caso pasaría a la justicia penal militar.

Recordemos que bajo el período Santos entre enero 2017 y agosto de 2018, ocho personas perdieron la vida en medio de acciones de erradicación forzosa recién firmados los acuerdos de paz. En el gobierno de Duque van cuatro campesinos muertos en esos operativos.6

En general, en las zonas donde existen cultivos de uso ilícito se ha producido una serie de violaciones en derechos humanos e incumplimiento de las condiciones mínimas de protección a la población civil previstos en el Derecho Internacional Humanitario. Por lo anterior, las comunidades temen que la presencia de tropas de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) que hacen parte de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, puedan agravar la situación. Estas tropas tienen presencia en teatros de operaciones militares de las llamadas Zonas Futuro y que coinciden con territorios que presentan altos índices de homicidios, fruto de operativos de erradicación forzosa tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía (Véase Cuadro). Su apoyo se centra en los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Hércules (Tumaco, Pacífico Sur), Vulcano (Región del Catatumbo), Omega (Meta, Caquetá y Guaviare) y de la Brigada contra el Narcotráfico (Cobertura Nacional).

En relación con la muerte de pobladores del campo que se relacionaban de alguna manera con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos7 (PNIS), previsto en los acuerdos de paz, o que se hallaban presentes en el momento del desarrollo de la erradicación forzosa, la situación a junio 5 de 2020 ha sido la siguiente:

Homicidios de líderes y personas relacionadas con PNIS y/o en contextos de erradicación manual forzosa (EMF) desde noviembre 24 de 2016 a 5 de junio de 2020 y homicidios a nivel municipal.

 

Departamento y homicidios pers. relac con PNIS o EMF.

 

 

No.

 

Subregión

 

 

No.

Municipios y homicidios pers. Relac con PNIS o EMF

 

 

No. 

Zonas Futuro (ZEII)

Contexto tasa de homicidios  gral 100 K

Lugar en el Dpto.

Tasa Dpto por 100 K

Antioquia 

22

Bajo Cauca 

17

Tarazá

14

 

 233.04 

2

34

 

 

 

 

Carepa

1

X

 35.68 

36

 

 

 

 

 

Caucacia

1

X

126.16 

10

 

 

 

 

 

Anorí

1

X

135.31 

6

 

 

 

Norte Ant. 

5

Briceño

2

 

149.89 

5

 

 

 

 

 

Ituango

2

X

306.24 

1

 

 

 

 

 

Valdivia

1

X

133.72 

9

 

Cauca 

19

Norte del Cauca 

 

4

 

Caloto

 

3

 

 

124.64

 

3

 

37.50

 

 

 

 

Corinto

1

 

90.62

6

 

 

 

Centro 

4

Cajibío

3

 

23.42

 

 

 

 

 

 

Morales

1

 

22.61

 

 

 

 

Zona Sur 

9

Balboa

3

 

34.34

 

 

 

 

 

 

Patía (El Bordo)

1

 

110.19

5

 

 

 

 

 

Bolívar

3

 

15.61

 

 

 

 

 

 

Argelia

2

 

87.42

7

 

 

 

Bota Cauc. 

1

Piamonte

1

 

67.23

10

 

 

 

Pacífico 

1

Guapi

1

 

6.68

 

 

Nariño 

16

Pacífico Sur  

13

Tumaco

13

X

126.47

1

23.77

 

 

Telembí         

1

Maguí Payán

1

X

24.38

8

 

 

 

La Cordillera 

1

El Rosario

1

 

20.41

10

 

 

 

Obando         

1

Ipiales

1

 

21.58

9

 

Córdoba 

11

Sur de Córdoba (San Jorge) 

 

9

San José de Uré

7

X

216.47

1

15.49

 

 

 

 

Montelíbano

1

X

41.45

2

 

 

 

 

 

Pto Libertador

1

X

17.19

8

 

 

 

Sur de Córdoba (Alto Sinú) 

 

2

Tierralta

2

X

4.66

23

 

Putumayo 

6

Medio Put. o Piedemonte 

 

2

Puerto Guzmán

2

 

78.61

1

46.53

 

 

Bajo Putumayo 

4

Orito

1

 

40.81

7

 

 

 

 

 

Puerto Asís

2

 

64.28

5

 

 

 

 

 

Puerto Leguízamo

1

 

65.02

4

 

Valle 

6

Pacífico 

4

Buenaventura

4

 

22.64

36

47.81

 

 

Norte 

2

El Dovio

2

 

48.57

20

 

Caquetá 

4

Piedemonte 

4

Montañita

2

 

120.13

1

41.51

 

 

 

 

San José del Fragua

1

 

78.83

2

 

 

 

 

 

Curillo

1

 

76.08

3

 

N de S 

6

Catatumbo 

5

Tibú

2

X

247.99

1

39.17

 

 

 

 

Sardinata

2

X

61.96

9

 

 

 

 

 

Hacarí

1

X

101.29

5

 

 

 

Oriental

1

Cúcuta

1

 

30.20

17

 

Meta 

2

Ariari 

2

Mapiripán

1

 

53.96

1

23.80

 

 

 

 

La Macarena

1

 

50.33

3

 

Bolívar 

2

 

 

Cantagallo

2

 

30.87

3

17.22

Elaboración propia con base en Marcha Patriótica “Vulneraciones a los Derechos Humanos en operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito adelantados por fuerzas combinadas del Ejército Nacional y la Policía Nacional en Colombia.”, Junio 2020; IGAC – DANE – www.todacolombia.com* Población Proyección DANE 2018; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, FORENSIS 2018, Junio de 2019.

Se debe aclarar que el hecho de que una persona esté relacionada con el PNIS (usuario o líder) no explica de por sí que esa condición sea la causa del homicidio. Existen otros factores de orden político, social o actividad económica simultánea que puede precisar mejor las razones eventuales que motivaron el homicidio. No obstante, los datos reseñados sí pueden dar información de la complejidad de estos territorios e implique diseñar estrategias de protección mucho más focalizadas y que respondan a estos contextos particulares. Las principales pistas que arroja esta información son:


  • Existen zonas focalizadas donde se condensan el mayor número de casos:

  • En primer lugar, son significativos los eventos del Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, con 17 y 5 casos, respectivamente, que representan el 23.4% del acumulado nacional. Es decir, casi una cuarta parte de los casos de homicidio se encuentran en estos territorios. Sólo en Tarazá, en el Bajo Cauca, hay 14 homicidios, es decir, aproximadamente el 64% de los casos en Antioquia. Tarazá ocupa el segundo lugar en tasa de homicidios a nivel departamental (233.04 por 100 mil), lo que sugiere que las muertes en contextos de narcotráfico harían parte de una compleja trama de otras motivaciones y que deben ser analizadas en detalle. No obstante, el escenario cobra una relevancia importante: El caso de Tarazá contrasta con Ituango, en el norte de Antioquia, ya que aun siendo el municipio con tasas de homicidios más altas (306.24), sólo tiene dos casos.
    • Otro caso importante es Tumaco que suma 13 incidentes y es el primer municipio con la tasa más alta de homicidios en Nariño (126.47 por cien mil).
    • Un caso similar sucede en San José de Uré, en la subregión del río San Jorge, en donde hay siete de los nueve homicidios ocurridos en el Sur de Córdoba.
    • De este modo Tarazá, Tumaco y San José de Uré engloban 34 casos, o se,a el 36% del total nacional en el período posterior a la firma de los acuerdos de paz hasta el 5 de junio de 2020. Tres municipios representan más de una tercera parte del total nacional.

Este sólo dato debería motivar un análisis comparativo de las estrategias de seguridad del Estado para estos territorios y observar patrones en los dispositivos que están siendo erráticos o inútiles.

La narrativa generalizante de asociar homicidios con municipios que tienen cultivos de uso ilícito sigue siendo equivocada. Hay lugares con núcleos importantes de narcotráfico que no presentan un comportamiento violento, seguramente debido a la existencia de arreglos de convivencia, sea por dominio de un actor armado, o por acuerdos con las personas y grupos involucrados de una u otra manera en el conflicto. Un ejemplo de enclaves productivos para el narcotráfico, y que no presentan tasas de homicidios importantes o asesinatos de personas involucradas en esa actividad en el período reseñado, son El Naya (Cauca-Valle del Cauca8) y El Charco-Olaya Herrera (Nariño), zonas donde tampoco llegó la oferta del PNIS.9


  • Erradicaciones forzosas y falsos positivos con detenidos

Adicionalmente a los casos de vulneración de derechos humanos incluida la vida, en estos momentos se están produciendo capturas indiscriminadas de cultivadores, como en el caso de la vereda El Silencio, en jurisdicción de Puerto Alvira municipio de Mapiripán sur del Meta. De acuerdo con el Ministerio de Defensa hay personas con vínculos con disidencias de las FARC. Sin embargo, Juntas de Acción Comunal de la zona señalan que se trata de labriegos y que son personas pacíficas conocidas por todos.10

3. Situación actual: el Covid-19 y cultivos de coca en Colombia

Hechos

Mientras la mayoría de la población colombiana está confinada en las casas como parte de la cuarentena decretada por el presidente Iván Duque, la campaña contra la coca no se detiene y los campesinos tienen que salir de sus hogares a enfrentarse con los erradicadores y la seguridad militarizada que los rodea. En este contexto, se incrementaron las denuncias por violaciones a derechos humanos causadas en el marco de operaciones de erradicación forzada.

Anorí, en Antioquia;11 Sardinata12 y Cúcuta, en Norte de Santander13; Tumaco, en Nariño14; El Retorno, en Guaviare15; y Vistahermosa, en Meta,16 han sido noticia en los últimos dos meses (mayo y junio de 2020) por agresiones (homicidios y heridas) a campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores de coca, quienes se oponen a la fumigación terrestre que adelantan policías, militares o civiles contratados. Todos los muertos han sido el resultado del accionar de las armas oficiales. También se han registrado heridos y judicializados. De otro lado, miembros de la fuerza pública han salido heridos o han sido retenidos en cercos humanitarios que organizan los agricultores para impedir que sus cultivos sean eliminados. Las denuncias se han extendido a los departamentos del Putumayo, Caquetá, Córdoba, Cauca y Chocó.

El dispositivo establecido por el Ministerio de Defensa, ha conllevado una militarización de la erradicación de cultivos de coca, mediante el empleo de tropas del Ejército o de una Policía antinarcóticos cada vez más militarizada, no solo en su vestimenta sino especialmente en su armamento y en sus prácticas. Además, las operaciones cuentan con el respaldo del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- cuestionado constantemente por el uso excesivo de su fuerza en la disolución de protestas sociales. Es de considerar que estas operaciones se adelantan en lugares a los que nunca ha llegado el estado social y donde la presencia institucional territorial se caracteriza por su nula o débil presencia.

¿Cómo se opera?

Un caso que ilustra los enfrentamientos entre las brigadas de erradicación forzada y las comunidades es el de la vereda Salto Gloria, en el municipio de El Retorno (Guaviare). Según la comunidad, el operativo de erradicación de la mañana del domingo 24 de mayo comenzó con sobrevuelos de helicópteros que disparaban, aparentemente de forma disuasiva, para dispersar al campesinado que se aglomeró ante el aterrizaje de los uniformados. Sin embargo, los disparos atemorizaron a la comunidad, y luego se lanzaron gases lacrimógenos dirigidos a los agricultores. El desembarco de las tropas para eliminar las matas de coca –que unas veces se hace con aspersión terrestre de glifosato y otras arrancando las plantas de raíz – terminó en enfrentamientos con trabajadores y habitantes de la vereda, defendiéndose con palos y dispuestos a no dejar que se produzca el exterminio de la agricultura, a la que consideran su única fuente viable de ingresos básicos en aquellos confines geográficos.

El hecho produjo un choque y luego de nuevos disparos, cayó herido Manuel Ayala, de 62 años, lugareño conocido por la población. Una señora grabó los hechos con un celular mientras lanzaba frases descompuestas a los policías que, ataviados como soldados de películas del futuro, perseguían a un hombre para reducirlo y capturarlo.17

Las razones de los operativos y las respuestas de las comunidades

El discurso oficial justifica su accionar en:

  1. Las comunidades están en parques naturales u otras áreas protegidas.
  2. Esas familias no están en el Programa de sustitución de cultivos, PNIS.
  3. En esas regiones la producción de coca beneficia a grupos armados ilegales.
  4. La coca trae violencia y deforestación, destruye el medio ambiente y contamina aguas.
  5. Los campesinos protestan porque son obligados a hacerlo por grupos ilegales.
  6. Los campesinos pueden dedicarse a cultivos lícitos.

Por su parte, las comunidades alegan “violaciones a los DDHH de los campesinos, un sinfín de militares y civiles heridos, capturas y bienes sustraídos a los campesinos irregularmente, menores de edad puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desplazamiento de la población por vías aparentemente legales”.18 Asimimo, ellos argumentan que viven en parques porque no tuvieron otras opciones de acceso a la tierra. Y se sostienen de la coca por varias razones: falta de apoyo estatal, infraestructuras y acceso a mercados lícitos. Además, la pasta de coca es un bien no perecedero de fácil transporte, precio de sustentación, mercado asegurado, fuente de crédito, es moneda local de intercambio comercial y la mejor fuente generadora de empleo comparada con otras actividades19, a pesar de los bajos precios que percibe el agricultor en la fase inicial de dicha cadena productiva. A lo que se agrega que en esas comunidades pudieron haberse suscrito pactos colectivos que no aterrizaron en acuerdos familiares de sustitución o simplemente no llegó la oferta del Programa PNIS, aunque el Punto 1 del acuerdo de paz consideró prioritario resolver la situación del campesinado en areas protegidas.

De otro lado y de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el primer cuatrimestre de 2020, se dieron operaciones de erradicación forzada en el 82 por ciento de los 46 municipios que hacen parte del PNIS, y nueve de los 13 municipios donde hubo incidentes se encuentran en este grupo.20 Este hecho confirma el predominio en el tratamiento de guerra a los cultivadores de uso ilícito y la total descoordinación entre los entes de seguridad y las instancias responsables de los programas de sustitución o de alternativas productivas, sociales y de protección al medio ambiente en los territorios con dependencia de esta economía. Solo en junio del presente año, Hernando Londoño, director de sustitución de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) informó que esa entidad está tramitando un convenio con la Unidad de Parques para abordar la situación de cultivadores en esas áreas21, casi cuatro años después del Acuerdo de Paz.

4. Violación de protocolos de la erradicación forzosa o erradicación violenta y ausencia de organismos de control y veeduría.

En todos los casos de erradicación forzada en los que se han presentado vulneraciones a derechos humanos hay ausencia de representantes del Ministerio Público (tanto Personerías como Defensoría del Pueblo o Procuraduría). Esto implica que haya situaciones irregulares en el contexto de los operativos.

En la Ley 30 de 1986, en su capítulo VII, se establece un procedimiento para la destrucción de plantaciones y sustancias incautadas. Específicamente, en el artículo 77 existe un inciso que establece el procedimiento de identificación, medición del cultivo y señalamiento de responsables, toma de muestras de la planta y remisión del muestreo a la autoridad de salud.

De todo lo anterior, dice el artículo, se levantará un acta que deberá estar firmada por el propietario o el cultivador y en todo el procedimiento deberá estar presente el Ministerio Público. Sólo entonces se procederá a la erradicación. Es decir, los productores afectados deben exigir el acta y la confirmación de la autoridad de salud de que se trata de plantas psicoactivas como condición para la ejecución de la erradicación. De cualquier manera, se infiere de dicho artículo que se deben dar garantías en relación con la presencia del Ministerio Público, en particular para velar por el cumplimiento de los protocolos de erradicación y de pleno respeto a los derechos humanos.

Como se observó, en los procedimientos violentos de erradicación hay una total ausencia de los organismos de control disciplinario y veeduría de derechos humanos, tanto del Ministerio Público como de cualquier organismo de cooperación en esta materia. Es paradójico que mientras el Ministerio de Defensa argumenta que las acciones de erradicación no se paralizarán dado el contexto de la pandemia22, de otro lado aquellas entidades alegan las dificultades por el COVID 19 para excusar su presencia en las zonas donde se adelantan las erradicaciones violentas con serios impactos en DDHH, a pesar de los insistentes pedidos de las comunidades. Por ejemplo, en la vereda Tercer Milenio de Vistahermosa, Meta, la población campesina se movilizó y protestó durante casi un mes contra la erradicación efectuada por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército, pero la Defensoría del Pueblo solo acudió al lugar 10 días después del fin de la protesta. En segundo lugar, se está produciendo una violación del Manual de Antinarcóticos para la Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos de la Policía, aprobado el 15 de octubre de 2010. Allí se contempla en el artículo 7.1. CUMPLIMIENTO AL RESPETO Y FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS (Pág. 80) donde se consigna que:

En todo momento se deben tener en cuenta el buen trato y el respeto a todas las personas, sus bienes y propiedades, prestando especial atención a los regionalismos y rasgos culturales característicos de cada zona (Art 1º. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición).

A la luz de las denuncias de las comunidades se observa el total desconocimiento de lo dispuesto en el Manual de la Policía sobre operativos de erradicación, lo que se agrava por la ausencia del Ministerio Público.

5. Incremento de riesgos en el marco de la pandemia

Los actuales operativos que se adelantan en diferentes territorios con cultivos de uso ilícito han significado un riesgo adicional para la población por la posibilidad de contagio de Covid 19 por miembros de las tropas del Ejército y la Policía que vienen de otras zonas, sin que haya transparencia ni protocolos de protección para los pobladores. Esta situación es aún más riesgosa para estas comunidades que carecen de una infraestructura de salud adecuada para atender un incremento desproporcionado de casos y cuyo colapso es previsible en la forma en que se adelantan las operaciones.

Por mencionar un par de casos, en Cúcuta se conoció que 36 militares fueron aislados desde el mes de abril por presuntos casos coronavirus, y en San José del Guaviare, decenas de militares allegados a la Brigada 22 de Selva dieron positivo por Covid 19 en el mes de junio. En cuanto a las acciones de control por parte de la Procuraduría General de la Nación, esta entidad le pidió al Ministerio de Defensa suspender sus acciones en Chocó y Nariño por el riesgo de contagio del Covid 19. Para la Procuraduría:

“Las actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito, por integrantes de la fuerza pública y Grupos Móviles de Erradicación Forzada, generan un riesgo de contagio por COVID-19, significativo e impermisible para la salud los integrantes de los pueblos étnicos, respecto del cual existe consenso científico”.23

6. Propuestas

Se debe replantear de manera urgente el modelo de seguridad que predomina en las acciones de las fuerzas públicas de seguridad del Estado en relación con el narcotráfico y, de modo particular, frente a los cultivos de uso ilícito.

Es notorio el predominio de una narrativa que señala a los compromisos plasmados en el Acuerdo de Paz alrededor de las alternativas frente a los cultivos de uso ilícito (punto 3 de los Acuerdos de Paz con las FARC) como una claudicación del Estado y como un factor que le da legitimidad a la serie de acciones de resistencia de las comunidades frente a los intentos de erradicación forzosa.

Además, la profunda descoordinación del uso de la fuerza con las acciones que debe desarrollar el Estado para honrar los compromisos plasmados en los pactos de sustitución voluntaria como parte de la metodología prevista, está contribuyendo a soslayar los Acuerdos y la credibilidad estatal en esta materia.

Como parte de esta narrativa dominante, los productores terminan siendo criminalizados como parte del narcotráfico y como aliados de los grupos armados que en muchos lugares controlan y regulan los mercados de pasta básica de cocaína.

En consecuencia, se está produciendo un uso desmedido de la fuerza e incluso el uso indiscriminado de armas de largo alcance para controlar las expresiones de resistencia de las comunidades productoras. Esto se expresa en la muerte de cultivadores, en múltiples heridos, en el confinamiento de población y, por tanto, en un incremento significativo de violaciones de derechos humanos. También se contabiliza un alto número de heridos en el personal de seguridad del Estado.

Adicional a lo anterior, se observa la ausencia de los entes que legalmente deben supervisar y/o controlar las acciones de los funcionarios públicos y que deben velar por el cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos por parte del Estado. Estos son: la Procuraduría General de la Nación, las Personerías municipales y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades deben hacer presencia en los operativos de erradicación, tal como lo dispone la Ley 30 de 1986 y que continúa vigente. A pesar de que los campesinos reclaman la presencia de dichas entidades, esta ausencia se explicar por los temores y protocolos frente al Covid 19 y las disposiciones sobre confinamiento. Sin embargo, esta actuación contrasta con la insistencia del Ministerio de Defensa de continuar con las operaciones de erradicación forzosa, aún en tiempos de pandemia.

El Congreso de la República, como ente de control de las decisiones y políticas públicas del alto gobierno, debería establecer mecanismos expeditos de control del ejecutivo en materia de política de drogas dadas las implicaciones que está teniendo la implementación de estas en muchos frentes (social, económico, ambiental, político) en diferentes territorios. Adicionalmente, el uso de la guerra contra las drogas como elemento justificatorio de la militarización del país, incluidas sus zonas fronterizas, está generando situaciones de tensión sobre todo frente a la vecina República Bolivariana de Venezuela. Allí, la guerra contra las drogas se percibe como una excusa para permitir la presencia de tropas extranjeras que buscan implementar estrategias que pueden tener consecuencias graves para la seguridad regional y la paz, incluida la de la misma República de Colombia.

Colombia debe buscar desnarcotizar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y propender por fortalecer políticas que estimulen el mercado interno. Además, el gobierno debería evitar el uso de otros intereses geoestratégicos frente a Venezuela, desmarcarse de una política fracasada para el país vecino y propender por una solución pacífica.

En ese sentido, se requieren medidas macroeconómicas para apoyar economías campesinas. Esto implica retomar el punto 1 de los acuerdos de paz y, en el marco de la crisis por la pandemia, desarrollar acciones más robustas para incrementar las capacidades productivas de las economías campesinas, acceso a tierras, más investigación para fortalecer y enriquecer economías propias, la producción de alimentos y asegurar mercados que estimulen la demanda agregada de servicios.

Finalmente, la militarización de los territorios, tal y como se recoge en diferentes denuncias de orden local, se está expandiendo sin que se dé el cumplimiento de los dispositivos sanitarios y de protección en materia de bioseguridad. En consecuencia, las comunidades locales temen por la expansión de la pandemia en cabeza de los cuerpos de seguridad que son enviados desde diferentes lugares del país. Con ello se rompe la estructura de protección que desarrollan las comunidades, que carecen de condiciones sanitarias y servicios básicos, así como el agravamiento de los problemas de salud dada la precariedad de infraestructura para atender una pandemia que demanda personal e instrumental médico especializado para su tratamiento, sobre todo en las fases más avanzadas. Por todo lo anterior, se deben suspender este tipo de acciones no sólo por su ilegitimidad de cara a lo contemplado en el Acuerdo de Paz, sino en razón de la coyuntura que se presenta a raíz de la pandemia.

Nota:

1 No obstante, en el terreno se tienen unos “puestos de mando unificado” (PMU) que dirigen los militares y en los que participan personal del PNIS. El problema está en las veredas, ya que PNIS es predio a predio mientras que erradicación es territorial. Esto se haría más grave cuando se implemente la fumigación aérea.


La administración Duque ha buscado crear una política de gobierno a través de activación y regulación de la estrategia de Zonas Especiales de Intervención Integral ZEII o Zonas Futuro, propuesta para ser financiada, entre otros, con recursos de cooperación para la paz.

3 Ricardo Vargas M. “El problema de drogas que Estados Unidos no quiere ver”, Razón Pública, Octubre 21 de 2019 https://razonpublica.com/el-problema-de-drogas-que-estados-unidos-no-quiere-ver/ y Ricardo Vargas M. “Estados Unidos y su propio problema de drogas”, Razón Pública, Agosto 14 de 2017, https://razonpublica.com/estados-unidos-y-su-propio-problema-de-drogas/


4 Revista Semana, “Masacre de El Tandil: dos años después, las investigaciones toman un curso inesperado”, Abril 10 de 2019. https://www.semana.com/nacion/articulo/investigaciones-por-la-masacre-de-el-tandil-en-tumaco/634694


5 Ibidem.


Cifras cotejadas con base en el registro que lleva Marcha Patriótica en el informe “Vulneraciones a los Derechos Humanos en operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito adelantados por fuerzas combinadas del Ejército Nacional y la Policía Nacional en Colombia.”, Junio 2020. Hubo otro caso cuyas circunstancias no son claras para sumarla a este escenario de erradicaciones se trata de José Adalberto Torjano Coordinador de la Guardia Campesina en Corinto, con el cual sumaría 9 casos en el período Santos.


7 Uno de los resultados del acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno fue incluir en el punto 4 la solución al problema de drogas ilícitas. Para esto, se creó e PNIS como un programa que permitiera dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito, a través de desarrollo alternativo, y entendiendo que la razón de estos cultivos radica en la situación de pobreza, el conflicto armado, el abandono estatal y la falta de desarrollo en los territorios.


8 La Hoya Hidrográfica del río Naya, conocida también como “región del Naya”, está ubicada entre los departamentos del Valle y Cauca, limita por el oriente con los cerros San Vicente (3.000 m.s.n.m) y Naya, (2.650 m.s.n.m) sobre la cordillera occidental; por el occidente con el Océano Pacifico; por el norte con el cambio de aguas de los ríos Yurumanguí y Naya, y por el sur con el cambio de aguas de los ríos Naya y San Juan de Micay. Comprende un área aproximada de 170.000 hectáreas. Esta región se encuentra bajo la jurisdicción de los Municipios de Buenaventura en el Valle, y López de Micay y Buenos Aires, en el Cauca. Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Naya. https://www.prensarural.org/recorre/naya.htm.


9 Sobre enclaves productivos UNODC “Resumen Ejecutivo Censo Coca 2019”, junio de 2020.


10 Véase Comunidades Construyendo Paz en Colombia, “Ellos son los campesinos detenidos de Mapiripán, Meta”, junio 23 de 2020 https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2020/06/23/ellos-son-los-campesinos-detenidos-de-mapiripan-meta/


11 El Tiempo, “Ejército dio su versión sobre campesino muerto en Anorí, Antioquia”, Mayo 23 de 2020. https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/campesino-en-anori-fue-asesinado-en-extranas-campesinas-498796

12 Revista Semana, Campesinos denuncian ejecución extrajudicial de un joven en Sardinata 26 de marzo de 2020. https://www.semana.com/nacion/articulo/campesinos-denuncian-ejecucion-extrajudicial-de-un-joven-en-sardinata/659329


13 El Espectador, Colombia 2020, “Un campesino muerto y tres heridos en un operativo de erradicación forzada en Cúcuta”, mayo 8 de 2020. https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/un-campesino-muerto-y-tres-heridos-en-un-operativo-de-erradicacion-forzada-en-cucuta-articulo-920075/


14 El espectador, “Enfrentamientos por erradicación forzada de coca dejan un muerto en Tumaco”, Abril 22 de 2020. https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/enfrentamientos-por-erradicacion-forzada-de-coca-dejan-un-muerto-en-tumaco-articulo-916008/


15 El Tiempo, “Choque entre campesinos y Esmad por erradicación deja un hombre herido”, 26 de mayo de 2020. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/erradicacion-de-cultivos-en-guaviare-deja-un-campesino-herido-tras-choque-con-el-esmad-499562


16 Vereda Nueva Colombia, región del Guayabero en jurisdicción de Vistahermosa (Meta), RCN Radio, “Campesinos denuncian atropellos de uniformados por erradicación en el Meta”, https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/campesinos-denuncian-atropellos-de-uniformados-por-erradicacion-en-el-meta


17 La señora les espetó a los cuerpos de seguridad: lo “único que ustedes traen es violencia”, “no estamos haciendo nada”, “este video va para los de derechos humanos, que ellos sí saben”. Un policía le increpa: “¿qué hace con esos niños aquí?, los vamos a entregar al Bienestar Familiar!”. La campesina furiosa responde que esos niños comen de ese cultivo de coca que empezaron a arrancar, que “¿ahora de qué van a comer?”. Ver video en El Tiempo “Choque entre campesinos y ESMAD por erradicación deja un hombre herido”, mayo 26 de 2020.https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/erradicacion-de-cultivos-en-guaviare-deja-un-campesino-herido-tras-choque-con-el-esmad-499562 y https://twitter.com/ColombiaET/status/1265315557227839488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1265315557227839488&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eltiempo.com%2Fcolombia%2Fotras-ciudades%2Ferradicacion-de-cultivos-en-guaviare-deja-un-campesino-herido-tras-choque-con-el-esmad-499562


18 Véase por ejemplo el Comunicado a la opinión pública y al gobierno nacional de organizaciones sociales campesinas relacionadas con el Área de Manejo Especial de La Macarena y zonas aledañas, del 18 de junio de 2020.


19 Ver “estudio de cadena de valor de coca para pasta base de cocaína, estudio de caso en Catatumbo y Sur de Bolívar”, Pedro Arenas y Salomón Majbub, Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos, 2018.


20 Juan Carlos Garzón, FIP “La erradicación forzada no ha aumentado, pero los cultivadores la están pasando mal”, La Silla Llena, 29 de mayo de 2020. https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/la-erradicacion-forzada-no-ha-aumentado-los-cultivadores-la-estan-pasando


21 Notas propias de Mesa (virtual) de trabajo interinstitucional citada por la Procuraduría Ambiental y Agraria de Villavicencio para escuchar a las comunidades de los parques Tinigua, Picachos y Macarena, el 1 de julio de 2020. El director del PNIS informó de esto sin que se tenga certeza de cuándo se iniciará dicho abordaje. La Mesa se suspendió por cuanto los campesinos se retiraron debido a la falta de garantías en acceso a electricidad, internet para estar en la reunión y por ser fotografiados por miembros de la fuerza pública.


22 El Tiempo, “La erradicación de cultivos de matas de coca no ha parado en Colombia”, Abril 22 de 2020. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/coronavirus-continuan-las-labores-de-erradicacion-de-coca-en-colombia-487318


23 Procuraduría General de la Nación. Delegada de Asuntos étnicos. Comunicación al Ministerio de Salud de 28 de Abril de 2020 en respuesta a la solicitud de suspensión autorización de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.