Levantamientos populares en Colombia

antecedentes, sujetos políticos y perspectivas
08 ဇွန်လ 2021
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Los levantamientos populares continúan en Colombia y se enfrentan cada vez más a una brutal represión policial, resultado de una alianza de fuerzas neoliberales, de derecha y extrema derecha. ¿Quiénes son los sujetos políticos? ¿Cómo llegamos hasta esta situación? ¿Cuáles son las salidas posibles?

Recuperación del espacio público por manifestantes del levantamiento popular. Monumento a los heroes. Bogotá, Colombia. / Photo credit Antuan Art

Una mirada a la historia reciente

Analizar los levantamientos populares que se desarrollan en Colombia desde el 28 de abril de 2021 invita a retrotraer elementos históricos que aporten a la comprensión de la actualidad, destacando además algunas dinámicas y acciones que diferentes sujetos políticos adelantan hoy.
 
La sociedad colombiana ha sido determinada por una marcada estratificación social y por la continuidad de estructuras de poder que manteniendo lógicas implantadas desde la colonia y casi siempre a través de la violencia en diferentes momentos de la historia, han anulado cualquier opción de reconocimiento y garantía de derechos para la clase popular.
 
Entre los capítulos más dolorosos vividos por el pueblo colombiano se encuentra el conflicto armado de los últimos 60 años, cuyos orígenes están en la continuación de la concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos, las de las élites y la oligarquía criminal que usaron al Estado para mantener el status quo. 
 
Los últimos 20 años han estado signados por la exacerbación de esa violencia y los conflictos armados urbano-rurales, a partir de la presidencia del actualmente imputado Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010) y la instauración de su doctrina de guerra denominada seguridad democrática.1 Esta doctrina se presentó como la posibilidad de garantizar la estabilidad para la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) con un correlato internacional de negociación de Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Protección y Promoción de Inversiones (TBI), que ante las críticas en el plano internacional, en lo nacional se concretó en la generación de exenciones tributarias y subsidios a las Empresas Transnacionales (ETN), acompañadas de la flexibilización de la legislación ambiental para asegurar la legalización del despojo de tierras y la imposición de proyectos minero-energéticos y agroindustriales en un verdadero proceso armado de ocupación territorial y reforma agraria por vía paramilitar.
 
Entre 2002 y 2010 la pacificación de territorios a sangre y fuego por los ejércitos militares y paramilitares de la seguridad democrática dejó como resultado 4 millones de desplazadas/os internas/os, y despojadas 8 millones de hectáreas de tierras fértiles,2 estratégicas geopolíticamente y ricas en agua y minerales. 
 
Como segundo componente de la seguridad democrática se apostó a la cohesión social, la consolidación de redes de informantes para el control de los territorios, mediante la expansión paramilitar y estrategias de espionajes ilegales3 a periodistas, congresistas de oposición, jueces, magistrados/as de altas cortes, en una clara estrategia de creación de enemigos internos, y difusión del miedo y el terror bajo la excusa de desplazar controles insurgentes en las zonas en las que supuestamente se habían consolidado, principalmente durante la década de los 90. Lo que se constituyó fue un desmonte de la precaria institucionalidad democrática existente, creando mecanismos de coerción y persecución, que comenzaron a ser aceptados por la opinión pública.
 
Después de 2012, con la llegada a la presidencia de otro pacificador, Juan Manuel Santos (2010 – 2018), se generaron condiciones para las negociaciones entre el gobierno colombiano y la, en ese entonces, guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con las que se impuso una pax corporativa, neoliberal, que avanzó a partir de la existente ocupación territorial de la seguridad democrática y expandió el control de las empresas transnacionales, al tiempo que empeoró la garantía de derechos de los pueblos, mientras demagógicamente en el plano internacional se mostraban grandes avances sociales y políticos bajo diversas falacias introducidas a través del discurso sobre las negociaciones de paz. 
 
Pese a la apuesta de organizaciones y movimientos sociales por la construcción de paz con justicia social y ambiental y la búsqueda de otras formas de resolver los conflictos históricos, ni durante las negociaciones, ni durante el final de la presidencia de Santos se cumplió con lo acordado. Con el regreso del partido de extrema derecha Centro Democrático4 a la presidencia en 2018, empezó el exterminio sistemático de las/os excombatientes y de las/os lideres/as sociales opuestas/os a la llegada de la ultra derecha a la presidencia, sujetos políticos populares que desde mucho antes de las negociaciones apostaban y trabajaban diariamente por la construcción de paz con justicia social y ambiental. De hecho, Iván Duque Márquez llegó a la presidencia señalando que haría trizas el acuerdo de paz, lo que ha cumplido a cabalidad además haciendo trizas al país.5 En lo que va de 2021 hasta mayo 286 han sido asesinadas/os 67 defensoras/es, 25 excombatientes y se han perpetrado 41 masacres que, para la opinión pública y el concierto internacional, Duque ha querido presentar como homicidios colectivos.7
 
Al mismo tiempo, los sucesivos gobiernos mantuvieron una política exterior cercana a EE.UU., que además de los TLC, se expresó en los distintos foros internacionales y en una oposición a los gobiernos más cercanos a las clases populares en América Latina, llegando incluso a amenazas de confrontación armada con Venezuela, lo que desestabiliza las posibilidades de paz en la región. 
 
Esos son algunos aspectos de la historia reciente, radiografía general de la agenda autoritaria de la derecha y de la extrema derecha que, infortunadamente, controlan la política estatal en el país suramericano. El actual gobierno no solo ha incumplido los acuerdos de paz y compromisos históricos con diversos sectores, también ha aplicado políticas regresivas que profundizan la crisis de una sociedad profundamente empobrecida siempre en beneficio del poder corporativo nacional y transancional y del sistema financiero.
 

En medio de la crisis pandémica

Antes de la crisis global de la salud producto del neoliberalismo que derivó en la pandemia de COVID-19, se articuló un primer levantamiento popular en noviembre de 2019, cuando la población se movilizó masivamente en contra de las políticas regresivas y el incumplimiento del Acuerdo de Paz, encontrando como respuesta una criminalización sin precedentes que incluso llevó a la declaratoria de toques de queda en algunas ciudades capitales, fenómeno no avistado desde los años 70.
 
El escalamiento del paro y de la movilización social de noviembre de 2019 se interrumpió con la llegada del Estado de excepción decretado bajo la pandemia y sirvió en 2020 al ya ilegítimo gobierno de Duque para desmovilizar a la población, y a las fuerzas ilegales de ultra derecha les cayó como anillo al dedo para perpetrar asesinatos y masacres sistemáticas. En 2020 se registraron 91 masacres, en las que murieron 381 personas.8
 
Así, la crisis en Colombia data de décadas anteriores a la pandemia, pero la aplicación extrema de la doctrina neoliberal a partir de la crisis de la salud favoreció al gran capital y profundizó una situación ya de por sí crítica para los sujetos políticos populares.
 
El más reciente estudio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística9 (DANE) señala que en Colombia hay más de 21 millones de personas en condición de pobreza monetaria, tres millones y medio cayeron en esa situación durante 2020. Ese total de personas en pobreza equivale a más del 42% de la población del país. Las cifras oficiales hablan por sí mismas. En contraste, el sistema financiero obtuvo ganancias por más de 55 billones de pesos.10
 
La respuesta del gobierno de ultra derecha en Colombia, así como de gobiernos locales como el de Bogotá, lejos de apelar a políticas públicas para generar apoyos estructurales a las clases populares, ha ampliado la represión declarando restricciones a la movilidad totales y obligatorias, que no van acompañadas de la necesaria implementación de políticas sociales como la creación de una renta básica universal suficiente para la garantía de la supervivencia. Por el contrario, se implementaron transferencias monetarias emergenciales y focalizadas, que fueron capitalizadas nuevamente por el sector financiero a través de la intermediación de las transacciones. Esto ha llevado a expresiones espontáneas de resistencia en barrios populares, donde las personas han puesto telas rojas en sus ventanas para denunciar el hambre y la miseria que los gobiernos nacional y algunos locales han ofertado durante la pandemia.
 
La declaratoria de emergencia económica, sanitaria y ambiental continúa siendo la excusa para la imposición de políticas neoliberales regresivas que no lograron imponer los dos gobiernos anteriores ante las respuestas contundentes de los sujetos políticos populares colectivos.
 

Detonadores del paro y de los levantamientos

Manifestación artística en medio de las movilizaciones en Bogotá / Photo credit Antuan Art
El momento puntual de levantamientos populares responde a una serie de factores históricos y coyunturales, de los cuales resaltamos:
 

i. La propuesta de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo al Congreso de la República, e ideada por el en ese entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,11 incluía gravar la canasta familiar, los servicios públicos y el servicio de internet con 19% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). También se pretendía obligar a declarar impuesto a la renta a la población que obtiene más de dos salarios mínimos mensuales (aproximadamente USD 600).12 Todo esto constituye un claro ataque a la clase media, ya de por sí desaparecida en Colombia, obligando a la clase trabajadora a pagar las consecuencias de la pandemia, mientras el gobierno continúa promoviendo políticas y subsidios que favorecen a las ETN y al sistema financiero nacional e internacional. 

ii. Una nueva reforma a la salud para ampliar su privatización y otorgar más responsabilidades a las Entidades Promotoras de Salud (EPS)13 empresas que a partir de la ley 10014 han privatizado la prestación del derecho a la salud, convirtiéndola en un negocio y precarizando la vida de la población general. 

iii. Una reforma laboral15 de facto con recorte de derechos, disminución de salarios, con desconocimiento y ataques a la libertad sindical y a la negociación colectiva, bajo el argumento de la generación de incentivos a las empresas para la creación de empleos, lo que se traduce en mayores exenciones a las empresas, que deben ser pagadas por las/os trabajadoras/es.

iv. Las respuestas autoritarias del gobierno Duque a la protesta social, que ya en 2019 habían cobrado la vida del joven Dylan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía; la violencia policial de septiembre de 2020 que cobró la vida de Javier Ordónez a manos de patrulleros de la policía de Bogotá, lo que dio origen a levantamientos populares que el año pasado en la capital dejaron como resultado 11 civiles masacrados presuntamente por la fuerza pública.

v. Los anuncios y estrategias del gobierno para reanudar la aspersión aérea de los denominados cultivos de uso ilícito16 y el adelanto de pilotos de fracking17 incumpliendo una vez más las promesas públicas presentadas por Duque durante su campaña a la presidencia.18
 
vi. La continuidad y profundización del racismo histórico, que desconoce el carácter mismo de ciudadanas/os a las/os indígenas como sujetos de derechos. Ello se expresó incluso en el llamado que hizo el presidente Duque a que las caravanas indígenas regresaran a sus resguardos19, frente a las acciones de violencia por parte de civiles en el marco del paro. 
 
vii. La exclusión histórica y continuada de campesinas/os, afrodescendientes y comunidades tradicionales que, así como las/os indígenas, no son consideradas sujetos de derechos, son víctimas de las políticas neoliberales de liberalización comercial, del acaparamiento de tierras y de la continua violencia que tiene expresión en zonas rurales. 
 
viii. Y todo lo señalado respecto a los asesinatos y masacres sistemáticas de líderes/as sociales y excombatientes a partir de la retoma del poder por parte de la ultra derecha que Duque representa.
 
Desde el 28 de abril, momento en que inició el paro nacional, la respuesta desmedida y criminal del gobierno colombiano ha dado como resultado (hasta el 2 de junio): 1248 víctimas de violencia física presuntamente cometida por la policía, 45 asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.20
 
El tratamiento de guerra dado al paro nacional lo transformó en un levantamiento popular ya próximo a cumplir un mes, que ha generado una crisis institucional sin precedentes que, además del cuestionamiento a la gobernabilidad a través del uso de la fuerza, llevó a la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro, de la ministra de relaciones exteriores, Claudia Blum, del comisionado de paz, Miguel Ceballos -dedicado en los últimos años a promover la guerra-, al retiro por parte del Ejecutivo de la reforma tributaria, al hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, a la pérdida de la sede para la realización del torneo de futbol denominado Copa América, entre otras consecuencias.   
 
Aunque ha sido generalizado el rechazo a la violencia desatada por el gobierno Duque contra la movilización popular, sigue siendo necesaria la solidaridad internacionalista permanente, y la veeduría y seguimiento de parte de organismos internacionales, oficiales y no oficiales, que ha sido clave para romper los cercos mediáticos utilizados por el gobierno para continuar violando los derechos de los pueblos mientras desata una ofensiva diplomática internacional para minimizar la crisis y ocultar los asesinatos de civiles a manos de la fuerza pública, entre otras atrocidades. El llamado y la presión internacionales han sido fundamentales para que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuese solicitada y aceptada, no obstante la negativa inicial del gobierno. 
 

Matices político – sociales

No es posible comprender la crisis, las posibilidades de superación y las perspectivas políticas señalando con ligereza la existencia de dos ‘bandos’ en confrontación, como se ha presentado desde algunos medios de comunicación masivos y afines al gobierno.21 No existe simplemente un único sujeto político agrupado en el Comité Nacional de Paro (CNP), que para la confrontación con el gobierno haya coordinado y construido unidad sectorial de los diversos sujetos políticos en movilización. De hecho, el CNP -constituido por algunas agremiaciones de maestros, representantes estudiantiles, voceros de sindicatos, entre otros- ha reconocido no representar a la totalidad de la población movilizada,22 al tiempo que ha sido cuestionado por sujetos políticos populares colectivos que han enfatizado que dichas/os representantes no son quienes tienen a la mayoría del pueblo movilizado en las calles,23 en las primeras líneas de acción. 
 
Si bien el paro iniciado el 28 de abril contaba con una convocatoria lanzada por el CNP, el ejercicio de movilización desbordó las orientaciones de ese Comité que no logró controlar las formas de infiltración de la derecha que resultaron en actos vandálicos, saqueos, y escenas caóticas difundidas ampliamente por los medios de infantilización regresiva,24 que intentaban deslegitimar el derecho a la protesta pacífica al enseñar al mundo las acciones violentas que las mismas fuerzas policiales y militares orquestaron y pretendían atribuir a las/os manifestantes.25 Estrategia no del todo exitosa, pues las denuncias de brutalidad policial, con material probatorio audiovisual grabado por las/os manifestantes y difundido en redes sociales, lograron captar la atención de la comunidad internacional y demostrar que el gobierno entendió la movilización pacífica como un escenario de guerra total en la que permitió el uso de la fuerza excesiva y desproporcionada.26
 
Lo que inició como un paro nacional, con el transcurso de los días y ante el tratamiento de guerra de parte de Duque, se convirtió en un estallido social que derivó en un levantamiento popular no orientado ni controlado por representaciones previas, ni con intereses unitarios o compartidos con las/os “representantes” oficiales ante el gobierno (mucho menos  orientado por articulaciones electorales como la “Coalición de la Esperanza”, de centro derecha, que inicialmente rechazó las manifestaciones27 y durante el paro se presentó como interlocutora con el gobierno).28 Dichas/os “representantes” en 2019 también fueron cuestionados por su capacidad de movilización efectiva y por las negociaciones sostenidas con el Ejecutivo, dispersas, unilaterales y sin correlación de fuerza popular en las calles. 
 
El protagonismo del levantamiento popular es de las/os jóvenes, quienes ya desde el 2019 venían articulándose con propuestas de asambleas y comités barriales, cabildos abiertos,29 y formas de organización desde lo local hacia lo municipal, departamental y nacional. Sin embargo, la organización popular para la disputa de la arena política y la construcción de las soluciones de y desde los pueblos no es un proceso lineal con resultados a corto plazo, precisamente porque implica la participación social-popular abierta, el reconocimiento de procesos organizativos existentes (organizaciones del campo popular: campesinas, indígenas, sindicales, afrodescendientes, urbanas), con una construcción y acumulado históricos, al tiempo que reconoce la constitución de nuevos sujetos y exige evitar a toda costa representaciones artificiales, como las de sectores que traen una lectura desactualizada y presentan demandas anacrónicas de la mal llamada “burguesía nacional”, como si esta fuera opuesta al poder corporativo transnacional. Esos sectores resultan funcionales al gobierno para llegar a acuerdos que nunca se hacen efectivos, pero que permiten fragmentar al campo popular y negociar sin avanzar hacia transformaciones estructurales. 
 
El protagonismo juvenil es la respuesta a la precariedad que se ha exacerbado con la crisis de la salud y que se manifiesta en la falta de oportunidades para vislumbrar la construcción de un futuro digno basado en la educación y la salud públicas, gratuitas y de calidad; por la falta de acceso a empleos no precarizados y con todas las garantías de trabajo digno, y ante la ausencia de implementación de una verdadera renta básica universal, que avance hacia una  protección y seguridad social más allá de las capacidades contributivas, con la salud y la educación como derechos fundamentales garantizados por el Estado. 
 
Brilla por su ausencia en el levantamiento popular un sector  del auto denominado ambientalismo, que durante la pandemia ha demostrado su desconexión con la lucha territorial. Más allá de la virtualidad discursiva y las redes sociales, no ha aportado orgánicamente a las luchas de los sujetos políticos populares territoriales ubano-rurales. La inercia del éxito que caracterizó a ese sector del ambientalismo colombiano en décadas pasadas, hoy parece pasarle factura. Está ausente su capacidad para entregar investigación, análisis y contribuciones necesarias para incluir la cuestión ambiental en una agenda popular de negociación del levantamiento. No obstante, las luchas ambientales están directamente relacionadas con las reivindicaciones centrales del levantamiento popular colombiano y las/os protagonistas para llevar sus banderas hoy son sujetos políticos territoriales, que no cuentan con el apoyo real de organizaciones que siguen lucrándose con la cooperación internacional, mientras las luchas concretas se desarrollan en difíciles condiciones enfrentando conflictos por la ocupación y devastación territorial y la pérdida de medios de subsistencia en espacios urbanos y rurales. 
 
La disputa política en Colombia no es binaria, lo que quizá complejiza las salidas a la crisis, pero a su vez devela que la representación de las luchas populares no puede restringirse a sectores retardatarios que desconocen las nuevas visiones de sujetos políticos emergentes organizados también espontáneamente y/o en el continuo histórico de sus levantamientos. La posibilidad de negociación depende de la construcción unitaria de un pliego que incluya las reivindicaciones de quienes han protagonizado y quienes protagonizan hoy la lucha, y depende también de que las voces de esos sujetos sean escuchadas en un proceso de negociación amplio que no esté influenciado y manipulado por el patriarcalismo reinante en los sectores que se atribuyen las vocerías binarias.  
 

Prospectiva

A un año de la primera vuelta electoral para la presidencia 2022 – 2026, el levantamiento actual puede reconfigurar la tendencia histórica en la que, durante la existencia de Colombia como República, se ha asegurado la victoria de la derecha colombiana. Esto dependerá de la capacidad de lectura y convocatoria de sectores desmarcados del mal llamado “centro” que además de levantar falsas banderas verdes resulta funcional a las estrategias divisionistas de la derecha, con quien comparten visiones estratégicas de país. 
 
Más allá de los nombres o de las figuras que se presentarán a las próximas elecciones, la posibilidad de transformación depende necesariamente de la capacidad de escuchar las reivindicaciones de los sujetos populares colectivos y reconocer y sumar sus demandas a propuestas para transformaciones estructurales del Estado colombiano y hacia la construcción participativa de políticas públicas que permitan una recuperación justa en medio de la crisis. Lo que por supuesto no está en la perspectiva de la derecha -en todas sus manifestaciones de centro, verdes, etcétera- que continúa imponiendo la doctrina neoliberal a cualquier costo de vidas humanas y de desestabilización social y aumento del hambre y la miseria en Colombia.
 
Notes
 
  1. Descripción de política de Seguridad Democrática: http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf El partido Centro Democrático creado posteriormente a su presidencia por Uribe Vélez está hoy en la presidencia del país en cabeza de Iván Duque Marquez. 
  2. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 
  3. https://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/05/100519_0930_colombia_das_presidencia_fiscalia_wbm 
  4. https://twitter.com/CeDemocratico?s=20
  5. La menor calificación inversionista S&P no refleja la situación del país pero es una muestra de cómo a nivel internacional, se observa la caída de los parámetros establecidos desde la perspectiva del gobierno https://www.larepublica.co/economia/sp-baja-la-calificacion-de-colombia-a-perspectiva-estable-quitando-grado-de-inversion-3172599
  6. http://www.indepaz.org.co/observatorio-de-derechos-humanos-y-conflictividades/
  7. https://www.dw.com/es/duque-en-colombia-no-hay-masacres-sino-homicidios-colectivos/a-54662098
  8. http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/ 
  9. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria
  10. https://www.elespectador.com/economia/utilidades-del-sector-financiero-llegaron-a-los-55-billones-en-2020-cayeron-41-article/
  11. Carrasquilla es tristemente célebre en el país por acusaciones de corrupción en su contra por su activo papel para la privatización del agua a través de los llamados Planes Departamentales del Agua.
  12. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/reforma-tributaria-puntos-claves-del-proyecto-en-colombia-2021-581711
  13. https://www.portafolio.co/economia/reforma-a-la-salud-en-colombia-lo-que-debe-saber-del-polemico-proyecto-551626 
  14. Promovida en 1993 por Alvaro Uribe Vélez antes de ser presidente, en su calidad de senador de la República
  15. https://www.portafolio.co/economia/colombia-si-necesita-la-reforma-tributaria-laboral-y-pensional-vicepresidenta-marta-lucia-ramirez-548814 
  16. https://www.dw.com/es/el-retorno-de-las-aspersiones-con-glifosato-planea-de-nuevo-sobre-colombia/a-57055984 
  17. https://forbes.co/2021/03/03/negocios/colombia-adjudicara-nuevos-pilotos-de-fracking-a-finales-de-este-mes/ 
  18. https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/en-colombia-no-se-hara-fracking-la-promesa-de-ivan-duque-en-campana-presidencial/20190215/nota/3864510.aspx
  19. https://www.elespectador.com/politica/retornen-nuevamente-a-sus-resguardos-el-llamado-del-presidente-duque-a-las-comunidades-indigenas-en-cali-article/ 
  20. https://twitter.com/TembloresOng/status/1400257140577779714?s=20 
  21. https://www.semana.com/nacion/articulo/marcha-contra-el-paro-convocan-a-manifestacion-contra-la-violencia-y-los-bloqueos-para-el-proximo-7-de-junio/202117/ and https://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-petro-basta-ya-editorial-de-semana/202139/ 
  22. https://cut.org.co/exigencias-de-garantias-para-la-protesta-y-para-las-mesas-de-negociacion/ 
  23. https://rmr.fm/entrevistas/colombia-paro-nacional-12-de-mayo/ 
  24. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-nacional-2021-vandalismo-dejo-heridos-y-millonarias-perdidas-584933 
  25. https://www.contagioradio.com/infiltracion-marchas-parte-policia-ejercito-practica-comun/ 
  26. https://www.nytimes.com/2021/05/12/world/americas/colombia-protests-police-brutality.html 
  27. https://www.semana.com/confidenciales/articulo/el-si-pero-no-de-sergio-fajardo-sobre-las-protestas/202114/ 
  28. https://www.elespectador.com/politica/gobierno-se-reunira-con-la-coalicion-de-la-esperanza-en-el-marco-del-dialogo-nacional-article/ 
  29. Figura de representación avalada por la Constitución colombiana