Si el gobierno del MAS es un gobierno cocalero ¿porqué los cocaleros de los Yungas están en conflicto con ello?

15 ဧပြီလ 2022
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Este resumen de los hechos basta para aclarar por qué los cocaleros de los Yungas, en su mayoría, se oponen a las políticas respecto a la hoja de coca implementadas por el MAS con y sin Evo Morales.

စာေရးသူ

Checkpoint on The Bolivia Death Road
Checkpoint on The Bolivia Death Road / Photo credit Matthew Straubmuller/CC BY 2.0.

No fue casualidad que fuera el gobierno de México que haya rescatado a Evo Morales después de su renuncia intempestiva a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre 2019, pues el PRI fue durante sesenta años lo que el MAS aspiraba – y aún aspira – a ser, un partido único fusionado con todas las organizaciones sociales. Un modelo más cerca a la casa es el MNR en sus primeros gobiernos desde 1952, no obstante el habitual desprecio para ese periodo que suelen expresar indianistas y izquierdosos por igual. En su primera, y en gran parte también la segunda, gestión, no era necesario maniobrar para procurar que el actuar de las dirigencias sean alineado con el MAS, y la gente salía de buena gana a las concentraciones, entregas de obras y demás donde Evo se hacía presente (al menos hasta que nos hemos aburrido de verle tantas veces y en todo lugar). Fue en el curso de la tercera gestión, a partir de 2015, cuando postuló a la reelección amparado en el argumento chicanero que, aunque la Constitución Política del Estado reformado por el MAS sólo admite dos gestiones presidenciales sucesivas, es decir, una sola re elección consecutiva, ésta era justamente su primer intento de re elección, porque la primera ocurrió en la entonces República de Bolivia, a todas luces otro país distinto y cuyos usos por tanto eran irrelevantes.1 En ese entonces, e incluso en el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la opción a la re postulación indefinida a la presidencia y vicepresidencia perdió por un escaso margen, los yungueños seguían apoyando al MAS. La cisma empezó con los conflictos alrededor de la Ley 906, Ley de la Coca, que eventualmente fue aprobado el 8 de marzo 2017.

De hecho, desde 2002 los gobiernos sucesivos vinieron debatiendo la separación de la Ley 1008 de Coca y Sustancias Controladas (1988) en dos cuerpos, apartando el Régimen de la Coca para darlo el estatus de una ley independiente. Evo Morales, entonces dirigente de las seis Federaciones del Chapare y diputado, tuvo reuniones con Gonzalo Sánchez de Lozada sobre el tema antes de que éste renuncie. En 2004 Carlos Mesa, en una típica expresión de las políticas zigzagueantes e improvisadas de su presidencia interina, aprobó la demanda largamente exigida por los cocaleros del Chapare, la legalización de un cato (40 metros por 40 metros) de coca para cada afiliado sindical, hasta una extensión total máxima de 3.000 Ha. Este límite tendría que haber sido revisado a un año de la emisión de ese decreto, pero no fue reconsiderado hasta a principios de 2017 la ley finalmente entró a consideración de la Asamblea Plurinacional, después de años durante los cuales era más útil como un fútbol político con que distraer a las organizaciones interesadas para que pasaran su tiempo elaborando diversas propuestas de ley sobre la coca, en el cual los yungueños también participaron difundiendo su propio proyecto en su región. La versión resultando de los Yungas fue presentada ostentosamente al parlamento nacional por Franclin Gutiérrez, el entonces Presidente de ADEPCOCA (Asociación Departamental de Productores de Coca) en diciembre 2016. Los abogados yungueños que colaboraron en preparar el proyecto, y los dirigentes yungueños en general, carecían de información o contactos sobre los procedimientos legislativos como para presentarlo en ese mes, pues a cada fin de año se cierra la gestión legislativa y todo proyecto que no haya sido tratado es descartado. Tiene que ser presentado de nuevo en el siguiente año si se quiere seguir con la propuesta. Y es más: para entrar en el orden del día, un proyecto de ley tiene que ser presentado por algún miembro de una de las cámaras, sin importar si es senador o diputado. Pero ADEPCOCA presentó su proyecto en forma de correspondencia. Habrían pensado que el parlamento procede tal como en el sindicalismo agrario, cuando toda reunión siempre se inicia con control de asistencia seguido por lectura del acta anterior y correspondencia. Así habrían pensado que su proyecto sería leído antes del oficialista (quizás un indicio de cierta comprensión confusa del procedimiento, porque es cierto que los proyectos a ser tratados entran en el orden del día según su orden de llegada). Pero en la Asamblea Plurinacional no se lee la correspondencia y punto. El único proyecto de ley que entró a ser debatido era el del MAS.

Aún así, el gobierno, en una actitud que pronto iba a cambiar, se mostró dispuesto a negociar con los yungueños sobre el contenido de la ley. El principal tema de disensión concreta era la cuestión de la cantidad de hectáreas de coca que iban a ser permitidas y su ubicación geográfica, además de los tópicos de valor simbólico de las denominaciones de las zonas en cuestión. La Ley 1008 estableció 12.000 Ha como límite de los cultivos legales de coca, en base al estudio de Carter y Mamani realizado a fines de los años 1970. El estudio a nivel nacional, publicado por CONALTID en 2013, sobre la demanda de hoja de coca para fines de consumo legal (básicamente la masticación, más cantidades reducidas incluidas en ofrendas rituales, usadas medicinalmente o ‘industrializadas’ como mate, pomadas, etc.) había establecido una extensión de unas 14.000 Ha como suficiente, pero el gobierno del MAS vino declarando que los cultivos legales deberían alcanzar 20.000 Ha, 13.000 Ha para el departamento de La Paz (a su vez distribuidas entre Nor y Sud Yungas, Inquisivi, Caranavi y Apolo) y 7.000 Ha para el departamento de Cochabamba. Si la Ley 1008 divide las zonas de cultivo entre ‘tradicionales’, ‘excedentaria en transición’ y ‘ilegales’ (todo el resto del país fuera de las zonas especificadas), la Ley 906 reemplaza esto con ‘zonas autorizadas’, donde el cultivo es legal aunque con límites, y el resto del territorio nacional donde el cultivo de coca es ilegal y puede ser erradicado sin más. Dentro de esto hay la zona ‘original y ancestral’, ‘original y ancestral bajo registro y catastro’, y ‘bajo registro y catastro’.

Los yungueños objetaron que la denominación de zonas autorizadas les metió “en una misma bolsa” con las zonas excedentarias, como insistían en referir al Chapare, argumentando que su coca es la preferida sobre todo para la masticación que es el principal uso tradicional y esto no es el caso de la hoja del Chapare, donde la mayor parte va al narcotráfico. Bajo la Ley 1008 el Chapare contaba como excedentaria en transición, es decir, donde la coca tenía que ir eliminándose para ser reemplazado por los productos de desarrollo alternativo. Expresaron que no se debería legalizar ninguna extensión en Cochabamba, excepto tal vez una mínima para los ‘tradicionales’ Yungas de Vandiola2 (que han quedado aislados y despoblados y ni siquiera se conoce bien sus límites). El MAS consideraba que la 906 beneficia a la zona tradicional de los Yungas, porque es la única no sujeto a registro y catastro y sin límite al cultivo, es decir, pueden plantar tanto coca como quieren y mantenerlo ‘de por vida’ como repetían los pliegos petitorios yungueños, pero esto es poco significativo porque estas zonas densamente pobladas ya han alcanzado su frontera agrícola. Se movilizaron el 17 de febrero de 2017 con un intento de cercar la Plaza Murillo,3 medida que dio resultados cuando lo aplicaron los Ponchos Rojos de Achacachi4 pocos meses antes. Pero esta vez el gobierno no admitió la protesta, sino les expulsó de las calles alrededor de la plaza en un asalta policial nocturno con la ayuda del carro Neptuno.5 Se replegaron al Mercado de la Coca en Villa Fátima y de ahí salieron a marchar por la ciudad, siendo reprimidos por la policía con gasificadas intensas y muchos arrestos. La gente comentaba que durante décadas no les había reprimido con tanta fuerza y decisión, aunque aún no fue percibido como señal de que el gobierno había cambiado de orientación. Aplicando amenazas como de procesar a todos los arrestados y eliminar a ADEPCOCA de la ley, el gobierno consiguió que los cocaleros aceptasen un aumento de hectáreas a 14.300 para La Paz – y a 7.700 Ha para el Chapare, quienes así lograron un beneficio adicional sin haberse movido – a cambiar de aceptar el resto de la ley tal cual, con lo que soltaron a los detenidos. Las bases criticaron a sus dirigentes por haber aceptado el acuerdo y se dispersaron amargados y decepcionados.

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, en ese entonces Cesar Cocarico, de cuyo despacho depende el Viceministerio de Coca y Desarrollo Alternativo, única cuota de poder oficialmente asignado a representantes yungueños en el poder ejecutivo, inició una ‘socialización’ de la nueva ley en los Yungas, aunque a destiempo porque generalmente se supone que es de ‘socializar’ una ley aún en etapa de proyecto, no con fines de hacer propaganda mencionando brevemente lo beneficiosa de la ley seguido por una sesión sobre los logros oficialistas, que es lo que él o el equipo del Viceministerio efectivamente hizo. Algunos sectores se negaron de plano a asistir a esas concentraciones; otros realizaron bloqueos para obstaculizar su llegada, y en Arapata llegaron a enfrentarse con los a favor de la visita en tal nivel que Cocarico tuvo que ser rescatado en un helicóptero. Paralelamente, el gobierno avanzaba en su estrategia de absorber a las organizaciones sociales convirtiéndoles en brazos del partido: en tanto que éstas empezaron a alejarse, cuando no dar directamente la contra, se buscaba entre las facciones siempre existentes unas dispuestas a romper con la dirigencia existente y conformar una organización paralela con el mismo nombre, que sería la tomada en cuenta por el gobierno y usado por canalizar obras, inversiones y el acceso a puestos asalariados en el gobierno y/o candidaturas (del MAS) a cargos electorales, que siguen siendo actualmente las que mayores posibilidades tengan de ser electos, incluso en regiones donde la población en general ya no simpatiza con el MAS.

Su primer blanco fue CONAMAQ6 en 2015, cuando un grupo MASista, alegando que el actual directorio había sobrepasado el periodo de ejercicio de sus funciones pero se negaba a ir a nuevas elecciones, logró tomar las oficinas nacionales de la organización en Sopocachi. Posteriormente se dio lugar a la división de las federaciones vecinales, como FEJUVE-El Alto y FEJUVE-La Paz y la CSUTCB,7 esta última menos sorprendente, ya que ha pasado por varios periodos cuando tuvo dos Ejecutivos, debido a rivalidades regionales y personales. Ya se fue allanando el camino olvidando la independencia sindical. Si hasta la década de 2000 era requisito para postular a cargos superiores ‘no ser militante de ningún partido político’, esto fue deslizando hacia ‘no ser militante de ningún partido tradicional/ neoliberal’, es decir, se permitía ser simpatizante abierto cuando no militante inscrito en el MAS.

En el caso de ADEPCOCA, se empezó formando, no un paralelo, sino una organización nueva dentro de los afiliados del mismo, CONALPRODC (Confederación Nacional de Productores al Detalle con Carpeta). Desconozco otros estudios hecho ‘desde dentro’ de organizaciones donde el MAS fomentó el divisionismo – yo era dirigente de mi Central Agraria durante los dos años más álgidos del conflicto – que, más allá de la intromisión externa combinado con los intereses personales de dirigentes en busca de prebendas, permitan identificar las fracturas estructurales (de clase, regionales, otras) que proporcionan las fundaciones para la separación de una parte de las y los afiliados de la organización en cuestión. ‘Los carpeteros’, como se conoce a esos productores que han conseguido el permiso conocido como ‘carpeta al detalle’ para comercializar coca en un determinado sitio en el interior del país, representan la culminación y quiebre de un proyecto estructural de clase de larga data, donde los productores de coca han ido apropiándose primero (con la Reforma Agraria) de toda la producción de coca, luego con el Mercado de ADEPCOCA controlaron la intermediación mayorista entre las zonas de producción y la ciudad, y luego, con estas carpetas, ingresaron a la distribución en el resto del país. Pero mientras rescatar coca en el curso de la semana y llevarlo el domingo para venderlo entre el lunes y el martes y volver a los Yungas, sí es compatible con mantener la producción de coca, ir a ‘detallar’ – vender al menudeo – en un lugar distante ya no permite seguir simultáneamente con el manejo del cocal. Es más, estas carpetas fueron aprovechadas en mayor grado por migrantes de regreso de las ciudades y de otros departamentos que fueron avalados para tenerlos porque sus familiares eran cocaleros y afiliados a su sindicato y a ADEPCOCA, aunque sus hijos que solicitaron la carpeta no lo eran. Esto fue el grupo que el MAS usó como cuña para impulsar la división de ADECOCA, encabezado por un pequeño grupo con ambiciones políticas que, primero, se autonombró Comité Electoral y luego llevó a cabo una elección donde ellos aparecían como los flamantes dirigentes.

Los motivos citados para conformar CONALPRODC, en la cual la mayoría de los bases fueron inscritos sin su participación cuando sus dirigentes locales entregaron sus listas, eran que ADEPCOCA limitaba su acción al departamento de La Paz y no les ayudaba cuando sufrían decomisos u otros problemas en los otros 8 departamentos, y que en sus comunidades ‘los carpeteros’ eran obligados a ir a todos las asambleas, marchas y demás, porque su carpeta era ‘gracias a la comunidad’. No se llegó a saber si CONALPRODC proporcionaba asistencia en otros departamentos, pero a apenas 6 meses de su formación en junio 2017, empezó el ataque denunciando los cobros sin rendición de cuenta por la coca que sale registrada del Mercado de ADEPCOCA, y a la vez, en cada fecha cuando ADEPCOCA llamaba a una asamblea, de inmediato CONALPRODC convocaba para el mismo día y bajo sanción de multa, lo que les era fácil imponer porque tenían acuerdos con DIGCOIN, la instancia oficial que sella los permisos de circulación de coca, de no dar curso a éstos si el o la solicitante no presentaba la ficha de CONALPRODC.

En marzo 2018, una reñida asamblea en Coripata ratificó por mayoría a Franclin Gutiérrez para otra gestión de dos años, pero en tanto que él abandonó el recinto, la testera fue ocupada por un ‘Comité ad Hoc’ que fue posesionado de manera improvisada por los Ejecutivos y Ejecutivas de las Federaciones provinciales, todas aún alineados con el MAS. A los dos días este grupo fue al Mercado de Coca. Según ellos, sólo querían pedir a Franclin una oficina donde realizar una auditoría del manejo económico de la institución, que era lo que cuestionaban, y él, cobardemente, escapó dejándoles en posesión de Mercado. Para otros su acción era una toma intencionada y planificada. Quedaron en posesión del Mercado durante una semana, hasta que los productores salieron en una marcha masiva que dio lugar a enfrentamientos que dejaron a los interventores efectivamente sitiados dentro del edificio para una semana más, cuando tuvieron que ceder y devolver los predios al directorio de Franclin y la mayoría de productores quienes les apoyaron. Sin embargo, las divisiones se multiplicaron en los Yungas. Los Ejecutivos y Ejecutivas que apoyaron la intervención fueron desconocidos, pero algunos rehusaron abandonar sus cargos. En otros casos se formó una Federación nominal, oficialista, con participación de un número mínimo de bases y comunidades. Todos los alcaldes de las provincias eran del MAS y éstos apoyaron con obras o proyectos a esas organizaciones, incluso a nivel de sindicatos de base en las comunidades, siempre que no participaron en las movilizaciones, mientras los que sí apoyaron a ADEPCOCA no eran beneficiadas siquiera con un repaso de sus caminos por parte de los tractores de la Alcaldía.

Yungas - Cocafeld/cocal/coca-field
Yungas - Cocafeld/cocal/coca-field / Photo credit kiki-bolivien/CC BY-ND 2.0.

A la vez, el gobierno proseguía con la ‘racionalización’ – léase erradicación – de coca por parte de fuerza militar en las ‘zonas rojas’, las que quedaron fuera del ‘cordón tradicional’ acordado entre gobierno y cocaleros de los Yungas en 2008, que divide a las comunidades con registro y catastro de las que son ilegales, y también dentro de las zonas ‘verde’ y ‘amarilla’ en caso de que los productores registrados hayan excedido las extensiones permitidas (una hectárea por afiliado en la zona verde y un cato – 50 metros por 50 metros en este caso8 – en la amarilla). Varios productores resistieron la eliminación de su principal fuente de ingresos sin recibir nada a cambio, culminando en una confusa ‘emboscada’ en agosto 2018, donde resultó muerto un teniente del ejército en circunstancias nada claras; el ejército respondió disparando sobre productores de coca que estaban bloqueando un puente, con el resultado de la muerte de dos cocaleros que estaban trabajando el cocal y no movilizados, siendo uno de ellos no cocalero como tal sino un trabajador migrante de la provincia Muñecas. Franclin Gutiérrez no llegó ni cerca al lugar de los hechos, pero fue requerido por la justicia y se entregó – dijo, para evitar que la policía que rodeaba el Mercado diera lugar a otra intervención – el 27 de agosto 2018. Con esto, el rechazo de la mayoría de los cocaleros yungueños al gobierno del MAS fue sellado. El oficialismo hizo renovar la directiva de COFECAY (Consejo de Federaciones Cocaleras de los Yungas, que supuestamente tiene que imitar la Coordinadora de las Seis Federaciones del Chapare en ofrecer un liderazgo de unidad) en base a la asistencia obligada de carpeteros, y los ‘orgánicos’ respondieron eligiendo su propio COFECAY.

Las bases insistieron que mientras Franclin siguiera en la cárcel, tenía que seguir como Presidente de ADEPCOCA y no aceptar las ofertas del gobierno de liberarlo si renunciaba al cargo, rechazando que su vicepresidente, Gregorio Chamizo, le reemplazara. En consecuencia, Chamizo se unió al oficialismo y las demandas de CONALPRODC, mientras continuaba insistiendo que era vicepresidente de ADEPCOCA. El plan era, primero, armar paralelos en las 17 Regionales (las divisiones locales) de ADEPCOCA donde no existían ya, hasta tener una mayoría de las mismas, y luego ir a una nueva elección. Esto no resultó, ya que por ejemplo en Chulumani el intento de formar una Regional paralelo fue rechazado violentamente, pero otro elemento de la estrategia consistía en abrir un Mercado de Coca paralelo en La Paz e obligar a los carpeteros a asistir allí y no a Villa Fátima, para de esta manera estrangular ADEPCOCA quitándole el ingreso económico. Esto es ilegal bajo la Ley 906, que sólo reconoce un mercado de ADEPCOCA en La Paz, pero el Ministro Cocarico justificaba su resolución a favor argumentando que no era un ‘mercado’ sino ‘un centro de acopio’, en el mismo nivel que los galpones donde se vende la coca al por mayor en los pueblos del Chapare. Este ‘mercado’ iba peregrinando de un local alquilado poco apto o accesible a otro, pero todos con el aspecto fundamental en común: tanto carpeteros como ‘detallistas’, es decir mayoristas no productores de coca, que querían llevar el producto al interior, para recibir el sello de autorización tenían que haber comprado la coca de ese ‘mercado’. Llegando a junio 2019, cuando ADEPCOCA convocó a una asamblea en Villa Fátima, Chamizo con CONALPRODC convocó a otra en la Plaza Villaroel, donde conformaron un Comité Electoral para elegir una ADEPCOCA paralela. Esto se culminó el 31 de julio de ese año, cuando fue elegida – en una elección por aclamación amañada, pero lo mismo se acostumbra hacer en ADEPCOCA orgánica – Elena Flores, afroyungueña y carpetera que no posee cocal ni es afiliada en su comunidad de origen. Esa tarde, sus seguidores tomaron la construcción conocida como el Hospital Cocalero, pues fue construido con ese fin aunque hasta la fecha nunca ha llegado a funcionar, en la Calle 10 de Villa el Carmen, donde procedieron a instalar su ‘mercado’ paralelo.

Otro de los motivos para el ensañamiento del gobierno con Gutiérrez habría sido su anuncio intempestivo, y sin consultar con las bases, de que iba a presentarse como candidato por la Presidencia de la nación en 2019, que habría sido visto como una amenaza al MAS que buscó cómo anularlo. Sin embargo, otros y otras dirigentes de los Yungas no aprendieron la lección, sino varios renunciaron a sus cargos en ADEPCOCA, COFECAY o las Federaciones para candidatear con Comunidad Ciudadana (a la cabeza de Carlos Mesa) u otros partidos de oposición, debilitando el liderazgo.

En septiembre, ADEPCOCA de Flores inició la emisión de sus propios carnets de productor. Obviamente estos carnets, y no los emitidos por el directorio de Gutiérrez, eran exigidos a los carpeteros, y otras personas que pensaban que el gobierno pronto iba a reconocer sólo los carnets oficialistas también los obtuvieron, lo que no era difícil porque a diferencia de los ‘orgánicos’ no se controlaban las listas de afiliados ni pedían avales de la comunidad y la Regional para otorgar el carnet. Pero ya venían encima las cuestionadas elecciones nacionales de 20 de octubre 2019 y los posteriores conflictos a lo largo del país que desembocaron en la renuncia de Evo Morales y su huida del país. Los cocaleros de Yungas sólo participaron de paso en las movilizaciones mal llamadas ‘de pititas’, pues estaban concentrados en defender su Mercado de posibles intervenciones o asaltos por parte del otro bando, pero celebraron con júbilo la salida de Evo. A la vez, en las elecciones el MAS ganó en las circunscripciones de Yungas, con la única excepción de Chulumani que votó para Comunidad Ciudadana: haber renunciado a un cargo sindical para candidatear, lejos de ganar votos en base a una trayectoria de oposición, al parecer fue visto como muestra de oportunismo indigno de ser apoyado, y las agrupaciones o partidos de oposición tampoco tenían propuestas coherentes, sino seguían hablando del ’21-F’ (el referéndum de 2016) como si eso fuera un plan de gobierno.

El gobierno de transición cambió todos los Ministros y Viceministros, y durante un tiempo el Viceministro de la Coca fue ocupado por Franz Asturizaga, en reconocimiento de sus meses de sacrificado labor sin sueldo a la cabeza de las Autodefensas de ADEPCOCA, pero después de unos meses fue reemplazado por alguien sin vínculo con los Yungas (al fin la ‘cuota de poder’ era uso y costumbre, sin una base legal con que cuestionar tal nombramiento). Sí logró que DIGCOIN vuelva a sellar los permisos en la puerta de ADEPCOCA, con que la actividad comercial se normalizó, que era la única cosa que realmente interesaba e interesa a la mayoría de socios y socias. Pero pronto llegó la pandemia, y con eso unos tres meses donde fue suspendido toda salida o entrada a los Yungas excepto con productos de primera necesidad, es decir verduras y abarrotes, entre los cuales no figuraba la coca. La economía local se paralizó completamente. A partir de julio 2020 se reiniciaba el comercio de la coca, primero en base a cupos asignados por comunidad y por Central Agraria, donde unas dos personas tuvieron que salir a cargo de un camión cargado con cientos de taquis (bultos de 50 libras de coca) y ocuparse de su venta en el Mercado, eso para evitar aglomeraciones de gente. En las comunidades, desde noviembre de 2019 hubo una ola de sanciones económicas, a veces módicas pero otras veces cuantiosas, a los – básicamente carpeteros y sus allegados – que habían apoyado a CONALRPODC y a ‘Elena Virus’9, y varios eran depurados por no haber pagado; durante la época de los cupos también surgieron acusaciones de que los que apoyaron al MAS no tenían acceso a la cuota que les correspondía o que se impedía que ellos sacaran su coca. Poco a poco se flexibilizaba las restricciones, y en noviembre 2020 se celebró nuevas elecciones, con una victoria para el MAS aunque no tan contundente que en anteriores años, así que perdieron los dos tercios de los diputados que les daba un control aplastante de la Asamblea Plurinacional.

Pero el plan de tomar el control de las organizaciones sociales no cambió. El que fue dirigente del COFECAY oficialista, Rolando Canceno, pasó a ocupar el cargo de Viceministro de Coca. Autorizó el ‘mercado’ paralelo en otro lugar, el local de un sindicato de transportistas en el barrio de Qalajawira sobre la carretera a Yungas; era totalmente inadecuado para el gran flujo de coca, así que la mayor parte de las transacciones se realizaron en las aceras llenas de barro o en tiendas o locales a medio construir alquilados a los vecinos. Aunque no se atrevió a declarar que los carnets de Flores eran los únicos válidos en el control de la Rinconada para sacar coca de Yungas, hubo una serie de denuncias de funcionarios que – al parecer identificando a esos socios o socias que por su edad avanzada, pinta de ‘humildes’, etc. podrían ser amedrentados, o sino, aprovechando de que procedían de sectores notoriamente divididos – en repetidas ocasiones exigían esos carnets y si no los tenían, les decomisaron su coca. Franclin Gutiérrez fue liberado en noviembre 2019 y muchos consideraban que, dado que ya había sobrepasado su tiempo de gestión, era de ir de inmediato a elecciones, pero él y su directorio persistían en el cargo hasta noviembre 2021; la opinión general era que quisieron quedarse allí hasta recuperar el dinero gastado o perdido estando en la cárcel (no sólo entró Gutiérrez, sino su principal seguidor, Sergio Pampa) o cuidando el Mercado cuando no hubo ingresos, así que querían un año más con funcionamiento regular.

Después de la elección, Elena Flores hizo un intento débil de tomar el Mercado por asalto, repulsado sin dificultades, y luego presentó un amparo constitucional de dudoso fundamento alegando que ella era la Presidenta legal de ADEPCOCA y el recién elegido, Armin Lluta, tenía la obligación de entregar la institución a ella. Esto no prosperó, pero sí dio pie a procesar a Lluta. Hubo una corriente de opinión ‘ni Armin, ni Elena’, que ADEPCOCA debe ir a una nueva elección ‘de unidad’ aceptando candidatos de ambos bandos. Lluta tuvo el suficiente desprendimiento de aceptar esta propuesta y renunció para dar paso (en diciembre 2021) a una nuevo directorio, pero no así el bando de Flores, que organizó por julio de 2021 una elección que su propio comité electoral suspendió a mediodía por conflictos; nunca se publicó el conteo de votos, pero sí se proclamó como ganador a Arnold Alanes, quien anteriormente fue presidente del Comité Electoral que eligió a Flores. No todos los de su bando estaban de acuerdo con este resultado nada claro, e intentaron organizar en septiembre una asamblea para realizar una nueva elección, donde pelearon con los seguidores de Alanes: éstos luego partieron hacia Villa Fátima, con una escolta policial. Las pocas personas presentes en el Mercado – siendo fin de semana, hubo poco movimiento – no se percataron de sus intenciones y pudieron entrar directamente para tomar el control del edificio. Acudió allí el Ministro de Gobierno y expresó su reconocimiento de Alanes como Presidente de ADEPCOCA, aunque uno de los motivos para proponer la ‘elección de unidad’ era que el gobierno supuestamente iba a reconocer el ganador de aquel, dejando atrás el paralelismo. Los ‘verdaderos productores’ reaccionaron acuartelándose en el Hospital de la Calle 10, donde salieron a diario hacia el Mercado para ser recibido con gases por el cordón policial que lo resguardaba. Después de 15 días de enfrentamientos al fin encontraron tácticas como para aprovechar de su superioridad numérica y el 4 de octubre de 2021 ‘recuperaron’ el Mercado. Alanes estaba conduciendo ese día una asamblea en la cercana Plaza del Maestro, pero al ver el río de gente a punto de inundar el Mercado, él y alrededor de 500 personas que le acompañaron abandonaron el lugar sin intento de resistencia. De nuevo se normalizó la actividad comercial, y ya por inicios de 2022 el ‘mercado’ en Qalajawira, al igual que otro que Alanes anunció más arriba todavía en Urujara, dejaron de funcionar, aunque Alanes anunció que iba a abrir otro en un ex colegio alquilado al lado del terminal de donde se parte a Yungas, y recibió el apoyo de una parte de la organización de detallistas de Santa Cruz, quienes conminaron a sus afiliados a comprar exclusivamente de ese mercado y no de Villa Fátima, aunque en el momento de escribir (marzo 2022) aún no se observa movimiento en ese lugar.

En efecto, el mismo CONALPRODC ya ha entrado en el proceso de división, en parte debido a las actuales peleas faccionales dentro del MAS, donde unos apoyaron su ex presidente Freddy Velásquez, actual diputado plurinominal, y otros van con Gladys Quispe, diputada uninominal del MAS por los Yungas, en adición a las eternas quejas sobre el ‘informe económico’, de que los dirigentes salientes no han rendido cuentas de los ingresos – la misma queja con que iniciaron su ataque a ADEPCOCA orgánica. La división también sigue con mayor o menor vigor en algunas Federaciones y Regionales al interior de los Yungas, y no se vislumbra una pronta solución – al menos que el gobierno deje de una vez de reconocer, apoyar y ofrecer beneficios clientelares (acceso a proyectos, puestos para ex dirigentes de las organizaciones paralelas oficialistas) a organizaciones con apoyo minoritario y muchas veces condicionado, sea abiertamente como cuando los carpeteros tenían que ir no sólo a eventos de CONALPRODC sino a visitas oficiales de Evo a los Yungas bajo pena de multa o suspensión, o indirectamente como cuando un Secretario General de una comunidad, que quería ‘dejar obra’ para su gente, vio oportuno dejar de apoyar las movilizaciones para así conseguir ser aceptado por la autoridad municipal. Antes de la salida de Flores, en julio 2021 intentó llevar una asamblea en Coripata, que fue bloqueado por los pobladores con el saldo de la muerte de un policía, otra vez en condiciones nada claras, pero bastó para encarcelar al Presidente de la Regional Coripata, Daynor Choque, sin que haya sido enjuiciado hasta la fecha. Hay otros factores coyunturales, como la bajada del precio de la coca en meses recientes,10 que para muchos se debe a que existe una sobreproducción de coca debido a la ‘autorización’ de zonas por encima de la demanda, mientras otros lo atribuyen a la entrada de coca peruana debida al poco o nulo control que el gobierno ejerce en las fronteras (donde de hecho es notoriamente incapaz de suprimir el contrabando de todo tipo de mercancías, desde latas de sardina hasta autos indocumentados). Durante la pandemia se suspendió las acciones de racionalización de cultivos en Yungas, pero en 2022 se anunció que se iban a reiniciar, que apunta a una nueva ola de conflictos.

Creo que este resumen de los hechos basta para aclarar por qué los cocaleros de los Yungas, en su mayoría, se oponen a las políticas respecto a la hoja de coca implementadas por el MAS con y sin Evo Morales. Más que todo, rechazan la intromisión del gobierno en sus organizaciones, que ha provocado divisiones a todo nivel, hasta dentro de familias. Si bien hay motivos estructurales, como el desclasamiento de los carpeteros quienes luego se prestaban a los actos dirigidos a desestabilizar las organizaciones mayoritarios, que explican cómo y entre quiénes han surgido estas fracturas, es cierto que sin la promoción del gobierno no hubiera llegan a la división abierta.

El Chapare jamás se ha apartado del MAS, y ha recibido beneficios mucho mayores, desde cargos en el Senado para ex dirigentes del sector hasta la parte del león de todos los fondos de desarrollo alternativo y otros. Sólo un ejemplo: se impulsó la producción de cítricos como alternativa a la coca, y en consecuencia la naranja chapareña ha inundado los mercados de La Paz, causando que los yungueños dejaron sus huertas de cítricos porque no podían competir en la venta, quedando con la coca como único producto rentable. Visto desde los Yungas, esto se debe a que el gobierno tiene fines partidarios y políticos – hacerse del poder a todo costo – aunado a simpatías regionalistas debido a la trayectoria de su máximo dirigente, que según algunos sigue dirigiendo las políticas desde detrás del trono. Nunca era un gobierno cocalero, sino un gobierno chapareño y sólo coyunturalmente cocalero.

Notas:

1 Con la nueva Constitución de 2009, el país fue ‘refundado’ como el Estado Plurinacional de Bolivia.
2 Zona antigua de cultivos de coca en Cochabamba.
3 Plaza céntrica de La Paz, donde se encuentran los edificios de la Asamblea Plurinacional (antes el parlamento) y el histórico palacio presidencial.
4 Organización campesina del Altiplano conocida por apoyar al MAS.
5 Vehículo antimotines que dispersa a manifestantes con fuertes chorros de agua fría.
6 Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu, organización indianista fundada en 1997 con el propósito de reemplazar el sindicalismo agrario supuestamente de corte occidental volviendo a las estructuras de autoridades originarias.
7 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, fundada en 1979, que representa a nivel nacional los sindicatos agrarios que son la forma base de organización de la mayoría de las comunidades rurales, agrupando una diversidad de etnias y regiones.
8 ‘Cato’ es una medida de extensión tradicional que varia según la región, y en los Yungas corresponde a 2.500 metros cuadrados versus 1.640 metros cuadrados en el Chapare, variación que ha sido aceptado en la Ley 906.
9 El apodo que los opositores aplicaron a Elena Flores.
10 El precio de la coca fluctúa de mes a mes y hasta semana a semana, y acorde con la calidad del producto, pero si en 2021 el precio máximo al productor en finca llegaba entre Bs35 y Bs40 la libra, a inicios de 2022 no sobrepasaba Bs25 a Bs28.