Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para pedir que no ratifiquen el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado”. El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate ni consulta pública, y se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19.
Recordamos que el TLCUEM lleva vigente desde hace veinte años y lejos de cumplir las promesas no ha hecho más que generar graves impactos sociales, económicos y ambientales, ante todo para México. El acuerdo “modernizado” no hará sino profundizar los problemas del TLCUEM por las siguientes razones:
El nuevo acuerdo tendrá un capítulo nuevo sobre inversiones que pretende consolidar el recurso al arbitraje internacional como mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados. Lo preocupante es que el Sistema de Corte de Inversiones (ICS) propuesto no soluciona las peores partes del clásico mecanismo de solución de controversias entre inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Esto quiere decir que los inversores de la UE van a poder demandar a México (y viceversa) en un sistema de justicia paralela dando prioridad a sus intereses privados, mientras que regulaciones ambientales, sociales y del bien común general pasan a un segundo plano. En los últimos años muchas de estas demandas las han iniciado inversores transnacionales para atacar medidas y legislaciones ambientales. Por ejemplo, en 2010-2013 la transnacional española ABENGOA-COFIDES, demandó a México después de negarse a cumplir la normatividad ambiental, y obtuvo 48 millones de dólares por concepto de “indemnizaciones y ganancias perdidas”. Con las recientes reformas en México, sobre electricidad y minería de litio, confirmadas por la Suprema Corte de Justicia, algunas trasnacionales europeas, entre ellas Iberdrola, ya amenazaron a México con usar el mecanismo de ISDS. Europa también ha recibido varias demandas de este tipo por aprobar políticas climáticas, como es el gigante energético alemán RWE contra los Países Bajos por sus planes de eliminación del carbón para 2030. Firmar el TLCUEM va a generar más demandas de este tipo a los dos lados del Atlántico, comprometiendo a los presupuestos nacionales y atrasando cambios necesarios en favor del clima, del medio ambiente y del bienestar de las poblaciones y de los animales.
Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones a los derechos humanos y ambientales en México con una impunidad prácticamente total, que será reforzada con el TLCUEM modernizado ya que sigue sin plantear mecanismos efectivos de regulación. Algunos ejemplos se encuentran en: los abusos tarifarios y la violación al derecho de acceso a la luz, en el marco de un control monopólico por parte de Iberdrola, Naturgy, Acciona Energía, Fisterra; o bien la vulneración del derecho de acceso al agua, y la arbitrariedad tarifaria de Agsal-Suez (hoy Veolia) en Coahuila, Veracruz, Cd de México y Cancún. En los casos de las empresas embotelladoras de agua, está el despojo y devastación que está dejando Bonafont/Danone en la Zona Choluteca, donde la resistencia de los Pueblos Unidos está siendo criminalizada y reprimida. El nuevo tratado también profundizará la impunidad de las empresas europeas que participan en la construcción de megaproyectos con graves impactos socioambientales sobre el territorio, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), los megaparques eólicos, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, o el Tren Maya, entre otros. En estos casos o bien se ha vulnerado directamente el derecho a la consulta y el consentimiento o negativa previa, libre e informada, y culturalmente adecuada, o bien su implementación no apegada a estándares internacionales está generando grandes divisiones y conflictos entre las comunidades. El “Acuerdo en Principio” del TLCUEM “modernizado” no incluye cláusulas vinculantes que reflejen voluntad alguna para que estas empresas respeten los derechos humanos, ni permite a las y los afectados disponer de mecanismos efectivos para acceder a la justicia, a la reparación de daños y a la no repetición. La cláusula de derechos humanos en el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (que contiene el TLCUEM) nunca se ha activado, a pesar de propuestas para tal fin por parte de organizaciones de la sociedad civil y en el propio Parlamento Europeo.
El proyecto de TLCUEM modernizado refuerza los patrones patriarcales arraigados en la sociedad mexicana y en las europeas. El tratado no prevé ningún mecanismo para poner fin a la discriminación de las mujeres y el colectivo LGBTIQ ni incluye un lenguaje de “género” inclusivo. En este sentido, el acuerdo no habla sobre la necesidad de modernizar y cuestionar los roles masculino y femenino y sus diferentes tareas sociales. Además, se han eliminado las pocas cláusulas explícitas sobre mujeres que existían en la antigua versión del tratado, en concreto el art. 36 que mencionaba a las mujeres de bajos ingresos y el art. 37 sobre el rol de la mujer en procesos productivos. Ahora sólo se menciona la promoción de igualdad de oportunidades cuando se refiere a los estándares laborales aprobados por la OIT, sin mecanismos que puedan ser monitoreados. Los diferentes capítulos del tratado castigarán a la mayoría de las mujeres que son pobres por partida doble. Como trabajadoras, campesinas o em-presarias corren el riesgo de ser sacadas del mercado por la competencia desigual de las empresas europeas, sobre todo en las industrias de lácteos y carnes. Por otro lado, el capítulo ampliado de con-tratación pública o el de protección a la propiedad intelectual fomenta un modelo económico que enca-rece los servicios públicos como la salud o acceso a medicinas abordables. La precarización previsi-ble por la reprimarización del modelo económico no hará más que reforzar un modelo patriarcal que aumentará el ya sinnúmero de víctimas por la violencia por razones de género.
Los acuerdos de libre comercio como el TLCUEM se articulan directamente con el sistema agroindustrial global que tiene un impacto devastador sobre el derecho a una agricultura y un comercio independiente, el derecho a la alimentación y la salud, además de ser uno de los principales responsables de la crisis climática. En este marco, el ataque a la agricultura campesina privatizando y acaparando la tierra, expulsa personas, dispara la migración, mientras se subvencionan monocultivos agroexportadores altamente dependientes de OGM, agrotóxicos, energía, agua y mano de obra prácticamente esclava, y megagranjas que han estado al origen de pandemias como la gripe A/H1N1.Con el TLCUEM serán las corporaciones agroindustriales mexicanas y europeas las mayores beneficiadas. Actualmente, las transnacionales alemanas como Bayer-Monsanto continúan la importación de OGM y los agrotóxicos encabezados por el glifosato. Con esto reproducen los daños a la salud que afectan al 99% de los franceses. Por otra parte, la Unión Europea presiona a México para que firme la versión 91 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La mera aceptación de todo el sistema UPOV, en cualquiera de sus versiones, legitima la privatización de las semillas y atenta directamente contra la agricultura campesina independiente, es decir, contra el pilar de la soberanía alimentaria. Las productoras y los productores en Europa también se verán sufrirán afectaciones por el incremento de importaciones desde México.
La incorporación en el TLCUEM de un capítulo sobre energía busca blindar la privatización del sector, que se consolidó con la reforma constitucional energética de 2013. Esta privatización ha tenido impactos directos en la población como la subida de precios de la electricidad. Además, ha consolidado el modelo de grandes megaproyectos (tanto en APP, como de iniciativa privada) para la generación eléctrica conllevando a la privatización de tierras comunales, represión y agresiones a poblaciones afectadas, impactos ambientales y corrupción. Muchas megaempresas energéticas europeas, y en particular españolas tienen un gran interés en México y son las mayores promotoras de este tratado. Algunas empresas que ya invierten en este sector son entre otras, Ibedrola, Naturgy and Acciona de España, Enel de Italia y Engie de Francia.
El TLCUEM “modernizado” abre por primera vez la contratación pública a empresas europeas en México y viceversa. Esto significa que se pondrá por delante los intereses privados sobre los públicos, a partir del supuesto de que lo que conviene a los inversionistas, conviene a las sociedades. Tal supuesto desdeña los impactos de los intereses corporativos sobre la polarización del ingreso y de la riqueza, el deterioro ambiental y la degradación social, la mercantilización de la cultura y la historia. También afecta al propio desarrollo empresarial, en contra de los micro y pequeños productores y en beneficio de los grandes capitales trasnacionales, tanto europeos como mexicanos. Daña, finalmente, las prácticas sociales y solidarias bicontinentales, en beneficio de los grandes capitales, mismos que no tienen banderas. El desarrollo, tanto europeo como mexicano, requiere privilegiar las condiciones y aspiraciones legítimas de sus sociedades y no las utilidades.
Para terminar, queremos recordar que México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. El resultado ha sido una devastación económica, social y ambiental sin precedentes, y una multiplicidad de “zonas de sacrificio” o “infiernos ambientales”, que siguen cobrando miles de vidas cada año. No hay que olvidar que muchas de estas empresas también son las principales responsables de décadas de privatizaciones y expolio de lo público en Europa poniendo en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua o el derecho a la energía.
Consideramos que el TLCUEM es el triunfo del capital transnacional tanto europeo como mexicano a costa de las condiciones de vida de las poblaciones de los dos lados del Atlántico y del medio ambiente.
En base a lo aquí explicado, nos preocupa que se aproveche el contexto de la guerra en Europa como excusa para acelerar la ratificación del acuerdo con las graves implicaciones que esto tendría sobre la población mexicana y europea. Para que el futuro sea viable y sostenible, el modelo de políticas comerciales del siglo XXI tiene que poner por delante el bienestar de las comunidades, los pueblos y de los bienes ambientales.
Por eso, desde las organizaciones de la sociedad civil europea y mexicana decimos ¡ NO al tratado de comercio e inversión entre la UE-México! Y exigimos a nuestros responsables políticos oponerse a su ratificación.
Firman
Si deseas apoyar nuestro trabajo, considera realizar una donación. Nos comprometemos a que nuestra valiosa investigación esté accesible sin costo, pero para eso necesitamos de tu ayuda. Si todas las personas que leen nuestro contenido realizan una donación de tan solo €12 podremos apoyar nuestro trabajo durante tres años.
