La declaración sobre drogas que hace dos años era imposible

19 ဇွန်လ 2013
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Durante la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebró con el lema “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas”, se respiraba un clima diferente al que se había advertido en la Cumbre de Cartagena, en abril de 2012.

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Plaza Publica

La OEA cita en su primer informe una  investigación del Transnational Institute, centro de estudios que afirma que un 70% de las mujeres latinoamericanas privadas de libertad han sido encarceladas por micro tráfico no violento en centros penales donde frecuentemente son víctimas de abuso sexual, extorsiones y sicariato.

Un tema sobre el cual fue más difícil llegar a un consenso fue la evaluación sobre las políticas de control de drogas en el hemisferio. Catorce países (El Salvador, Guatemala, Uruguay, Honduras, México, Chile, Haití, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Guyana, República Dominicana, Venezuela, y Santa Lucía) proponían que el Consejo Permanente de la OEA convocara a un período extraordinario de sesiones de la asamblea para avanzar en el debate sobre nuevas estrategias de combate al narcotráfico y diseñar una hoja de ruta que se implementaría de 2016 a 2020.

Bajo esta propuesta, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) realizaría los trabajos preparativos para la reunión, pero los demás países, principalmente Estados Unidos, manifestaron que aunque estaban anuentes a continuar el debate sobre las drogas, estaban en desacuerdo con la celebración de una asamblea extraordinaria y con la intervención del Cicad.  

Como no se llegó a un consenso, el tema quedó en manos de los cancilleres de los países participantes. Finalmente, Estados Unidos, Canadá, y otros países que habían manifestado su inconformidad, aceptaron la celebración de una sesión extraordinaria en 2014, pero no hubo acuerdo sobre el mecanismo de evaluación.

En la asamblea extraordinaria que tendrá lugar en Guatemala, en 2014, se analizarán informes técnicos elaborados por los ministerios de seguridad de los países integrantes y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y posteriormente se llevará a cabo una Asamblea General en la cual los cancilleres iniciarán una discusión que defina una nueva estrategia antinarcótica para el período 2016-2020.

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