El Transnational Institute TNI y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA coordinaron durante 2010 un estudio sobre las repercusiones de la legislación de drogas en el sistema penitenciario de ocho países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. El resultado ha quedado plasmado en un informe titulado, “Sistemas sobrecargados. Leyes de drogas y cárceles en América Latina".
La participación de Bolivia en la cadena internacional del tráfico de drogas quedó determinada por un serie de factores que van desde la tradición de cultivo y consumo ancestral de la hoja de coca en el país hasta la pobreza endémica de la población, cuyo PIB per cápita no supera los mil dólares estadounidenses, y la debilidad estructural de las instituciones estatales.