Ricardo Vargas, investigador de TNI y director de Acción Andina es uno de los expertos más importantes que tiene el país en materia de narcotráfico y cultivos ilícitos. Habló con Arco Iris sobre los escenarios de despenalización, fracasos y éxitos de estas políticas anti-drogas en Colombia y la discusión alrededor de la Cumbre de Cartagena.
El debate político sobre las drogas en América Latina está dando pasos notorios. Los cambios legislativos que están introduciendo varios de los países de la región revelan también una tendencia innegable a alejarse de la “guerra contra las drogas”. Este informe explica los antecedentes de la apertura del debate sobre las políticas de drogas en la región, resume los aspectos más relevantes de las reformas a las leyes de drogas que actualmente cursan en algunos países y propone una serie de recomendaciones de políticas que podrían ayudar a avanzar el debate de manera productiva.
En esta publicación, Ibán de Rementería, secretario ejecutivo de la Red Chilena de Reducción de Daños, se refiere a la crisis de la actual política de drogas en América Latina. También examina los casos de Uruguay, Colombia y Chile, haciendo entre estos dos últimos países un estudio comparado de sus respectivas propuestas de reforma a las leyes de drogas.
Ante el proceso de destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación que enfrenta el gobierno de Bogotá, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, una red mundial de 108 organizaciones) y otras ONG colombianas muestran su preocupación a través de una carta abierta. En ella subrayan la importancia y clarividencia de los avances en materia de reforma de políticas sobre drogas, enfocadas en reducción de daños y derechos humanos, que ha emprendido la alcaldía de Gustavo Petro en los últimos años.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos firmantes, nos dirigimos a Ustedes en ocasión de esta IV Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) para dar seguimiento al llamado hecho a los gobiernos de la región en ocasión de la XLIII Asamblea General de la OEA del pasado mes de junio, de hacer una revisión de la orientación de las políticas de drogas que vienen llevándose adelante en las Américas.
Mientras en Colombia seguimos sumergidos en el debate sobre las elecciones presidenciales y la segunda vuelta, el acuerdo al que llegaron en La Habana en el punto tres de las negociaciones de paz ha pasado relativamente desapercibido. Salvo algunas fuertes críticas a su contenido, y algunos análisis sobre su alcance, las posibilidades que abre han sido poco estudiadas.
Representantes de la sociedad civil del Hemisferio nos reunimos con el fin de realizar aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas, a discutirse para su aprobación por los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos en la próxima Asamblea General Extraordinaria de ese organismo internacional.
Los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan de Acción 2011-2015, acordando considerar la posibilidad de llevar a cabo las medidas necesarias con miras a permitir alternativas a la privación de la libertad para los infractores de la ley, que a su vez son dependientes de drogas.
Apesar dos esforços dos governos latino-americanos, as drogas ilícitas continuam a representar uma das maiores fontes de receita para as organizações criminosas, lhes permitindo penetrar instituições políticas e sociais corruptas. As organizações criminosas exploram as vulnerabilidades do Estado e tiram proveito da incapacidade dos governos de garantir a segurança de seus cidadãos. Com poucas exceções, a fraca capacidade dos governos latino-americanos se reflete em altos índices de homicídios, níveis notórios de impunidade, e o sentimento de desconfiança que os cidadãos alimentam sobre as instituições judiciárias e policiais.