Durante décadas, Colombia ha estado fumigando con productos químicos para luchar contra los cultivos ilícitos, en especial los de coca. Estos programas de fumigaciones masivas han sido tremendamente polémicos por sus impactos sobre comunidades y el ambiente. Esta cronología visual repasa esta historia desde sus orígenes hasta las actuales negociaciones de paz.
La interacción de los mercados locales de droga con la violencia y el crimen es compleja y muy difícil de separar de otro tipo de economías delictivas. El narcomenudeo ha sido identificado por las autoridades como una prioridad estratégica, bajo la hipótesis de que es uno de los principales dinamizadores de la violencia y el crimen, además de ser una respuesta a la pérdida de influencia en los mercados internacionales por parte de las organizaciones criminales. ¿Qué tan válido es este argumento? Este documento se propone poner a prueba los puntos de partida y supuestos que subyacen la definición de esta ‘nueva’ amenaza, brindando un marco general sobre los mercados locales de drogas y su relación con la violencia y el crimen en las ciudades de Colombia.
La interacción de los mercados locales de droga con la violencia y el crimen es compleja y muy difícil de separar de otro tipo de economías delictivas.
Los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan de Acción 2011-2015, acordando considerar la posibilidad de llevar a cabo las medidas necesarias con miras a permitir alternativas a la privación de la libertad para los infractores de la ley, que a su vez son dependientes de drogas.
Representantes de la sociedad civil del Hemisferio nos reunimos con el fin de realizar aportes al Proyecto de Resolución sobre Nuevas Orientaciones para una Política Integral frente al Problema Mundial de las Drogas en las Américas, a discutirse para su aprobación por los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos en la próxima Asamblea General Extraordinaria de ese organismo internacional.
El cuarto punto sobre el tema de las drogas de la agenda de conversaciones “para la terminación del conflicto” parece simplificar la relación entre drogas y conflicto armado en Colombia. Este informe analiza los retos que plantea el narcotráfico para el desarrollo de una paz sostenible.
El cuarto punto sobre el tema de las drogas de la agenda de conversaciones “para la terminación del conflicto” parece simplificar la relación entre drogas y conflicto armado en Colombia. Este informe analiza los retos que plantea el narcotráfico para el desarrollo de una paz sostenible.
El cuarto punto sobre el tema de las drogas de la agenda de conversaciones “para la terminación del conflicto” parece simplificar la relación entre drogas y conflicto armado en Colombia. Este informe analiza los retos que plantea el narcotráfico para el desarrollo de una paz sostenible.
La distribución de la tierra y su uso injusto son las principales causas de la violencia en Colombia. Por esta razón los temas de la tierra son el punto de partida de las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno de Santos y las FARC.
La distribución de la tierra y su uso injusto son las principales causas de la violencia en Colombia. Por esta razón los temas de la tierra son el punto de partida de las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno de Santos y las FARC. Remediar los problemas estructurales del agro colombiano es la mejor garantía de progreso de las negociaciones de paz que permitiría poner fin a un violento conflicto de casi medio siglo.
En América Latina es más grave contrabandear marihuana con el fin de venderla a quien quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino, esta es la conclusión de una publicación dada a conocer por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). La publicación se basa en el estudio de la legislación penal de drogas en siete países latinoamericanos (México, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia). La sobre-penalización del delito de drogas ha recaído partícularmente en los eslabones más bajos de la cadena, en vez de los altos o medianos mandos del narcotráfico.
En septiembre de 2012, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, inauguró el primer centro para drogadictos en el sector del Bronx, un barrio céntrico de la ciudad. El llamado Centro de Atención Médica a Drogodependientes (CAMAD) cuenta con psiquiatras, psicólogos, médicos y enfermeros. Las personas atendidas en estos centros están en situación de riesgo, exclusión social por altos niveles de dependencia a las drogas, son personas vinculadas a actividades delictivas asociadas con el consumo y el expendio de drogas, padecen enfermedades mentales asociadas al consumo de drogas, y enfermedades derivadas del consumo problemático.
Desde 1909 la comunidad internacional se ha esforzado por erradicar completamente el abuso de drogas narcóticas. Un siglo después, es ampliamente reconocido el fracaso de estas medidas que, por el contrario, han estimulado abusos de los derechos humanos y un incremento de la violencia en el mercado negro. ¿Cuál fue el surgimiento de este sistema de políticas anti-drogas? ¿Por qué ha demostrado ser tan duradero incluso ante la evidencia de su fracaso? ¿Existe alguna esperanza de reformarlo?
En esta publicación, Ibán de Rementería, secretario ejecutivo de la Red Chilena de Reducción de Daños, se refiere a la crisis de la actual política de drogas en América Latina. También examina los casos de Uruguay, Colombia y Chile, haciendo entre estos dos últimos países un estudio comparado de sus respectivas propuestas de reforma a las leyes de drogas.
El debate político sobre las drogas en América Latina está dando pasos notorios. Los cambios legislativos que están introduciendo varios de los países de la región revelan también una tendencia innegable a alejarse de la “guerra contra las drogas”. Este informe explica los antecedentes de la apertura del debate sobre las políticas de drogas en la región, resume los aspectos más relevantes de las reformas a las leyes de drogas que actualmente cursan en algunos países y propone una serie de recomendaciones de políticas que podrían ayudar a avanzar el debate de manera productiva.
Cincuenta años después de la firma de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes y cuarenta años después de que el gobierno de Estados Unidos declarara la "guerra contra las drogas", varios obstáculos persisten a pesar de los éxitos parciales que han tenido los esfuerzos emprendidos para abordar el problema. El Foro de Dialogo Andino Estadounidense ha señalado con suma preocupación cómo las políticas sobre drogas han monopolizado la agenda diplomática y económica entre los países, contribuyendo a generar tensiones entre los gobiernos e impidiendo la cooperación en torno a otras prioridades de importancia crucial, como salvaguardar los procesos democráticos de las redes criminales.
El Desarrollo Alternativo no debe estar inscrito en un enfoque de seguridad militarizada como el que domina hoy en Colombia. Más que una acción dirigida a mostrar resultados en términos de la reducción de áreas de ilícitos, el Desarrollo Alternativo debe inscribirse en el marco de una propuesta de desarrollo rural y regional.
Mucho se ha dicho sobre los programas de desarrollo alternativo desde la perspectiva de los expertos, tecnócratas, políticos y académicos. Sin embargo, poco sabemos de lo que piensan las personas que son objeto de estos programas y de las implicaciones que éstos tienen en su vida.
Mucho se ha dicho sobre los programas de desarrollo alternativo desde la perspectiva de los expertos, tecnócratas, políticos y académicos. Sin embargo, poco sabemos de lo que piensan las personas que son objeto de estos programas y de las implicaciones que éstos tienen en su vida. Este informe de Susana Ojeda ofrece una narrativa del DA en Colombia desde la perspectiva de los campesinos.
En América Latina es más grave contrabandear marihuana con el fin de venderla a quien quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino, esta es la conclusión de una publicación dada a conocer por el 
En septiembre de 2012, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, inauguró el primer centro para drogadictos en el sector del Bronx, un barrio céntrico de la ciudad. El llamado Centro de Atención Médica a Drogodependientes (CAMAD) cuenta con psiquiatras, psicólogos, médicos y enfermeros. Las personas atendidas en estos centros están en situación de riesgo, exclusión social por altos niveles de dependencia a las drogas, son personas vinculadas a actividades delictivas asociadas con el consumo y el expendio de drogas, padecen enfermedades mentales asociadas al consumo de drogas, y enfermedades derivadas del consumo problemático.
En esta publicación, Ibán de Rementería, secretario ejecutivo de la Red Chilena de Reducción de Daños, se refiere a la crisis de la actual política de drogas en América Latina. También examina los casos de Uruguay, Colombia y Chile, haciendo entre estos dos últimos países un estudio comparado de sus respectivas propuestas de reforma a las leyes de drogas.
El debate político sobre las drogas en América Latina está dando pasos notorios. Los cambios legislativos que están introduciendo varios de los países de la región revelan también una tendencia innegable a alejarse de la “guerra contra las drogas”. Este informe explica los antecedentes de la apertura del debate sobre las políticas de drogas en la región, resume los aspectos más relevantes de las reformas a las leyes de drogas que actualmente cursan en algunos países y propone una serie de recomendaciones de políticas que podrían ayudar a avanzar el debate de manera productiva.
Cincuenta años después de la firma de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes y cuarenta años después de que el gobierno de Estados Unidos declarara la "guerra contra las drogas", varios obstáculos persisten a pesar de los éxitos parciales que han tenido los esfuerzos emprendidos para abordar el problema.