Según el funcionario, ese país logró bajar descensos importantes en el consumo y posesión de drogas gracias a una estrategia integral. De ser el país con los peores índices de consumo en Europa, Portugal pasó a tener los mejores y en menos de una década. En parte, el éxito se atribuye a su decisión en el 2001 de descriminalizar el uso de todas las drogas mientras hacía énfasis en prevención y tratamiento.

Ojalá el presidente Santos repensara la política contra las drogas y abandonara el fundamentalismo que en esta materia mostró el anterior gobierno, que congeló el debate de este tema por ocho años.
Un primer paso podría ser que discutiéramos la posibilidad de adherir a las “políticas de reducción del daño” (PRD), que han sido desarrolladas exitosamente por otros países, como Holanda, Suiza, Brasil o Portugal.

El XII Cumbre de los países de Centroamérica y del Caribe terminó con una conminación particularmente a Estados Unidos, para que actúe sin contradicciones. "Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que sea coherente, para que la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico no tengan contradicciones. Países que promueven la legalización, pero que al tiempo están promoviendo la criminalización... Eso da señales contradictorias que debilitan la que debe ser una lucha coordinada contra este flagelo que tanto daño nos ha causado", dijo el presidente Juan Manuel Santos.

La formación sorprendente y poco conocida de la regulación global sobre estupefacientes da pie a ideas y propuestas no menos sorprendentes para el mundo y Colombia.

Para ser una de las regiones donde más se concentran la producción y el tránsito de drogas ilegales, América Latina se había mantenido a salvo de los altos niveles de consumo. De acuerdo con cifras obtenidas por el Grupo de Diarios de América, 11 de la región, desde comienzos de la década ha habido un sostenido aumento en los índices de consumo de sus-tancias psicoactivas. Y aunque esa tendencia regional ha estado acompañada por una mayor tolerancia social hacia el uso de algunas de tales drogas, expertos dicen que los países no han iniciado un debate sobre la despenalización de su consumo.

Al día siguiente de las declaraciones de Juan Manuel Santos, en las que afirmó de nuevo que la despenalización de las drogas es “una alternativa que podemos discutir” la organización más importante de Estados Unidos para promover opciones a la guerra contra las drogas, Drug Policy Alliance (DPA), difundió un comunicado público inusual. Ethan Nadelmann, director de DPA, afirmó que “junto con la reciente declaración pública del presidente Obama acerca de la legitimidad del debate de la legalización de las drogas,” las palabras del presidente de Colombia sugieren “que se está abriendo un debate global, esencial y sin precedentes, para una reforma significativa en las políticas de drogas”.

La publicación de este libro (producto de una investigación de la Universidad de los Andes) representa un hito en la manera de enfrentar el problema de las drogas. Colombia, a lo largo de tres décadas, lo ha hecho de la mano de las políticas prohibicionistas impulsadas por Estados Unidos y que, en general, parten de la guerra contra las drogas que inauguró el presidente Richard Nixon hace 40 años. Ningún país del mundo ha pagado un costo más alto en términos de vidas de sus dirigentes políticos, sus jueces, sus policías, sus soldados, sus periodistas y decenas de miles de inocentes, ni ha recibido un daño más grave a sus instituciones democráticas que Colombia.

Aunque el porte de droga en Colombia quedó prohibido hace 20 meses por una reforma constitucional, quienes sean sorprendidos con sustancias mínimas y demuestren que son para su consumo personal seguirán libres de sanciones penales. Así lo advirtió la Corte Suprema de Justicia en un fallo sobre el caso de un joven condenado a cinco años de prisión por llevar en sus bolsillos 79 gramos de marihuana. "Considera la Sala que aún con la prohibición constitucional de porte y consumo de estupefacientes, el concepto de dosis personal no ha desaparecido del ordenamiento jurídico", indicaron en la sentencia.

Un agudo debate se desató alrededor de la penalización o no de la dosis mínima de droga. Luego de que un sector del uribismo señalara en un proyecto de ley que los adictos a la droga deben ser "obligados" a ir a centros de rehabilitación, ahora desde el Partido Verde surgió una iniciativa que reversa el acto legislativo que penaliza el porte y consumo de la dosis personal. El senador Jorge Eduardo Londoñodijo que su idea es "la ratificación de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia y lo que en su momento planteó la Corte Constitucional, y es reiterar que la dosis personal no puede penalizarse".

A raiz de la iniciativa del gobierno de modificar la Ley 30 de 1986 o estatuto de estupefacientes un grupo de personas trabajamos en una contra propuesta que se concreta en que el gobierno acepte la apertura de 5 mesas de trabajo para que se concrete una participacion de la sociedad civil en el tema.

Y de nuevo es la Corte la que aguanta la línea que protege a los ciudadanos de la voracidad policial y judicial del Gobierno. Fue publicada finalmente la Sentencia (C-574 de 2011), con la que la Corte rechazó una demanda de inconstitucionalidad que argumentaba que la modificación de la Constitución durante el gobierno de Uribe para “prohibir” la dosis personal (Acto Legislativo 02 de 2009) daba pie para que las personas sorprendidas con sustancias ilegales fueran a parar a la cárcel. La Corte negó tajantemente que esto sea lo que dice la norma y aportó, finalmente, una guía para interpretar cuáles son las reales consecuencias de una reforma sobre drogas que el Congreso le concedió al capricho del pasado presidente.

Ricardo Vargas, investigador independiente en políticas de drogas asociado al Transnational Institute, asegura en una entrevista para la radio que el anuncio del Presidente Juan Manuel Santos se realiza para ganar popularidad pero no es su voluntad política abrir un espacio al debate. Igualmente, afirmó que lo más importantes es que el gobierno impulse políticas para el tratamiento humano de personas adictas e investigación en el campo de las drogas ilícitas en Colombia para sacar el debate de los lugares comunes.

Un documento excepcional y oportuno de un investigador reconocido que lanza un desafío público al presidente Santos para formular desde Colombia una Hoja de Ruta que permita sacudir la camisa de fuerza institucional que mantiene el statu quo internacional y no deja avanzar hacia políticas más eficaces e inteligentes.

Thoumi, una de las principales autoridades académicas en política antidrogas, aprovechó las declaraciones del presidente Santos en torno al tema para proponerle una 'hoja de ruta' que avance en la construcción de una nueva política que haga frente a la lucha contra las drogas. Se señala en la carta la rigidez que tiene el Régimen Internacional de Control de Drogas, RICD, entidad que está conformada por la Comisión de Estupefacientes, la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

El senador Juan Manuel Galán refutó al ministro y dijo que el país "tiene autoridad moral" para promover ese cambio. Este martes, desde el Congreso de la República han pedido que Colombia lidere el cambio mundial en la política en la lucha antidrogas. El senador Juan Manuel Galán resaltó que el presidente Juan Manuel Santos "en ejercicio" se pronuncie abiertamente sobre la legalización de la droga.

El Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y su Ministro del Interior Germán Vargas Lleras en su pasada visita a la ciudad de Londres, han expresado una posición para que se discuta nuevamente la propuesta para replantear la lucha mundial contra las drogas. Al mostrarse favorable a que se reabra esta discusión, pero reafirmando que  no lideraría una posición para replantear la política antidrogas “porque sería crucificado”, el Presidente Santos da otro ejemplo que demuestra la tierna solidez que lo caracteriza.

Es diciembre en Washington. A la Casa Blanca llega la noticia de que las Farc acaban de secuestrar a cinco agentes de la DEA y solo los soltarán si el gobierno colombiano libera a un jefe narcoguerrillero que está en prisión. El presidente de Estados Unidos ordena violar el espacio colombiano sin informar a Bogotá. Pero, en vez de recuperar a los rehenes, la misión pierde un helicóptero y nueve soldados. El golpe es duro. El mandatario gringo llama al presidente colombiano, un tal M. Santos, y le confiesa, sin recato alguno, que "hace 90 minutos invadimos su espacio aéreo". Santos agradece la llamada, libera al preso y rescata a los rehenes.

Hay una sola cosa que no se discute: con la legalización se viene abajo el asesinato en masa que se produce en nuestros países por el narcotráfico y se conjura una grave afectación a la democracia. Cuando hablamos de la marihuana, la cocaína, la heroína y las mafias en Colombia y en algunos países de América Latina, estamos hablando de la seguridad nacional, de la democracia, de los asesinatos a gran escala. Nos jugamos la institucionalidad y la vida misma. No es el caso de Estados Unidos y Europa. Allá se habla de la seguridad ciudadana, de la salud pública, de la corrupción, de los asesinatos selectivos.

La política de drogas no va a cambiar radicalmente después de un gran debate donde todas las partes se van a poner de acuerdo. Eso ya se hizo una vez, en los sesentas, y el resultado fue lo que hemos vivido: La Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Sin embargo la política debe cambiar, porque es un verdadero desastre.