Con este informe el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) pretende aportar al análisis y la reflexión iniciado en el marco de la evaluación de las políticas de drogas de la CICAD/OEA, por mandato de la VI Cumbre de las Américas, compartiendo con los expertos un importante esfuerzo de investigación realizado en los últimos años en parte del hemisferio, sobre dos áreas planteadas: “los desafíos en materia de seguridad y relaciones entre drogas, violencia y crimen organizado” y, “los aspectos jurídicos y normativos alternativos”.
En América Latina es jurídicamente más grave contrabandear marihuana o cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino. Por ejemplo, en Bolivia, la pena máxima para tráfico de drogas es de 25 años, mientras que para el homicidio doloso, esto es, intencional, es de 20. Y en Colombia la pena máxima por tráfico es de 30 años, mientras que por violar a alguien es de 20 años.
Los Defensores públicos y Defensoras públicas de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) América Latina y el Caribe, reunidos en Santo Domingo (República Dominicana) en el marco de la celebración de la reunión del Consejo Directivo de la AIDEF: (leer la Declaración)
América Latina está atravesada por una epidemia carcelaria. La llamada “guerra contra las drogas” y el endurecimiento de las medidas penales subyacen el aumento de la población penitenciaria. El número de mujeres encarceladas en la región, por ejemplo, se ha duplicado entre 2006 y 2011, pasando de 40,000 a 74,0003 y los delitos de drogas son la primera o segunda causa de encarcelamiento de mujeres.
Con este informe el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) pretende aportar al análisis y la reflexión iniciado en el marco de la evaluación de las políticas de drogas de la CICAD/OEA, por mandato de la VI Cumbre de las Américas, compartiendo con los expertos un importante esfuerzo de investigación realizado en los últimos años en parte del hemisferio, sobre dos áreas planteadas: “los desafíos en materia de seguridad y relaciones entre drogas, violencia y crimen organizado” y, “los aspectos jurídicos y normativos alternativos”.
En América Latina es jurídicamente más grave contrabandear marihuana o cocaína a fin de que pueda ser vendida a alguien que quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino. Por ejemplo, en Bolivia, la pena máxima para tráfico de drogas es de 25 años, mientras que para el homicidio doloso, esto es, intencional, es de 20. Y en Colombia la pena máxima por tráfico es de 30 años, mientras que por violar a alguien es de 20 años.
Los Defensores públicos y Defensoras públicas de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) América Latina y el Caribe, reunidos en Santo Domingo (República Dominicana) en el marco de la celebración de la reunión del Consejo Directivo de la AIDEF: (
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