Las tensiones internacionales en torno a la decisión de Uruguay de regular el mercado del cannabis alcanzaron nuevas cotas cuando Raymond Yans, presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), acusó al Gobierno uruguayo de negligencia con respecto a preocupaciones en materia de salud pública, de bloquear todo intento de diálogo y de mostrar una actitud "de piratas" frente a las convenciones de la ONU.
Los países latinoamericanos están mirando las lecciones de Europa en la lucha contra el abuso de drogas, después de que la política prohibicionista ha perdido eficiencia frente a la extendida violenta y costosa guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos. Hasta hace poco, la mayoría de países de América Latina tenía normas de tolerancia cero en materia de drogas, inspirados en Estados Unidos.
Colorado y Washington regularizaron el mercado de marihuana y abrieron grandes desafíos para el presidente estadounidense Barack Obama, así como para los gobiernos de América Latina que hasta hoy lideraban la discusión sobre la legalización de la droga.
El experto internacional holandés Martín Johanes Jelsma, coordinador del Programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), disertó este martes en la Universidad de la República (UdelaR) en el marco del siglo “Políticas sobre drogas y regulación de mercados” que organiza la Junta Nacional de Drogas (JND).
El holandés Martin Jelsma, magíster en Ciencias Políticas y coordinador del programa Drogas y Democracia del Instituto Trasnacional (TNI por sus siglas en inglés), dio ayer una charla en la sala Maggiolo de la Universidad de la República, invitado por la Junta Nacional de Drogas, como parte del ciclo “Políticas sobre drogas y regulación de mercados”, que según el secretario general de la Junta, Julio Calzada, apunta a “promover un debate informado” en torno a la problemática.
"Con una fuerte regulación, como la que se propone, estoy seguro que Uruguay lo va a lograr, ya que tiene coraje. Además es un buen momento, el propicio para que prosperen este tipo de iniciativas", sostuvo Martín Jelsma acerca de la propuesta del gobierno de regularizar el consumo, producción y comercialización de la marihuana. Criticó las Naciones Unidas debido a la falta de transparencia que tienen sus discusiones "puertas adentro" acerca de la temática, y el "poco tacto" que demuestran estos organismos para "permitir" los cambios necesarios.
Jelsma es coordinador del programa drogas del Instituto Transnacional de Holanda y visitó Uruguay invitado por la Junta Nacional de Drogas (JND) para participar de los seminarios sobre el consumo de estupefacientes. Consultado por Subrayado, Jelsma dijo que la propuesta del gobierno de José Mujica de legalizar la marihuana a partir del control y suministro exclusivo del Estado, es "sensata", y explicó por qué.
Después de idas y venidas discursivas, el proyecto de ley de regulación del mercado de la marihuana avanza entre pedidos de encuestas, preguntas mal hechas y sondeos tergiversados. Una comisión ad hoc en la Secretaría Nacional de Drogas estudia recomendaciones de cara a la redacción del proyecto de ley que redactará el Gabinete de Seguridad.
El camino espinoso por el que ha transitado la propuesta normativa del Presidente, José Mujica, que buscalegalizar el consumo y expendio de marihuana en el país, atraviesa su peor momento; pues de acuerdo a los resultados de los más recientes sondeos de opinión, aplicados por las firmas Cifra e Interconsult, revelan que más del 60% de los uruguayos encuestados están en contra de dicho proyecto. Frente a la masiva negación por parte de los uruguayos, el Jefe de Estado se ha visto obligado a desistir y abandonar su propósito.
En lo que constituye el último desafío proveniente de América Latina ante la ortodoxia de la “guerra contra las drogas”, el 20 de junio de 2012 el gobierno uruguayo dio a conocer una propuesta que, de ser adoptada por el Poder Legislativo de ese país, crearía mercados legales y controlados para la venta de marihuana, como parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad ciudadana y enfocar mayor atención en el consumo de drogas más duras. El mercado de esta sustancia se encontraría altamente regulado, con estrictos límites de edad y prohibición de consumo público.