Colombia: Banacol Empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó

Este estudio se ocupa de la intervención en los territorios colectivos de las comunidades negras y mestizas del Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano de Colombia de la Comercializadora Internacional Banacol.

Esta empresa de productora y comercializadora de plátano, banano, piña, yuca y otros productos, beneficiándose de estructuras paramilitares ha promovido invasiones de tierras para la producción de plátano y acuerdos con individuos que no han contado con la aprobación de las comunidades para adelantar transacciones sobre el uso de territorios, en contra vía de las mismas leyes colombianas.

La transnacional Banacol adquirió Banadex, empresa de la norteamericana Chiquita Brands y adelantó acuerdos para proveer la venta de frutos a esta compañía luego de que fuera sancionada por el departamento de Estado por su financiación a grupos ilegales en Colombia. Banacol comercializa sus productos en Europa mediante diferentes firmas cuya conformación empresarial genera dudas sobre su legalidad.

Recomendaciones

A las organizaciones de la sociedad civil

• Adelantar una campaña de sensibilización, información para promover acciones pùblicas de censura pública, boicot al consumo de productos colombianos de Banacol en Amsterdan, Holanda, Miami, Estados Unidos.
• Requerir a la compañía para que cesen sus operaciones empresariales en Curvaradó y Jiguamiandó por su desconocimiento de los derechos de comunidades negras e indígenas, su corresponsabilidad en violaciones de derechos humanos desconociendo principios de derecho internacional.
• Apoyar con intervenciones escritas (amicus curie, comunicaciones de solicitud de información Derechos de Petición, partes intervinientes) en las acciones jurídicas nacionales e internacionales que las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos vienen adelantando contra la empresa Banacol, Banadex y Chiquita Brands en Colombia por su implicación en violaciones a los derechos humanos de las comunidades del Jiguamiandó y Curvaradó, entre otras.
• Intervención en las juntas de accionistas en las bolsas de valores de estas empresas de manera que den respuesta a estos por cuestionamientos a sus actuaciones empresariales.
• Hacer seguimiento a la legalidad de las empresas relacionadas en el presente estudio, mediante las cuales la Comercializadora Internacional Banacol adelanta sus negocios en Europa.
• Proteger mediante cartas al gobierno, artículos de opinión en medios internacionales a las víctimas y sus representantes, por el riesgo que corren al enfrentar judicialmente esta poderosa compañía.
• Promover a través de un estudio la documentación y cuantificación de los daños y perjuicios materiales e inmateriales que las operaciones empresariales ilegales han producido en las comunidades y los ecosistemas por la intervención de la compañía.

A los parlamentarios Europeos y miembros del Congreso de Colombia:
 

• Abstenerse de ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Gobierno de Colombia por sus
  efectos negativos en la disputa de tierras en las regiones productoras de plátano y regiones destinadas a la expansión
  de las plantaciones de banano.

Al gobierno de Colombia:

• Dar cumplimiento a las ordenes dadas por la Corte Constitucional en los Autos referidos a la restitución material de tierras del Curvaradó y Jiaguamiandó, en particular a lo relacionado con el saneamiento de los territorios de las comunidades ocupados por las empresas y adelantar los procesos legales a que haya lugar, dado que en el caso de las empresas relacionadas en el presente estudio obra la presunción de ilegalidad por su intervención en estos territorios.
• Garantizar el respeto y respaldo a las decisiones tomadas por las comunidades en relación con el uso que quieren dar a sus tierras sean respetadas y responder, conforme lo obliga la constitución y la ley nacional, con el apoyo financiero, técnico y administrativo para la implementación y desarrollo de los proyectos de economía campesina que decidan implementar.
• Exigir el acatamiento a las resoluciones de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que protegen los derechos a la vida y a la integridad de los integrantes de los consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad.

A la Fiscalía General de la Nación:

• En tanto, las comunidades han sufrido crímenes de lesa humanidad, crímenes sistemáticos y daños ambientales irreparables, solicitar unidad procesal, y un enfoque investigativo en contexto, crímenes de sistema, estructuras criminales de las empresas transnacionales Banacol, Chiquita Brands y Banadex, en el marco del cumplimiento a las ordenes emitidas por la Corte Constitucional en los autos referidos al Curvaradó y Jiguamiandó.
• Considerar en dicha investigación los avances alcanzados en el proceso con el radicado 3856 que se sigue a empresarios y paramilitares por los delitos de desplazamiento forzado, conformación de grupos paramilitares y daños ambientales en Curvaradó y Jiguamiandó, en las investigaciones que se adelantan contra las transnacionales Chiquita Brands, Banacol y Banadex.
• Garantizar la protección de las víctimas que participan como denunciantes en los procesos contra Chiquita Brands, Banacol y Banadex.

A la Contraloría General de la Nación:

• Investigar la legalidad o no de los incentivos sanitarios otorgados por el gobierno colombiano a empresarios del banano, relacionados en el presente estudio.
• Presentar un informe del estado de las investigaciones del uso de recursos públicos en el respaldo a los empresarios que sembraron palma aceitera en el Curvaradó y Jiguamiandó.

A las empresas:

• Asumir la responsabilidad que les compete los daños ambientales, violaciones a derechos humanos en la preparación, implementación y desarrollo de los agronegocios de banano, plátano, palma aceitera, ganadería extensiva, en las cuencas del Curvaradó, Jiguamiandó y en el Urabá antioqueño.
• No interferir en el proceso que adelantan las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó, tendiente a la restitución material de los territorios, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional en los Autos que se refieren a estas comunidades.