Abusos corporativos vinculados a la demanda de minerales

Bienvenidos y bienvenidas a la serie, "Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales", una producción del Instituto Transnacional y de Radio Universidad de Chile 102.5 FM. 

Nuestro capítulo de hoy: Abusos corporativos vinculados a la demanda de minerales 

Existe un consenso mayoritario de que el calentamiento global ha sido provocado por el modo de producción capitalista, que se basa en la quema de combustibles fósiles, principalmente carbón, gas y petróleo. La extracción desmedida de recursos naturales de la tierra está provocando el colapso de muchos ecosistemas locales y regionales. Por lo general, las empresas transnacionales extractivas invaden territorios para extraer los recursos sin el consentimiento de las comunidades locales y con la protección del estado. Muchas empresas transnacionales incluso buscan beneficiarse de la crisis climática, utilizando el discurso de la transición energética para impulsar la extracción de más minerales de transición, como el cobre, el litio, el níquel y otros. Esto genera resistencias locales y conflictos eco-territoriales que derivan casi siempre en la represión de las comunidades.

En sudamérica, existe un contexto altamente favorable para las empresas transnacionales que extraen recursos de los territorios, provocando daño en el ambiente y abusos a los derechos humanos. Estas empresas son atraídas por el bajo costo de explotación y las escasas regulaciones que existen en muchos países de la región. Las empresas ejercen presión sobre gobiernos locales para obtener concesiones mineras y condiciones favorables. También se aprovechan de la limitada capacidad de supervisión de los gobiernos, operando sin cumplir con las regulaciones ambientales y sociales exigidas por ley. La poca transparencia y la casi nula exigencia para rendir cuentas, permite a las empresas transnacionales operar con impunidad, exacerbando desigualdades y profundizando la dependencia económica. La consecuencia más inmediata es la exacerbación de conflictos sociales, con la consiguiente represión de los derechos humanos y colectivos.

Según el Centro de Empresas y Derechos Humanos, entre los años 2010 y 2023, se registraron en el mundo un total de 630 denuncias de abusos a los derechos humanos asociados a la extracción de siete minerales clave para la transición energética: bauxita, cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc. Según esta información, tan solo el año 2023 en Sudamérica, se produjeron 28 denuncias de violaciones de derechos humanos, relacionadas principalmente con la extracción de cobre. La mayor parte de estas denuncias se produjeron en Chile y Perú. Otros países con denuncias similares son Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil. La conflictividad eco-territorial también aumenta en la región. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, tan solo el año 2023, se registraron 289 conflictos relacionados a los impactos de la minería en la región, con consecuencias en los derechos humanos y el medio ambiente. 

Pero los abusos corporativos no sólo se producen mediante el abuso de los derechos humanos en territorios de comunidades, sino también en escenarios internacionales. 

Cuando las comunidades locales logran detener alguna operación minera, las empresas transnacionales hacen uso de un poder oscuro que les permite demandar a los estados en tribunales internacionales. Este poder, radica en una serie de acuerdos de inversión y de libre comercio que permite a los inversores extranjeros saltarse las cortes nacionales y demandar a países soberanos en tribunales internacionales cuando consideren que algunas políticas nacionales afectan sus intereses o expectativas de ganancia. Es decir, las empresas juegan a ganar o ganar, pues exigen al gobierno que "les permita explotar los recursos de los territorios y contaminarlos, o que el estado les pague por no poder hacerlo”. 

Según información del Instituto Transnacional, los países de América Latina hasta la fecha, enfrentan al menos 85 demandas de empresas relacionadas a la extracción de minerales e hidrocarburos. Estas demandas, no harán más que crecer en la medida en que las grandes potencias globales y sus empresas demanden más minerales para la transición energética. 

Este tipo de casos de demandas de arbitraje de inversores extranjeros en contra de estados son muy costosos y la mayoría de las veces favorecen a las empresas. Por esta razón, muchos gobiernos retroceden en la implementación de políticas de protección ambiental o derechos humanos. Es decir, los estados paralizan sus regulaciones o políticas en beneficio de la población y las comunidades, por miedo a ser demandados. Esto se conoce en la jerga legal como el “efecto congelador o paralizante”  El resultado es más abuso de las empresas y un estado atado de manos que no es capaz de proteger a su población. Esta forma de abuso corporativo ilustra muy bien la tensión que existe entre los intereses corporativos y la soberanía de los países para regular y proteger sus recursos y comunidades, haciendo más difícil la lucha por la justicia ambiental y los derechos territoriales. 

Existen muchos ejemplos emblemáticos de abuso de empresas a través del arbitraje internacional. En Colombia, la empresa minera suiza Glencore demandó al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, el CIADI, debido a una orden de la Corte Constitucional que prohibió a la empresas “Carbones del Cerrejón”, de propiedad de la minera suiza Glencore, extraer carbón del lecho del “Arroyo Bruno”, en La Guajira colombiana. La decisión de la Corte Constitucional, tomada en el 2017, busca proteger los derechos de las comunidades Wayúu y afrodescendientes, para quienes el Arroyo Bruno es una fuente de agua muy importante. Ahora Glencore busca presionar a la Corte Constitucional colombiana para que le permita extraer el carbón del lecho del Arroyo Bruno, o que el estado le pague por quitarle su supuesto “derecho” de destruir el arroyo. 

Existen muchos otros casos similares, como es el caso de Pacific Rim - Oceana Gold que demandó a El Salvador por 300 millones de dólares en el CIADI, después de que las  comunidades locales detuvieran el proyecto minero El Dorado, ubicado en la localidad de Cabañas. Otro caso emblemático se produjo en Perú, cuando el país fue demandado por la empresa canadiense Bear Creek, que le exigió al estado más de 500 millones de dólares por no poder explotar la mina Santa Ana en la localidad de Puno. En este caso, el proyecto también fue rechazado por las comunidades por los posibles impactos ambientales, algo que provocó la criminalización de la protesta social y represión de las comunidades. 

Al igual que estos casos, existen muchos otros en donde se producen abusos corporativos en dos escenarios: primero en los territorios, a partir de la contaminación ambiental y violación de derechos humanos, pero también en el escenario internacional, mediante las demandas de arbitraje en contra de países soberanos. Estos abusos, en el contexto de una alta demanda de minerales de transición para la transición energética corporativa, no harán otra cosa que aumentar. 

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Te invitamos a escuchar la serie completa "Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales", una producción del Instituto Transnacional y de Radio Universidad de Chile 102.5 FM. 

IMPACTOS DE LAS DEMANDAS DE ARBITRAJE DE INVERSORES CONTRA ESTADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE https://isds-americalatina.org/wp-content/uploads/2024/10/ISDSALC_2024_ESP.pdf 

Monitor de minerales de transición: Análisis de 2024 https://media.business-humanrights.org/media/documents/2024_Transition_Minerals_Tracker_ES.pdf 

Colombia, un boom de demandas de inversores extranjeros. Transnational Institute y CAJAR, 2023. https://isds-americalatina.org/colombia/