Los sectores agrarios lanzaron un paro nacional en Colombia, que se reprodujo rápidamente a otros sectores, contra los impactos de los TLC con EE.UU. y Canadá. Es evidente que el modelo económico falló como resultado de la combinación de diferentes factores, tanto coyunturales como estructurales e históricos.
El pasado 19 de agosto organizaciones y movimientos sociales ligados al sector agrario iniciaron un paro nacional que prontamente tomó el carácter de movilización popular gracias a la adhesión de otros sectores. Trabajadores de la salud y la educación, transportadores y también organizaciones urbanas, de indígenas y afrodescendientes paulatinamente nutrieron las calles y carreteras de distintas partes del país, lugares que se convirtieron en escenarios de disputa y en los que se vivió una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales y militares, caracterizadas por el uso desmedido de la fuerza frente a las y los manifestantes.
Las demandas presentadas al gobierno nacional, y las movilizaciones que por momentos llegaron a tener el carácter de un levantamiento popular demuestran que no se trata de un descontento coyuntural, sino que, por el contrario, es el resultado de problemas estructurales relacionados con el modelo productivo, el sistema político y la propiedad de la tierra, conflictos que se han intensificado especialmente en los últimos años a partir de la entrada en vigencia en 2011 del Tratado de Libre Comercio con Canadá y en 2012 con Estados Unidos.
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Así, luego de este breve repaso a algunas de las condiciones históricas que han dado origen a la situación actual en Colombia y que se agudizan con la entrada en rigor de los Tratados de Libre Comercio, consideramos que el actual modelo económico ha fracasado producto de la combinación de varios factores.
En primer lugar, la política de desagrarización del campo para permitir la entrada de productos extranjeros y la territorialización del capital trasnacional ha generado conflictos e impactos contundentes para la población campesina. Esto, combinado con la política minero – energética y los conflictos que genera con el despojo territorial que le es correlativa, lleva a un escenario de malestar social, de presión en los territorios, violación sistemática de los derechos y precarización de las condiciones de vida de la población étnica.
Aunque las políticas de liberalización comercial y de atracción de inversiones extranjeras reforzadas a través de los TLC se presentaron como herramientas para desarrollar la economía colombiana, los resultados de los primeros años de su implementación demuestran una reprimarización del aparato productivo y una mayor dependencia del mercado exterior, que profundiza los problemas estructurales y deteriora aún más las condiciones de vida de la población tanto en el campo como en la ciudad, intensificando con ello los conflictos socioambientales. Sigue siendo urgente y necesaria una política agraria que resuelva los problemas históricos y estructurales de la concentración de la tierra y promueva la producción campesina.
Es importante tener en cuenta que no se han presentado cambios sustanciales y sostenibles en la situación de derechos humanos y laborales en el país, lo que implica un incumplimiento de los acuerdos firmados como condición para la aprobación de los TLCs . Aún queda abierta la pregunta por la aplicación de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control que se establecieron en el marco de dichos acuerdos.
Aunque los TLC se han presentado como innegociables, el despertar social en Colombia impulsa a re negociar o suspender los Tratados ya ratificados e implementados, pero sobretodo a una oposición argumentada, y con peso en la evidencia histórica, frente a los tratados que hoy se pretenden firmar con Corea del Sur, Israel y la Alianza del Pacífico, Costa Rica, entre otros.
También vale la pena señalar que, las movilizaciones agrarias y populares dan cuenta de un doble movimiento que se registra en la sociedad colombiana. Por una parte, la visibilización del campesinado para sectores urbanos y para capas de la sociedad que nuevamente comprenden la importancia del sector respecto a la garantía de la vida en el país. Al mismo tiempo y como la otra cara de la misma moneda, la comprensión por parte del campesinado de ser sujeto político con el derecho a defender la soberanía alimentaria, los controles territoriales que la garantizan y la capacidad de desplegar poder en relaciones que históricamente han sido controladas por los terratenientes y las élites nacionales.
photo by Leonardo Jiménez
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