La última semana de junio de 2019 se celebró un enlace global entre Gobiernos y corporaciones al que ni siquiera se invitó a los propios Gobiernos y a la ciudadanía. La ocasión fue la firma de un memorándum de entendimiento (MOU) entre el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas. En virtud del acuerdo nupcial, las dos instituciones se comprometen a adoptar unos niveles sin precedente de cooperación y coordinación en los campos de la educación, las mujeres, la financiación, el cambio climático y la salud.
A primera vista, este acuerdo puede parecer sumamente beneficioso. ¿Quién puede oponerse a los avances o a la colaboración por parte de cualquier grupo con relación a los estos críticos retos sociales y ambientales? Pero el memorándum no trata solo sobre la cooperación, sino que, más bien, establece un hogar institucional para las grandes empresas multinacionales dentro de las Naciones Unidas. No existe ningún espacio parecido dentro del sistema de las Naciones Unidas para la sociedad civil, la academia, el sector confesional o la juventud.
En su fuerte defensa del enfoque de “múltiples partes interesadas” para la gobernanza mundial, que devalúa la primacía de los Estados para la toma de decisiones globales, el acuerdo plantea un desafío fundamental al sistema global de gobernanza del Estado-nación, que —a pesar de sus defectos— tiene obligaciones y responsabilidades claras.
Aunque hubiera dos invitados a la boda, lo más probable es que la idea del matrimonio proviniera del Foro Económico Mundial. Este último se ha hecho famoso debido a sus glamurosas reuniones anuales en la localidad suiza de Davos, en la que aterrizan con sus jets privados altos ejecutivos de corporaciones y un puñado de celebridades cada año, en enero. A través de sus publicaciones, grupos de trabajo y conferencias regionales, el Foro Económico Mundial pretende ser un actor global que pueda resolver los complejos retos de hoy. Sin embargo, padece una crisis de legitimidad, ya que son muchas las voces que acusan a sus socios multimillonarios de causar las crisis globales que aspiran a solventar.
El Memorándum les ayuda a conseguir la legitimidad pública que anhelan. Obliga al Secretario General de las Naciones Unidas a pronunciar un discurso en las reuniones anuales del Foro Económico Mundial en Davos, invita a los altos funcionarios de las Naciones Unidas y los encargados de sus principales organismos a participar en las reuniones regionales del Foro Económico Mundial y anima a los representantes de los diferentes países que forman las Naciones Unidas a trabajar con los centros nacionales del Foro Económico Mundial. Y lo mejor de todo para el equipo de relaciones públicas del Foro Económico Mundial: abarca un acuerdo para divulgar sus actividades conjuntas.
En muchos sentidos, pretende aplicar un plan que el propio Foro Económico Mundial empezó a desarrollar en 2009 a raíz de la crisis financiera. Dicho plan se detallaba en un informe de 600 páginas titulado Iniciativa Mundial de Reforma, que abogaba por un nuevo sistema de gobernanza global, en el que a las grandes empresas se les concedería el mismo estatus que a los Estados-nación y al que se invitaría a algunos representantes escogidos de la sociedad civil. Se trataría de un sistema de “múltiples partes interesadas” que se inspiraría en la experiencia del Foro Económico Mundial de “armonizar y equilibrar lo mejor de muchos tipos de organizaciones, tanto del sector público como del privado, organizaciones internacionales e instituciones académicas”. Convertiría a las Naciones Unidas en una institución público-privada.
La gran pregunta a la que el memorándum no da respuesta es quién autorizó la decisión de convertir a las Naciones Unidas en un organismo de múltiples partes interesadas. ¿Por qué se le otorga a una entidad comercial un acceso privilegiado a una institución mundial que solo debería responder ante los Estados-nación? ¿A quién representa el Foro Económico Mundial más allá de sus múltiples socios multimillonarios? Este acuerdo no solo eleva la participación de múltiples partes interesadas como solución a los problemas del actual sistema multilateral; ni siquiera solicitó la aprobación o la supervisión intergubernamental de los propios Estados Miembros de las Naciones Unidas.