Narcotráfico, poder mafioso y democracia en Colombia ¿Hay una salida?

¿Qué murmuráis? No se trata del progreso; yo no soy más que un vendedor de cocaína y puede que vosotros experimentéis la embriaguez de un espejismo en lo que para mí es mera nieve y para vosotros maná, desde el recuerdo al método experimental. Todo está subordinado a la imaginación y la imaginación se revela en todo. Se supone que el teléfono es útil, más no lo creáis: no tenéis más que contemplar cómo se convulsiona el hombre con el auricular pegado a la oreja cuando exclama: “¿Hola?” ¿Qué es el hombre sino un toxicómano del sonido? Un tipo perdidamente ebrio por el espacio conquistado y la voz trasmitida? Mis venenos son los mismos que los vuestros: el amor, la fuerza, la velocidad. ¿Queréis dolores, la muerte o canciones?

(Louis Aragón “El aldeano de París”, Ed. Gallimard 1926 / tr. Errata Naturae 2016)

El primero de marzo de 2021 el Departamento de Estado de los EU (USA DoS) aceptó desbloquear una quinta parte de la ayuda antidrogas que a través del International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE) se presupuestó para el país andino.¹ No obstante, el DoS mantiene una actitud rígida en el monitoreo del cumplimiento de los compromisos que asumió Colombia para reducir en un 50% tanto del cultivo como sobre la producción de cocaína hacia finales del 2023. Para este año entonces Colombia debe tener un máximo de 104.000 hectáreas de coca (DoS calculó en 212.000 hectáreas la coca existente en 2019) y una producción que no sobrepase las 450 toneladas de cocaína (DoS estimó en 936 toneladas el potencial productivo de Colombia en 2019).²

Como se observa, el eje del acuerdo bilateral de Colombia con EU gira alrededor de la Estrategia de Reducción de la Oferta. Específicamente se enuncia como el compromiso de bajar la disponibilidad de cocaína tanto en los EU como en Colombia, reducir el número de muertes por sobredosis relacionadas con cocaína en EU y disminuir la migración causada por la violencia narcotraficante en los países en tránsito de la droga que va hacia EU.

Lo anterior quiere decir que EU relaciona el auge de la producción colombiana de coca con la disponibilidad de cocaína en ese país y, en consecuencia – señalan – es la causa directa de las muertes por sobredosis asociadas al consumo de ese psicoactivo (literalmente “cocaine-related overdose deaths in the USA”). Adicionalmente las agencias antidrogas de Washington exigen a Colombia que disminuya su oferta interna de cocaína (Sic!) y de otro lado, endilgan a Colombia la responsabilidad de una supuesta migración centroamericana hacia EU derivada de la violencia narcotraficante, al pasar la droga por esos países (Sic!) y por tanto también su contención es responsabilidad colombiana.

¿Es entonces la cocaína la que determina hoy el principal problema de salud pública por abuso de drogas en EU?

Una mirada de las cifras sobre usos de drogas en EU muestra la siguiente situación:

Gráfico No.1

Lo que indica la evidencia es que las drogas sintéticas distintas a la metadona (principalmente opioides donde se destaca el uso del Fentanilo), presentan una tendencia muy problemática como causante de la mayor parte de las muertes por sobredosis. A ellas le siguen los medicamentos con base en opioides recetados legalmente y en tercer lugar usos con presencia de cocaína.

Los opiáceos son de lejos el problema recurrente que produce más de 40.000 muertes por sobredosis desde 2016. Veámoslo gráficamente:

Gráfico No. 2

La contribución de la cocaína en relación con las cifras de muertes por sobredosis sube a 14.666 personas en 2018 pero se debe hacer una aclaración pertinente para saber exactamente de qué se está hablando. La letalidad en este caso es el resultado de prácticas de consumo donde se liga dicha sustancia con opioides (incluida la heroína), con drogas sintéticas y finalmente la situación en la cual si cabe establecer una relación directa con el uso exclusivo de cocaína.

Gráfico No. 3

La DEA reconoce en su último informe que las muertes por sobredosis derivadas del uso exclusivo de cocaína disminuyeron entre 2017 (6.701) y 2018 (6.007) mientras su uso con opioides creció produciendo 7.241 decesos (2017) a 8.659 (2018).³

Las primeras informaciones periodísticas para 2020 aunque parciales, señalan un registro con más de 81.000 fallecimientos por sobredosis durante los 12 meses (contabilizados desde junio de 2019 a mayo de 2020), situación exacerbada en el marco de la pandemia del Covid 19 por el uso de opiáceos sintéticos con el Fentanilo a la cabeza, lo que representa la mayor cantidad jamás registrada de muertes de este tipo en un año en EU, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).⁴

La dramática evidencia de las cifras revela que EU sigue teniendo pésimos programas preventivos. En el caso de la cocaína, la inclusión del DoS de una exigencia a nivel bilateral frente a Colombia de disminución de muertes por sobredosis no es un aspecto relevante hoy, pues esas reducciones de letalidad por uso exclusivo de cocaína (aceptando que el problema es por disponibilidad de la sustancia) son reconocidas en sus informes más recientes, en contraste con la responsabilidad que le cabe a los organismos estadounidenses de control y atención en materia de drogas, de cambiar prácticas de consumo letal donde se combina cocaína con opiáceos.

Si bien el consumo de cocaína en EU ha crecido levemente desde 2015, ese uso no constituye el problema central de salud pública. Bajo estas circunstancias y aplicando la misma adecuación medios (erradicación de cultivos de coca , interdicciones y extradiciones) fines (disminución de la oferta en EU) que se aplica a Colombia, cualquiera pensaría que Washington entablaría una situación de emergencia y de crisis en sus relaciones con México (productor de metanfetaminas, opiáceos sintéticos, heroína, contrabandista principal de Fentanilo), China (productor mundial de opiáceos sintéticos, Fentanilo, metanfetaminas) e incluso la India, pero no ocurre así.

A pesar de su gravedad, la agenda de drogas con estos países se trata en carriles separados sin que afecte el conjunto de las relaciones bilaterales por este tema. En contraste con el conjunto de países mencionados, Colombia asume un comportamiento permisivo frente a las imposiciones arbitrarias de Washington, situación que se explica por la debilidad y tipo de manejo de sus relaciones bilaterales con EU que caracteriza a la elite que controla hoy el poder político. Lo anterior sucede a pesar de que el país andino es el que menos incidencia tiene en el problema de salud por abuso de drogas (muertes y emergencias hospitalarias), dentro del grupo de países mencionados y que son los principales productores de psicoactivos que atienden la demanda de EU.

Entonces, ¿Qué explica el alto crecimiento de cultivos de coca y producción de cocaína en Colombia?

Fundamentalmente por el auge de la demanda en los mercados internacionales distintos a EU. En el caso de Europa, aumenta el papel de la cocaína en su problema de abuso de drogas. El número de eventos y la cantidad de cocaína incautada son actualmente los más altos jamás registrados, con más de 181 toneladas de droga aprehendidas en 2018. Los puertos de Bélgica, España y Holanda son los puntos clave para la llegada de grandes cantidades de cocaína. Los indicadores señalan una alta disponibilidad de cocaína en el mercado europeo y signos de crecimiento en países donde antes era poco frecuente. La pureza media de la cocaína al por menor osciló entre el 23 % y el 87 % en toda Europa en 2018, y la mitad de los países notificaron una pureza media entre el 53 % y el 69 %. En general, la pureza de la cocaína en Europa ha experimentado una tendencia al alza en la última década, mientras que el precio minorista de la cocaína se ha mantenido estable.⁵ El número de consumidores de cocaína que inician tratamiento aumentó en 22 países entre 2014 y 2018, y 17 países notificaron un incremento en el último año. La cocaína fue la segunda droga más frecuente en la atención en urgencias supervisadas por Euro-DEN Plus en 2018.⁶

A diferencia de la presentación que hacen diferentes organismos de salud y control de drogas de EU, desafortunadamente las cifras europeas no establecen si el consumo de cocaína se hace con exclusividad o ligándolo con otras sustancias y cuál es la letalidad de esta práctica. Esta diferencia es fundamental para precisar si las muertes por abuso obedecen a la disponibilidad exacerbada o por prácticas de consumo contraproducentes como las combinaciones que muestran un altísimo riesgo para la vida de los usuarios.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Europa pasa también por un auge en la oferta de opiáceos sintéticos incluido el Fentanilo tal como lo muestra el siguiente gráfico:

Gráfico No. 4

El gráfico No. 4 muestra que la racha del Fentanilo cae en los últimos tres años (2017 a 2019) pero a la vez crece dentro del Sistema de Alertas de la UE, la presencia de opioides que se vuelven letales si se combinan con psicoactivos como la cocaína.⁷

Otro ejemplo del auge de mercados para la cocaína es Australia. El precio por gramo se ha estabilizado en 300 dólares mientras crece el consumo pasando de 3.057 kilos en 2016 a 4.636 kilos en 2019, lo cual representa un crecimiento del 51.7% en sólo cuatro años y un movimiento anual de la economía de la cocaína que sólo para 2.019 alcanza US 1.318’800.000 millones de dólares. Observemos estas cifras en el Gráfico No.5 donde se presenta un comparativo de uso de diferentes sustancias:

Gráfico No. 5 Consumo de Metanfetaminas, cocaína, MDMA y heroína 2016-2019 (Kilos) en Australia

Los otros mercados de cocaína que crecen son los de Suramérica, Asia con China a la cabeza, Europa oriental, Rusia y África. En este último lugar se conjugan rutas de tránsito hacia Europa y seguramente pagos con la misma sustancia, con lo cual se estimula un mercado aún incipiente en ese continente pero que crece paulatinamente, a juzgar por la serie de incautaciones que muestra UNODC en su último informe mundial.⁸

¿Qué implicaciones internas tiene entonces el incremento del poder del narcotráfico colombiano?

Tomando sólo como referencia los movimientos económicos por drogas ilegales que consignan diferentes estudios para EU (DEA:2021)⁹ , Europa (EMCCDA:2020)¹⁰, y Australia (A. Johnson:2020)¹¹, el volumen de capital ilegal que se presume controlan traficantes colombianos alcanza una cifra cercana a los US 20.000 millones de dólares. Lo anterior sin contabilizar el resto de mercados reseñados.

La DEA señala que los recursos que manejan los traficantes colombianos tan sólo en EU (US $10.000 millones) no se derivan exclusivamente del papel que cumplen en la exportación y los arreglos existentes con traficantes mexicanos sino principalmente, del papel especializado que están desarrollando como lavadores de dólares incluso para diferentes organizaciones criminales transnacionales. Esas estructuras colombianas del crimen transnacional residen en EU y utilizan diferentes formas de justificación de envíos bancarios hacia Colombia, los cuales avanzan luego en diferentes modalidades de lavado de activos y “reexportación” de dinero (en dólares) en efectivo hacia los países sede de las empresas criminales principalmente latinoamericanas.¹²

• Las cifras que benefician a los narcotraficantes colombianos están revolucionando el porcentaje que esos recursos representan frente al PIB y que economistas colombianos han calculado conservadoramente en un 2.0% – 2.5% por lo menos durante la última década. El incremento exponencial del potencial productivo de cocaína, la crisis derivada de la emergencia social y de salud por el Covid 19 y que golpeó duramente la economía disminuyendo el producto interno bruto, hace que ese renglón económico se configure como uno de los principales rubros de exportación situándose en porcentajes frente al PIB que perfectamente sobrepasan el 5%. En consecuencia, el narcotráfico hoy sigue contribuyendo con más fuerza sobre los procesos de concentración de la propiedad de la tierra, financiación de campañas electorales, concentración de la riqueza, informalidad sostenida por una de las principales fuentes de lavado como el contrabando de bienes de consumo, contrabando de armas y estructuras de protección bien sea privadas o a través de la instrumentalización de organismos de seguridad estatal.


• El gobierno colombiano atribuye reiteradamente y de manera exclusiva al “Narcotráfico” - concepto abstracto e indeterminado por su generalidad -, la responsabilidad por las masacres, el asesinato de líderes y el desplazamiento forzoso de comunidades que huyen por el ejercicio de diferentes modalidades de violencia. Intenta concretar esa afirmación adjudicando dicha responsabilidad a las organizaciones armadas que dan protección en las fases iniciales del circuito de drogas. Las organizaciones que señala el gobierno son muy distintas a las sofisticadas estructuras exportadoras de cocaína; sin embargo, en algunos territorios operan grupos criminales pequeños de alcance local principalmente en el sur de Colombia -sobre todo en Putumayo y en el Pacífico nariñense- y en la frontera con Venezuela, que buscan controlar el acopio de PBC, rutas y negocios de cocaína. A diferencia de los grandes exportadores, la asimilación funcional de algunos de estos grupos en la estructura productiva “legal” a nivel macroeconómico es limitada.¹³ Adicionalmente, estas organizaciones son generadoras directas de una violencia criminal, pero a la vez son efímeras.
  
  De otro lado, desde el punto de vista espacial dada su vulnerabilidad y condición de “blanco fijo” (fixed traget) el gobierno asocia siempre la palabra “Narcotráfico” a los cultivos de uso ilícito.
  
  La narrativa del gobierno sobre “Narcotráfico”, deja por fuera el crecimiento del poder de las empresas exportadoras de cocaína, principalmente las que se sitúan en el entramado complejo de manejo del ámbito legal/ilegal. Es justo en esa trama donde se garantiza estratégicamente un lavado de activos que se incorpora funcionalmente en la estructura agraria y en territorios con riqueza de recursos naturales. La obtención de sus fines se logra a través un ejercicio sistemático de la fuerza y hoy se expresa en una presión mayor sobre comunidades indígenas, negras y campesinas para hacerse a esos territorios y a las áreas protegidas hacia donde se busca extender la zona de frontera agrícola.¹⁴
  
  Detrás de esos fenómenos de violencia promovida desde altos niveles del poder (donde se plasma hoy en día la relación funcional de lo legal/ilegal) se apertrechan grandes transnacionales con expectativas de explotación minera y que son beneficiarias y seguramente promueven esos escenarios que crea el uso de la fuerza, donde la desocupación de territorios es fundamental para ejercer sus expectativas extractivas. El dispositivo de uso de la violencia incluida la aspersión aérea de cultivos, es funcional a los grandes proyectos con monocultivos de exportación (palma aceitera, teca, etc) o expansión de “hábitats muertos” en palabras de David Attenborough y que se benefician del desplazamiento forzoso en territorios donde se sustituye la diversidad de especies tanto vegetales como animales por monocultivos que encadenan riesgos climáticos o de plagas, que se enfrentan a su vez mediante innovaciones genéticas o agronómicas sujetas a los errores humanos.¹⁵


• Este complejo entramado que cuenta con apoyos del más alto nivel estatal (por acción u omisión) configura un escenario muy difícil de solucionar pues la combinación de lo legal con lo ilegal produce un blindaje donde se conjugan las prácticas mafiosas de protección con la manipulación amañada de recursos legales. Este es el núcleo central del problema colombiano hoy y su manejo es el mayor desafío para los proyectos políticos que se autodenominan como “alternativos”.

Volviendo al tema específico de drogas, ¿Qué deja la lectura de un narcotráfico colombiano fortalecido por la capacidad de control de un mercado internacional en auge?

De las dinámicas de la economía ilegal de las drogas en su período más reciente, se pueden encontrar algunos elementos que servirían para empezar a construir un escenario más favorable a los intereses de un Estado que busque rescatar espacios de autonomía.

1. Las cifras observadas del contexto internacional nos dicen claramente que en lugar de un escenario dominado por unas relaciones bilaterales narcotizadas frente a EU se demanda en primer lugar, un giro hacia un escenario multilateral. La llamada “corresponsabilidad” en materia de drogas, que es un dispositivo que se inscribe en el contexto de las relaciones de dominación Norte-Sur, donde prevalece la autonomía de los países del Norte principalmente europeos y de Norteamérica para flexibilizar sus políticas frente al uso de drogas (reducción de daños, regulación de algunas sustancias, tratamiento de salud pública) en el Sur se demanda la “aplicación de la ley” y en consecuencia, medidas de fuerza para las zonas de producción con exigibilidad perentoria de reducción de áreas. Aquí se incluye el uso nefasto y contraproducente de los programas de sustitución como “otra herramienta más” para lograr esas reducciones, soslayando los problemas del desarrollo rural, las economías campesinas, las autonomías de los territorios indígenas y sus planes de vida, así como de las comunidades negras. La reducción de áreas como indicador de éxito tiene tal poder simbólico que hasta organizaciones políticas “alternativas”, ONG que se han vinculado a estos temas, sectores académicos caen en ese imaginario y celebran como éxito las reducciones de áreas como si ese fuese el problema fundamental. Ahí termina aceptándose la poderosa narrativa y sus imaginarios, y por tanto las exigencias pragmáticas del discurso dominante a nivel internacional, de la “Estrategia de Reducción de la Oferta”.


2. En el marco de esa estrategia de reducción de la oferta, la pérdida de autonomía de Colombia frente a Washington ha llegado al punto en que incluso se supervisa la monetización de los bienes incautados al narcotráfico por parte de Colombia, para que sean utilizado en la continuidad de las políticas de fuerza antidrogas que ellos controlan, soslayando los usos razonables para el desarrollo territorial de sumas importantes que garantizarían una sostenibilidad de su financiación.¹⁶ Las exigencias de Washington conducen a gastos delirantes por parte del gobierno colombiano, como dedicar 9 billones de pesos (US $2.500 millones) para contratar personal, instalar bases orientadas a la erradicación forzosa (5 nuevas en Antioquia, Caquetá y Guaviare en 2020 y 5 más en 2021 en zonas golpeadas por violencia y economías ilegales), adquirir drones, brindar protección a erradicadores manuales, comprar glifosato para aspersiones dirigidas, es decir dineros totalmente perdidos, por lo menos frente a la narrativa de la estrategia propuesta.¹⁷


3. Asumiendo una clara posición de autonomía en el manejo de su política de drogas frente a EU, el escenario multilateral es una ventana de oportunidad para poner en el debate público internacional el tema de coca/cocaína desde Colombia. Esto implica unos compromisos serios y de fundamentación investigativa, capacidad diplomática para ganar aliados, abriendo espacios de interlocución con gobiernos a partir de un acumulado de saber que se nutra de experiencias internacionales incluyendo investigadores y centros de análisis del contexto global interesados en desentrañar las características, efectos en la salud, daños, manejos y usos distintos de la coca/cocaína. Sin este ejercicio global es imposible una incidencia multilateral. Colombia necesita concentrarse en un acumulado de saber científico sobre coca/cocaína, abriendo a la vez el espacio a la interlocución con el saber tradicional.


4. Es muy probable que los espacios actualmente existentes de una relativa apertura global a la regulación del cannabis, tengan un efecto contraproducente sobre las posibilidades de avanzar en la regulación de la cocaína. La vigencia de un esquema fuerte de prohibición de la cocaína, supondría una continuidad de la guerra contra las drogas en países productores como Colombia. De allí que en lugar del afán mediático y cortoplacista de proponer “legalización” inmediata, se prepare una hoja de ruta de gran alcance global y nacional para poner en el debate público el conocimiento del tema.

Una síntesis final: Desentrañar los temas políticamente prioritarios en el marco de la incidencia de la criminalidad y el poder mafioso.

• En Colombia más que las empresas exportadoras de cocaína, el tema central y las prioridades políticas deberían estar en el entramado mafioso que se ha cimentado a lo largo de décadas y que hoy sigue dando muestras de un poder consolidado. Son dos cosas distintas que suelen confundirse, una cosa es el crimen organizado y otra el poder mafioso: Todo poder mafioso es crimen organizado, pero no toda la criminalidad organizada es mafiosa. Lo mafioso como poder es de una complejidad mayor y abarca procesos culturales y políticos de vasto alcance: se mueve en la escena legal/ilegal; domina los entramados del lavado de activos; se beneficia de los dineros de la criminalidad que financia sus campañas electorales; da protección política y judicial (garantías de impunidad); revierte bienes incautados al mismo narcotráfico; maneja el proyecto económico que se afianza a través de un capitalismo salvaje que rompe las reglas de juego de las viejas estructurales liberales; maneja violencia de protección instrumentalizando el “monopolio” de la fuerza del Estado para garantizar intereses privados generalmente a través de transacciones que protegen y toleran la continuidad de prácticas criminales dentro de esos organismos, a cambio de fidelidad y silencio.¹⁸


• Lo interesante de este escenario en el marco de su poder hegemónico, es que EU (uno de los líderes de la prohibición) asume un hermetismo complaciente a pesar de conocer al detalle ese poder mafioso, pero que le resulta funcional en términos de su agenda de seguridad. La situación evoca aquellos momentos históricos de cuando Washington conocía de las atrocidades de los Somoza en Nicaragua, pero siendo una dinastía funcional a sus intereses, guardaba silencio y apoyaba su permanencia en el poder, incluso implicándose en movimientos asociados al narcotráfico para fortalecer las estructuras paramilitares con que se defendía la dictadura.


• Bajo estas circunstancias, un gobierno “alternativo” al poder dominante no tiene ni de lejos la posibilidad de resolver esta problemática en un período de gobierno y por tanto rebasa los alcances de un mandatario, requiriendo la elaboración de una estrategia de Estado de por lo menos 20 años para revertir esa situación. Este debería ser pues, un aspecto primordial de un acuerdo sobre lo fundamental. No obstante, no hay que hacerse muchas ilusiones de soluciones a corto plazo para una salida desde el control exclusivo del Estado (estado centrismo) y por obra de un grupo político. Ese tipo de limitantes empiezan a observarse dentro del escenario político doméstico colombiano, frente al cual ya algunos pre o candidatos electorales del 2022, empiezan a poner propuestas que denotan un desconocimiento de la complejidad del problema.¹⁹


• De allí que el poder de resistencia debe residir en el fortalecimiento de las comunidades que son las principales aportantes a la construcción de democracia, ámbito en el cual se deben privilegiar sus procesos locales de lucha por la autonomía de sus territorios cuya sobrevivencia depende también de la capacidad de revertir su incorporación a un modelo dominado por el capitalismo salvaje y que, en Colombia, catapulta los dineros del narcotráfico en trance de legalización con un gran apoyo de las elites emergentes.²⁰

Notas