Las fuerzas del mercado: El auge del complejo industrial de la seguridad de la UE

Resumen ejecutivo
13 February 2018
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A pesar de la crisis económica, los fondos de la UE para nuevas herramientas y tecnologías de seguridad se duplicará en el período 2014-2020 en comparación con los seis años anteriores. La principal beneficiaria es la industria de la 'seguridad interior', cuya influencia en la política europea no deja de aumentar, promoviendo una Europa cada vez más militarizada.

Aunque el proyecto de la Unión Europea (UE) se ha tambaleado en los últimos años, menoscabado por las consecuencias de la crisis económica, el ascenso de los partidos antieuropeístas y la salida del Reino Unido con el brexit, hay un campo que no solo ha mantenido su marcha a buen ritmo, sino que ha logrado avances importantes: las políticas europeas de seguridad, que además de asegurarse el apoyo político de todos los Estados miembros, también se han hecho con unos presupuestos y recursos crecientes.

El refuerzo de la segurización de la UE no solo es relevante para sus Estados miembros, sino también para el mundo que se verá afectado por las medidas, tecnologías y estrategias que se están desarrollando, vendiendo e implantando. El auge de la ‘seguridad’ como la opción por defecto a la que la UE cada vez recurre más para responder a crisis sociales y ambientales complejas también es notable si se tiene en cuenta la situación política actual, caracterizada por la pujanza de partidos autoritarios y de Gobiernos más que dispuestos a utilizar las últimas herramientas de seguridad para mantener y ampliar su poder.

Este informe, cuya versión completa solo está publicada en inglés, analiza en detalle la financiación que la UE destina a su estrategia de seguridad. En sus páginas se demuestra que, entre 2014 y 2020, se han asignado al menos 11 000 millones de euros a presupuestos dirigidos a medidas de seguridad: 3800 millones de euros al Fondo de Seguridad Interior (FSI), 1700 millones de euros al Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad (European Security Research Programme, conocido oficialmente como ‘Sociedades seguras’), 3100 millones de euros al Fondo de Asilo, Migración e Integración (que tiene muchos usos en el marco de la política de seguridad) y unos 2400 millones de euros a organismos encargados de asuntos internos de la UE, como Europol y Frontex. Pese a que representa una cantidad pequeña si se compara con el presupuesto total de la UE, que ascendió a 1 billón de euros entre 2014 y 2020, supone una novedad destacable, ya que hace una década el bloque europeo carecía de presupuestos específicos para los asuntos de seguridad, justicia e interior.

El análisis de los distintos presupuestos que se desgrana en el informe también ofrece una visión general de hacia dónde se está dirigiendo la financiación y qué está contribuyendo a crear: una concepción holística de la seguridad que busca luchar contra un número aparentemente ilimitado de ‘amenazas’, que irían desde el terrorismo a la delincuencia común, y que desvela una marcada tendencia a tratar a toda la población (europea y sobre todo no europea) como posibles elementos de sospecha que deben ser investigados y, si es necesario, detenidos, neutralizados o incluso asesinados. Esta concepción ha sido impulsada por grandes empresas militares y de seguridad cuyas ganancias dependen de un mundo plagado de sospechas, temores y amenazas, y que no solo han sido grandes beneficiarias del gasto en seguridad de la UE, sino que también han desempeñado un papel sin precedentes en la elaboración del programa de investigación de la UE en materia de seguridad.

En un informe publicado en 2009 por Statewatch y el Transnational Institute, alertamos de que las políticas de seguridad, investigación y desarrollo de la UE “están uniéndose en torno a un programa de tecnología punta para dar lugar a un nuevo tipo de seguridad”. Ese ideal lo plasmamos en el título del informe, NeoConÓptico, que pretendía transmitir la metáfora de una prisión que todo lo ve combinada con el planteamiento de las políticas de seguridad y defensa de la UE, cada vez más neoconservadoras y dirigidas por grandes empresas. En él, advertíamos que estábamos haciendo la vista gorda frente al comienzo de “un nuevo tipo de carrera armamentística, en la que todas las armas apuntan hacia dentro”. Ese informe analizó los primeros años de las estrategias de seguridad de la UE, de 2003 a 2008, y se centró en la primera fase del Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad (PEIS) y de los 85 proyectos que había financiado hasta aquel momento.

Las fuerzas del mercado (Market Forces en inglés) se centra la elaboración de las políticas y los presupuestos de seguridad de la UE durante el período 2007-2013 y los períodos posteriores, que comenzaron en 2014 y continuarán hasta 2020. Entre ellos, figura el PEIS, que financia investigaciones para inventar nuevas tecnologías al servicio de la aplicación de la ley, el control de las fronteras, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas, y se decanta de forma muy marcada por tecnologías y técnicas inicialmente desplegadas o preferidas por fuerzas militares: drones, herramientas de extracción de datos, sistemas de vigilancia a gran escala, reconocimiento biométrico e instrumentos automatizados de análisis del comportamiento. También persigue explícitamente desarrollar tecnologías “de doble uso” civil y militar.

El informe examina asimismo el Fondo de Seguridad Interior (FSI), que se distribuye entre los Estados miembros de la UE para mejorar las facultades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los de control fronterizo (entre otras cosas, mediante un gran número de nuevos sistemas de vigilancia y análisis). El objetivo último —aunque todavía no se haya alcanzado— consiste en que, con los fondos de la UE, se pague tanto el desarrollo de nuevas tecnologías como su posterior compra a escala nacional o de la UE, de forma que se cree un ciclo cerrado de oferta y demanda. A pesar de las advertencias y de las preocupaciones de la opinión pública por el rumbo que está siguiendo la estrategia de seguridad de la UE, hasta ahora se sigue marchando a buen ritmo hacia un mundo en que los sistemas público-privados de vigilancia y control serán algo omnipresente.

El informe se divide en tres grandes apartados. En el primero, se ofrece un resumen de la fase inicial del PEIS, su integración en la agenda oficial de investigación de la UE, y la elaboración y aplicación simultáneas de las políticas y los presupuestos de la UE en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior de 2007 a 2013. El segundo apartado explora las instituciones, las grandes empresas y las organizaciones vinculadas con el fomento y la aplicación de la agenda de investigación y las políticas de la UE en materia de seguridad, y las vías por las que los intereses privados han conseguido durante mucho tiempo definir esa agenda y esas políticas. En el tercer apartado se analizan las políticas y los presupuestos de seguridad de la UE del período en curso. La idea es presentar un panorama general de los objetivos y las metas de las políticas vigentes, los fondos facilitados para implementarlos y las organizaciones que más se han beneficiado de todo ello.

La agenda de seguridad de la UE en estos momentos es tan extensa y compleja que ningún informe puede abarcar todos sus elementos, pero hay algunos temas fundamentales que vale la pena mencionar aquí.

El complejo industrial de la seguridad: una fusión entre Estados y grandes empresas

El complejo industrial de la seguridad en Europa comenzó a surgir en 2003, cuando la UE aprobó que se estableciera un Grupo de Personalidades (GoP en inglés) que se encargaría de elaborar los planes necesarios para un programa de investigación sobre nuevas tecnologías “de seguridad interior”. Las propuestas de ese GoP se convirtieron en el PEIS, que se incorporó formalmente al presupuesto de la UE en 2007, y los procesos mediante los que los representantes empresariales pueden influir en la agenda de investigación sobre seguridad de la UE se han mantenido y se han consolidado en los años posteriores.

El actual presidente del grupo que asesora oficialmente a la Comisión Europea con respecto al PEIS, el Grupo Asesor de Protección y Seguridad (PASAG en inglés), es Alberto de Benedictis, un ex alto y veterano cargo de la empresa de armas Finmeccanica (ahora Leonardo) y expresidente de la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD), un grupo de presión del sector privado de la defensa y la seguridad. De Benedictis participa en el PASAG acompañado de empleados, antiguos y actuales, de Isdefe (la compañía estatal de armas del Estado español), Airbus y Morpho, y de funcionarios de destacados institutos de investigación y organismos estatales como la Agencia Europea de Defensa, Europol y la Policía Nacional de los Países Bajos.

Los contactos entre el sector público y el privado también se mantienen en otros lugares. Funcionarios de la UE y ejecutivos empresariales se han dado cita en una serie de encuentros de alto nivel celebrados en febrero de 2011, marzo de 2012, marzo de 2013 y abril de 2014, con el fin de estudiar cómo promover la industria europea de la seguridad. Mientras tanto, grupos como la Organización Europea para la Seguridad (EOS, con un presupuesto declarado para el cabildeo de 200 000-299 999 euros solo en 2016) y la ASD (presupuesto para el cabildeo de 298 000 euros en 2015) se aseguran de que el sector esté bien representado en los pasillos del poder en Bruselas. En efecto, una organización encabezada por la EOS, la Organización Europea de Ciberseguridad, ha obtenido una influencia notable en la agenda de investigación sobre ciberseguridad del PEIS en el marco de una “asociación público-privada” multimillonaria.

El alto grado de influencia del que gozan las grandes empresas no es fruto de la casualidad: uno de los objetivos principales de la política de la UE en este campo es garantizar beneficios para la industria europea de la seguridad. Como señaló una vez la Comisión: “Una industria de la seguridad de la UE competitiva es una condición indispensable para toda política europea de seguridad viable y para el crecimiento económico en general”. Aunque la Comisión rechaza en ocasiones algunas de las propuestas de la industria, le ha otorgado a esta una participación sin precedentes en el ámbito de la investigación sobre seguridad y en las estrategias de seguridad más amplias de Europa.

Grandes empresas e institutos de investigación cosechan los beneficios

Por lo tanto, no es de extrañar que algunos de los actores que más han ganado con el presupuesto de investigación sobre seguridad de la UE para 2014-2020 hayan sido grandes empresas. En diciembre de 2016, Atos estaba implicada en 15 proyectos (6,5 millones de euros), Thales, en nueve proyectos (4,6 millones de euros), Engineering (una empresa italiana), en seis proyectos (4 millones de euros) y Airbus, en dos proyectos (3,6 millones de euros). En el período de seis años anterior (2007-2013), los principales actores empresariales fueron Thales (28,5 millones de euros, 63 proyectos), Selex (23,2 millones de euros, 54 proyectos), BAE Systems (14,2 millones de euros, 32 proyectos) e Indra (12,3 millones de euros, 16 proyectos). En conjunto, las empresas privadas se hicieron con casi 552 millones de euros del presupuesto del PEIS del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (FP7, 2007-2013), que equivale en torno al 40 % del total de 1400 millones de euros. Por proyectos, las empresas privadas obtuvieron de promedio casi un 25 % más de fondos del PEIS 2007-2013 que de otros programas de investigación homólogos, como en el ámbito de la salud, las tecnologías de la información y la comunicación, la energía, el medioambiente y el transporte.

Pero las compañías privadas no son las únicas grandes destinatarias de los fondos del PEIS. Algunos renombrados institutos de investigación también se han beneficiado en gran medida del programa, como el Instituto Fraunhofer en Alemania, la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) en Francia, el Centro de Investigación y Tecnología Hellas en Grecia y el TNO en los Países Bajos. Gran parte de los planes de estas organizaciones coinciden con los de la propia UE: potenciar los beneficios de la industria prometiendo una seguridad pública basada en la adopción de nuevas tecnologías. Muchas de ellas también han ocupado un puesto en el PASAG y en los entes que lo precedieron. En el PEIS 2007-2013, el Instituto Fraunhofer fue el mayor receptor individual de fondos, al obtener 51,5 millones de euros por su participación en 85 proyectos. Fue seguido por TNO (30 millones de euros, 54 proyectos), el Instituto de Investigación de Defensa de Suecia (31,8 millones de euros, 53 proyectos) y el CEA (15 millones de euros, 39 proyectos). Los institutos de investigación siguen siendo beneficiarios importantes de fondos en el período 2014-2020.

Es probable que la industria de la seguridad no sobreviviera sin la significativa financiación pública proporcionada por la UE y sus Estados miembros. Como ha destacado incluso la Organización Europea para la Seguridad (EOS), el principal grupo de presión del sector: “La seguridad suele encontrarse en una posición de deficiencia de mercado”, en el que “la asignación de bienes y servicios por parte de un mercado libre no es eficiente”. Sin embargo, las “fuerzas del mercado” representadas por la industria se consideran un elemento fundamental de la política de seguridad de la UE, que están dando lugar a nuevas estructuras de gobernanza. Como apuntó un estudio elaborado en 2014 para el Parlamento Europeo con respecto a ciertos planes de financiación del PEIS: “En claro contraste con la idea de configurar un mercado de la seguridad... la idea subyacente aquí parece ser el fomento de una relación comercial, pero no basada en el mercado, entre la ‘industria de la seguridad’ y clientes del sector público”. Este proceso suscita importantes cuestiones en lo que se refiere a quién fija las agendas y los mecanismos de rendición de cuentas.

Un panóptico militarizado

Para redactar este informe se revisaron cientos de proyectos de investigación financiados por la UE. Si se contemplan en su conjunto, se dibuja un intento de construir un sistema integrado de vigilancia de alta tecnología en toda la UE dirigido a combatir varias amenazas. Los proyectos abarcan desde los planes para desplegar drones de vigilancia fronteriza y sistemas de identificación y verificación multibiométricos hasta la detección y el análisis automatizados de “contenido relacionado con el terrorismo” en internet y el desarrollo de nuevos dispositivos de vigilancia encubierta.

El PEIS también difumina de manera deliberada la línea que separa a las tecnologías civiles de las militares. Si bien la legislación por la que se rige el programa de investigación establece que “las actividades que se llevan a cabo en el marco de Horizonte 2020 se centrarán exclusivamente en las aplicaciones civiles”, la Comisión ha manifestado que “evaluará cómo los resultados [de los proyectos de investigación] podrían beneficiar también las capacidades industriales de seguridad y defensa”. Por otro lado, la UE también está dando pasos en pro de un nuevo presupuesto especial para la investigación militar. Siguiendo el modelo mediante el que se creó el PEIS, se invitó a un Grupo de Personalidades de alto nivel, dominado por funcionarios estatales y representantes de grandes empresas (entre otros, nombres tan habituales como Indra, Airbus, BAE Systems y Finmeccanica) a elaborar un posible plan de futuro. Esto se ha traducido, de momento, en una serie de propuestas para un presupuesto de 1000 millones de euros anuales destinados a la investigación militar a partir de 2020.

Entre los objetivos a largo plazo que ponen de manifiesto los fondos de investigación, las políticas y la legislación en materia de seguridad aprobadas en los últimos años, cabe destacar:

  • El impulso de las redes policiales transnacionales. La UE está ayudando a las fuerzas policiales a acceder a datos y a procesarlos a una escala que hasta la fecha estaba reservada a las agencias de seguridad e inteligencia, al tiempo que está proporcionando apoyo financiero e institucional para desarrollar redes secretas y no sometidas a ningún control democrático. Por ejemplo, la Directiva relativa al registro de nombres de los pasajeros (PNR), aprobada en abril de 2016, pone bajo sospecha a todos los pasajeros que entren en la UE, salgan de ella o viajen por ella por vía aérea: sus datos se cotejan de forma automática con las listas de vigilancia y las bases de datos policiales. Uno de los proyectos del PEIS, COMPOSITE, que investiga la “gestión del cambio” en los cuerpos policiales, revela el interés creciente de la policía en la integración de los sistemas de información, el uso de tecnologías móviles, los sistemas de vigilancia, la biometría digital y el uso de redes sociales con fines publicitarios y de investigación. Por ejemplo, se cita con aprobación a la policía holandesa por sus “escáneres de armas móviles” y sus estudios sobre el uso de olores, luces brillantes y ruidos que persiguen “sacar el máximo provecho de las reacciones físicas y crear ‘tecnologías menos letales’ con un efecto en masa” para su uso en multitudes. Estas tecnologías han sido objeto de interés de la Red Europea de Servicios Tecnológicos Policiales (ENLETS).
  • La promoción de bases de datos de ADN interconectadas y del intercambio de datos personales a escala europea. La UE está dando pasos para garantizar que los organismos nacionales de aplicación de la ley intercambien de forma directa datos de ADN, huellas dactilares y vehículos, en un momento en el que las bases de datos nacionales de ADN crecen sin cesar (un promedio del 10 % en 2015; a fines de ese año, en toda la UE se conservaban más de 5,7 millones de muestras de ADN). A través del Fondo de Prevención y Lucha contra la Delincuencia (ISEC), la UE se ha gastado al menos 12,2 millones de euros en proyectos destinados a perfeccionar la red de bases de datos nacionales de ADN. Proyectos de investigación como INGRESS (3,2 millones de euros de fondos de la UE y encabezado por el gigante francés de la seguridad Safran), ARIES (2,2 millones de euros), FLYSEC (4,1 millones de euros), PROTECT (5 millones de euros) y otros tienen como objetivo difundir el uso de controles basados en la verificación biométrica en toda la sociedad.
  • El incremento de las inversiones en sistemas de vigilancia. Muchos de los proyectos del PEIS buscan ampliar un sistema de vigilancia estatal e interestatal ya sofisticado. Por ejemplo, el proyecto FORENSOR, en que se han invertido 4,9 millones de euros, intenta desarrollar y probar “un innovador sensor en miniatura autónomo, inalámbrico e inteligente, con un consumo ultrabajo de energía y de bajo costo (‘FORENSOR’) para la obtención de pruebas”, que podrá almacenar audio y video, y funcionar de manera independiente, sin necesidad de infraestructura complementaria, durante un máximo de dos meses. El proyecto ROBIN prevé crear “una plataforma robotizada capaz de llevar a cabo la protección autónoma de infraestructuras críticas”; INVEST, un circuito cerrado de televisión inteligente para la detección automática y el seguimiento de ‘personas sospechosas’; y Starlight, unos sistemas que permitan mejorar la videovigilancia en la oscuridad. Incluso se utilizará para la vigilancia el sistema de alcantarillado: el proyecto microMole propone instalar sensores para “seguir los residuos asociados con la producción de ETA [estimulantes de tipo anfetamínico]”, y el programa de trabajo del PEIS para 2016-2017 prevé que se empleen otras redes de servicios públicos —como el agua, la electricidad y las telecomunicaciones— con fines policiales.
  • La identificación previa al delito. La idea del predelito o el precrimen —por la que se podría condenar a una persona solo por el potencial o las probabilidades de que cometa un delito o crimen— comenzó como un concepto de ciencia ficción que se popularizó con la película Minority Report (también traducida como Sentencia previa en América Latina), pero la expansión a gran escala de los sistemas automatizados de vigilancia y rastreo nos está llevando rápidamente en esa dirección. Un proyecto de la UE, INDECT, recibió 11 millones de euros de la UE y experimentó con la “detección automática de amenazas y el reconocimiento de conductas o situaciones de violencia fuera de lo normal con el fin de desarrollar el prototipo de un sistema en red integrado que respalde las actividades operativas de los agentes policiales”. El PEIS ha financiado muchos otros proyectos que siguen esta misma línea. Los Estados miembros, además, tienen en marcha sus propios programas. Malta y Grecia se han comprometido a emplear el presupuesto del Fondo de Seguridad Interior para desarrollar “modelos policiales basados en inteligencia” que ayudarán a predecir “delitos que ya se han cometido o que se cometerán en el futuro”.
  • La militarización de las fronteras de la UE. La UE, mediante sus proyectos de investigación y presupuestos de seguridad (en especial el Fondo para las Fronteras Exteriores y el Fondo de Seguridad Interior-Fronteras), está apoyando de manera activa la militarización de las fronteras europeas. Por ejemplo, de 2007 a 2010, los fondos de la UE contribuyeron a desplegar 545 sistemas de vigilancia fronteriza que abarcan 8279 kilómetros de las fronteras exteriores de la UE y 22 347 elementos de equipos de vigilancia fronteriza. También se destinaron fondos a centros de detención, entre otros lugares en Grecia, a pesar de los informes y las denuncias sobre las espantosas condiciones en que se encuentran recluidas las personas migrantes. Un gran número de proyectos —entre los que en estos momentos se cuentan SafeShore (5,1 millones de euros), RANGER (8 millones de euros) y ALFA (4,6 millones de euros)— tienen por objetivo ampliar la vigilancia de las fronteras, sobre todo mediante el uso de drones. Con un proyecto anterior, TALOS (13 millones de euros de fondos de la UE y con la participación de las empresas Israel Aerospace Industries, Hellenic Aerospace Industry y PIAP, un fabricante polaco de robots) incluso se intentó desarrollar un robot automatizado para el control fronterizo. Aunque cuando se revisó el proyecto se reconoció que el robot “podría ser demasiado complejo” para que las agencias fronterizas lo pusieran en funcionamiento, la concepción de una seguridad semiautónoma en las fronteras sigue siendo un pilar fundamental de la política de la UE.
  • La preparación para responder a las catástrofes. Los efectos del cambio climático y del clima extremo también se consideran factores clave para el desarrollo de productos y planteamientos en materia de seguridad. Tal como señala, de forma bastante cruda, uno de los proyectos, I-REACT (5,4 millones de euros), el cambio climático “posibilitará el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en torno a catástrofes naturales desencadenas por fenómenos meteorológicos extremos, lo cual reducirá la cantidad de personas afectadas y la pérdida de vidas”.

El déficit democrático y la demanda de nuevas concepciones de la seguridad

En el proceso de creación de la agenda de seguridad de Europa, se ha observado un patrón sistemático por el que la democracia intenta no perder terreno frente al dinero, la influencia de las grandes empresas y la creencia de que la ‘seguridad’ basada en la tecnología punta nunca será demasiada. Por ejemplo, el sistema de vigilancia de las fronteras de la UE, Eurosur, ha contado con el apoyo de millones de euros de la Comisión desde 2007, aunque la legislación por la que se estableció el sistema no se aprobó hasta 2013. Esta misma dinámica de financiación y despliegue de un programa mucho antes de que se legisle al respecto se puede constatar también en el programa de vigilancia del transporte aéreo que se dedica al registro de nombres de los pasajeros (PNR), al que se destinaron 50 millones de euros de fondos de la UE en 2012, cuatro años antes de que se adoptara la legislación pertinente, y el proyecto de ‘fronteras inteligentes’ de la UE, que lleva casi una década desarrollándose, pero que solo ahora se ha presentado para su aprobación por parte del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Teniendo en cuenta el gran alcance de estos proyectos y la necesidad de un debate a fondo sobre cómo evitar que los derechos humanos se vean desplazados por los objetivos de seguridad, esta falta de responsabilidad democrática resulta profundamente inquietante.

Esto no significa que las “consideraciones sociales” no hayan sido un tema importante en el PEIS. La obligación de cumplir con los derechos fundamentales, los valores democráticos y las normas éticas se ha señalado una y otra vez en el gran número de documentos de la UE sobre investigación en el ámbito de la seguridad. A raíz de las críticas a la agenda de investigación sobre seguridad que surgieron en los primeros años del PEIS, la Comisión actuó para que los proyectos en este campo se sometieran a controles éticos más estrictos y amplió un poco la agenda con miras a financiar investigaciones menos centradas en la tecnología y con un mayor acento social.

La propuesta legislativa de la Comisión para Horizonte 2020, presentada en 2011, apuntaba a un intento de alejarse de las investigaciones centradas únicamente en la alta tecnología que caracterizaban al PEIS. En concreto, planteaba que la investigación sobre seguridad se integrara en una categoría más general dedicada a ‘Sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas’, que instaba a “redescubrir o reinventar formas satisfactorias de solidaridad, conducta, coordinación y creatividad”. Sin embargo, funcionarios nacionales del Consejo y diputados del Parlamento Europeo (entre los cuales algunos con estrechos vínculos con la industria de la seguridad) rechazaron estas ideas y otras que habrían permitido promover una agenda de investigación más plural, en torno a la “seguridad humana”, así como garantizar una supervisión más estricta de los proyectos. El resultado es una agenda de investigación que sigue centrada en gran medida en encontrar problemas contra los que dirigir las ‘soluciones’ de la industria comercial.

Un riguroso proceso de aprobación ética sigue funcionando —y es, sin duda, esencial—, pero no permite superar el entorno y los objetivos políticos en los que está enmarcado. Como se indica en un informe para el proyecto SURPRISE, financiado por el PEIS: “Las políticas en materia de seguridad... han adoptado cada vez más un enfoque conceptual frente a los problemas de seguridad que está marcadamente orientado a las soluciones y tiende a pasar por alto la gran variedad y complejidad de factores sociales, económicos, técnicos y políticos que puede que hayan causado esos mismos problemas de seguridad”. En un informe del Parlamento Europeo publicado en 2010 se expresaban opiniones parecidas. En él, se señalaba que, si bien las futuras propuestas de investigación “indican una mayor conciencia sobre cuestiones de derechos y libertades fundamentales”, “siguen estando excesivamente limitadas por las preocupaciones de la industria de defensa y seguridad, y de los organismos y servicios de seguridad nacionales y europeos”. En este sentido, parece que no ha cambiado mucho.

La poca eficiencia y los malos resultados: ¿una vía salvadora?

Resulta un triste consuelo que aquello que quizá haya limitado más el avance de la amplia concepción de la seguridad defendida por la UE y sus Estados miembros haya sido la ineficiencia burocrática y el carácter poco práctico de los proyectos. Por ejemplo, en el caso del Fondo para las Fronteras Exteriores, el Tribunal de Cuentas Europeo indicó en 2014 que los fondos de la UE habían sido ineficaces, muy deficientes y malgastados por los Gobiernos nacionales. Igualmente, la evaluación formal del PEIS 2007-2013 reveló que muy pocos de los proyectos parecían dar lugar a productos concretos (solo el 11 % informó de su inclusión en el registro de la propiedad intelectual) y que los proyectos, en general, presentaban muy malos resultados en función de otros indicadores clave de rendimiento, como el número de publicaciones académicas.

El principal éxito que pudo señalar la evaluación fue que el PEIS había “mejorado los vínculos entre los proveedores [grandes empresas e institutos de investigación] y los usuarios [organismos estatales] de nuevas soluciones de seguridad civil”, lo que les había permitido “desarrollar conceptos comunes, terminología, interfaces abiertas, middleware, etcétera, que a su vez facilitarán la mejora de la cooperación multilateral y transfronteriza”. Desde este punto de vista, el PEIS del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (FP7) parece un ejercicio de 1400 millones de euros destinado a promover la creación de redes y una fuente de ingresos para grandes empresas e institutos de investigación.

Seguridad: ¿una vía de dirección única?

Sin embargo, a pesar de todas sus carencias y su falta de eficiencia, esta construcción de una comunidad de la seguridad que entrelaza los intereses empresariales y la política gubernamental no puede ignorarse, ya que mantiene una firme marcha hacia una Europa militarizada, tanto en el plano interno como externo. Como señaló en 2014 un informe del Parlamento Europeo, el empeño que pone la Comisión en apoyar a la industria de la seguridad y fomentar tecnologías de vigilancia “invalida todas las demás consideraciones sociales, que quedan relegadas a meras preocupaciones por la aceptación social de las tecnologías de seguridad”.

Además, no se trata de un caso en el que ‘los burócratas en Bruselas’ estén adoptando medidas en contra de los deseos de los Estados miembros. Aunque la Comisión Europea conserva un amplio margen de maniobra en sus iniciativas, la política de seguridad de la UE está impulsada en gran medida por los intereses estatales nacionales, y son los Estados miembros de la UE los que están encabezando el fomento de Gobiernos autoritarios y centrados en la seguridad. Tras los atentados terroristas y el creciente número de personas refugiadas creado por las guerras en Siria y otros países, los Gobiernos de toda Europa han actuado para reforzar las medidas de seguridad en detrimento de los derechos personales. El poder ejecutivo se ha fortalecido a expensas de los procesos de supervisión de Parlamentos y organismos independientes; los criterios de valoración de las pruebas en los procedimientos judiciales se han empobrecido; y a los órganos encargados de la seguridad y el cumplimiento de la ley se les han otorgado nuevas e importantes facultades para la vigilancia, por citar algunos puntos.

La UE ha hecho poco para evitar estas tendencias a escala nacional, en parte por temor a perturbar la frágil ‘unidad’ que se mantiene entre los Estados miembros de la UE y en parte porque complementan las propias medidas de la UE que se dirigen hacia una vigilancia total de las fronteras, una aplicación de la ley proactiva y ‘centrada en la inteligencia’, la vigilancia y el registro de migrantes y ciudadanos de la UE, y la expansión e interconexión de bases de datos biométricas.

La búsqueda de un nuevo planteamiento

Es evidente que Europa afronta desafíos importantes, desde el aumento de los atentados terroristas hasta los efectos crecientes del cambio climático, que exigen respuestas colectivas. La pregunta es si exigen las respuestas que se han ofrecido hasta la fecha: medidas jurídicas y reglamentarias extraordinarias combinadas con el desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías de vigilancia y control a menudo basadas en estructuras jerárquicas de mando y control. Muchas de las políticas y tecnologías que están surgiendo a partir de las iniciativas de la UE se basan en un supuesto contexto de amenazas innumerables y dispersas, casi invisibles, que sirve para impulsar nuevas iniciativas de ‘seguridad pública’ y las ganancias de las grandes empresas, aunque no está nada claro que estos dos objetivos puedan ser buenos aliados. Lo que es más importante es que estos procesos, como han apuntado los teóricos Eliav Lieblich y Adam Shinar, están socavando “un principio fundamental del orden liberal”: que “el Estado no actúa partiendo del supuesto de que sus ciudadanos constituyen una amenaza”.

Es de destacar que estas nuevas formas de seguridad han ido prosperando al tiempo que se han ido erosionando de forma deliberada, en el marco de la austeridad, formas más tradicionales de seguridad social. Sin embargo, los estudios demuestran que lo que más hace sentir segura a la gente son las cuestiones relacionadas con los ingresos, el empleo y la seguridad económica, en un grado muy superior a las medidas de seguridad tradicionales, como la presencia policial o las fronteras militarizadas. El refuerzo de unas medidas de seguridad basadas en una tecnología punta y omnipresente ha sido, durante mucho tiempo, el principal factor que han tenido en cuenta los estrategas de la UE en materia de seguridad, mientras que los intereses privados que pueden beneficiarse de este proceso siempre se han mostrado dispuestos a ofrecer sus consejos y cosechar los frutos. Llegó la hora de cambiar de rumbo, antes de que sea demasiado tarde.

Las fuerzas del mercado
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