Argentina: ¿futuro gendarme de Amèrica?

01 Abril 1997
Article

Una sorpresiva propuesta presentada por el presidente de la nación argentina, Carlos Saúl Menem, al presidente de Estados Unidos, durante su visita a la Casa Blanca en diciembre de 1996, parece marcar un nuevo rumbo para las FF.AA. de este país latinoamericano.

Una sorpresiva propuesta presentada por el presidente de la nación argentina, Carlos Saúl Menem, al presidente de Estados Unidos, durante su visita a la Casa Blanca en diciembre de 1996, parece marcar un nuevo rumbo para las FF.AA. de este país latinoamericano. La propuesta de Menem apunta a una alianza militar entre los dos países, fuera de la OTAN, organismo al que Argentina no pertenece por haber sido vetada su admisión. La alianza en cuestión de hecho existe entre EE.UU., Japón, Nueva Zelandia, Israel y Jordania.

El ingreso de Argentina tendría como objetivo específico la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la que se vincularían los militares de este país, a quienes se les encomendarían las tareas de inteligencia externa, apoyo logístico y control del espacio aéreo a nivel continental.

Para definir los términos de la propuesta, aparentemente evaluada con satisfacción por Washington, que recibe una vez más muestra del fuerte apoyo de Argentina a su política continental y logra vencer la resistencia de este aliado a involucrar a los militares en la lucha antinarcóticos, se realizaron reuniones entre los ministros de Defensa Jorge Domínguez y William Perry y entre el Canciller Guido Di Tella y el entonces secretario de Estado,Warren Christopher. Domínguez había llegado a Washington para unirse a la comitiva presidencial, procedente de Panamá, donde se reunió con el jefe del Comando Sur, general Wesley Clark, quien aprovechó el encuentro para elogiar la actuación de los contingentes militares argentinos en las misiones de paz, dejando entrever la posibilidad de encomendarles otras tareas en el continente americano, dada su capacidad y confiabilidad.

Por lo trascendido, los términos del futuro acuerdo preven intercambios a nivel logístico, el acceso de parte de Argentina a armamentos (material letal) cuya adquisición había sido vetada hasta ahora por Estados Unidos, capacitación de personal y entrega de fondos para la lucha antinarcóticos. La relación con los norteamericanos se caracterizaría por el establecimiento de un estrecho contacto con el Comando Sur y por la conformación de comisiones binacionales a alto nivel, con el objetivo de dar seguimiento a la problemática.

De concretarse, el acuerdo marcaría una profunda reestructuración de las FF.AA., considerada muy necesaria por el mismo presidente, que pocos días antes había afirmado que el Estado está en la obligación de proceder a una reforma del sector militar de acuerdo con las modificaciones de los actuales escenarios, que demandan de una mayor profesionalización de la institución y de una mayor eficiencia administrativa. Según Menem, las FF.AA. deben estar preparadas para los nuevos desafíos que las esperan, como el narcotráfico y el fundamentalismo, causas primeras del terrorismo internacional. Para enfrentarlos es imprescindible proporcionar un nuevo encuadre político al sector militar, que necesita, además, una reorganización de las estructuras actuales, la modernización de su equipamiento, una fuerza de despliegue y un entrenamiento acordes con las necesidades de las nuevas hipótesis de conflicto.

Las Fuerzas Armadas tendrán su propio Pentágono

La reestructuración a la que hizo referencia el presidente ya había sido anunciada en noviembre. El ministro Domínguez había hecho pública la decisión de emprender un proceso de racionalización dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Una de las medidas concretas sería la creación de un Pentágono argentino. El edificio, cuya construcción comenzará este año para terminar en 1998, reunirá bajo un mismo techo el Ministerio de Defensa, las tres ramas de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto y la Gendarmería Nacional, organismo de control de frontera que depende y seguirá dependiendo, a pesar de esta futura cercanía con la estructura militar, del Ministerio del Interior.

En cuanto a las Fuerzas de Seguridad, una vez realizado el traslado de las FF.AA., el Ministerio del Interior, la Policía Federal y la Prefectura Naval ocuparían el actual edificio del Ejército, conjuntamente con los organismos de apoyo del Poder Ejecutivo Nacional y la mayoría de las Secretarías de Estado que dependen de la Presidencia. Los edificios que actualmente ocupan estas entidades serían puestos a la venta y los fondos que corresponden a las FF.AA. en tanto que propietarias de algunos de estos inmuebles, serían destinados a oxigenar sus finanzas en crisis.

La idea de un Pentágono argentino fue recibida con cierto escepticismo por algunos analistas políticos, quienes consideraron las medidas nada más como una operación inmobiliaria, destinada a hacer frente a la falta de presupuesto que en este momento está llevando al cierre de varias unidades del Ejército y a la reducción del equipamiento de la Armada, que se convertiría, de acuerdo con lo manifestado por algunos de sus oficiales inconformes con los recortes, en una fuerza de control costero, sin ninguna posibilidad de ejercer la soberanía argentina en sus mares. Sin embargo, con la posterior propuesta de una alianza extra OTAN con Estados Unidos y el involucramiento de las FF.AA en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, aunque en tareas definidas de apoyo, la constitución de un Pentágono argentino, la estrecha relación de organismos militares con uno de los organismos de seguridad y la implementación de una red de información que los conectaría directamente con la casa de Gobierno, inducen a considerar estas medidas como algo más que una simple operación comercial.

Un enemigo extraterritorial

La eventual participación en la lucha antinarcóticos estaba siendo analizada en profundidad desde hacía tres meses por la cúpula castrense, que se sorprendió por el ofrecimiento presidencial al gobierno de Estados Unidos. En realidad, las posiciones sobre el tema son bastante encontradas, ya que existe una postura fundamentalmente adversa al involucramiento, amparada en el respeto a la ley que prohibe expresamente la participación militar en el mantenimiento del orden interno, siendo su atribución la defensa de la seguridad nacional de los enemigos externos.

El narcotráfico, por definición, es un asunto policial de competencia de las Fuerzas de Seguridad. Consciente de esta limitación, el presidente Menem hizo hincapié en que la participación en esta lucha se daría fuera de las fronteras argentinas, por la imposibilidad de llevarla a cabo en su interior y con responsabilidades limitadas a tareas de inteligencia, logística y control, dejando a otras instancias la intervención directa en los operativos. A pesar de estas precauciones, la decisión podría estar violando una ley fundamental del estado de derecho. Las alternativas que se presentan para encontrar una salida a esta situación son fundamentalmente dos: la primera implicaría la modificación de la ley, solución insinuada por el mismo presidente de la nación, la otra pasaría por tratar de dar una definición del fenómeno narcotráfico.

En un documento militar consta que el narcotráfico puede ser considerado o como un asunto meramente policial, tal como lo es actualmente en Argentina, o como una amenaza a la Seguridad del Estado. En caso de optar por esta segunda alternativa, se abrirían las puertas para la legitimación de la participación militar. Partiendo del principio de que el empleo de las FF.AA. puede ser limitado o integral, en el momento en que se repute que narcotráfico, narcoterrorismo y narcosubversión se están constituyendo en un peligro que rebasa la capacidad operativa del sistema de seguridad interno, se podría hasta autorizar una participación integral de las FF.AA. en defensa del Estado, sin, posiblemente, recurrir a modificación alguna de la ley. Sólo sería una cuestión de interpretación de la norma jurídica.

Validando esta postura, el Jefe de Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Jorge Enrico, ha afirmado que el sector militar no puede quedar pasivo ante el narcotráfico, haciendo hincapié en que éste constituye una amenaza extraterritorial. De hecho, los militares no se van a quedar con los brazos cruzados, ya que están programadas actividades de monitoreo relacionadas con la futura instalación de radares en la frontera argentino-paraguaya y argentino-boliviana para control de las avionetas sospechosas. Por el momento, lo que se descarta es la participación de contingentes argentinos en un hipotético ejército multinacional de represión del narcotráfico bajo el mando de Estados Unidos.

A pesar de subsistir fuertes resistencias de algunos sectores militares, debidas a la opinión generalizada de que, de esta manera, la institución se va a encontrar expuesta al peligro de la corrupción y de que las funciones de los organismos militares se superpondrían a las de los cuerpos de Seguridad Nacional, los altos mandos han empezado a expresar su adhesión a esta decisión, cuyas motivaciones parecen responder a factores militares y políticos específicos, muy poco relacionados con los temas narcotráfico y terrorismo.

Los factores militares

Desde cuando las FF.AA. argentinas regresaron a los cuarteles, dejando el poder en manos de un gobierno democráticamente electo, el escenario nacional e internacional se fue transformando a tal punto que los militares se encontraron pronto sin enemigos que son su razón de ser. El Muro de Berlin cayó y cayó el Telón de Acero. Los regímenes comunistas dejaron de existir, la Unión Soviética es un recuerdo del pasado y el mundo se ha volcado hacia un modelo capitalista. Occidente dejó de sentirse amenazado por una ideología que consideraba devastadora y que grupos guerrilleros en distintas latitudes reivindicaban.

En Argentina la dictadura militar acabó con los grupos alzados en armas, los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, aplicando una estrategia del terror durante los años que van de 1976 a 1983. Los métodos utilizados configuraron un terrorismo de Estado que trató de borrar del suelo argentino todo vestigo de oposición. Alredeor de treinta mil personas desaparecieron y murieron, y en la sociedad quedaron las huellas de profundas heridas que no lograron cerrarse, a pesar de los intentos de sepultar un pasado en nombre de una reconciliación nacional. Sin guerrilla y con una oposición legitimada dentro de un proceso democrático, las FF.AA. se quedaron sin aquellos enemigos internos que supuestamente ponían, desde el punto de vista castrense, en peligro al mismo Estado y los cimientos de la nación y que respondían, al menos en parte y siempre en opinión de las FF.AA., a ideologías foráneas.

Si los enemigos internos desaparecieron, los externos empezaron a desdibujarse. Argentina mantiene diferendos con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y con Chile por el trazado de una frontera en disputa. La guerra de las Malvinas marcó la derrota del Ejército argentino que salió de la aventura bélica totalmente desprestigiado, lo que impidió de alguna forma que los militares se perpetuaran en el poder. Luego de esta experiencia, Argentina, sin dejar de lado sus reclamos, tomó iniciativas en el terreno diplomático inaugurando una política llamada de "seducción"hacia la población kelper de las islas, en un intento, hasta el momento fallido, de ganarla a su causa. Las FF.AA. quedaron al margen, sin argumentos y subordinadas al poder Ejecutivo que no parece estar dispuesto a recurrir a las armas para solucionar el conflicto.

En lo referente a Chile, el acuerdo que se está estipulando sobre los Hielos Continentales, aunque polémico por dejar en manos del país vecino parte de un territorio que un acuerdo anterior asignaba a Argentina, pone fin a una disputa y cierra el camino a los partidarios de mantener una fuerza de disuasión con gran capacidad ofensiva. Si a estos procesos se añade la política de integración regional que ha impulsado la conformación del Mercosur, y que, p. ej., ha convertido a Brasil, el otro potencial enemigo de Argentina por su poderío económico, en un socio comercial, las hipótesis clásicas de conflicto no tienen más en que sustentarse.

Las FF.AA., sin sus enemigos tradicionales, desgastadas por el desprestigio a nivel militar, herencia de la guerra contra Gran Bretaña, repudiadas por la sociedad por los crímenes cometidos durante la guerra sucia, impulsada y llevada a cabo de forma planificada y de la que finalmente tuvieron que admitir su responsabilidad, han ido perdiendo su identidad y, por lo tanto, están tratando de forjar otra. Agobiadas por la política de ajuste con recortes presupuestarios muy fuertes que obligan a reducir el personal, a cerrar cuarteles, a limitar las adquisiciones de material y equipamiento, trataron de encontrar un nuevo protagonismo, participando en misiones pacificadoras mediante el envío de contingentes de cascos azules a los teatros de conflictos que se desarrollan en el exterior, como en la ex Yugoslavia y en Chipre, p. ej.

El integrar las fuerzas multinacionales de la ONU es considerado un mecanismo que de alguna manera contribuye a la reconstrucción de una reputación perdida a nivel nacional e internacional y les permite una reubicación como organismo militar. Sin embargo el alcance de la estrategia es bastante limitado. La lucha contra las drogas y el terrorismo, aunque considerada no muy digna de ser llevada a cabo por instancias militares, que se encontrarían desempeñando un rol considerado inferior y además subordinado a organismos norteamericanos, podría brindarles la oportunidad de reconstituir un espacio de acción que la nueva realidad les ha recortado en parte, y establecer una relación privilegiada con Estados Unidos, uno de los objetivos políticos del actual gobierno, que no dudó en abandonar una larga tradición de no alineación para participar al lado de los norteamericanos en la Guerra del Golfo, convirtiéndose en el aliado más firme de Washington en este continente.

Las asignaturas pendientes del gobierno

Si el sector militar se encuentra en la búsqueda de una identidad perdida, el Gobierno ha visto deteriorar su imagen en el exterior por una serie de escándalos que lo complican directamente y por tener varias "asignaturas pendientes" con los mismos EE.UU. La propuesta de una alianza asume, por lo tanto, una dimensión especifica que no es solamente la de calmar a una oficialidad descontenta por el ajuste y por haber tenido que admitir su responsabilidad en la represión y verse cada vez más marginada dentro de la vida nacional argentina. La alianza puede ser analizada como un intento del gobierno para recuperar ante EE.UU. una credibilidad venida a menos, en un momento de crisis interna que puede tener repercusiones negativas y ofuscar la imagen de un país que necesita ser considerado confiable ante los inversores norteamericanos y los organismos internacionales de crédito.

Escándalos como la Aduana Paralela, estructura de contrabando que operaba en el seno del organismo oficial, y que al parecer ha sido utilizada entre otros para encubrir tráficos de drogas y de armas; la venta de armas ilegales a Ecuador durante el conflicto con Perú, a pesar de ser Argentina garante del Protocolo de Río de Janeiro que establece los limites territoriales entre ambos países y cuya inaplicabilidad es fuente de tensiones y guerras; la venta de armas a Croacia burlando un embargo internacional, mientras contingentes de cascos azules argentinos operaban en ese país tratando de garantizar una paz endeble; las supuestas coimas por contratos entre la IBM, norteamericana, y el Banco Nación y, finalmente, el tráfico de oro, son algunos de los affaires que minan la credibilidad de Argentina.

Si a todo esto se añade el cambio en la conducción económica del país, con la salida del ex ministro Domingo Cavallo, el hacedor de la nueva economía argentina, las acusaciones del mismo que apuntan al entorno presidencial sobre los hechos de corrupción mencionados, la no aprobación o una aprobación considerada no satisfactoria por los intereses comerciales norteamericanos de leyes como la de Patentes, la de Confiabilidad y de Flexibilizacion Laboral, la situación se pone realmente complicada para el gobierno argentino y el mantenimiento de relaciones fluidas con el país del norte.

La propuesta de la alianza, por lo tanto, podría tener la finalidad de resaltar el papel de aliado incondicional ante EE.UU., tratando de revertir una situación un tanto adversa y creando, de nuevo, un clima favorable a las relaciones bilaterales de las que se espera obtener ventajas económicas y comerciales imprescindibles para una economía artificial como la Argentina, que depende cada vez más de los capitales extranjeros.

Los peligros de una alianza extra OTAN

En el caso de que la alianza extra OTAN se concrete, las consecuencias podrían ser nefastas. Las FF.AA. argentinas podrían convertirse en los gendarmes de América bajo las órdenes y en defensa de los intereses norteamericanos en el continente, que aunque no sea considerado de prioridad en la política estadounidense, sigue constituyendo una zona de interés estratégico. Con su nuevo rol a nivel continental, los militares argentinos podrían contribuir a dar una nueva forma al concepto de seguridad, abandonando el viejo esquema de la Seguridad Nacional que fue implementado y puesto en vigencia en los años 70. En época de globalización la Seguridad Nacional se convertiría en Continental. El fantasma del comunismo vendría a ser reemplazado por la amenaza de los "nuevos enemigos",el terrorismo internacional y el narcotráfico en su versión de narcoterrorismo y narcosubversión.

En el continente, la profundización y agudización de las problemáticas sociales y económicas pueden convertirse en elementos que alimentan no solamente el narcotráfico, sino una guerrilla, que luego de un periodo de desmovilización y estancamiento, parece resurgir con mucha potencia. El modelo económico y de sociedad que se está tratando de imponer está causando una concentración de riqueza sin precedente, que tiene como fenómeno de signo opuesto una marginación en aumento que afecta a amplios sectores de la sociedad, cada vez más excluidos de cualquier tipo de beneficio y sumidos en una situación de desamparo por el recorte de las políticas sociales. Las alternativas que se le ofrecen a esta población son la de una economía informal que no siempre garantiza los niveles de subsistencia, dejando así un terreno fértil para la implantación de economías ilegales que de hecho sitúan en la criminalidad a los que participan de ellas.

La ausencia de perspectivas a corto y largo plazo, la imposibilidad de visualizar alternativas viables son factores determinantes del aumento de la violencia, característico de toda la región, que puede desembocar en el incremento de la llamada delincuencia común, o en posibles estallidos o quizás en adhesiones a guerrillas organizadas alrededor de propuestas novedosas y planteos dirigidos a la sociedad en su conjunto, al estilo del Ejército Zapatista de México, o más bién aglutinadas por la necesidad de una reacción a un estado de violencia económica y social ejercida por un modelo que privilegia las cifras macroeconómicas sin ningún miramiento hacia los costos sociales que éstas implican.

En este contexto, la Seguridad Continental no sería un invento para aplacar militares decepcionados y frustrados, sino constituiría un instrumento conceptual y operativo con funciones de contención, control y represión de fenómenos que ponen en tela de juicio todo un sistema que encuentra en Estados Unidos su más convencido impulsor. La Seguridad Continental y sus agentes jugarían, por lo tanto, un rol de defensa de intereses que van de lo económico a lo estrictamente político y le tocaría, posiblemente, a Argentina ser uno de sus representantes con un rol subordinado a las directivas de Washington y enfrentando las tareas menos gratas.

El proceso en si no sería tan novedoso para los argentinos. Durante la dictadura, asesores militares respaldaron el gobierno de facto de García Meza en Bolivia enviando oficiales expertos en la lucha antisubversiva y la guerra sucia. Luego, instaurada la democracia, la "mano de obra desocupada" como suele llamarse en Argentina, constituida por represores que se quedaron sin represión, fue contratada para asesorar a las Fuerzas de Seguridad y los ejércitos de distintos países como Perú, Honduras, Guatemala y México, con el beneplácito en este último caso de los respectivos presidentes Menem y Zedillo.

En algunos sectores políticos de Argentina, pocos a decir la verdad, se han levantado voces de preocupación. Algunos consideran que las FF.AA. descuidarían sus verdaderas tareas actualmente encomendadas, como, p. ej., la de asegurar el funcionamiento de la democracia, y se desprofesionalizarían, ya que la lucha contra el narcotráfico implica estrategias y modalidades de combate que no son propiamente militares. Otras voces críticas, en cambio, manifiestan el temor de que este involucramiento daría pie para que, en algún momento, la ley que impide a las FF.AA. participar de esta lucha dentro de las fronteras nacionales, pueda modificarse y abrir la puerta a intervenciones en la seguridad interna del país de la que fueron "expulsadas"después de la dictadura.

La iniciativa no ha suscitado entusiasmo en los países de la región y menos en los integrantes del Mercosur, que más bién no han podido disimular su desagrado. La mayoría de ellos se niegan de forma manifiesta a aceptar el involucramiento de los militares en la lucha antidrogas, como fue ratificado el año pasado en la Cumbre Interamericana en Bariloche, en la que el ejército argentino tuvo una postura muy clara al respecto, en sintonía con sus pares del continente.

El repentino cambio puede complicar los procesos de integración que se está tratando de llevar a cabo en América del Sur, ya que la integración, en la opinión sobre todo de los gobernantes de los países del Mercosur, no puede limitarse a cuestiones puramente económicas, financieras y comerciales, sino tendría que abarcar aspectos políticos y legislativos. De esta forma, el frente de los países unidos en la negativa hacia Washington en el asunto militar puede llegar a disgregarse. Con seguridad para los otros países va a ser más dificultoso resistir las presiones norteamericanas, ya que la decisión argentina los deja sumamente debilitados.

Aunque las declaraciones que siguieron a esta propuesta del presidente Menem invitan a cierta cautela, las adhesiones de parte de miembros de las FF.AA. parecen indicar que el camino ya está trazado. Argentina, en este caso, se podría convertir en un elemento de desequilibrio dentro de la región y en un puntal de los intereses de EE.UU. en América Latina, en desmedro de la autonomía del continente respecto a los intereses económicos y estratégicos norteamericanos. En lo referente a la eficacia que esta participación debería garantizar, no hay que olvidar que dentro de las FF.AA. ya existen niveles de corrupción, como el tráfico de armas pone en evidencia, que hacen dudar de la idoneidad de los militares en esta lucha.

Es más, la estructura represiva nunca desmantelada, la permanencia de personal estrechamente vinculado a la violación de los derechos humanos en la época de la dictadura, reavivan los fantasmas de la guerra sucia y hacen dudar de las verdaderas intencionalidades que están detrás de esta política que, de control del narcotráfico y del terrorismo, parece derivar en un control de las sociedades latinoamericanas.