Perú, México, Argentina, Bolivia y Guatemala son solo algunos de los países de América Latina que están siendo impactados por el régimen de protección de inversiones en medio de la pandemia del Covid-19. Inversores extranjeros que amenazan con demandas ante tribunales de arbitraje internacionales por las medidas estatales tomadas para mitigar los efectos de la pandemia. Árbitros que se niegan a aceptar los pedidos de los Estados de posponer arbitrajes en curso, y que los obligan a desembolsar millones en momentos donde los fondos públicos tienen destinos más urgentes. La crisis actual pone una vez más de manifiesto las perversas consecuencias del sistema de solución de disputas inversor-Estado y la necesidad urgente de salirse del mismo.
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