América Latina en Movimiento - La tupida red de tratados y acuerdos de comercio e inversiones que invaden todo el planeta responden a una lógica jurídica de feudalización del ordenamiento normativo global.
Este ordenamiento feudal quiebra y reinterpreta los principios clásicos del Estado de Derecho y se articula por medio de la privatización del poder legislativo y judicial. Los espacios públicos de regulación se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayorías sociales. Además, responde a los intereses del capital, de las clases dominantes y de los gobiernos cómplices.
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Desde esta perspectiva y en el ámbito de la justicia arbitral, las relaciones entre especuladores financieros, despachos de abogados y árbitros están fomentando el arbitraje de inversiones. Cecilia Olivet afirma que “la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria. Los gobiernos tienen las manos atadas. Mientras que las multinacionales se benefician, un pequeño grupo de firmas de abogados incita a las corporaciones a demandar a gobiernos”; además, “un grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y las demandas contra gobiernos sigan generando millones de dólares”.
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