Mientras los estados miembros de la UE consideran las implicaciones medioambientalmente arriesgadas del desarrollo del fracking, hay negociaciones en marcha para un controvertido Acuerdo Económico y de Comercio Global (CETA) que garantizaría a los inversores el derecho a impugnar las decisiones de los gobiernos de prohibir y regular el fracking.
Este informe resalta el debate público acerca del fracking, los intereses de las compañías de gas y petróleo de Canadá en las reservas de gas pizarra de Europa, y los impactos que una cláusula de protección de las inversiones en el propuesto CETA podría tener en la posibilidad de los gobiernos de regular o prohibir el fracking. Examina el informe del caso de la compañía Lone Pine Resources Inc. contra Canadá, que, utilizando una clausula similar, impugna una moratoria contra el fracking y demanda al gobierno canadiense para conseguir una compensación, y alerta que lo mismo ocurrirá posiblemente en Europa. Recomienda que los mecanismos de solución de conflictos inversor – Estado no se incluyan en el CETA.
La traducción de este informe al español ha sido realizada por la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria.
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