La política de erradicación forzosa de cultivos aplicada por los gobiernos peruanos en los últimos 25 años es un fracaso. Esta estrategia agudiza los conflictos sociales, alimenta la violencia subversiva de cualquier origen, perjudica las economías locales con efectos sobre la economía nacional, y destruye bosques al dispersar los cultivos. Pero lo peor es que no revierte ninguna de las causas subyacentes al narcotráfico, como la pobreza, la marginación y la desatención del Estado.
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