Juicio a los impuestos

Cómo los acuerdos comerciales amenazan la justicia fiscal
06 Abril 2016
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Las demandas de justicia fiscal resuenan en todo el mundo, y crece la ira por las prácticas fiscales de grandes multinacionales como Google y Starbucks. Sin embargo, los tratados de comercio e inversión limitan la capacidad de los Gobiernos para imponer acuerdos fiscales justos y, con el TTIP, la situación podría empeorar.

Las demandas de justicia fiscal resuenan en todo el mundo, en un momento en que la desigualdad alcanza niveles históricos e insostenibles, y aumenta la atención hacia las prácticas fiscales de las grandes corporaciones multinacionales, desde Google a Starbucks.

Los Gobiernos deben poder cambiar sus sistemas fiscales para garantizar que las multinacionales paguen los impuestos que les corresponden y para asegurar que los servicios públicos esenciales estén bien financiados. Los Estados también deben poder reconsiderar y revocar recortes de impuestos concedidos anteriormente a las multinacionales, si aquellos no se ajustan ya a las prioridades nacionales.

Pero la capacidad de los Estados para cambiar las leyes tributarias y aplicar políticas fiscales progresistas podría verse gravemente limitada por el poderoso sistema de solución de controversias entre inversores y Estados, también conocido como ISDS (por sus siglas en inglés), por el que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados directamente en tribunales internacionales.

Este sistema se ha vuelto cada vez más controvertido debido a las negociaciones sobre la propuesta de acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) entre Europa y los Estados Unidos. Pero el acceso al ISDS ya está consagrado en otros miles de acuerdos de libre comercio e inversiones en todo el mundo.

Debido a que el control sobre los impuestos se considera la esencia de la soberanía de un país, muchos Estados han incluido cláusulas de excepción fiscal en los tratados de comercio e inversiones para limitar la capacidad de litigar en relación con esas controversias por parte de las empresas y de otros inversores. Pero un número creciente de casos inversor-Estado han cuestionado de hecho decisiones gubernamentales en materia tributaria: desde la revocación de exenciones fiscales previamente concedidas a multinacionales a la imposición de mayores impuestos sobre los beneficios del petróleo y la minería.

El análisis de los datos y documentos de cientos de casos ISDS iniciados hasta ahora revela que los inversores extranjeros ya han demandado al menos a 24 países, desde la India a Rumanía, por disputas tributarias, incluyendo varios casos donde las empresas han utilizado este sistema para cuestionar su contribución fiscal y conseguir reducirla.

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