Desde la década del setenta, las iniciativas económicas y políticas han impulsado sin tregua las inversiones estadounidenses en prácticas de control de la inmigración más militarizadas, criminalizadoras y digitalizadas. Desde el 11 de septiembre, la convergencia estadounidense de la seguridad nacional con la migración no autorizada ha impulsado un régimen de externalización de fronteras cada vez más amplio –actualmente hay 23 oficinas de la CBP y 48 oficinas del ICE en todo el mundo–(Aizeki et al., 2021) y, en consecuencia, ha proporcionado un mercado especialmente lucrativo para las empresas de vigilancia digital.4 A través de programas como la Iniciativa Mérida y la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana, Estados Unidos ha vinculado la ayuda a países como México, El Salvador, Guatemala y Honduras al aumento de la militarización, la vigilancia policial, el encarcelamiento y el control de la migración.
Sin embargo, los patrones migratorios hacia Estados Unidos desde México, América Central y el Caribe no pueden disociarse de las prácticas y políticas que Estados Unidos ha empleado durante más de un siglo para dominar a los países de estas regiones. Décadas de prácticas y políticas estadounidenses han alimentado la inestabilidad económica, política y medioambiental, factores clave que impulsan la migración a Estados Unidos. En los últimos veinte años, el número de personas que emigran desde Centroamérica se ha más que duplicado, y los mayores aumentos se han producido en Guatemala, Honduras y México. La guerra contra el narcotráfico respaldada por Estados Unidos en México y Centroamérica ha aumentado drásticamente la violencia y la inestabilidad (Paley, 2014). En México, la lucha contra el crimen organizado ha provocado 350 mil muertes y más de 72 mil desapariciones entre 2006 y 2021. Según el Banco Mundial, el 60 % de la población rural centroamericana vive en la pobreza. Aunque los mayores contribuyentes a la crisis climática son los países ricos, estas poblaciones ya empobrecidas sufren los impactos más agudos del cambio climático. Durante décadas, las sequías prolongadas junto con catástrofes naturales como huracanes e inundaciones han afectado profundamente a Centroamérica. El número de personas que se enfrentan la inseguridad alimentaria se triplicó entre 2019 y 2021, afectando a 6,4 millones de personas. Asegurado, Pérez y Ramírez –como muchos otros– buscan alternativas a esta situación intolerable.
En lugar de reconocer estas causas subyacentes, la respuesta de Estados Unidos ha sido ampliar aún más su frontera. El general John Kelly, ex secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), declaró: "Creo que la defensa de la frontera suroeste comienza a 1.500 millas al sur". México ha sido durante mucho tiempo fundamental en el régimen de externalización de fronteras de EE.UU., y la infraestructura digital desempeña un papel cada vez más crítico. Tony Crowder, ex director de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP, compartía la opinión de Kelly: "Hemos enseñado a pescar a los mexicanos... [pero] aunque tenemos toda esta capacidad de vigilancia, no tenemos suficiente, necesitamos más” (Miller, 2019).
Aunque forma parte de los esfuerzos continuados de Estados Unidos por reclutar a México en apoyo de sus objetivos regionales, esta asociación para la seguridad y el Estado de derecho se aceleró tras el 11 de septiembre. En 2007, Estados Unidos desplazó el foco de su guerra contra las drogas de Colombia a México, América Central y el Caribe. En este marco de securitización, la guerra contra las drogas se fusionó con el régimen de control de la inmigración. En 2008, se puso en marcha la Iniciativa Mérida, una asociación bilateral entre Estados Unidos y México en nombre de la guerra estadounidense contra las drogas. Inicialmente proporcionó financiación para que México adquiriera equipamiento para sus fuerzas militares y policiales y para la recopilación de información de inteligencia. En 2013, Mérida fue renovada para incluir cuatro pilares, incorporando la creación de una "frontera estadounidense-mexicana del siglo XXI, mejorando al mismo tiempo la aplicación de las leyes de inmigración en México y la seguridad a lo largo de las fronteras meridionales de México". Desde 2008, unos 3.500 millones de dólares, prolongación de la política estadounidense, han contribuido a dar forma a la agenda de control migratorio de México.
En 2014, el Programa Frontera Sur reforzó aún más la seguridad de la frontera sur de México mediante el aumento de la policía de migración y el aparato de deportación. En consecuencia, México cuenta ahora con uno de los mayores sistemas de detención de inmigrantes del mundo. Entre 2014 y 2017, México deportó a más centroamericanos que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, el predecesor de ICE y CBP), subrayó la importancia del control migratorio mexicano, explicando en 2017 la necesidad de examinar tanto los datos estadounidenses como los mexicanos para evaluar la eficacia de la aplicación de la ley en la frontera estadounidense (Miller, 2019, p. 177).
En el marco de estos acuerdos, el Departamento de Defensa de EE.UU. ha proporcionado formación y ha vendido millones en equipamiento militar a México, incluida una serie de tecnologías de fronteras inteligentes proporcionadas por empresas como Dev Technology, General Dynamics, Amazon Web Services y NEC.5 Un elemento clave del apoyo de EE.UU. a México ha sido el desarrollo de una infraestructura para recopilar y compartir datos –como información biométrica y biográfica, y antecedentes penales– de forma que interactúe sin problemas con las bases de datos estadounidenses.
La infraestructura digital que rastrea y cataloga a los migrantes es fundamental para la política migratoria estadounidense en México. La estrategia del Instituto Nacional de Migración (INM), respaldada por Estados Unidos, se basa en esta infraestructura como principal medio para controlar la migración en lugar de sellar la frontera sur de México con Guatemala. La recogida de datos biométricos es esencial para que los migrantes sean más legibles para el Estado. En 2011, Estados Unidos proporcionó cuatro quioscos biométricos a la frontera sur de México, y 117 escáneres biométricos adicionales al año siguiente. Entre 2018 y la primera mitad de 2022, el gobierno mexicano recopiló y compartió información sobre más de 360 mil migrantes en centros de detención.6 La información de la CBP revela que las autoridades mexicanas compartieron información de 10 mil solicitudes de visado humanitario ante el DHS. La liberación de aproximadamente 1.800 migrantes no registrados de un albergue en Piedras Negras estaba condicionada al registro de sus datos.7
Un "entorno de intercambio de información" que incluya sistemas interoperativos de intercambio de datos es fundamental para lograr los objetivos del Estado de seguridad nacional (Meissner et al., 2013). La interoperabilidad permite una conectividad sin fisuras entre la policía, las agencias de inmigración, los gobiernos extranjeros, etc.8 Las principales formas de la infraestructura digital iniciada por Estados Unidos se basan en la recopilación generalizada de información y el intercambio sin fisuras de datos para la vigilancia a través de las fronteras.
Este enorme volumen de recopilación e intercambio de datos se ha visto impulsado por el despliegue del poder del Estado carcelario –incluida la centralidad del "extranjero delincuente", el "miembro de una banda" y el "narcotraficante" como amenazas para la seguridad nacional– en todos los niveles geográficos del régimen estadounidense de control de inmigrantes. Por ejemplo, el Programa de Alerta Migratoria Transnacional de Identificación Biométrica (BITMAP) permite al DHS y a sus países socios saber dónde y cuándo llega una persona al hemisferio occidental y sus pautas de viaje antes de que llegue a la frontera suroeste de Estados Unidos. El BITMAP está desplegado actualmente en 18 países, incluido México. El DHS también cuenta con un programa de intercambio de información sobre antecedentes penales (CHIS) que permite compartir a escala mundial información biográfica, biométrica y descriptiva sobre las personas expulsadas de Estados Unidos (por ejemplo, presuntos antecedentes de inmigración, laborales, familiares y penales).
La criminalización estructural de la pobreza en ambos países se amplifica con el CHIS. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad en México, realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en 2021, casi el 44 % de los encuestados declaró haber sido encarcelado por acusaciones o incriminaciones falsas. El 42 % afirmó haber sido obligado a declararse culpable o a incriminar a otra persona. Casi la mitad de las personas encarceladas no han sido condenadas (Angel, 2020), y casi la mitad de las condenas son por robos de menos de 100 dólares (Romero, 2014). Este es el tipo de datos que alimenta CHIS.
En otro ejemplo, el DHS está desarrollando el Sistema Avanzado de Tecnología de Reconocimiento Nacional (HART, por sus siglas en inglés) para sustituir a su actual base de datos biométricos centralizada, IDENT, mediante un contrato con Peraton (filial de Veritas Capital, una empresa de capital riesgo). Alojado en Amazon Web Services, HART permitirá al DHS agregar y comparar datos biográficos y biométricos de cientos de millones de personas en todo el mundo. Esto incluye los denominados datos de identificación procedentes de identificaciones policiales, reconocimiento facial, ADN, escáneres de iris e impresiones de voz, normalmente recopilados sin el conocimiento o consentimiento de la persona. La enorme base de datos HART se basa en la recopilación generalizada de datos biométricos en todos los ámbitos, por ejemplo, el desarrollo de bases de datos de ADN integradas en México y Centroamérica por parte del Departamento de Estado de EE.UU. en nombre de la lucha contra el tráfico de personas o la propuesta de un documento de identificación digital biométrica nacional en México. De este modo, se fusionan múltiples iniciativas estatales y crece exponencialmente el poder del Estado para vigilar, rastrear y controlar a los migrantes y a todas las personas bajo su vigilancia.
Aunque la Iniciativa Mérida terminó formalmente en 2019, su enfoque ha sido sostenido por el gobierno mexicano. En 2021, el gobierno mexicano aumentó el ejército en un 46 % y la Guardia Nacional dedicada a detener migrantes en un 300 %. En julio de 2022, el presidente López Obrador comprometió 1.500 millones de dólares en infraestructura fronteriza inteligente durante los próximos dos años.
Para los estados socios de EE.UU., cualquier canal tecnológico y de intercambio de datos que se financie y se exporte a ellos se convierte en un activo, no solo para vigilar a los migrantes, sino para impulsar múltiples agendas de construcción de poder coercitivo. Por tanto, esta infraestructura puede acabar alimentando la violencia y la criminalización, socavando el derecho de asilo, exacerbando la desigualdad y ampliando el poder de los paramilitares y la policía, al tiempo que privilegia las prerrogativas corporativas y neoliberales securitizadas.