Una audaz plataforma de política exterior para la nueva ola de legisladores de izquierda en los Estados Unidos

Alexandria Ocasio-Cortez, por Mark Dillman a través de flickr

Por todo el país se presenta a las elecciones —y gana— una nueva cohorte de progresistas. La sorprendente victoria de la socialista democrática Alexandria Ocasio-Cortez en las primarias demócratas para el Congreso celebradas en Nueva York es, quizá, la más sonada, pero no es ni mucho menos la única. Los candidatos son jóvenes, generalmente de color, mujeres, varios son musulmanes, al menos uno es refugiado y otro transgénero, y todos son de izquierda sin complejos. La mayoría llega a la política institucional después de años de activismo en torno a temas como la inmigración, el clima y el racismo. Proceden de una amplia gama de movimientos sociales y apoyan demandas políticas que reflejan los principios de estos movimientos: los derechos laborales, los derechos de las personas inmigrantes y refugiadas, de las mujeres y de género, el acceso igualitario a la vivienda y la educación, la justicia ambiental, y la oposición a la violencia policial y la persecución por perfil racial. Algunos candidatos, aunque ciertamente no todos, se identifican no solo con las políticas del socialismo, sino también con los valores fundamentales de este, generalmente bajo la forma del socialismo democrático.

Rashida Tlaib, una palestino-estadounidense de Detroit, acaba de ganar las primarias demócratas para el escaño del legendario congresista John Conyers. Cuatro mujeres, dos de ellas miembros de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA por sus siglas en inglés) y todas refrendadas por los DSA, vencieron a sus contrincantes masculinos en ejercicio en las primarias por el escaño del estado de Pennsylvania. Tahirah Amatul-Wadud lleva a cabo una campaña apasionada para el Congreso en el oeste de Massachusetts, frente a un titular de largo mandato, centrando la atención en la asistencia sanitaria universal y los derechos civiles. El representante del estado de Minnesota, Ilhan Omar, una antigua refugiada somalí, fue refrendada por el Partido Democrático Agrario-Obrero (Democratic-Farmer-Labor Party en inglés) y se presenta a la elección por el antiguo escaño en el Congreso de Keith Ellison como una “feminista interseccional”. Y hay más.

Ilhan Omar, por Lorie Shaull a través de flickr

Muchas personas destacan su experiencia en los movimientos durante las campañas; defienden los derechos de las personas inmigrantes, la atención sanitaria, la organización de los estudiantes contra la deuda y la lucha por los 15 dólares [de salario mínimo]. La interseccionalidad se fortalece al tiempo que los intensos ataques racistas de Trump avivan la unión entre los diferentes movimientos centrados en el racismo, los derechos de las mujeres y las personas inmigrantes, el clima, la pobreza, los derechos laborales y más.

Sin embargo, en general, no observamos que los candidatos progresistas y socialistas vinculen claramente los temas internos del país con el cuestionamiento de las guerras, el militarismo y la economía belicista. Hay algunas excepciones: la candidata al Congreso y representante del estado de Hawái, Kaniela Ing, habla con convicción sobre el colonialismo estadounidense en Hawái y el representante del estado de Virginia, Lee J. Carter, ha hablado enérgicamente contra el bombardeo de Siria por parte de los Estados Unidos, relacionando los ataques actuales con el legado de las intervenciones militares estadounidenses. Puede haber más, pero son la excepción; la mayoría de los nuevos candidatos de izquierda centra su atención en los acuciantes asuntos de justicia dentro del territorio nacional.

No es que a los dirigentes progresistas no les importan los temas internacionales o que nuestros movimientos estén divididos. Pese a lo que se supone comúnmente, no constituye un suicidio político para los candidatos o los representantes elegidos apostar por posiciones progresistas antibélicas y antimilitaristas. Por el contrario: estas posiciones tienen en realidad un amplio apoyo, tanto dentro de nuestros movimientos como de la opinión pública . Lo que sucede es que es difícil identificar las estrategias que conecten los objetivos internacionales, los esfuerzos antibélicos o las objeciones al militarismo con el gran despliegue de activistas que trabajan en asuntos locales. Algunas de estas estrategias parecerían asequibles, como recortar los 53 céntimos de cada dólar federal destinados en la actualidad al estamento militar como la manera más fácil de financiar la atención sanitaria (Medicare) o la educación universitaria gratuita. Debería ser fácil, pero por alguna razón no lo es: demasiado a menudo la política exterior parece alejada de la urgencia de los temas internos. Cuando nuestros movimientos identifiquen tales estrategias, los candidatos podrán seguir su ejemplo fácilmente.

Los candidatos que proceden de nuestros movimientos y se presentan a las elecciones necesitarán tener posiciones claras sobre la política exterior. He aquí algunos principios básicos que deberían configurar estas posiciones.

Una política exterior progresista deberá rechazar la dominación militar y económica estadounidense y cimentarse en la cooperación global, los derechos humanos, el respeto por el derecho internacional y favorecer la diplomacia por encima de la guerra. Esto no significa aislacionismo, sino una estrategia de compromiso diplomático en vez —y no como tapadera política— de las intervenciones militares destructivas de los Estados Unidos que han definido tantas veces su papel en el mundo.

Al analizar los pretextos políticos detrás de las acciones del imperio estadounidense hoy en el mundo, una política exterior con principios claros podría empezar por reconocer que no hay una solución militar al terrorismo y que la guerra global contra el terrorismo debe terminar.

De manera más general, debe darse marcha atrás en la militarización de la política exterior y la diplomacia debe sustituir la acción militar en todas los lugares, con la participación de diplomáticos profesionales en vez de responsables políticos designados por la Casa Blanca. Los representantes progresistas, tanto aspirantes como elegidos, deberán tener presente la diferencia entre los éxitos y los fracasos de la política exterior de Obama. Todas sus victorias fueron diplomáticas: el acercamiento hacia la normalización con Cuba, el acuerdo sobre el clima de París y, sobre todo, el acuerdo nuclear con Irán. Los mayores fracasos de Obama —en Libia, Siria, Iraq, Afganistán y Yemen— ocurrieron porque el Gobierno escogió la acción militar por encima de una diplomacia sólida.

Es cierto que la diplomacia ha sido una herramienta en el arsenal de los imperios, lo que incluye a los Estados Unidos. Pero cuando se trata de las políticas oficiales que rigen las relaciones entre los países, la diplomacia —es decir hablar, negociar y llegar a compromisos alrededor de una mesa— es siempre, siempre, mejor que entrar en combate.

Una política exterior con principios claros deberá reconocer cómo la economía belicista ha distorsionado la sociedad nacional y comprometerse a revertir esta situación. Los 717 000 millones de dólares del presupuesto militar se necesitan desesperadamente para garantizar el empleo, la atención sanitaria y la educación aquí, y para incrementar la diplomacia y la asistencia humanitaria y de reconstrucción en los países devastados por las guerras y sanciones impuestas por los Estados Unidos.

Una política exterior con principios claros deberá reconocer cómo las acciones de los Estados Unidos —militares, económicas y climáticas— han impulsado el desplazamiento de personas en todo el mundo. Tenemos, por tanto, una enorme obligación moral —además de jurídica— de proporcionar apoyo humanitario y refugio a las personas desplazadas, de manera que la inmigración y los derechos de las personas refugiadas son fundamentales para la política exterior.

Durante demasiado tiempo, el poder del imperio estadounidense ha dominado las relaciones internacionales, favoreciendo a escala mundial la guerra por encima de la diplomacia y creando una extensa red invasora de más de 800 bases militares en todo el mundo.

En la actualidad, la dominación global de los Estados Unidos está disminuyendo, y no solo a causa de las acciones de Trump. La economía china alcanza muy rápidamente la estadounidense y su influencia económica en África y otros lugares eclipsa la de los Estados Unidos. El hecho de que Europa, Rusia y China se resistan a los intentos de los Estados Unidos de imponer nuevas sanciones internacionales contra Irán es un reflejo del poder menguante de Washington. Pero los Estados Unidos son todavía el mayor poder militar y económico del mundo: su gasto militar supera infinitamente el de los siguientes ocho países más fuertes, patrocina una peligrosa alianza contra Irán entre Israel y los ricos Estados árabes del Golfo Pérsico, es fundamental en la toma de decisiones de la OTAN, y fuerzas poderosas en Washington amenazan con nuevas guerras en Corea del Norte e Irán. Los Estados Unidos siguen siendo peligrosos.

Los progresistas en el Congreso tienen que sortear la tarea peliaguda de rechazar el ‘excepcionalismo estadounidense’. Las acciones militares y económicas globales estadounidenses tienen, por lo general, el propósito de mantener su dominación y control. Sin la dominación estadounidense, surgiría la posibilidad de un nuevo tipo de internacionalismo: el que impide y soluciona las crisis que surgen de las guerras actuales y potenciales, el que promociona el desarme nuclear y el que propone soluciones para el clima, y protege a las personas refugiadas.

Se hace más importante este esfuerzo ante el rápido incremento de los xenófobos que buscan y se instalan en el poder. Trump lidera y facilita la informal alianza global de tales dirigentes, desde Abdel Fattah el-Sisi en Egipto a Viktor Orbán en Hungría, y otros. Los representantes elegidos progresistas de los Estados Unidos podrían poner en entredicho este eje autoritario mediante el establecimiento de lazos con sus homólogos de ideas afines en Parlamentos y Gobiernos, como Jeremy Corbyn en el Reino Unido y Andrés Manuel López Obrador en México, entre otros. Y los congresistas progresistas y de izquierda tendrán que trabajar junto con los movimientos sociales para crear la presión pública necesaria para iniciativas diplomáticas no basadas en los intereses del imperio estadounidense.

Junto con estos principios generales, los candidatos y cargos elegidos necesitan análisis críticos del actual despliegue estadounidense en el mundo, además de recetas detalladas de cómo reducir la intensidad militar y reforzar un nuevo compromiso con una diplomacia seria.

Mensajes contradictorios, por Jayel Aherma, a través de flickr

Rusia: Las relaciones con Rusia serán un importante reto en el futuro próximo. Teniendo en cuenta que el 90 % de las armas nucleares de todo el mundo se encuentran en manos estadounidenses y rusas, y que las fuerzas militares de los dos poderes están desplegados en campos de batalla contrarios en Siria, es fundamental que las relaciones se mantengan abiertas, en particular para hacer descarrilar las posibles escaladas y poder retirarse de cualquier confrontación accidental.

Los progresistas y personas de izquierda en el Congreso deberán promocionar un enfoque prudente y matizado de la política con respecto a Rusia. Y lo harán en un ambiente abrumador. Tendrán que gestionar el clamor de los belicistas de la derecha —principalmente republicanos— y de los intervencionistas neoconservadores de ambos partidos que piden una política unilateral antirrusa, centrada en cada vez más sanciones y hasta en amenazas militares. Pero muchos demócratas liberales y moderados —y gran parte de los medios— se unen también a la cruzada antirrusa. Algunos de estos liberales y moderados seguramente son partidarios de la idea del ‘excepcionalismo estadounidense’, aceptando como legítima o superflua la larga historia de injerencia de los Estados Unidos en todo el mundo y considerando las acciones rusas como un nuevo nivel de barbaridad. Otras personas ven la movilización contra Rusia solo en el contexto de minar a Trump.

Pero, al mismo tiempo, los congresistas deberán reconocer que no deben ignorarse las denuncias de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y 2018. Deberán seguir exigiendo que se publiquen más pruebas en torno a este asunto y condenar la injerencia rusa, aun cuando se reconoce que las mayores amenazas para nuestras elecciones se originan aquí, en las campañas de supresión del voto, más que en Moscú. Y tienen que aclarar que los adversarios de Trump no podrán convertir la obsesión del presidente con Vladimir Putin en la base de una nueva Guerra Fría solo para oponerse a Trump.

China: El marco general de un enfoque progresista debería pasar por el fin de las acciones económicas y militares provocadoras de Washington, y estimular mayores cotas de compromiso diplomático. Esto significa sustituir las amenazas militares por la diplomacia ante las maniobras chinas en el mar de la China Meridional, junto con grandes recortes en los lazos militares reforzados por los aliados estadounidenses de la región, como Vietnam. Los congresistas progresistas y socialistas, y otros cargos elegidos, sabrán sin duda que el auge de la dominación económica de China en África —y su mayor influencia en algunas partes de Latinoamérica— podría poner en peligro la independencia de los países ubicados en estas zonas del Sur Global. Pero necesitarán también reconocer que cualquier respuesta estadounidense a lo que parecería explotación por parte de China debe fundamentarse en la humildad, reconociendo la larga historia de dominación colonial y neocolonial de los Estados Unidos en esas mismas zonas. Los esfuerzos por competir con la ayuda económica china al incrementar la propia ayuda humanitaria y al desarrollo de Washington deberían canalizarse a través de la ONU y no de la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional] o el Pentágono. Esto hará que sea mucho menos probable que la ayuda estadounidense se perciba como —o sea— el punto de partida de la explotación.

OTAN: Una posición progresista con respecto a la OTAN es una bofetada en la cara de quienes integran la resistencia contra Trump; la idea de que, si Trump está a favor, nosotros debemos estar en contra. Por una multitud de malas razones que tienen que ver con el enriquecimiento y el poder personales, Trump a veces toma posiciones que apoyan desde hace mucho tiempo los movimientos estadounidenses y globales de solidaridad y contra la guerra. Una de ellas es en torno a la OTAN. Durante la Guerra Fría, la OTAN fue la cara militar europea del anticomunismo y el antisovietismo occidentales, liderados por los Estados Unidos. Tras el fin de la Guerra Fría y el derrumbe de la Unión Soviética, los activistas por la paz en todo el mundo hicieron un llamamiento a favor de la disolución de la OTAN, una reliquia anacrónica, cuya razón de ser había desaparecido.

Sin embargo, la OTAN aprovechó su 50º aniversario, en 1999, para rebautizarse como defensora de un conjunto amorfo de valores al parecer ‘occidentales’, como la democracia, en vez de señalar a un enemigo identificable; algo así como una versión militar de la Unión Europea, con los Estados Unidos como comparsa de peso. Incapaces de conseguir el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU para la guerra en Kosovo, los Estados Unidos y sus aliados utilizaron a la OTAN para proporcionar la llamada autorización para un bombardeo a gran escala —una vulneración absoluta del derecho internacional— e iniciaron la rápida expansión de la alianza de la OTAN hasta la misma frontera rusa. Las fuerzas antibelicistas en todo el mundo siguieron con la consigna del ‘No a la OTAN’, con el fin de disolver la alianza por completo.

Pero, cuando Trump —aun falsamente— hace un llamamiento para terminar con la alianza o menosprecia a la OTAN, los políticos y medios contrarios a Trump se prestan a abrazar la alianza militar como si de verdad representara alguna versión de los derechos humanos y el derecho internacional. No lo hace, y los progresistas en cargos elegidos deberán estar dispuestos a reconocer a la OTAN como una reliquia de la Guerra Fría, que no debe reestructurarse para mantener la dominación estadounidense en Europa o para movilizarse contra Rusia o China o cualquier otro país. Debe ser disuelta.

De hecho, la oposición de Trump a la OTAN se desmiente con sus acciones. En los presupuestos de 2019, casi duplicó los fondos destinados en 2017 a la Iniciativa de Disuasión Europea (European Deterrence Initiative) del Pentágono, concebida explícitamente como respuesta a ‘las amenazas procedentes de Rusia’. Existe una enorme brecha entre la condena a la OTAN por parte de Trump —cuya finalidad es complacer a sus bases— y el apoyo real de su Gobierno al fortalecimiento de la alianza militar. Dicha contradicción debería facilitar la tarea de los candidatos y cargos progresistas de recortar la financiación de la OTAN y reducir su poder, no porque Trump esté en contra de la OTAN, sino porque la alianza militar representa una peligrosa provocación bélica.

Dron, por www.dronethusiast.com y AK Rockefeller, a través de Flickr

Lo que George W. Bush llamó por primera vez “la guerra global contra el terror” sigue rugiendo 17 años después, bajo diferentes formas de matar y con otro tipo de bajas. Hoy, la dependencia de los ataques aéreos y no tripulados, y de unos cuantos miles de fuerzas especiales, ha reemplazado a los cientos de miles de tropas de infantería estadounidenses y aliados. Y casi no mueren hoy soldados estadounidenses, mientras las bajas civiles se disparan por todo el Oriente Medio y Afganistán. Los altos cargos de los Gobiernos de Bush, Obama y Trump han repetido el mantra de que “no hay solución militar” contra el terrorismo en Afganistán, Siria o Iraq, pero sus acciones han desmentido estas palabras. Los altos cargos progresistas deberán recordar constantemente a la población y a sus homólogos que no es posible erradicar el terrorismo con bombardeos. Las bombas no golpean al terrorismo, sino a las ciudades, las casas, las fiestas de matrimonio. Y en las raras ocasiones en las que golpean a personas que de verdad se encuentren en la ‘lista de terroristas’ de la Casa Blanca —sobre la que nadie rinde cuentas—, el impacto crea, a menudo, más terroristas.

Una política progresista integral en torno a este tema implica hacer campaña por soluciones y estrategias diplomáticas en vez de militares. Entraña también sumarse a los esfuerzos liderados por Barbara Lee, congresista demócrata por California, y otras personas que cuestionan la continua dependencia de las autorizaciones para el uso de la fuerza militar (AUMF por sus siglas en inglés).

En general, anteponer la diplomacia a las estrategias bélicas empieza por retirar todas las tropas y detener la venta de armas mortíferas que inundan la región. Dichas armas terminan demasiadas veces en manos de asesinos de todos los bandos, desde combatientes que no rinden cuentas a nadie a Gobiernos brutalmente represivos, donde los civiles son las víctimas. Los y las congresistas deberán exigir el fin de las ventas de armas a Arabia Saudí, la Unión de Emiratos Árabes (UEA) y otros aliados de los Estados Unidos que están librando guerras brutales en el Oriente Medio, y deberán instar a que se termine con la práctica de armar a los actores no estatales que matan a aún más personas. Deberán solicitar un embargo de armas estadounidenses a Arabia Saudí, la UEA, Qatar, Iraq, Afganistán, Egipto, Turquía, Pakistán, Jordania e Israel (que presenta toda una serie de desafíos relacionados con las armas), a la vez que apremian a Rusia a dejar de vender armas a Siria, Irán y Pakistán. Dado el poder de los sectores armamentísticos en los Estados Unidos, los embargos de armas constituyen la parte más difícil —pero quizá la más importante— para acabar con la expansión de las guerras en el Oriente Medio.

Los progresistas en el Congreso deberán exigir un apoyo real a las iniciativas internacionales de paz patrocinadas por la ONU u otras organizaciones, dotando de personal a los nuevos enfoques diplomáticos, cuyo objetivo son las soluciones políticas y no las victorias militares, y sustrayendo fondos de los presupuestos militares para cubrir los gastos. La meta deberá ser parar estas guerras interminables y no intentar ‘ganarlas’.

Israel-Palestina: Lo que deben saber los candidatos es que, en los últimos años, se ha producido un giro muy significativo en la opinión pública. Criticar a Israel ya no es un suicidio político. Es verdad que el AIPAC [Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí] y el resto de los grupos de presión judíos y pro Israel derechistas siguen teniendo influencia y tienen mucho dinero para derrochar. (Los grupos de presión del sionismo cristiano son poderosos también, pero es menos difícil políticamente para los progresistas hacerles frente.) Pero hay en marcha grandes cambios sobre el conflicto dentro de la opinión pública judía y los grupos de presión no tienen credibilidad para hablar en nombre de toda la comunidad judía.

Fuera de la comunidad judía, el giro es aun más notable y ha llegado a ser más partidista: el apoyo ciego a Israel es ahora abrumadoramente una posición republicana. Entre los demócratas, sobre todo los demócratas jóvenes, el apoyo a Israel ha caído drásticamente; entre los republicanos, el apoyo al Gobierno de extrema derecha de Israel está por las nubes. El giro es especialmente destacable entre los demócratas de color, entre los que se reconocen cada vez más las similitudes entre la opresión israelí a los palestinos y las herencias de la segregación de las leyes de Jim Crow en los Estados Unidos, y el apartheid en Sudáfrica.

Por desgracia, la política estadounidense no ha seguido el paso de este discurso cambiante. Pero aun aquí son evidentes unos modestos adelantos. Cuando cerca de 60 miembros del Congreso y del Senado se ausentaron intencionadamente del discurso de Benjamin Netanyahu cuando acudió al Congreso para presionar a los representantes a votar en contra del acuerdo nuclear con Irán del presidente Obama, no se cayó el cielo. El desaire al primer ministro israelí no tenía precedentes, pero nadie perdió su escaño por ello. El proyecto de ley de la representante Betty McCollum para proteger a los niños palestinos del malicioso sistema militar de detención de menores de Israel (el único en el mundo) ya tiene 29 copatrocinadores, y todavía no se ha caído el cielo. Los congresistas reaccionan con más frecuencia a los ataques israelíes sobre Gaza y la matanza de manifestantes, a menudo a raíz de las importantes movilizaciones de sus votantes. Cuando Trump trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén, el diario israelí Ha’aretz reconoció la división: “Mientras los miembros del Partido Republicano apoyaron abrumadoramente el traslado, los demócratas estaban divididos entre los que felicitaron a Trump y los que la consideraron una acción peligrosa e irresponsable”.

Este hecho crea la oportunidad, para los candidatos y los cargos recién elegidos, de atender al creciente número de circunscripciones electorales que apoyan los derechos palestinos. Con el tiempo, deberán establecer una política basada en los derechos. Esto significa reconocer que el ‘proceso de paz’ —orquestado por los Estados Unidos, que lleva ya un cuarto de siglo en marcha y se basa en la búsqueda nunca creíble de una solución— ha fracasado. En cambio, los líderes políticos progresistas y de izquierda pueden abogar por una política que devuelva el control real de la diplomacia a la ONU, que termine el apoyo al apartheid y la ocupación israelíes, y apoye una política basada en el derecho internacional, los derechos humanos y la igualdad para todas las personas, sin favorecer a los judíos ni discriminar a los no judíos.

La transición desde invitar a Israel a respetar el derecho internacional hasta hacer un llamamiento en toda regla para poner fin —o al menos reducir— al envío directo de los 3800 millones de dólares que el Congreso destina anualmente a las fuerzas armadas israelíes podría llevar bastante tiempo. Mientras tanto, los candidatos progresistas deberán condenar enérgicamente la masacre de manifestantes en Gaza y la enorme expansión de los asentamientos israelíes, exigir una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional perpetradas por Israel (lo que incluye responder reduciendo el apoyo estadounidense) e instar a terminar con la antigua protección estadounidense que impide la rendición de cuentas de Israel ante la ONU.

La derecha acusa repetidamente a los defensores de los derechos palestinos de aplicar un doble rasero a Israel. Los progresistas en el Congreso deberán revertir esta acusación e insistir en que la política estadounidense con relación a Israel —que es el aliado más cercano de Washington en la región y recibe miles de millones de dólares cada año— contemple que Israel respete exactamente los mismos estándares que los Estados Unidos exigen a los demás países: derechos humanos, respeto al derecho internacional e igualdad para todas las personas.

Muchos defensores de la nueva cosecha de candidatos progresistas y muchos activistas de los movimientos de los que proceden apoyan el cada vez más poderoso movimiento de BDS (boicot, desinversión y sanciones) liderado por los palestinos, cuyo objetivo es ejercer presión económica y no violenta sobre Israel hasta que ponga fin a sus violaciones del derecho internacional. Este movimiento merece que se le reconozca por popularizar demandas claves: terminar el sitio a Gaza y el asesinato de manifestantes, apoyar las investigaciones de las violaciones israelíes por parte de la Corte Penal Internacional y oponerse a la nueva ley israelí del ‘Estado nación’; todas estas demandas deberán figurar en la agenda inmediata de los legisladores.

Afganistán: Más de 100 000 afganos y 2000 soldados estadounidenses han muerto en una guerra librada por los Estados Unidos durante casi 17 años. El todavía no presidente Trump hizo un llamamiento para retirarse de Afganistán, pero después de solo unos meses de mandato acordó enviar más soldados, aun cuando anteriores despliegues de más de 100 000 soldados estadounidenses (y miles más de soldados de la coalición) no pudieron vencer militarmente a los talibanes. La corrupción en el Gobierno afgano —apoyado y financiado por los Estados Unidos— sigue por las nubes y solo en los últimos tres años, el Pentágono ha perdido la pista de 3100 millones de dólares destinados a Afganistán. Alrededor de 15 000 soldados estadounidenses siguen desplegados, sin ninguna esperanza de una victoria militar para los Estados Unidos.

Los congresistas progresistas deberán exigir una retirada segura de Afganistán de todos los soldados estadounidenses, basándose en el antiguo reconocimiento de que la fuerza militar no traerá la solución política deseada por los actores.

Varios proyectos de ley pendientes permitirían recuperar el papel del Congreso para autorizar la guerra en general y en Afganistán en particular, lo que incluye el fin de la AUMF de 2001. La financiación de la ayuda humanitaria, el apoyo a las personas refugiadas y la compensación y reparaciones futuras por la destrucción generalizada que ha causado en todo el país la guerra liderada por los Estados Unidos son puntos que deberán figurar en la agenda del Congreso, bajo el entendimiento de que conseguir dicha financiación fracasará con casi total seguridad mientras las tropas estadounidenses sigan desplegadas.

Irán: Con el enfrentamiento en Siria de las fuerzas militares estadounidenses e iraníes, la posibilidad de una escalada no intencionada es muy alta. Hasta un choque accidental entre soldados iraníes y estadounidenses o entre el armamento antiaéreo iraní y un avión de combate estadounidense —aun sin disparar— podría tener consecuencias catastróficas sin las necesarias discusiones inmediatas entre las esferas militares y políticas para desactivar el posible incidente. Y cuando las tensiones están tan altas, esas discusiones no se producen. Las relaciones se tornaron muy peligrosas cuando Trump retiró a los Estados Unidos del acuerdo nuclear multilateral en mayo. (Es ese momento, la gran mayoría de los estadounidenses estaba a favor del acuerdo y menos de una de cada tres personas quería retirarse de él.)

Los Estados Unidos siguen intensificando las amenazas contra Irán. Patrocinan una creciente alianza regional contra Irán, en la que Israel y Arabia Saudí se declaran públicamente aliados, y promocionan con firmeza la acción militar. Y Trump se ha rodeado de asesores belicistas, como John Bolton y Mike Pompeo; los dos han apoyado un cambio de régimen en Irán e impulsado enfoques militares en vez de diplomáticos.

En vista de todo esto, lo que tienen que hacer los altos cargos progresistas es seguir luchando por la diplomacia por encima de la guerra. Esto supone condenar el apoyo estadounidense a la alianza contra Irán. Significa establecer relaciones directas con los parlamentarios europeos y otros firmantes del acuerdo nuclear con Irán, con el propósito de construir una oposición colectiva a nuevas sanciones, relegitimando el acuerdo nuclear en Washington y restableciendo la diplomacia como base de las relaciones estadounidenses con Irán.

Debería también entrañar la elaboración de una respuesta del Congreso al debilitamiento de las normas antinucleares internacionales ocasionado por la retirada del acuerdo con Irán. Esto significa no solo apoyar los objetivos de no proliferación del acuerdo nuclear con Irán, sino también avanzar hacia el desarme real y, en última instancia, la abolición de las armas nucleares. Los progresistas dentro y fuera del Congreso deberán aclarar que la no proliferación nuclear (es decir, que ningún país tenga armas nucleares) no puede funcionar a la larga sin el desarme nuclear (es decir, que los Estados que poseen armas nucleares deben entregarlas). Esto podría empezarse mediante la exigencia a los Estados Unidos de acatar plenamente el Tratado de No Proliferación Nuclear, que pide negociaciones conducentes al “desarme nuclear y un tratado de desarme total”.

Iraq: El Congreso ha renunciado en gran medida a sus responsabilidades, aunque aún sigue la guerra iniciada por los Estados Unidos hace 15 años. Los legisladores harían bien en apoyar las iniciativas actuales para terminar —no reemplazar, sino cancelar— la AUMF de 2002 contra el Gobierno de Saddam Hussein en Iraq y reabrir el debate en el Congreso en torno al fin, de una vez por todas, de la financiación de la guerra en Iraq. Cuando el presidente Obama retiró de Iraq las últimas tropas, a finales de 2011, afirmando que “la guerra en Iraq finaliza este mes”, muchas personas supusieron que había finalizado también la autorización. Pero esta no se derogó oficialmente nunca, ni tenía fecha de caducidad. Y tres años más tarde, Obama afirmó que la autorización —que entonces contaba con 12 años— justificaba la guerra contra ISIS en Iraq. Aunque Trump se ha acogido principalmente a la AUMF de 2001, la autorización de 2002 —específica para Iraq— sigue vigente y debe retirarse.

También tendrán que celebrar negociaciones los actores regionales y globales que libran su propia guerra en Siria, sin que Siria tenga voz, pero en la que son principalmente los sirios los que mueren. Esto significa apoyar las medidas de la ONU y otros patrocinadores internacionales para reducir la escalada militar y el compromiso serio con Rusia de un alto el fuego permanente y un embargo de armas. Las políticas estadounidenses deberán prohibir completamente que los aliados regionales de Washington —incluidos Arabia Saudí y Turquía— envíen a Siria armas proporcionadas por los Estados Unidos. Y los defensores progresistas de la diplomacia deberán presionar a los Estados Unidos para que apoyen los procesos diplomáticos multilaterales organizados por la ONU y otras instancias en torno a temas humanitarios en Ginebra y políticos en Astaná. El hecho de recortar la venta multimillonaria de armas de los Estados Unidos a Arabia Saudí, la UEA, Jordania, Turquía y otros aliados estadounidenses implicados en la guerra en Siria prestaría legitimidad a los esfuerzos diplomáticos estadounidenses para presionar a Rusia para que deje de proporcionar armas al régimen de Assad.

Mientras tanto, los progresistas en el Congreso deberán aprobar las mismas políticas para Iraq que para Siria: retirar a los soldados y las fuerzas especiales, detener el programa de asesinatos —pieza clave de la campaña ‘contra el terrorismo’ de Washington— y el envío de armas. El Congreso deberá dejar de financiar la red de pequeñas ‘bases de operaciones avanzadas’, con el fin de forzar su cierre, y de otras bases militares de los Estados Unidos en Iraq que quedan en manos estadounidenses, a pesar de los acuerdos anteriores para entregarlas al Gobierno iraquí. Los Estados Unidos deberán establecer nuevas vías para compensar económicamente y apoyar al pueblo cuyo país y cuya sociedad han sido destrozados desde hace más de una docena de años por las sanciones económicas lideradas por los Estados Unidos y dos guerras, la Tormenta del Desierto en 1991 y la de Iraq en 2003, mientras evitan, de alguna manera, que líderes militares y políticos corruptos y sectarios acaparen más poder.

Yemen y Arabia Saudí: La guerra en curso contra Yemen liderada por Arabia Saudí es el frente más mortífero de la competición entre Arabia Saudí e Irán por la hegemonía regional. Los Estados Unidos proporcionan apoyo directo e indirecto, incluido el repostaje en el aire por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses de los aviones de combate saudíes y de la UEA para bombardear a Yemen con más eficacia, y los Boinas Verdes que combaten al lado de los soldados saudíes en la frontera, en lo que el New York Times llama “una escalada continuada de las guerras secretas de los Estados Unidos”.

La guerra saudí contra Yemen respaldada por los Estados Unidos ha creado también la que la ONU ha declarado la mayor crisis humanitaria del mundo. La primera acción del Congreso deberá ser el fin inmediato de toda implicación estadounidense en la guerra. Posteriormente, el Congreso deberá rechazar todas las autorizaciones de ventas de armas a Arabia Saudí y la UEA mientras estos sigan bombardeando y manteniendo el bloqueo a Yemen.

Poner fin a la venta de armas puede suponer un reto dificilísimo, dado el poder del lobby de los fabricantes de armas, el fuerte apoyo de Israel a Arabia Saudí contra Irán y el hecho de que Arabia Saudí siga siendo el principal cliente de compra de armas de los Estados Unidos. Sin embargo, esfuerzos recientes y votaciones relativamente ajustadas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado —aunque no hayan tenido éxito— indican que el hecho de desafiar el antiguo proceso de proporcionar a los saudíes todas las armas que necesiten puede estar más cerca de la realidad de que se cree. La Cámara de Representantes dictó que la implicación militar de los Estados Unidos en la guerra saudí en Yemen “no estaba autorizada”. Los representantes Ro Khanna, Marc Pocan y otros han presentado en los últimos meses numerosos proyectos de ley destinados a reducir la venta de armas y la implicación de los Estados Unidos en el ataque liderado por Arabia Saudí. En el Senado, una resolución presentada en marzo, que pedía el fin de la participación militar de los Estados Unidos en la guerra de Yemen, no salió adelante por solo 11 votos, un margen mucho más reducido de lo que se esperaba. Los candidatos progresistas y los nuevos miembros del Congreso deberán apoyar todos estos esfuerzos, y dar un paso más instando al fin de la antigua alianza con Arabia Saudí, en especial en lo que concierne a las ventas militares y el apoyo de la alianza israelo-saudí contra Irán.

Yemen: la mayor crisis humanitaria del mundo, por Peter Biro © Unión Europea 2018

Corea del Norte: Los altos cargos progresistas deberán apoyar las iniciativas diplomáticas de Trump y así desafiar a los demócratas más convencionales dispuestos a abandonar la diplomacia debido al hecho de que la apoye Trump (sea táctica o temporalmente). Los progresistas también deberán condenar las provocaciones militares estadounidenses que minen esa misma diplomacia y construir apoyo del público y del Congreso para las acciones diplomáticas ya en curso entre las dos Coreas. Esto supondrá, entre otras cosas, fomentar las exenciones en las sanciones impuestas por los Estados Unidos que permitirían iniciativas económicas —y de otro tipo— entre las dos Coreas. Los progresistas en el Congreso podrán también jugar un gran papel en el apoyo a la diplomacia entre los dos pueblos y liderar la sustitución del actual armisticio con un tratado de paz que ponga fin a la guerra coreana.

África: Por todo el continente hay una necesidad urgente de revertir la militarización de la política exterior, lo que incluye reducir el tamaño, las amplias responsabilidades y el teatro de operaciones del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM). Las operaciones especiales y otras acciones militares en todo el continente —generalizadas, pero no autorizadas y principalmente secretas— vulneran no solo el derecho internacional sino también el derecho interno de los Estados Unidos.

Latinoamérica: En Latinoamérica urge una nueva política no intervencionista, en particular para poner fin a los actuales intentos de aprovecharse de las graves crisis internas en Venezuela, Nicaragua y otros lugares. Los progresistas deberán impugnar las políticas económica y exterior que dan lugar a las personas refugiadas de Centroamérica en particular (incluidas las consecuencias de las guerras libradas por los Estados Unidos en la década de 1980), al tiempo que se protege a las personas migrantes que buscan refugio en los Estados Unidos a consecuencia de políticas anteriores. En lo que respecta a México, el Congreso deberá defender una posición estadounidense en las negociaciones comerciales que no se base en el nacionalismo económico, sino en asegurarse de que tanto los trabajadores y las trabajadoras estadounidenses como mexicanas sean respetadas por igual. Los legisladores de la izquierda tendrán también la oportunidad de desempeñar un papel destacado en el establecimiento de una nueva relación con el presidente progresista recién elegido, López Obrador.

Todas las zonas en las que los Estados Unidos han librado o están librando guerras, junto con los lugares en los que las políticas económicas y climáticas de los Estados Unidos han contribuido a crear crisis que amenazan la vida de las personas, se convierten también en zonas donde las personas se ven obligadas a huir de su hogar. Los legisladores estadounidenses deberán reconocer que sus políticas son causa directa de las crisis de las personas refugiadas que existen dentro o en torno a las zonas de guerra y crisis climáticas de Oriente Medio, África y otros lugares, y que las personas refugiadas que buscan asilo en Europa —y las mucho menos que intentan llegar a los Estados Unidos— son consecuencia de tales políticas. De manera que los candidatos y legisladores progresistas deberán apoyar una financiación fuerte a estas víctimas de guerra, incluido el apoyo humanitario en sus regiones de origen y la acogida de muchas más personas refugiadas en los Estados Unidos. Deberán desafiar directamente las políticas xenófobas del Gobierno de Trump, que incluyen las prohibiciones de los musulmanes, la separación de los niños y las niñas de su familia en la frontera y la drástica reducción de la acogida de personas refugiadas en el país. En el Congreso, esto podría incluir la presentación de proyectos de ley que recorten la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) o su eliminación.

Por último, los candidatos y altos cargos progresistas deberán confeccionar políticas que reconozcan el efecto que tienen a escala nacional las guerras libradas por los Estados Unidos. Esto exige que haya más voces en el Congreso que impugnen el presupuesto militar, porque este se utiliza para matar a personas en el exterior y porque se necesita el dinero para crear puestos de trabajo, atención sanitaria y educación en casa. Significa denunciar la islamofobia en auge en los Estados Unidos porque amenaza a la comunidad musulmana y porque se utiliza para apoyar las guerras contra países predominantemente musulmanes. Significa hacer público —en la Cámara y en otros ámbitos— el hecho de que las prohibiciones contra los musulmanes tenían como objetivo principal los países que los Estados Unidos estaban bombardeando, sancionando y donde los Estados Unidos desplegaban tropas. Y significa que la protección de las personas refugiadas y migrantes, y que buscan asilo, debe empezar por poner fin a las guerras que dan origen a las personas refugiadas.

Está claro que no deberíamos esperar que cada progresista —ni siquiera cada socialista— que se presenta a las elecciones generales se convierta automáticamente en experto de cada elemento complejo de la política exterior estadounidense. Para los candidatos a las elecciones locales y de los diferentes estados, puede parecer un tema de menos urgencia. Pero hemos visto cómo la Campaña de las Personas Pobres (Poor People’s Campaign), que abarca el militarismo y la economía belicista como uno de sus cuatro objetivos principales (junto con el racismo, la pobreza y la destrucción ambiental) ha demostrado a todos nuestros movimientos la importancia de incluir un enfoque antibélico en las movilizaciones locales y estatales que tratan múltiples temas. El Movement for Black Lives ha creado una de las plataformas internacionalistas y antibélicas más potentes que hemos visto en años, incluido llamamientos para recortar el presupuesto militar, el apoyo a los derechos palestinos, el fin de la guerra global contra el terrorismo y la llamada guerra contra las drogas, el fin de las intervenciones militarizadas de los Estados Unidos en África y la vinculación de las políticas militares y económicas de los Estados Unidos con el auge de la inmigración haitiana —predominantemente negra— y de otros lugares.

Los activistas por los derechos de las personas inmigrantes vinculan los movimientos que defienden el asilo (y combaten el ICE) con la oposición a las guerras que dan origen a las personas refugiadas. Hay campañas en marcha que rechazan el entrenamiento de la policía estadounidense por parte de las fuerzas policiales y militares israelíes. Se están librando batallas para obligar a las agencias de seguridad a que rechacen las ofertas del Pentágono para quedarse con las armas y los equipos que hayan sobrado de las guerras libradas por los Estados Unidos en Afganistán y otros lugares. Todas estas campañas se llevan a cabo a escala local y estatal.

De manera que sobre todo para los candidatos que se presentan al Congreso, pero en realidad para todos los candidatos a cada nivel político y en cada lugar del país, hay una evidente necesidad de mantener unos principios fuertes sobre al menos algunos elementos fundamentales de la política exterior. Y la clave para que esto ocurra reside todavía en nuestros movimientos.

 Este artículo se publicó originalmente en inglés en la revista In These Times, ©2018, y se puede leer en inthesetimes.com aquí