Política y comunicación 2.0

23 October 2008
Article
¿Tenemos instrumentos de comunicación social del siglo XXI y políticas e instrumentos de regulación al respecto propios del siglo pasado? Ésta fue una de las preguntas más significativas que sobrevolaron en el debate mantenido el pasado lunes en la sede parlamentaria catalana entre un significativo grupo de políticos, académicos, profesionales de los distintos medios de comunicación, y personas procedentes de la industria de los medios (www.parlament.cat). Las VIII Jornadas Parlamentarias de Medios de Comunicación Social salieron del marco más específicamente técnico en el que generalmente se habían mantenido los anteriores encuentros, para adentrarse en territorios más amplios, abordando cuestiones como la participación social, la libertad de expresión en la era digital o el nada fácil tema de qué papel desempeñan políticos y medios en la definición de la agenda política; sin ánimo de resumir el debate que se propició, sí quisiera subrayar algunos de los que fueron, desde mi perspectiva, los temas más destacados. Parece claro que los nuevos instrumentos tecnológicos permiten una diversificación y democratización desconocida en la esfera de comunicación social. Cada uno puede buscar el lugar y los contenidos que prefiera, y puede también, sin demasiadas dificultades, generar su propio foco emisor. Las ventajas de tal explosión de información, vienen contrapesadas por una mayor dificultad en la generación de "plazas" o esferas públicas de interacción colectiva, lugares en los que el debate y el contraste (en clave de Habermas) puedan facilitar el surgimiento de relatos e imaginarios compartidos. No es fácil generar espacios de pertenencia colectiva, cuando cada cual construye sus propias "burbujas" mediáticas en las que encontrar a los suyos y en las que pueden recoger la ración diaria de información y opinión que le permita ratificar las propias opciones. Por otro lado, vivimos en un escenario en que mientras unos usan nuevas vías de interacción y comunicación como Facebook y twiter, otros muchos viven totalmente alejados de las plataformas digitales y el uso frecuente de Internet. Seguimos manteniendo importantes sectores de la población fuera de las nuevas palancas de comunicación, sea por razones del lugar en el que viven (sin cobertura suficiente), sea por razones formativas (el 60% de los que no tienen estudios secundarios posobligatorios, y que son legión en España, no usan Internet), por razones económicas, o por problemas múltiples de discapacidad. Esas carencias alejan a importantes sectores de la población de los recursos informativos y formativos que día a día crecen y van depurándose en la Red. Es urgente trabajar con políticas públicas que trabajen simultáneamente en los temas de formación de adultos y la alfabetización digital, y en garantizar la mayor accesibilidad posible a la red. Muchos de los asistentes expresaron su acuerdo en la necesidad de diferenciar opinión de información, e información de conocimiento. Estos conceptos muchas veces se confunden en el agitado debate sobre las potencialidades y los peligros de las tecnologías disponibles actualmente. La libertad de expresión en Internet y en los nuevos instrumentos de creación colectiva denominados "2.0", es una conquista que viene asociada con el propio instrumento que sirve de plataforma comunicativa. Pero, ello no debería impedir que cada uno asuma sus responsabilidades no por las opiniones que emita, sino por las informaciones que de manera más o menos veraz difunda por la Red. La tensión actual se sitúa entre la necesidad de garantizar el máximo acceso y la mayor diversidad posibles en los instrumentos que la tecnología nos brinda, y las exigencias crecientes para garantizar credibilidad y fiabilidad a todo aquello que podamos encontrarnos en ese aparente caos en que se desenvuelve Internet. La democracia en la Red exige garantías de que el máximo nivel de disenso sea posible, siempre que la "toxicidad" de lo emitido no nos acabe generando problemas que colectivamente no podamos ni queramos asumir. El conocimiento exige niveles de sistematicidad, capacidad crítica y posicionamiento activo que muchas veces no se dan en medios que buscan simplemente la acumulación indiscriminada de información una mera yuxtaposición acrítica de contenidos, y que presuponen un receptor pasivo de lo que lo echen. Las acusaciones cruzadas entre profesionales de la información y políticos en activo sobre la construcción de la agenda política pusieron de relieve las complicidades y, al mismo tiempo, las incertezas y desilusiones que genera ese tipo de magma en el que resulta difícil distinguir los productos ya empaquetados y sujetos a intereses de grupo mediático o de partido, de lo que es un esfuerzo por saber qué ocurre detrás de las bambalinas cuidadosamente construidas para contribuir decisivamente a influir en la opinión pública día a día. Las conclusiones, como es obvio dado el universo temático tratado, no fueron tales. Las referencias a la necesidad de agencias reguladoras o las habituales exhortaciones a que la educación nos lo debería arreglar, no esconden la necesidad de seguir defendiendo la desconfianza activa de la ciudadanía como la mejor vacuna ante las constantes tentaciones de unos y otros por presentarnos una realidad que no siempre coincide con lo que acontece en escenarios menos visibles y rutilantes. No se trata sólo de que los poderes (incluyendo el poder mediático) se controlen entre sí, sino que podamos exigir que se cumpla lo que nos dijeron. Esto resulta notablemente difícil cuando pocos son capaces de seguir el hilo argumental y justificador de una política zigzagueante y huidiza. Si muchos no sienten que su voz sea oída en el escenario mediático, no es extraño que se alejen escépticamente de lo que intuyen como un espacio en el que unos pocos cuecen y filtran lo que conviene saber. Y por tanto, en ese contexto, el efecto Internet y sus nuevas evoluciones 2.0 siguen siendo, a pesar de todo, una nueva esperanza democratizadora. www.elpais.com
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.