El impulso municipalista a una transición energética justa y participativa en Cádiz

Mesas de energía en Cádiz, España
25 Abril 2018
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En mayo de 2015, Por Cádiz Sí Se Puede (la versión local de Podemos) se hizo con el gobierno municipal y se encontró con un Ayuntamiento terriblemente endeudado, una cultura del derroche energético generalizada, una situación grave de desempleo y pobreza energética, además de muy poco conocimiento sobre las cuestiones básicas relacionadas con la energía.

Población afectada 118,919

En apenas unos años, Cádiz ha logrado varios resultados concretos. En primer lugar, la compañía local de electricidad, Eléctrica de Cádiz, suministra ahora un 100 % de energía renovable certificada, lo cual afecta a todos los contratos municipales y al 80 % de los consumidores domésticos. En segundo lugar, se prevé que una propuesta alternativa de bono social, pionera en el Estado español, asegure el acceso a un suministro eléctrico digno a más de 2000 familias al año. Y por último, el debate sobre el modelo energético se ha introducido en la esfera pública, dentro y fuera de las instituciones.

Todo esto se ha logrado gracias a la alianza entre el nuevo gobierno local y la ciudadanía organizada en torno a dos mesas de trabajo participativas y abiertas: una dedicada a abordar específicamente la pobreza energética y, la otra, a impulsar una transición municipal hacia las energías renovables.

Más allá de los logros directos, también ha habido impactos positivos indirectos. Gracias a la apuesta municipal por la sostenibilidad y la transición energética, se ha instalado en la ciudad una nueva fábrica de bicicletas y motos eléctricas que creará 200 puestos de trabajo. Por otro lado, Eléctrica de Cádiz, que es propiedad del Ayuntamiento en un 55 %, ha conseguido el contrato de suministro del 100 % de energía renovable certificada de dos ayuntamientos de la provincia, que antes estaban en manos de las empresas del oligopolio.

La experiencia de Cádiz ilustra cómo la implicación activa de un ayuntamiento, una empresa semipública y la ciudadanía puede poner los mimbres para impulsar una transición energética donde el derecho a la energía, el empleo y las renovables vayan de la mano.

Un punto de partida peculiar

En mayo de 2015, dos partidos de reciente creación, Por Cádiz Sí Se Puede y Ganar Cádiz, se hicieron con el gobierno de la ciudad española de Cádiz, España, poniendo fin a 20 años consecutivos de gobierno del conservador Partido Popular (PP). Este cambio se produjo tras ocho años de crisis económica, en pleno cuestionamiento del modelo político-institucional y bajo el azote de una reforma de las administraciones locales basada en el austericidio.

Cádiz es una ciudad de contrastes. Tras la feliz imagen de ciudad de vacaciones, se encuentra la capital de la provincia con más desempleo de la Unión Europea (UE). El nuevo gobierno municipal encontró a su llegada una deuda municipal de 275 millones de euros y un modelo de ciudad fallido, que había pasado de los 160 000 habitantes en la década de 1980 a 119 000 en 2017.

Aunque Por Cádiz Sí Se Puede alcanzó el gobierno municipal con las renovables como bandera y la transición energética como motor de la generación de empleo, el nuevo gobierno empezó prácticamente de cero. Pese a ser una de las ciudades de la UE que dispone de más horas de sol al año (más de 3000), su producción de energía solar no llegara ni al 0,001 % del consumo eléctrico de la ciudad.

Cádiz tiene también la peculiaridad de conservar dos empresas mixtas de electricidad. El Ayuntamiento posee el 55 % de Eléctrica de Cádiz (el 45 % restante pertenece a Endesa y Unicaja), que está integrada por una empresa suministradora y otra distribuidora. Se trata de mayor empresa eléctrica público-privada del país, con más de 60 000 contratos, entre los que se encuentran todos los suministros del Ayuntamiento de Cádiz y el 80 % de los contratos del sector doméstico.

¿Y en qué ha favorecido a la población que Eléctrica de Cádiz sea una empresa semipública? En que el Ayuntamiento costea los suministros eléctricos de los edificios municipales, el alumbrado público y los semáforos con los beneficios que obtiene de esta. El resto de beneficios va a parar a la Tesorería municipal, o sea, que se traduce en gasto público. Estos ingresos, además, han permitido a la ciudad dedicar una importante cuantía (más de 500 000 euros anuales en los últimos dos años) a ayudas puntuales de emergencia y a la bonificación de una parte de la factura a pensionistas de bajos ingresos. Es decir, que el 55 % de los beneficios se quedan y se reinvierten en Cádiz.

Cabe destacar que, hasta la fecha, la regulación estatal española no protege a las familias de bajos ingresos de los cortes de suministro. Pero gracias al carácter semipúblico de Eléctrica de Cádiz, el área de Asuntos Sociales puede mantener una comunicación directa y constante con la empresa que evita miles de cortes de luz cada año.

La legislación nacional dificulta la transición energética

En lo que se refiere a la política energética, es necesario destacar que España tiene un marco regulatorio que favorece de manera extraordinaria la situación de dominio de las grandes empresas y dificulta enormemente la entrada de nuevos actores. El país ha carecido de una planificación estratégica en materia de transición energética y los avances logrados durante la década de 2000 han ido seguidos de enormes retrocesos en la década siguiente. España tiene el triste mérito de poseer la regulación más restrictiva del mundo en lo referente a autoproducción y autoconsumo de energías renovables. Los gobiernos, principalmente socialistas, que gobernaron el país estimularon la inversión privada en renovables con primas garantizadas por el Estado. Sin embargo, más adelante, esos mismos gobiernos y los siguientes gobiernos conservadores (PP) introdujeron, entre 2008 y 2013, medidas retroactivas, que redujeron la retribución de los inversores. Esto dio lugar a docenas de demandas internacionales inversor-Estado, por las que inversores internacionales han demandado al Gobierno español por centenares de millones de euros. Además, estas medidas se adoptaron a costa de los ciudadanos de a pie, y más de 60 000 familias perdieron los ahorros que habían invertido en renovables. La situación generó una inseguridad jurídica sin precedentes para ciudadanía, inversores y compañías energéticas, y la pérdida de más de 30 000 empleos en el sector de las renovables.

Este es el contexto en el que el nuevo gobierno municipal de Cádiz se propone impulsar una transición energética justa con cuatro líneas de trabajo: 1) ahorro, eficiencia y renovables en edificios públicos; 2) lucha contra la pobreza energética; 3) ide una transición energética democrática y 4) promoción de la creación de empleo vinculada a la energía.

Empezando desde cero: diagnóstico del consumo energético municipal

En 2009, el Ayuntamiento de Cádiz suscribió el Pacto de los Alcaldes por el Clima, por el que se comprometía a reducir en un 21 % las emisiones de CO2 antes de 2020. Para ello, presentó un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) en 2013 que, sin embargo, no significó un impulso real a la transición energética, pues no incluía objetivos alcanzables, estrategias concretas, ni herramientas de seguimiento. El gobierno conservador no previó ninguna inversión en eficiencia energética o energías renovables y tampoco realizó un diagnóstico energético de la ciudad ni se dotó de estructura para desarrollar el Plan.

Uno de los objetivos principales del nuevo gobierno municipal es aprovechar los recursos locales de energía renovable, incluidas las posibilidades que ofrecen el puerto y los astilleros. De esta forma, se impulsaría una transición energética que actuaría como motor del cambio de modelo de ciudad y favorecería la regeneración de su tejido social y productivo. La primera acción realizada en el Ayuntamiento fue efectuar un diagnóstico energético interno, que evidenció un enorme descontrol sobre el consumo y el gasto de los suministros energéticos municipales, una cultura del derroche generalizada, falta de mantenimiento e inversión en las infraestructuras, ausencia de conocimiento energético por parte de la plantilla y de los representantes públicos, y la inexistencia de medios técnicos y humanos para la gestión eficiente de la energía.

Por este motivo, las primeras medidas de la nueva administración se encaminaron a tomar las riendas de los consumos municipales. El Centro Municipal de Informática, en colaboración con Eléctrica de Cádiz, creó una base de datos de consumos eléctricos online que permite el control exhaustivo del gasto, el consumo y las emisiones de CO2 de cada edificio municipal. También se estableció un comité de supervisión y se designó a un técnico municipal dedicado exclusivamente a la gestión de la energía para cada área. Por otro lado, se han realizado estudios para implementar medidas de eficiencia energética en los edificios de mayor consumo y se han elaborado proyectos para implantar renovables en edificios públicos. Para llevar adelante estos proyectos, el Ayuntamiento ha recurrido a subvenciones públicas de la comunidad autónoma de Andalucía.[1]

Más allá de las puertas del Ayuntamiento, el gobierno municipal asumió el reto de sacar la política energética de los despachos y tratar de llevar adelante su propuesta de cambio de modelo implicando a la gente de la ciudad. Con el ánimo de empezar a trabajar con las organizaciones sociales y ambientales de la ciudad, el municipio creó dos mesas de trabajo relacionadas con la energía antes de contar siquiera con un plan: la Mesa contra la Pobreza Energética (MCPE) y la Mesa de Transición Energética de Cádiz (MTEC).

El bono social gaditano: un primer paso para asegurar el derecho a la energía

En octubre de 2015, se logró aprobar en el pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, la que había sido una demanda social de varios colectivos de la ciudad durante años: la creación de un bono social que asegurara el acceso a la energía de las familias en situación de vulnerabilidad. La propuesta difería del bono estatal, que solo contempla un descuento del 25 % en la factura, y preveía que el bono fuera diseñado en una mesa de trabajo abierta a la ciudadanía y, para ello, se creó la MCPE.

¿Por qué Cádiz quería un bono alternativo? Porque, desde 2009 hasta 2017, la única ayuda estatal en materia de pobreza energética dejaba fuera al 80 % de las familias de Cádiz, solo por el hecho de no tener contratado el suministro con ciertas comercializadoras privadas, como Endesa e Iberdrola, y tenerlo con Eléctrica de Cádiz, su empresa “de toda la vida”.

En la MCPE se desarrolló un proceso participativo para diseñar el futuro bono social gaditano. La propuesta se construyó gracias a la colaboración de los colectivos activistas y las organizaciones de derechos humanos que durante años reivindicaron su puesta en marcha. Estos grupos habían estado trabajando para visibilizar el problema de la pobreza energética en la ciudad, junto con organizaciones benéficas que prestaban ayudas en el pago de recibos a las familias (como Cáritas, Cruz Roja, Fundación Virgen de Valvanuz, Fundación Dora Reyes, APDH, 15M y Asociación Cardijn, entre otras), técnicos de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, representantes políticos de todos los partidos (salvo el PP), personal de Eléctrica de Cádiz y personas en situación de pobreza energética.

A través de ese proceso participativo, los participantes establecieron los criterios de acceso al bono y consensuaron establecer como requisito la formación del beneficiario. Se decidió que, en lugar de un descuento del 25 % en la factura (como sucedía con el bono estatal), el bono social gaditano fuera la bonificación de una cantidad de energía y potencia suficientes para disfrutar de una vida digna, según las necesidades energéticas de cada familia.

La propuesta se complementó con un estudio realizado por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Cádiz sobre las necesidades energéticas de las familias vulnerables. Se incluyeron, además, las sugerencias de varios informes técnicos y jurídicos para asegurar su viabilidad técnica y legal. Una vez refrendada por los colectivos, la propuesta de bono se llevó al consejo de administración de Eléctrica de Cádiz para su votación.

Pese a los obstáculos puestos por el PP y la empresa privada Endesa, en el momento en que se escriben estas líneas, Eléctrica de Cádiz y el Ayuntamiento trabajan mano a mano para poner en marcha el primer bono social alternativo del Estado español, que se prevé que asegure el acceso al suministro eléctrico a más de 2000 familias al año. Dado que Eléctrica de Cádiz, por ley, no puede variar las tarifas, los fondos para costear el bono social gaditano procederán de una donación voluntaria de los beneficios de la distribuidora. En cambio, las grandes compañías eléctricas que participan en el bono social estatal, repercuten el coste de los descuentos en las facturas de todos los consumidores.

Para ilustrar la diferencia entre los dos bonos, en Cádiz, una familia de cuatro personas (dos adultas y dos menores) tendría derecho a un descuento de al menos el doble que el ofrecido por el bono social estatal (28,50 euros, frente a los 12,95 del programa estatal). Además de este bono social, la formación es obligatoria y a los hogares se les explican los detalles de las facturas y se les capacitaba para usar un mínimo de energía y de la forma más eficiente posible. Con el bono social gaditano, la factura eléctrica hasta un 80 %.

En la tabla se explican las distintas modalidades del bono social de Cádiz y la cantidad de energía que se bonificará a la familia en base a su renta y el número de personas que habitan la vivienda para que disfrute de una vida digna.

En paralelo al Bono Social Gaditano, el Ayuntamiento de Cádiz ha creado un Plan de Choque contra la Pobreza Energética. Además, a través de un plan de empleo (Plan +30-30), ha formado a 15 personas desempleadas como asesores energéticos en vivienda y pequeño comercio. La mitad de ellas han sido contratadas por el Ayuntamiento para asesorar, formar y acompañar a familias en situación de pobreza energética. En los cuatro primeros meses de proyecto, el equipo de este Plan de Choque impartió 50 talleres y formó a 525 familias; y con la colaboración de Eléctrica de Cádiz, optimizó los contratos de electricidad de 415 familias en situación de vulnerabilidad, con lo que se logró un ahorro de entre el 10 % y el 40 % de la factura.

La Mesa de Transición Energética de Cádiz: construyendo un camino común

La Mesa de Transición Energética de Cádiz (MTEC) se ha creado como un espacio de participación y colaboración permanente. Abierta a colectivos, ciudadanía y empresas, se reúne cada dos semanas para desarrollar acciones y propuestas que impulsen el cambio de modelo energético en la ciudad. Participan de manera más o menos regular técnicos del Ayuntamiento, organizaciones ecologistas, personas a título individual, trabajadores de la Universidad de Cádiz y de Eléctrica de Cádiz, así como miembros de la cooperativa Som Energia.

Este espacio de participación funciona por consensos y se creó en noviembre de 2015, durante las primeras jornadas sobre transición energética en la ciudad.. Es desde este espacio desde donde se ha impulsado la conversión de Eléctrica de Cádiz a comercializadora 100 % renovable. . La Mesa también organiza actividades en la ciudad para sensibilizar sobre las energías renovables e impulsarlas. También se ha elaborado el estudio También se ha elaborado el estudio “Primer pulso social sobre energía en la ciudad de Cádiz”, se está desarrollando una campaña de “Alfabetización energética popular” y se ha celebrado la Semana de la Cultura Energética, con talleres, conferencias y una feria popular Recientemente se ha empezado a reflexionar y debatir sobre género y energía.

Con la transición a las renovables, Eléctrica de Cádiz ha mejorado la calificación ambiental de todos los contratos de los edificios municipales y del 80 % de las familias de la ciudad. Ahora, la empresa eléctrica adquiere en el mercado electricidad certificada, generada a partir de fuentes renovables, y la vende a sus clientes. Gracias a la comercialización verde, ha logrado ganarle a las empresas del oligopolio el contrato de suministro de dos ayuntamientos de la provincia, que habían incluido en sus pliegos el requisito de electricidad certificada 100 % renovable.

A pesar de que el Gobierno municipal se encuentra en minoría en el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz (el partido conservador y Endesa tienen 5 consejeros, sobre 9), recientemente se ha aprobado en este el desarrollo de una línea de negocio dedicado a las renovables y la elaboración de un Plan de Igualdad de Género.

Tomando el pulso a la energía de la ciudad

El “Primer pulso social sobre energía en la ciudad de Cádiz” fue el primer estudio realizado en España sobre qué saben los ciudadanos y las ciudadanas de un municipio de las cuestiones más básicas relacionadas con la energía. A la gente se le preguntó qué entienden de su factura, qué modelo energético prefieren para su ciudad y su país, y qué medidas de eficiencia energética creen que debería desarrollar su Ayuntamiento.

El estudio surgió de la necesidad de establecer una línea de base en materia de cultura energética. Diseñado y elaborado por los participantes de la MTEC, incluyó la realización de 450 encuestas en la calle y, una vez terminado, fue presentado al gobierno municipal con una serie de recomendaciones al Ayuntamiento, Eléctrica de Cádiz y a la ciudadanía sobre cómo promover un cambio de cultura energética en la ciudad y cómo priorizar las acciones en este sentido.

De él se extrajeron algunos datos interesantes: un 70 % de la población encuestada decía no entender la factura eléctrica. Del 30 % que creía comprenderla, tras sencillas preguntas de comprobación, se evidenciaba que esta creencia era errónea. Entre las medidas que se consideraban prioritarias, la más valorada fue cambiar el alumbrado público a LED; la segunda, realizar campañas de formación y sensibilización en ahorro de energía; la tercera, ajustar los horarios del alumbrado público y, la cuarta, instalar renovables en edificios públicos. Cabe destacar que 9 de cada 10 personas encuestadas distinguieron con dificultad todas las fuentes de energía renovables de las fósiles. Sin embargo, es importante subrayar que el 92,6 % de las personas encuestadas señaló que le gustaría que la ciudad de Cádiz se abasteciera de forma mayoritaria de energías renovables.

La campaña de “Alfabetización energética popular”, en marcha, parte de la idea de ayudar empoderando. Cada semana, los participantes de la MTEC se desplazan a un barrio distinto e imparten un taller de ahorro energético en colaboración con el tejido asociativo de la ciudad (asociaciones de vecinos, grupos de mujeres y ONG). En estos talleres, además de ayudar a ahorrar dinero a los asistentes, se difunde una cultura energética social y ambientalmente responsable y se motiva a los vecinos y vecinas a ser protagonistas de una transición energética que responda a sus intereses.

Todas estas iniciativas están poniendo el debate sobre el modelo energético en la calle y en las instituciones locales. Se empieza a cuestionar el modelo y a demandar cambios. Pero no solo eso: el impulso político a un modelo de ciudad más sostenible y renovable está dando sus primeros frutos en materia de empleo.

A principios de octubre de 2017, la empresa Torrot anunció que establecerá en Cádiz una fábrica de bicicletas y motos eléctricas, que generará 200 puestos de trabajo (directos e indirectos). El presidente de dicha empresa señaló que una de las principales motivaciones para elegir esta ciudad se encontraba en las políticas de movilidad y energía del Ayuntamiento. Esta noticia, en una ciudad con un 28 % de desempleo, representa un soplo de esperanza y un espaldarazo a la apuesta municipal por la transición energética.

En esta línea, y con el fin de seguir promoviendo una transición energética democrática, el gobierno municipal tiene previsto elaborar, de manera participativa y antes de que finalice su mandato, en 2019, el Plan de Acción de Energía Sostenible a 2030.

Conclusiones y lecciones aprendidas

El nuevo gobierno municipal y los grupos ciudadanos de Cádiz son conscientes de que el camino hacia un modelo de energías renovables podría profundizar las desigualdades sociales y agravar la crisis ambiental. Por este motivo, consideran que es esencial lograr la implicación de administraciones, empresas, organizaciones sociales, universidades y sociedad civil para construir, desde abajo, una transición energética justa.

Las organizaciones y personas que han sumado esfuerzos en la Mesa contra la Pobreza Energética han logrado diseñar un programa de bono social para las familias de la ciudad, mucho mejor que el articulada por el Gobierno estatal. En la Mesa de Transición Energética, un pequeño grupo de personas han propuesto y empujado la realización de medidas viables para el cambio de modelo, con las herramientas a su alcance y teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad. Todo ello ha sido posible gracias al apoyo y la implicación del Ayuntamiento. La principal lección de esta experiencia es que, con la participación activa de la ciudadanía, una empresa de energía semipública puede generar beneficios concretos para la población.

Hay que señalar, sin embargo, que ninguno de los cambios descritos ha sido sencillo y que ninguna de las mesas de energía tiene una afluencia extraordinaria, debido, tal vez, al desempleo, la precariedad laboral o el envejecimiento de la población. En este artículo también hemos omitido hablar del vergonzoso papel desempeñado por algunos partidos políticos y medios de comunicación, en especial en lo relativo al bono social gaditano, pues el conservador PP está haciendo todo lo posible por boicotearlo. Pese a estos obstáculos, el movimiento por la democracia energética de Cádiz se encuentra ahora más cerca de demostrar que lograr el derecho a la energía es un obstáculo viable.

[1] El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado siete proyectos que han sido aceptados por la Agencia Andaluza de la Energía, y que se espera que se ejecuten en 2018.