Más allá de los aranceles La guerra de Silicon Valley contra la soberanía digital

La imagen fue llamativa en su simbolismo. El 20 de enero de 2025, mientras Donald Trump prestaba juramento para su segunda presidencia, las primeras filas de la Rotonda del Capitolio contaban una historia sobre el poder en el siglo XXI. Allí, flanqueando al nuevo presidente, se sentaban los multimillonarios CEOs de Amazon, Apple, Google, Meta, OpenAI, TikTok y X, una exhibición sin precedentes que "envió una señal clara al mundo: la tecnología va a jugar un rol central en la disrupción del orden global por parte de la nueva administración."

Esto no fue simplemente una oportunidad fotográfica o un gesto de reconciliación entre Trump y Silicon Valley. Cada uno de estos gigantes tecnológicos había donado 1 millón de dólares a la inauguración de Trump, marcando lo que los observadores llamaron la inauguración presidencial más costosa de la historia estadounidense con "la asombrosa suma de 250 millones de dólares." Para Meta, fue "la primera vez" que la compañía "donaba a una inauguración presidencial", señalando un cambio fundamental en la relación entre las Big Tech y el poder político. Pero esta alianza entre Silicon Valley y Washington también refleja un cambio más profundo y a largo plazo en la estrategia comercial estadounidense que antecede a la presidencia de Trump. El sistema de comercio multilateral ha estado fallando en servir a los intereses estadounidenses desde que la entrada de China a la OMC en 2001 alteró fundamentalmente las dinámicas de poder económico global. Para el momento de la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires en 2017, ya estaba claro que "no se podrían lograr resultados importantes" a través de negociaciones multilaterales, ya que los países recurrían cada vez más a "negociar acuerdos de libre comercio (TLCs) fuera de la OMC". Estados Unidos ya había estado virando hacia relaciones comerciales "gestionadas bilateralmente y basadas en resultados" donde podía aprovechar su poder económico más directamente. Las amenazas arancelarias y la coerción económica que siguieron no fueron innovaciones de la era Trump—fueron simplemente la última iteración de una estrategia estadounidense de larga data, desplegada con la franqueza característica de Trump al servicio de las ambiciones globales de Silicon Valley.

Pero el verdadero significado de ese momento yacía más profundo que las donaciones corporativas o el teatro político. Lo que el mundo presenció fue el matrimonio visible de dos formas de poder: el deseo de Silicon Valley de proteger sus ganancias globales de la interferencia regulatoria, y la determinación de Washington de mantener la dominancia estadounidense en la era digital emergente. Mientras los titanes tecnológicos se alinean con la administración Trump, "voluntaria o involuntariamente, el mundo está en riesgo de una escalada seria que podría remodelar la geopolítica, hundir economías y redefinir la soberanía en el siglo XXI."

El momento no fue accidental. Apenas horas después de la inauguración de Trump, mientras la atención del mundo se enfocaba en la transferencia pacífica del poder, DeepSeek de China lanzó su modelo de lenguaje de gran escala de bajo costo, código abierto y alto rendimiento con capacidades para rivalizar con ChatGPT-4 de OpenAI a una fracción del costo. La reacción del mercado fue inmediata y reveladora: "El Nasdaq estadounidense se desplomó 3.1 por ciento, mientras que el S&P 500 cayó 1.5 por ciento."

Esto no se trataba solo de tecnologías en competencia—representaba un desafío fundamental al modelo estadounidense de capitalismo digital. Mientras las compañías estadounidenses gastaban cientos de millones desarrollando modelos de IA, el avance de DeepSeek fue desarrollado por una fracción de los costos de los modelos estadounidenses, mostrando al mercado cuánto de burbuja es la industria de la IA.

La amenaza más profunda no era tecnológica sino sistémica. La carrera entre dos potencias se trataba fundamentalmente de cómo reorganizar al resto del mundo en una cadena de valor de suministro: cómo gestionan datos, trabajo, infraestructura, regulación, cumplimiento y aspiración. China no estaba simplemente construyendo mejores modelos de IA; estaba construyendo un ecosistema digital alternativo con más de 5.000 compañías de IA que operaban bajo reglas diferentes—reglas que enfatizaban la dirección estatal sobre los mecanismos de mercado, el control centralizado de datos sobre el acceso distribuido, y los campeones tecnológicos nacionales sobre la competencia global. Si bien este modelo ofrecía una alternativa a la dominancia digital estadounidense, traía sus propias implicaciones autoritarias, potencialmente intercambiando la vigilancia corporativa de Silicon Valley por la vigilancia estatal de Beijing, y sustituyendo una forma de control tecnológico por otra.

Para los CEOs tecnológicos sentados en esa ceremonia inaugural, esto representaba una amenaza existencial a su modelo de negocios. Su dominancia dependía no solo de la superioridad tecnológica sino de un entorno regulatorio global que permitía que los datos fluyeran libremente a través de las fronteras, que los algoritmos operaran sin rendición de cuentas, y que las plataformas escalaran sin supervisión significativa. Las regulaciones digitales de la Unión Europea, con sus protecciones de privacidad y aplicación de leyes antimonopolio, ya estaban erosionando un poco sus márgenes de ganancia. Un mundo donde el modelo chino de soberanía digital ganara tracción podría destruir sus imperios globales por completo.

Para el Estado estadounidense, las apuestas eran aún más altas. La infraestructura digital se había convertido en el fundamento del poder económico en el siglo XXI. Se "estimaba que los flujos de datos transfronterizos habían contribuido 2.8 billones de dólares a la economía global" en 2014, "una cifra que podría alcanzar los 11 billones para 2025." El control sobre estos flujos significaba control sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube, los pagos digitales y, en última instancia, el futuro del crecimiento económico mismo. Perder esta ventaja digital ante China no significaría solo pérdidas corporativas—significaría el fin de la hegemonía económica estadounidense.

Lo que emergió de la inauguración de Trump no fue simplemente una nueva administración sino una nueva forma de imperialismo digital. El matrimonio entre Silicon Valley y Washington representaba más que influencia corporativa sobre las políticas; señalaba el nacimiento de un sistema donde la tecnología es coerción. Las herramientas de esta coerción no serían la fuerza militar tradicional ni siquiera las sanciones económicas convencionales. En cambio, serían aranceles—pero aranceles convertidos en armas para la era digital, diseñados no para proteger empleos manufactureros sino para forzar al mundo a aceptar las reglas estadounidenses para los flujos de datos, la gobernanza algorítmica y el comercio digital.

El mundo estaba a punto de descubrir que en la era de la inteligencia artificial, las guerras comerciales ya no se trataban del comercio. Se trataban del futuro de la civilización digital misma.

Pocas semanas después de esa ceremonia inaugural, el mundo descubrió lo que el matrimonio entre las Big Tech y Trump realmente significaba en la práctica. El 2 de abril de 2025, el presidente Trump dio a conocer lo que llamó su paquete arancelario más completo en la historia estadounidense. Pero estas no eran medidas proteccionistas tradicionales. Eran armas diplomáticas diseñadas para extraer concesiones políticas a través de múltiples agendas—desde inmigración hasta política exterior y gobernanza digital.

El patrón ya estaba claro. Cuando los países europeos avanzaron con impuestos a los servicios digitales, Estados Unidos respondió con amenazas de aranceles retaliatorios, instando a los países a abandonar sus DSTs. A medida que avanzaban las negociaciones comerciales, el comercio digital está tomando el centro del escenario con la administración estadounidense pidiendo a Brasil, Corea del Sur y la Unión Europea que cambien sus reglas digitales como condición para hacer un acuerdo. El mensaje era simple: conformarse a las preferencias estadounidenses en todo el espectro de políticas, o enfrentar consecuencias económicas.

Pero entre todos estos puntos de presión, las concesiones tecnológicas se habían vuelto esenciales. La urgencia no se trataba solo de ganancias corporativas—se trataba de la amenaza existencial planteada por el ascenso digital de China. El desarrollo de IA china se estaba acelerando rápidamente, con "el Banco de China anunciando un plan quinquenal para apoyar financieramente la cadena de valor de la industria de IA con un mínimo de un billón de RMB (138 mil millones de dólares)" mientras el presidente chino Xi Jinping enfatizaba la "autosuficiencia" y la creación de un "ecosistema de hardware y software de IA autónomamente controlable."

Esto representa un desafío directo al modelo estadounidense de integración digital global. Mientras el sistema estadounidense depende de que los datos fluyan libremente a través de las fronteras hacia servidores en la nube estadounidenses y centros de entrenamiento de IA, China está construyendo un sistema paralelo que mantiene los datos y el poder de procesamiento bajo control nacional dentro de sus fronteras.

La estructura arancelaria de Trump refleja esta urgencia digital. El sistema consistía en "cuatro componentes primarios": aranceles base universales, tasas recíprocas, gravámenes específicos por sector y, crucialmente, "ajustes retaliatorios" que podrían desplegarse contra cualquier país que desafiara la dominancia digital estadounidense.

La estrategia se cristalizó el 21 de febrero de 2025, cuando Trump emitió un memorando titulado "Defendiendo a las compañías e innovadores estadounidenses de la extorsión extranjera y multas y penalidades injustas", apuntando a las "regulaciones impuestas a compañías estadounidenses por gobiernos extranjeros" y enfocándose específicamente en "servicios digitales." El memorando argumentaba que las regulaciones digitales extranjeras "violan la soberanía estadounidense" cuando afectan las ganancias de las Big Tech—una redefinición asombrosa de la soberanía misma.

Tradicionalmente, el objetivo de la política arancelaria es la protección de la producción doméstica reduciendo la demanda de importaciones extranjeras. Pero el enfoque de Trump "apunta a la acción regulatoria extranjera no porque reduzcan la demanda del consumidor, sino porque aumentan los costos para las Big Tech—recortando sus márgenes de ganancia." Esto no era proteccionismo—era imperialismo regulatorio conducido a través de la política comercial.

La respuesta europea reveló lo que estaba en juego. Los funcionarios franceses declararon estar listos para esta guerra comercial y comenzaron a apuntar a los servicios digitales estadounidenses a través de su Impuesto a los Servicios Digitales, golpeando específicamente a compañías como Google, Meta, Apple, Amazon y Microsoft con un impuesto del 3% sobre sus ingresos franceses por publicidad digital, transmisión de datos y actividades de mercados en línea. Los países enfrentaban una elección cruda: rendirse a la soberanía digital o enfrentar una retaliación económica escalada en múltiples sectores.

La ironía era palpable. Los mercados se desplomaron después del anuncio arancelario de Trump, con las principales compañías tecnológicas cayendo y el Nasdaq bajando un seis por ciento. Las mismas compañías que estas políticas estaban diseñadas para proteger estaban siendo dañadas por el caos económico que los aranceles creaban. Sin embargo, para Trump y sus aliados de Silicon Valley, la volatilidad del mercado a corto plazo era aceptable si lograba el objetivo mayor: preservar el control estadounidense sobre las reglas de la economía digital global.

Porque en una era donde los flujos de datos transfronterizos son el rey, quien controlara la infraestructura y las regulaciones que gobiernan estos flujos controlaría el futuro del poder económico mismo. Los aranceles no se trataban realmente del comercio—se trataban de forzar al mundo a aceptar las reglas estadounidenses para los flujos de datos y la gobernanza algorítmica.

La pregunta era si la coerción económica podría tener éxito donde la superioridad tecnológica ya no estaba garantizada.

El verdadero alcance de la guerra comercial digital de Trump se hizo claro no a través de sus pronunciamientos públicos, sino a través de la campaña de presión sistemática que siguió. Países alrededor del mundo se encontraron enfrentando una elección imposible: mantener el control sobre sus políticas digitales o preservar el acceso a los mercados estadounidenses. No había término medio en este nuevo sistema.

La estrategia arancelaria de Trump apunta específicamente a países que implementan políticas de soberanía digital—medidas diseñadas para dar a las naciones control sobre su propia infraestructura digital y gobernanza de datos. El asalto a la soberanía digital tomó múltiples formas. Las políticas de localización de datos, que requerían que las compañías almacenaran los datos de los ciudadanos dentro de las fronteras nacionales, se estaban expandiendo rápidamente alrededor del mundo. "En 2017, 35 países habían implementado 67 de tales barreras. Ahora, 62 países han impuesto 144 restricciones—y docenas más están bajo consideración." Estas políticas reflejaban preocupaciones legítimas sobre privacidad, seguridad y control nacional sobre infraestructura digital crítica.

La campaña de presión se intensificó a medida que avanzaban las negociaciones comerciales. Los Representantes Comerciales de EE.UU. han presionado durante mucho tiempo por reglas fuertes y vinculantes sobre el comercio digital. Estos acuerdos no se trataban solo de facilitar el comercio—se trataban de encerrar a los países en un modelo específico de gobernanza digital que priorizaba el acceso corporativo sobre el control nacional. El enfoque estadounidense en los acuerdos comerciales buscaba sistemáticamente prevenir que los gobiernos "requieran el uso de instalaciones informáticas o redes dentro del territorio de un miembro para procesar datos", "requieran el almacenamiento o procesamiento localizado de datos dentro del territorio de un miembro", o "pongan el uso de las instalaciones informáticas del estado miembro o la localización de datos como condición para permitir que los datos fluyan." En esencia, se les estaba pidiendo a los países que rindieran su capacidad de gobernar su propia infraestructura digital.

Los países europeos, a pesar de sus economías más fuertes, enfrentaron la presión. Cuando los funcionarios franceses declararon estar listos para "esta guerra comercial" y comenzaron a apuntar a los "servicios digitales" estadounidenses, mencionando específicamente a "los cinco grandes de la tecnología: Meta, Alphabet, Apple, Microsoft y Amazon", descubrieron que la retaliación llegaba no solo en sectores digitales sino en toda su relación económica con Estados Unidos. Los aranceles sobre el vino francés, los automóviles alemanes y los textiles italianos se convirtieron en armas en la lucha por la regulación digital.

El patrón se extendió por los continentes. Brasil enfrentó retaliación directa cuando Trump impuso un arancel del 50% citando explícitamente los "continuos ataques del país a las actividades de Comercio Digital de las Compañías Estadounidenses." Corea del Sur, bajo presión en las negociaciones comerciales en curso, suavizó regulaciones que habían prohibido a las compañías financieras transferir datos de clientes al extranjero sin consentimiento escrito. India descubrió que su requisito de 2018 para que los proveedores de servicios de pago almacenen toda la información de pagos electrónicos dentro de India se convirtió en un punto focal para los funcionarios comerciales estadounidenses, quienes lo citaron específicamente como una barrera al comercio digital. El intento de Indonesia de imponer "líneas arancelarias para productos digitales transmitidos electrónicamente, como software, aplicaciones, video y música" fue recibido con amenazas que podrían haber tenido "un efecto negativo significativo en la economía digital de Indonesia, que se espera valga 150 mil millones de dólares para 2025."

La lógica subyacente era simple pero revolucionaria. En la economía digital, "las compañías continúan aumentando su dependencia de tecnologías como la IA y el aprendizaje automático, que requieren acceso a cantidades masivas de datos. El acceso fluido y transfronterizo a los datos ayudará a estimular el crecimiento económico y la innovación continuos." Pero "acceso fluido" significaba acceso estadounidense, bajo reglas estadounidenses, con compañías estadounidenses controlando la infraestructura.

Lo que hacía esta campaña particularmente insidiosa era cómo armamentizaba la integración económica misma. Los países que habían pasado décadas construyendo relaciones comerciales con Estados Unidos encontraron esas mismas relaciones convertidas en instrumentos de coerción digital. Cuanto más integrado estaba un país con los mercados estadounidenses, más vulnerable se volvía a la presión sobre sus políticas digitales.

La elección ya no era entre eficiencia económica y soberanía digital. Era entre aceptar el colonialismo digital estadounidense y enfrentar retaliación económica sistemática.

El resultado se está configurando como una carrera global hacia el fondo en la gobernanza digital. Los países que estaban trabajando en protecciones de privacidad fuertes, aplicación robusta de leyes antimonopolio y rendición de cuentas significativa de las plataformas se encuentran preguntándose si deberían desmantelar estas salvaguardas para evitar la retaliación estadounidense. La soberanía que estaban luchando por mantener en el mundo físico se rinde en el ámbito digital—no a través de conquista militar, sino a través de coerción económica disfrazada de política comercial.

El mundo estaba descubriendo que en la era de la inteligencia artificial y los flujos de datos globales, la interdependencia económica se había convertido en un arma. Y Estados Unidos, respaldado por sus aliados de Silicon Valley, estaba preparado para usar esa arma para remodelar la gobernanza digital según sus propios intereses.

El matrimonio entre las Big Tech y la administración Trump que comenzó con esa inauguración de enero representa más que una alianza política o una campaña de influencia corporativa. Marca la emergencia de una nueva forma de capitalismo donde el monopolio tecnológico se ha vuelto indistinguible del poder estatal, y donde la política comercial sirve no para promover la competencia sino para eliminarla.

Este es el capitalismo digital en su forma más pura—un sistema donde un puñado de compañías controlan la infraestructura de la economía global y usan el poder estatal para mantener ese control. Las apuestas de esta monopolización se extienden mucho más allá de las ganancias corporativas. El control sobre la infraestructura digital ahora significa control sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, los sistemas financieros, las redes de comunicación y, en última instancia, el futuro del desarrollo económico mismo.

La estrategia arancelaria revela la lógica subyacente de este sistema. El capitalismo tradicional dependía de la competencia para impulsar la innovación y la eficiencia. Pero en los mercados digitales, donde los efectos de red y las ventajas de datos crean dinámicas de "el ganador se lleva todo", la competencia se convierte en una amenaza existencial para los jugadores establecidos. Lo que hace esto particularmente peligroso es cómo cierra las alternativas antes de que puedan emerger. Los países enfrentan castigo sistemático por la soberanía digital, con "un aumento de 1 punto en la restrictividad de datos de una nación" recortando "la producción comercial bruta 7 por ciento" y desacelerando "la productividad 2.9 por ciento." Esta coerción económica no solo apunta a competidores existentes—previene que los países desarrollen sus propias capacidades tecnológicas o marcos regulatorios.

El resultado es una economía digital global cada vez más moldeada por las necesidades de los monopolios tecnológicos estadounidenses en lugar de los diversos requisitos de diferentes sociedades. Los acuerdos comerciales previenen sistemáticamente que los gobiernos requieran el almacenamiento o procesamiento localizado de datos o pongan el uso de las instalaciones informáticas del estado miembro como condiciones para el acceso al mercado. Los países rinden no solo su autoridad regulatoria actual sino su capacidad futura de gobernar las tecnologías emergentes.

Sin embargo, este control monopolístico lleva las semillas de su propia inestabilidad. Las controversias políticas alrededor de las compañías tecnológicas ya están creando "reveses comerciales", con algunas experimentando "ventas en declive" mientras los consumidores reaccionan a sus alineamientos políticos. Más fundamentalmente, la dependencia del sistema en la coerción económica crea poderosos incentivos para que los países desarrollen alternativas.

El Sur Global, en particular, enfrenta una elección cruda entre dependencia tecnológica y aislamiento económico. Para los países en desarrollo, a veces regular la agenda digital se vuelve complicado ya que la presión desde afuera para liberalizar es grande, y las ganancias políticas internas de regularla no se ven como una gran batalla política a ganar para obtener poder electoral. Aceptar el colonialismo digital estadounidense significa rendir el control sobre su futuro económico, pero muchos países no lo ven de esta manera. Mientras tanto, algunos países están impulsando la innovación en lugares inesperados, mientras los países buscan soluciones tecnológicas que no requieran rendir la soberanía pero con un futuro frágil por delante.

La ironía es que los esfuerzos estadounidenses para mantener el monopolio tecnológico pueden acelerar la misma fragmentación que buscan prevenir. Al convertir a Silicon Valley en un instrumento de coerción estadounidense, la administración Trump arriesga una escalada seria que podría remodelar la geopolítica y redefinir la soberanía en el siglo XXI. Los países enfrentados con la elección entre dependencia tecnológica y castigo económico pueden elegir un tercer camino: la independencia tecnológica.

La emergencia de alternativas de código abierto, cooperativas digitales regionales e iniciativas de tecnología soberana sugiere que el modelo monopolístico puede no ser sostenible. Lo que estamos presenciando no es solo una guerra comercial o incluso una guerra tecnológica, sino un concurso fundamental sobre el futuro de la civilización digital. ¿Estará el siglo XXI definido por el monopolio tecnológico impuesto a través de la coerción económica, o verá la emergencia de ecosistemas tecnológicos diversos y soberanos que sirvan a sus usuarios en lugar de a sus dueños?

Los aranceles que comenzaron como armas para proteger las ganancias de las Big Tech pueden finalmente probar ser el catalizador de su obsolescencia. En un mundo donde las alternativas tecnológicas pueden emerger de cualquier lugar—de las favelas de São Paulo a los centros de innovación de Nairobi a los centros de investigación de Berlín—el monopolio se vuelve cada vez más difícil de mantener. La pregunta no es si emergerán alternativas, sino si emergerán lo suficientemente pronto para prevenir la consolidación completa del poder digital en manos de unas pocas corporaciones estadounidenses y el aparato estatal que las sirve.

La alianza entre las Big Tech y Trump representa la última jugada desesperada de un sistema monopolístico que sabe que su tiempo se está acabando. El futuro no pertenece a quienes mejor pueden ejercer la coerción económica, sino a quienes pueden construir las alternativas tecnológicas que hacen tal coerción irrelevante.

El destino de DeepSeek mismo ilustra tanto la promesa como los límites de las alternativas tecnológicas a la dominancia estadounidense. El avance de DeepSeek—afirmando igualar el rendimiento de ChatGPT a una fracción del costo—envió señales a través de los mercados globales y provocó una rápida adopción dentro de China, con operadores de telecomunicaciones estatales, fabricantes de automóviles, compañías de servicios financieros y gigantes tecnológicos como Alibaba, Huawei y Tencent apresurándose a integrar el modelo. Sin embargo, el modelo de China representa más que solo un concurso de ecosistemas tecnológicos—es un concurso de visiones de gobernanza. La realidad es más compleja que un simple binario EE.UU.-China. Países de todo el Sur Global están desarrollando sus propios enfoques diversos hacia la soberanía digital—desde el enfoque de India en la infraestructura pública digital hasta la estrategia de Sudáfrica de equilibrar la dependencia de tecnología extranjera con políticas localizadas—en lugar de simplemente elegir entre modelos estadounidenses o chinos. Los países en desarrollo quieren desarrollar su propio enfoque hacia la soberanía digital basado en sus necesidades de desarrollo e intereses sin tener que elegir bandos. El modelo de código abierto de DeepSeek puede democratizar el acceso a la IA, pero si representa una genuina independencia tecnológica o simplemente reemplaza una forma de dependencia con otra sigue siendo una pregunta abierta. La lucha por la soberanía digital será ganada en última instancia no por quienes construyan los modelos de IA más poderosos, sino por quienes puedan construir ecosistemas tecnológicos que sirvan las necesidades de su gente en lugar de ambiciones geopolíticas.

Necesitamos democratizar la tecnología. Necesitamos democratizar su producción. La guerra arancelaria es solo otro obstáculo que podría impedir que el Sur Global lo haga.