Reivindicando la inversión en agricultura Por una sinergia de inversión público-campesina

Resumen ejecutivo

Tendiendo en cuenta que casi 1.000 millones de personas padecen malnutrición y que al menos el 70 por ciento de las personas más pobres del mundo vive en zonas rurales –la mayoría de las cuales depende de la agricultura para su sustento–, invertir en agricultura es una de las estrategias más eficaces contra la pobreza. Y sin embargo, a pesar de su importancia capital, los programas de inversión en agricultura cada vez se están dejando más en manos de los mercados generales de productos básicos y externalizando a inversores (corporativos) a gran escala que no están sometidos a las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados. Al privatizar la responsabilidad de invertir en agricultura, el paradigma inversor predominante ha conseguido acabar con un ‘trampolín de apoyo’ y borrar de la agenda unas políticas públicas fundamentales para abordar los problemas de la pobreza y el hambre rurales.

 Así, el Estado se concibe como un ‘intermediario neutral’ que conecta a los productores y las productoras con el agronegocio, en un nuevo enfoque de gestión del desarrollo caracterizado por cadenas de valor, contratos con supermercados y otros tipos de partenariados público-privados. Sin embargo, en lugar de actuar como un vector para el desarrollo de pequeños productores y productoras, lo más probable es que el modelo de producción del agronegocio desemboque en una situación en la que un pequeño grupo de productores medra, mientras que la incidencia y la geografía de la pobreza y el hambre rurales se mantienen prácticamente iguales. Es en este contexto que el presente informe aboga por el retorno del Estado. Así se defiende en toda una serie de ámbitos, entre los cuales:

* Reformar –no disolver– los bancos de desarrollo agrícola. En contra de las predicciones que auguraban la viabilidad de los enfoques impulsados exclusivamente por el mercado para facilitar el crédito agrícola, las instituciones financieras del sector privado no han ‘llenado el hueco’ del Estado cuando este se ha retirado, dejando a los productores y productoras de alimentos a pequeña escala y a otros sectores rurales a merced de las prácticas de usura de los mercados informales de préstamo de dinero. Esta realidad refuerza la tesis a favor de reformar, no abandonar, los bancos de desarrollo agrícola incorporando en ellos una mayor confluencia entre el papel del sector público y el del privado.

* Utilizar herramientas de políticas públicas con el fin de abrir nuevos mercados para los productores y las productoras de alimentos a pequeña escala y fortalecer los sistemas alimentarios locales y regionales, en lugar de confiar en los mercados generales de productos básicos para mantener más valor añadido en el nivel de la explotación y del territorio.

* Emplear subsidios con el fin de compensar la desigualdad de recursos entre diferentes productores de alimentos en el uso de insumos agrícolas. También se puede desplegar un ‘subsidio a la sostenibilidad’ para incentivar que campesinos y campesinas adopten buenas prácticas ambientales.

* Fijar una agenda progresista en el campo de la investigación agrícola. Existe una extensa ‘brecha de conocimientos’ –en términos de financiación y de asignación de recursos– entre la agricultura convencional y los sistemas agrícolas biológicamente diversificados. Esto es consecuencia del auge de la industria privada de la investigación y el desarrollo, así como del poder de los lobbies corporativos a la hora de marcar la orientación de las investigaciones públicas en el ámbito de la agricultura. Por este motivo, las agendas de la investigación han tendido a centrarse en los problemas que afrontan los agricultores comerciales y aquellos que más se benefician del modelo agroindustrial, como las industrias de los pesticidas y los transgénicos. La investigación pública en el campo de la agricultura puede desempeñar un papel vital para salvar esa brecha de conocimientos y dar un giro a las prioridades de estudio, especialmente en favor de ámbitos como la agroecología.

El desarrollo agrícola y rural no solo exige inversiones y políticas públicas destinadas específicamente a la agricultura; requiere también inversiones que sirvan para generar un entorno propicio. Entre estas, cabe mencionar las dedicadas a:

* La reforma agraria (re)distributiva en países marcados por profundas desigualdades en el régimen de propiedad y de acceso a la tierra. Para muchos productores y productoras de alimentos a pequeña escala, la tierra es mucho más que un factor de producción: constituye la base de su sustento, una forma de contar en los procesos de toma de decisiones políticas, un medio para la inclusión social y el acceso a servicios básicos, y un componente de su cultura e identidad colectiva. Por tanto, se deben promulgar reformas agrarias en favor de los pobres que fortalezcan su acceso pleno, significativo y efectivo a la tierra, así como su control sobre esta.

* Servicios sociales rurales esenciales, como electricidad, salud y agua, además de infraestructuras, como carreteras y telecomunicaciones. Un factor clave para crear un entorno que propicie la inversión de campesinos y campesinas pasa por abordar las grandes desigualdades en el suministro y el uso de servicios, así como en el desarrollo de infraestructuras, que se dan entre las zonas rurales y urbanas. Estos ámbitos suelen ser objeto de escasa inversión por parte del sector privado debido a sus características de bienes públicos.

* Crear una barrera de protección frente a las variaciones bruscas en el precio de los alimentos mediante el mantenimiento de reservas públicas. A la luz de la crisis alimentaria, se debe replantear el papel de la regulación pública en la gestión de la inflación de los precios de los alimentos. En lugar de depender de las estrategias de manejo de los riesgos del sector privado y atender a los grupos más vulnerables mediante transferencias focalizadas, los Gobiernos deberían intervenir para estabilizar los precios. Las reservas públicas pueden ser un instrumento muy útil y flexible para reducir la volatilidad en los mercados de productos básicos agrícolas, así como para evitar y dar respuestas a situaciones de emergencia alimentaria, además de desempeñar otro amplio abanico de funciones.

* Generar resiliencia mediante protecciones sociales, en especial las que invierten en la formación de capital humano y vinculan la ‘protección de los medios de sustento’ (redes de bienestar social y seguridad) y la ‘promoción de los medios de sustento’ (inversión en agricultura y otros sectores productivos).

Maximizar las sinergias entre las inversiones públicas y las inversiones realizadas por los productores y las productoras de alimentos a pequeña escala conlleva un enfoque interactivo Estado-sociedad que estudie cómo se puede producir un cambio progresista mediante la explotación de tendencias políticas rivales dentro de la sociedad y el aparato estatal. Nos recuerda que ‘el desarrollo’ nunca es un proceso despolitizado, técnico ni automático, sino más bien el resultado de conflictos y luchas en la vida real. Así pues, el término ‘sinergia’ tal como se usa en este informe está impregnado de esa noción de incertidumbre y tensión creativa. En ningún caso debe interpretarse como si diera por sentado unos resultados positivos para todas las partes (lo que en inglés se conoce como win-win) ni como si representara la última palabra de lo que constituye, por definición, un proceso dinámico y en constante evolución de desarrollo y cambio.