Construyendo una nueva cultura pública del agua

27 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2014
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La ola neoliberal de privatización del agua se ha frenado gracias a la resistencia popular, pero los y las activistas advierten que las corporaciones encuentran nuevas vías para impulsar su control comercial.

No es frecuente que los movimientos sociales que se enfrentan a poderosos intereses corporativos tengan motivo de celebración. Pero los y las activistas que reclaman justicia en torno al agua que participaron en la reunión celebrada en Barcelona en noviembre de 2013 sobre la recuperación de las redes públicas de agua tenían buenas razones para aclamar los progresos, al tiempo que se anticipan los nuevos desafíos.

En los años 90 y a principios del siglo XXI, la ola de privatización del agua parecía imparable cuando las corporaciones adquirían servicios municipales de agua desde Bolivia hasta Estados Unidos. Gigantes corporativos como Suez y Nestlé se envalentonaron porque uno de los últimos bienes comunes del mundo podría encontrarse en breve bajo control corporativo. Pero su confianza no tenía fundamento.

Frente a la inesperada resistencia de muchas ciudades e incapaces de negar las creciente pruebas que desenmascaran el fracaso de las corporaciones para cumplir sus promesas, los mismos gigantes corporativos han retrocedido en los últimos años hasta hablar de soluciones público-privadas ‘pragmáticas’.

La red Reclaiming Public Water, integrada por activistas, sindicalistas, investigadores y operadores del agua pública, fue una de los protagonistas que forzaron este retroceso. Sin embargo, los asistentes a la reunión de Barcelona avisaron de los importantes desafíos futuros que deben impedir nuevas apropiaciones corporativas, además de la necesidad de que se convierta en realidad el derecho humano al agua declarado por Naciones Unidas y de que se suministre agua a todos de forma pública bajo una gestión sostenible y control democrático.

El fracaso de la privatización del agua

David Hall, antiguo director de la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos desveló datos1 que demuestran que el número de concesiones a los gigantes corporativos se ha reducido significativamente desde el año 2000, después de notables fracasos para cumplir sus promesas y ante gran resistencia popular.

Se ha demostrado que el mantra, predicado por las compañías de agua y los ideólogos neoliberales, de que sólo el sector privado puede conseguir servicios eficientes es una mentira. No menos de 86 ciudades en todo el mundo han experimentado de primera mano los fracasos de la privatización y actualmente están devolviendo a manos públicas los servicios de agua y saneamiento a los municipios.2 El caso más emblemático es el de París, sede de las compañías privadas globales de agua Suez Environment y Veolia. Para su bochorno, la ciudad ha decidido establecer una nueva compañía pública, Eau de Paris, con el objetivo de suministrar agua sobre la base de una sólida justicia social y ambiental.

86 ciudades en todo el mundo han experimentado de primera mano los fracasos de la privatización.

Estos modelos públicos alternativos han demostrado estar mejor equipados que los operadores privados para ocuparse de la compleja gestión de los recursos del agua. Llevan a cabo una planificación integrada a largo plazo, mientras que las corporaciones se inclinan por los modelos de corto plazo, basados en el máximo beneficio y el reparto de dividendos a los accionistas. Por ejemplo, Nueva York va a invertir 15.000 millones de dólares a lo largo de 15 años para proteger su cuenca ambiental río arriba.

El activista estadounidense Daniel Moss argumentó que “los operadores de agua públicos pueden jugar un papel central al unir a los diferentes protagonistas en torno a una cuenca con el fin de proteger los recursos de agua. Al fin y al cabo, el agua de calidad procede de un medio ambiente de calidad”. En Bangkok, la autoridad pública de agua MWA, en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha establecido innovadores proyectos agrícolas de reciclado y agroecológicos, lo que fortalece el compromiso de las comunidades para proteger los recursos de agua. Chatsinee Surasen de MWA explicó que “la conservación de los recursos de agua ayuda a reducir los costes de su producción, lo que implica que podemos invertir más en proyectos comunitarios que creen asociaciones que miran al futuro”.

Amenazas emergentes y ajustes de estrategia

Pero aunque la privatización puede reducirse, los y las activistas advirtieron que sigue siendo una amenaza para muchas ciudades en todo el mundo. Informes de Yakarta (Indonesia), Osaka (Japón) o Tesalónica (Grecia) recordaron a todo el mundo que la lucha por frenar las apropiaciones corporativas de los servicios públicos de agua está todavía en el corazón del movimiento que reclama justicia en torno al agua.

Las instituciones internacionales como el Banco Mundial se han vuelto también más sofisticadas en su promoción de la privatización; evitan las concesiones directas, pero recurren cada vez más a subterfugios con el objetivo de privatizar, como son las operaciones BOT (por sus siglas en inglés, es decir construcción, operación y transferencia) que fomentan que las compañías privadas construyan plantas de tratamiento de aguas residuales o embalses o que se creen PPP (por sus siglas en inglés, es decir asociaciones entre compañías privadas y autoridades públicas). Estos proyectos resultan atractivos a las corporaciones porque evitan los habituales riesgos políticos al tiempo que proporcionan oportunidades muy beneficiosas, a menudo en contra del interés público.3 Los costes de transacción tienden también a incrementarse dramáticamente bajo los acuerdos BOT y PPP, lo que sobrecarga a las personas que tienen que pagar impuestos de agua.

Más allá del escenario de los servicios de agua hay una amenaza creciente de apropiación corporativa del agua para usos productivos. El agua es a menudo el contexto y objetivo de las apropiaciones de tierras para la minería, la agricultura, la energía hidráulica y otras actividades que invierten mucho capital. En la ola de apropiaciones globales de tierras, poderosos protagonistas no sólo se apropian físicamente de recursos de agua, sino también del poder de decidir cómo se utilizan dichos recursos, a menudo en detrimento o excluyendo a comunidades empobrecidas y marginalizadas y las costumbres ecológicas de éstas. El movimiento de justicia en torno al agua se comprometió a trabajar con mayor intensidad con el fin de abordar estos temas dentro de sus estrategias.

Existe una amenaza creciente de apropiación corporativa del agua para usos productivos.

Los y las activistas del agua miran también más allá de la dicotomía simplista de lo privado y lo público con el fin de considerar el tema más amplio de la mercantilización. Hay una tendencia perceptible por la que los operadores públicos del agua se comportan como las corporaciones y trabajan como multinacionales en otros países.

Por ejemplo, algunos operadores públicos holandeses actúan como compañías privadas en África y Asia. La apropiación del acceso a servicios de agua y saneamiento se realiza a continuación mediante la implementación de principios neoliberales de gestión dentro de los servicios públicos del agua. Este proceso de transformación en corporaciones refleja nuevos cambios en las políticas neoliberales en torno a los servicios de agua y llamamientos a ajustes estratégicos.

Meera Karunananthan del Council of Canadians comentó que la victoria que supuso el reconocimiento de Naciones Unidas del derecho humano del acceso al agua –largamente defendido por los activistas del agua– requiere aún mucho trabajo si las multinacionales han de rendir cuentas frente a la ‘apropiación corporativa’. Por ejemplo, Suez ha defendido el derecho al agua, pero lo utiliza para intensificar la privatización. En este escenario, los activistas que reclaman justicia en torno al agua esperan aprender de las luchas por el derecho a la comida en las que se ha construido con más éxito una interpretación radical de la justicia social de este derecho humano esencial.

La expansión de modelos alternativos de la gestión del agua

Sin duda el mayor desafío es que los servicios públicos del agua funcionan con eficacia y justicia, especialmente en las ciudades que recuperan el control de servicios de agua privatizados.

Por ejemplo, Berlín ha decidido recientemente remunicipalizar sus servicios de agua. La recompra de los contratos realizados con las corporaciones costó 1.300 millones de euros, casi 2.000 millones si se incluye el interés sobre la deuda. Esta carga financiera restringirá gravemente las ambiciones sociales y ambientales de los servicios públicos de agua en los años venideros. Los berlineses conocen muy bien los desafíos, señaló la activista del agua Dorothea Haerlin; se colgó una pancarta el día de la decisión que rezaba “Después de la remunicipalización, democratización”.

Es importante también la definición de “público” más allá de las estrechas limitaciones de la propiedad ‘estatal’ y ‘municipal’. Las experiencias de Colombia y Bolivia han demostrado la importancia de sistemas comunitarios autónomos de agua para asegurar el acceso universal al agua, sobre todo para las comunidades pobres y marginalizadas.

La rendición de cuentas y la transparencia son sin duda un elemento clave de la construcción de servicios públicos de agua democráticos. Samir Bensaid de la compañía estatal de agua en Marruecos dijo que sin la participación de ciudadanos y trabajadores, la gestión pública conduce demasiadas veces a la burocracia, prácticas opacas y corrupción, utilizadas por los políticos neoliberales como pretexto para justificar la privatización.

En este contexto, la emergencia de las PUP (asociaciones públicas) se vio como un desarrollo crítico en la justicia en torno al agua. Las PUP son asociaciones colaborativas entre agencias públicas, comunidades y organizaciones cívicas establecidas para mejorar la eficacia de servicios de agua y saneamiento y la gestión de sus recursos. Operadores públicos españoles que trabajan juntos bajo el paraguas de AEOPAS colaboran con las autoridades y comunidades de agua en Mauritania, Malawi, Cuba, Nicaragua y El Salvador.

A pesar de graves desafíos sociales y constricciones financieras en estos países, los miembros de AEOPAS han conseguido conjuntamente diagnosticar y desarrollar proyectos para mejorar la distribución de agua, la protección de recursos, el fortalecimiento de capacidades, la gestión de activos y la inversión. Nueve operadores públicos de agua desde Kenia a Ecuador asistieron a la reunión; todos formaban parte de las PUP y compartieron perspectivas y maneras de trabajar para garantizar el suministro universal de agua gestionada de forma pública y democrática.

Hacia una verdadera cultura de agua pública

De estos nuevos modelos y asociaciones emerge una nueva cultura en torno al agua pública, caracterizada –según Emanuele Lobina de la Universidad de Greenwich– por la solidaridad y no por el beneficio, por la colaboración y no por la competencia, por la efectividad y no sólo la eficiencia, por la confianza y la amplitud de miras y no el secretismo.

Esta cultura aboga por la gestión del agua forjada en torno a valores comunes que excluyen los enfoques que buscan el beneficio. Rechaza un precio por el agua; aún si los servicios de agua deben pagarse, se basarán en el suministro justo e impuestos asequibles para todos sin discriminación. Aboga por servicios de agua construidos en torno al desarrollo comunitario y no al mercado, mediante la colaboración y no la competencia y juzgados por su efectividad social y no sólo por su eficiencia económica.

Esta cultura sólo podrá construirse si es inclusiva y cuenta con los esfuerzos conjuntos de ciudadanos, comunidades, operadores públicos y trabajadores.

 

1 Public Services International Research Institute (2011), Trends in Water Management
2 Public Services International Research Institute (2013), List of Water Remunicipalisations worldwide
3 Public Services International Research Institute (2011)