Tensión y debates en EEUU sobre la tortura

13 April 2009
Article

El debate en EEUU sobre la tortura que practicó la administración de Bush se libra entre dos sectores: uno considera que es necesario dejar atrás esta "irregularidad" y mirar adelante; el otro, que las leyes existen para ser cumplidas.

El pasado 9 de abril el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Leon Panetta, indicó que las prisiones secretas que ha utilizado esa organización durante los últimos años en diversos países van a cerrarse. Al mismo tiempo explicó que desde que se hizo cargo de la Agencia en enero pasado nadie ha sido detenido, y que no se volverán a utilizar miembros de empresas privadas de seguridad para llevar a cabo interrogatorios.

Junto con estas buenas noticias, Panetta aseguró que los agentes de la Agencia que aplicaron métodos de interrogación que calificó como "tortura" no serán acusados de ningún delito dado que el Departamento de Justicia autorizó esas prácticas durante la presidencia de George W. Bush. Esto significa un retroceso en la rendición de cuentas ante la justicia.

El 22 de enero el presidente de EE.UU., Barack Obama, firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre el cierre de esos sitios secretos además de la prisión de Guantánamo, y el fin de la práctica de la tortura.

En esas órdenes, sin embargo, no se prohibió transportar prisioneros entre países, práctica conocida como "extraordinary rendition". Estados Unidos trasladó a diversos lugares a decenas de personas detenidas ilegalmente con el fin de interrogarlos sin restricciones legales fuera de Estados Unidos. Panetta anunció que la CIA se reserva el derecho de detener personas durante un tiempo corto.

El gobierno de Barack Obama todavía no ha tomado una decisión sobre qué hacer con los prisioneros que la administración anterior calificó como "combatientes sin ley", a los que consideró tan peligrosos, que no podían ser juzgados con los procedimientos normales. Este es el caso de Ali Saleh Kahlah al-Marr, que espera aislado desde hace cinco años en una cárcel de Carolina del Norte ser liberado o juzgado. Según la normativa instaurada por George W. Bush, no puede acogerse ni a las leyes ni a la Constitución de Estados Unidos, pese a no estar acusado de nada concreto. Como escribe Jean Meyer en The New Yorker, a menos que Obama cambie las leyes, este hombre puede pasar el resto de su vida en prisión sin haber sido condenado.

Por lo menos 100 prisioneros estuvieron desde septiembre de 2001 en centros de detención clandestinos que el mismo Director de la CIA calificó como "agujeros negros". La Agencia nunca reveló dónde se encontraban pero diversas denuncias los sitúan en Afganistán, Polonia, Tailandia, Rumania y Jordania, entre otros países. Según algunas acusaciones, también barcos alquilados por el gobierno de Estados Unidos han sido utilizados para el mismo objetivo.

El uso de la tortura, la violación de la Convención de Ginebra sobre la protección de prisioneros de guerra y la Convención contra la Tortura, el uso de cárceles secretas, el traslado internacional de prisioneros, y qué hacer con los 241 prisioneros que quedan en Guantánamo son cuestiones que están generando denuncias, acusaciones, polémicas y tensiones políticas dentro y fuera de Estados Unidos.

El juez español Baltasar Garzón acaba de admitir a trámite una acusación de un abogado contra cinco ex funcionarios del gobierno de George W. Bush por promocionar y legalizar el uso de la tortura, entre ellos el ex Procurador General de Justicia, Alberto Gonzales Jr. Garzón se apoya en que cinco prisioneros torturados en Guantánamo son ciudadanos o residentes españoles. Hace un año el jurista británico Philippe Sands publicó el libro The torture team (El equipo de la tortura), en el que predecía que esos cinco funcionarios fueran juzgados en el futuro por haber querido pervertir la Convención de Ginebra.

España es, junto con Suiza, Portugal, Italia, Francia, Bélgica y otros, uno de los países que ha manifestado su disposición a recibir a algunos de los 60 prisioneros de Guantánamo que Europa está estudiando aceptar. Pero en las últimas semanas han surgido problemas porque la Unión Europea quiere garantías de que Washington compartirá toda la información de inteligencia que tiene sobre ellos, algo sobre lo que existen dudas. Asimismo, ¿qué figura legal permite trasladar, por ejemplo, a un afgano preso en Guantánamo (Cuba) a España o Francia? ¿Debe ser juzgado y, en ese caso, por qué delito y quién le acusa? ¿O debe quedar libre aunque sea, en efecto, peligroso?

Nuevos datos sobre abusos

En marzo de 2008 la CIA anunció que había destruido noventa y dos vídeos con la grabación de interrogatorios. Noventa registraban el trato dado a Abu Zubaydah, capturado en Paquistán en 2002. Se supone que en algunos se mostraban las torturas.

A principios de abril, la revista The New York Review of Books y luego The New York Times dieron a conocer un informe confidencial del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de febrero de 2007 sobre la utilización de diferentes métodos de tortura en la base de Guantánamo: entre ellos, asfixiar bajo el agua, confinamiento solitario por meses, golpes, privación del sueño a través de música muy alta durante semanas, baños de agua helada, amenazas de muerte. Una de las víctimas de torturas citado por The New York Review of Books es Abu Zubaydah.

En los últimos días The New York Times también denunció la participación de médicos en las sesiones de tortura para supervisar que los prisioneros no fuesen a morir.

El Departamento de Justicia está recibiendo presiones de grupos de derechos humanos para que abra causas penales contra los responsables de autorizar legalmente la tortura. A la vez, funcionarios de la CIA y ex miembros del gobierno de Bush indican que si Obama acepta que se les acuse y procese, será un triunfo para Al-qaeda y desalentará a otros a agentes y cargos políticos de hacer su labor antiterrorista.

Desde hace semanas, el Departamento de Justicia analiza la posibilidad de mantener en secreto o hacer públicos tres memorándum escritos por el ex jefe de la Oficina de Asesoría Legal que autorizaban el empleo de la tortura. Paralelamente, se han creado dos comités en el Congreso para analizar estas cuestiones.

¿Justicia o mirar hacia adelante?


A medida que se intensifica, el debate de fondo se libra entre dos sectores. Uno considera que, si bien se ha autorizado la tortura y eso va en contra de los principios y valores de Estados Unidos, es necesario dejar atrás esta "irregularidad" y mirar hacia el futuro. El otro, en cambio, piensa que las leyes existen para ser cumplidas. Es decir, si altos cargos de la administración autorizaron el uso de la tortura y funcionarios de cárceles, soldados y agentes de la CIA la practicaron, entonces todos deben ser procesados por haber violado la legislación estadounidense y los acuerdos internacionales que Washington ha firmado.

Los primeros argumentan que abrir un proceso contra el ex presidente Bush, el ex vicepresidente Richard Cheney o el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, sería penoso, costoso, llevaría largo tiempo, y desgastaría a la vez que dividiría al país. Los otros creen que es necesario realizar ese proceso precisamente para fortalecer la democracia, el sistema judicial y el prestigio del país.

El primer sector adolece de arrogancia democrática-imperial, creyendo que por tratarse de Estados Unidos no es necesario hacer justicia y que haber cambiado de gobierno es suficiente para condonar los crímenes cometidos. Que los funcionarios hayan actuado obedeciendo órdenes y legitimaciones de las instancias más altas del poder político no exime que se investigue y que se haga justicia con los que autorizaron, ordenaron y ejecutaron los crímenes.

La Convención contra la Tortura de 1984 indica a los 146 Estados que forman parte, incluyendo a Estados Unidos, que tienen la obligación de "asegurar que todos los actos de tortura sean delitos desde el punto de vista del derecho penal". Esto supone que el Estado debe detener y abrir causa penal a la persona que supuestamente ha cometido un delito de este tipo, o ha sido cómplice.

Los numerosos testimonios que se conocen sobre la práctica de la tortura por parte de Estados Unidos desde 2001 muestran premeditación en la manipulación de las leyes internas e internacionales por parte de los altos cargos, y ensañamiento con las víctimas por parte de los funcionarios menores. Todos son responsables. En Argentina, Chile, Ruanda o los Balcanes, entre otros casos, ha habido juicios a todos los niveles por violaciones de los derechos humanos. En ningún caso se admitió el principio de "obediencia debida" y Estados Unidos no puede ser una excepción.

Download: