Drogas y violencia en el Triángulo del Norte: ¿dos caras de la misma moneda?

17 September 2014
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El aumento de la violencia en el Triángulo del Norte de Centroamérica se suele nombrar al mismo tiempo que el mercado de drogas. Aunque la violencia prospera cuando hay comercio ilegal y respuestas exclusivamente represivas, las hipótesis sobre las causas y consecuencias suelen ser erradas o imprecisas.

Aunque 2014 podría traer nuevas oportunidades para el creciente debate global sobre las alternativas a la fallida guerra contra las drogas –por ejemplo, la iniciativa de Guatemala de discutir el resultado del estudio realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que analizará diversas opciones de reforma1 de las políticas de drogas en una reunión en Guatemala en septiembre de 2014 y los preparativos de una sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre estupefacientes en 2016 solicitada insistentemente por varios países latinoamericanos–, sigue pendiente un debate en profundidad sobre el papel que juegan las políticas de drogas para contener la violencia en Centroamérica. Hoy en día, los Gobiernos nacionales –Estados Unidos en particular– y la comunidad internacional aplican todavía recetas antiguas, a pesar de la evidencia de que estas intervenciones son fundamentalmente contraproducentes y de que las tendencias sugieren que la violencia criminal seguirá su escalada.

Estrategias de mano dura

En 2012, el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, hizo un llamamiento a los dirigentes regionales para debatir la regulación del mercado de drogas y propuso políticas alternativas como salida a la crisis de la violencia. Recibió el apoyo de otros líderes latinoamericanos, que solicitaron a la OEA que elaborara un informe analítico2 para la reunión de alto nivel que se celebrará en septiembre de 2014 en Guatemala. En la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2013, Pérez Molina explicó sus motivos: “Desde inicios de mi Gobierno hemos afirmado con claridad que la guerra contra las drogas no ha dado los frutos esperados. Y que no podemos seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes”. 

Hay también otras señales de un cambio de discurso, de buscar formas de aplicar políticas de reducción de daños en el ámbito de la seguridad, presentes incluso en documentos recientes de la ONU.3 Hace mucho tiempo que se necesitaba un cambio de este tipo, ya que las estrategias generalizadas de mano dura –respuestas estatales agresivas y represivas– se han demostrado ineficaces y hasta contraproducentes como políticas de reacción a la escalada de las actividades delictivas locales. Estas estrategias, a menudo dirigidas a las personas que operan en el mercado de drogas y las bandas (maras), han conducido también a una sobrepoblación carcelaria alarmante.

La región –junto con la del Caribe– ha experimentado todo tipo de tráfico clandestino: drogas, personas, armas, animales y muchos otros bienes entran por barco, automóvil, avión y hasta a pie por el istmo.

Debido a su posición geográfica entre Sudamérica y Norteamérica, América Central tiene una larga historia de comercio ilícito. Lo que es especialmente importante es que las regiones colindantes, es decir, la región andina al sur y México y los Estados Unidos al norte, o producen la mayor parte de la cocaína mundial, grandes cantidades de cannabis y algo de heroína o constituyen un inmenso mercado de consumo de drogas. No debería sorprender que décadas de este comercio y las consecuencias no intencionadas de las estrategias aplicadas para contrarrestarlo hayan contribuido a la manifestación de sus peores características en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Estos países –cada uno por razones específicas– se enfrentan ahora a la poderosa presencia e influencia de varias organizaciones de tráfico de drogas (OTD) de alto perfil, como Los Zetas y el cártel de Sinaloa, en su territorio y que no pueden controlar.

Los efectos globo

Los años noventa fueron testigo de cambios en las rutas y las estrategias utilizadas para organizar el narcotráfico con el fin de evitar la detección y hacer de puente entre Sudamérica y los grandes mercados de Norteamérica y Europa. Estos nuevos modelos de tráfico los llevaron a cabo grupos reorganizados y renovados ya dedicados al negocio, y fueron respuesta en parte a las políticas de otras regiones que habían tenido más o menos éxito en reducir, dividir o expulsar a las redes de tráfico de su territorio.

Estas OTD necesitaban encontrar territorios menos controlados y establecer nuevas asociaciones locales, que las condujeron, con el tiempo, a Centroamérica. La ofensiva militar por parte de México contra las OTD en 2006, liderada por el presidente del país, Felipe Calderón, es una ilustración perfecta de este ‘efecto globo’ experimentado previamente por México, después de cerrar las rutas del Caribe a inicios de los años noventa, y especialmente a raíz de la implantación del Plan Colombia al final de la década.

En México –como en Colombia en los años ochenta y principios de los noventa–, la economía basada en la cocaína impulsó en gran medida las redes delictivas del país y la ola de violencia entre organizaciones criminales rivales, cuyo objetivo era fortalecer y consolidar su control de las rutas principales de contrabando. Los grupos mexicanos dedicados al tráfico de drogas –con la posible excepción del cártel de Sinaloa– podrían seguir el patrón colombiano de dispersión y fragmentación. Las OTD mexicanas –sobre todo Los Zetas y la Federación Sinaloa– han extendido sin duda su territorio de operaciones hasta Centroamérica, donde controlan zonas rurales y fronterizas de Honduras y Guatemala.

 
Coast Guard News - Cocaine transfer Miami Beach
 

Drogas y violencia: ¿una relación de causa-efecto?

Tanto El Salvador como Guatemala han estado experimentando mayores tasas de homicidio que durante sus propias guerras civiles, que terminaron a mediados de los años noventa. Sin embargo, es Honduras –a pesar de salvarse de las sangrientas guerras civiles de sus vecinos– el país que ocupa actualmente el primer lugar en el ránking mundial de homicidios (cuadro 1.6, abajo). Para estos tres países en particular, pero también para el resto de la región, el alto número de homicidios y confrontaciones violentas de la última década está relacionado con los ajustes de cuentas y disputas territoriales o la rivalidad entre las OTD. Pero las altas tasas de homicidio son exacerbadas por las intervenciones policiales y militares que desestabilizan a las OTD y los mercados ilícitos, lo que se traduce en mayores confrontaciones y competencia. Por lo tanto y por desgracia, es en extremo difícil determinar exactamente hasta qué punto la violencia del Triángulo del Norte está relacionada de forma específica con las drogas.

UNODC Homicide Statistics
 

Se ha argumentado, por ejemplo, que, en Honduras, las luchas políticas que siguieron al golpe de Estado de 2009 han llevado a que los vínculos entre organismos policiales, fuerzas de seguridad, políticos y delincuencia organizada cambien hasta el punto de que resulta prácticamente imposible distinguir entre la violencia relacionada con las drogas y la violencia por motivaciones políticas.4 Asimismo, la calidad de los datos sobre la tipología de los homicidios –en caso de que se disponga de estos– es muy variable, dificultando determinar qué porcentaje de los homicidios denunciados está relacionado con la delincuencia organizada o las bandas. Por extensión –en la medida en que las OTD responden a un tipo específico de organización delictiva y las bandas participan cada vez más en el comercio de drogas–, es aún más difícil obtener estadísticas fiables sobre los homicidios del Triángulo del Norte relacionados con el narcotráfico.

Asimismo, el análisis de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otros análisis sostienen que la violencia relacionada con las drogas tiene su origen en los cambios de los mercados de drogas, antes que en los niveles de tráfico de por sí, como sucede con los ajustes de cuentas arriba mencionados. Parece que al menos parte de los homicidios relacionados con las drogas en Centroamérica puede atribuirse a estas amenazas al orden establecido, bien en la forma de los esfuerzos crecientes por parte de las agencias de seguridad o de los cambios en la cantidad de drogas con la que se trafica en toda la región, lo que causa que las organizaciones delictivas combaten con vehemencia por el control del territorio y los mercados.5

Por lo tanto, estos enfrentamientos entre las propias OTD y entre las OTD y las agencias policiales son en gran medida la causa de las altas tasas de homicidio en la región, un hecho que suelen pasar por alto los medios de comunicación, ansiosos de retratar a los miembros violentos de las bandas que actúan bajo los efectos de las drogas como las ‘fuentes’ más importantes de la violencia. Aunque algunos estudios indican que los patrones de consumo de drogas son más altos entre las personas que cometen delitos, y que el consumo es también más alto dentro de la población carcelaria, no está demostrado que los consumidores de drogas cometan más delitos violentos.

La diversificación de las actividades de las OTD, que se ha incrementado significativamente en los últimos años, es de extraordinaria relevancia en el debate sobre la relación entre las drogas y la violencia en el Triángulo del Norte6. Estas organizaciones han encontrado muy rentables las actividades de extorsión, contrabando y tráfico de personas, secuestro y contrabando de armas, lo que en algunos casos origina un abandono parcial del tráfico de drogas.

Eliminar el comercio ilegal de drogas mediante la regulación del mercado, o permitir a las OTD traficar en Centroamérica a través de un ‘corredor’ hacia los Estados Unidos –una de las propuestas originales de Pérez Molina– podría contribuir sin duda –aún sin ofrecer la panacea que busca la región– a contrarrestar los altos niveles de violencia. Esta diversificación de las actividades de las OTD es un argumento adicional que debería motivar a los responsables de elaborar las políticas a cambiar el hábito predominante de equiparar –a menudo sin cuestionamiento– el tráfico de drogas con los altos niveles de violencia, y analizar en cambio los factores históricos y socioeconómicos subyacentes.

La necesidad de atender a las causas socioeconómicas en lo que se refiere a la participación en la delincuencia organizada se ve reforzada además por el hecho de que las personas relacionadas con la economía ilícita –los seres humanos detrás de las cifras de homicidio– son principalmente jóvenes y varones. La mayoría solo tiene una educación mínima y procede de los grupos de ingresos más bajos. Constituyen un ejército aparentemente infinito del que tirar en este juego continuo del gato y el ratón entre el cumplimiento de la ley y las OTD. La constante repatriación de los miembros de las bandas de los Estados Unidos a los países del Triángulo del Norte garantiza que sus filas sigan aumentando.

Ayuda y estrategias imperantes

Como no es de extrañar, los Estados Unidos juegan un papel importante en los problemas de seguridad que afectan al Triángulo del Norte, actualmente expresados en la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI). Sucesora de la iniciativa de Mérida –que incluyó también a México y el Caribe–, el objetivo de la CARSI es consolidar las estrategias y programas existentes, lo que implica un gasto de 496 millones de dólares estadounidenses, de 2008 a 2013, solo en Centroamérica.7 Todos los países de Centroamérica figuran en la lista de la administración de los Estados Unidos de principales traficantes y productores de drogas, y la interceptación de drogas y el cumplimiento de la ley copan la mayor parte de la CARSI, con énfasis en la provisión de apoyo técnico, equipamiento y entrenamiento a las brigadas antidrogas de la policía local y la creación de fuerzas especiales, a menudo de estilo militar.

En este sentido, no se debe pasar por alto el historial más bien alarmante de las fuerzas policiales y de seguridad de la región.8 La implicación de estas fuerzas en abusos de derechos humanos, corrupción y otras actividades ilegales, y su colaboración con la delincuencia organizada está extensamente documentada. Junto con los más bien fallidos planes de reforma de los procedimientos de aplicación de la ley y de investigación, podríamos concluir que el foco actual que presta apoyo a los militares y la policía es bastante arriesgado, si no completamente perjudicial para la seguridad de Centroamérica.

Es decir, una de las lecciones más importantes que se puede extraer de las últimas experiencias en las Américas es que los enfoques de mano dura con énfasis en las detenciones y las interceptaciones de drogas conducen a menudo a repuntes importantes de la violencia porque el comercio de los estupefacientes se trastoca, las alianzas cambian y el control territorial entra en disputa. Está surgiendo cierto debate sobre propuestas alternativas que proponen cambios de enfoque en el ámbito de la aplicación de la ley y los mercados de drogas.9

En general, observamos una continuación de las estrategias de mano dura imperantes entre los Gobiernos del Triángulo del Norte, aunque estas han demostrado ser extremadamente ineficaces a la hora de contener la proliferación de la violencia en la región. Aun cuando la militarización de la lucha contra la delincuencia por parte de México ha sido criticada debido a su contribución a los abusos de los derechos humanos y la violencia, es precisamente esta estrategia la que se aplica y se apoya internacionalmente en el Triángulo del Norte. En Guatemala, por ejemplo, a pesar de pedir enfoques alternativos en la guerra contra las drogas, el presidente ha intensificado simultáneamente la participación militar en las operaciones anticrimen y el apoyo de enfoques agresivos frente al tráfico de drogas.10 

Redirigir las estrategias de reducción de la violencia

Sin duda, el mercado de drogas juega un papel crítico en la violencia delictiva del Triángulo del Norte. Pero debe quedar claro que este papel se sobrestima a menudo al proliferar estereotipos y suposiciones superficiales sobre las cadenas de causa y efecto. Las medidas imperantes para controlar el tráfico de drogas exacerban a menudo los niveles de violencia, y a pesar de reconocerse este hecho, se aplican de forma generalizada.

Es necesario seguir con el debate abierto sobre los enfoques alternativos al tráfico de drogas y la violencia, que contemple y discuta estrategias orientadas a reducir los daños infligidos por la aplicación de la ley. Un ejemplo a considerar para reducir la violencia delictiva es implantar regulaciones sobre el cannabis, como ha sucedido en Uruguay. También en Jamaica, Belice y Puerto Rico se despenaliza gradualmente el cannabis. En Nicaragua, la introducción de las policías comunitarias ha reducido la violencia dentro de las comunidades. Y en El Salvador, el Gobierno fomenta las negociaciones entre los actores del mercado. Es de máxima importancia que esta retórica se consolide mediante cambios específicos en las políticas, las leyes y las prácticas en materia de drogas, promovidos por un giro en el enfoque de la ayuda internacional, de forma que se redirijan las estrategias de reducción de la violencia en el Triángulo del Norte.

Revisores

Juan Tokatlian, director del departamento de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires.

Y Mabel González Bustelo, periodista, investigadora y asesora en seguridad internacional.

Foto: Georgia National Guard

Notas

1. Las siguientes propuestas procedentes de Centroamérica se presentaron en una cumbre regional en abril de 2012: en primer lugar, intensificar los esfuerzos de interceptación, a la vez que se introduce un mecanismo de financiación mediante el cual el valor de los envíos de drogas incautados sería reembolsado por el país de destino y consumo. Por ejemplo, los Estados Unidos pagarían el 50% del precio del mercado estadounidense por cualquier kilogramo de cocaína interceptado en Guatemala, en compensación por los altos costes sociales y los gastos de aplicación de la ley relacionados con el control de drogas en los países de tránsito. En segundo lugar, establecer una Corte Penal centroamericana para los delitos de tráfico de drogas que cuente con jurisdicción regional y con su propio sistema penitenciario, con el fin de aliviar los sistemas nacionales de justicia penal de la gran carga de procesamiento y encarcelamiento relacionada con los delitos de drogas. En tercer lugar, la ‘despenalización’ del tránsito de drogas mediante el establecimiento de un corredor por donde la cocaína transitaría sin obstáculo desde Sudamérica a Norteamérica, sin desestabilizar toda la región de tránsito. Y finalmente, crear un marco legal de regulación que cubra la producción, el comercio y el consumo de drogas, sin facilitar más detalles sobre cómo un mercado regulado de este tipo funcionaría o la posibilidad de que existan diversos mecanismos para diferentes drogas. Para una visión de conjunto de los debates actuales en América Latina sobre las alternativas a las políticas existentes: http://www.tni.org/es/article/america-latina-debate-sobre-alternativas-la-actual-politica-de-drogas
2. Organización de los Estados Americanos, Informe sobre el problema de las drogas en las Américas, e Informe de escenarios para el problema de las drogas en las Américas 2013-2025, 17 de mayo de 2013.
3. PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina 2013-2014: Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. En una de sus recomendaciones, se refiere específamente a “abordar el consumo de drogas como un problema de salud pública (…) mediante programas de prevención, tratamiento, reducción del daño y rehabilitación de consumidores”, p. 207.
4. Bull, B. (2011). In the shadows of globalization: drug violence in Mexico and Central America, NOREFhttp://www.peacebuilding.no/Regions/Latin-America-and-the-Caribbean/Latin-America-and-global-trends2/Publications/In-the-shadows-of-globalisation-drug-violence-in-Mexico-and-Central-America 
5. UNODC (2011). Estudio mundial sobre el homicidio: tendencias, contextos, datos. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
6. Garzón, J.C., Olinger, M., Rico, D.M. y Santamaría, G. (2013). La diáspora criminal: la difusión transnacional del crimen organizado y cómo contener su expansión. Wilson Center Latin American Program.
7. US Department of State: Central America Regional Security Initiative http://www.state.gov/p/wha/rt/carsi/
8. Meyer, P.J. y Ribando Seelke, C. (2012). World Report 2012: Events of 2011, Human Rights Watch. 
9. Garzón Vergara, J. (2014). Mercados locales de drogas ilegales: Impactos, tendencias y nuevas respuestas. Wilson Center. http://www.wilsoncenter.org/publication/local_markets

Siglo21 (2012). Inauguran dos bases militares en Día del Ejército, 30 de junio de 2012. http://www.s21.com.gt/node/246811

Bird, A. (2012). Return of the death squads, Red Pepper, junio/julio de 2012, número 184.

Zinecker, H. (2012). Más muertos que en la guerra civil, El enigma de la violencia en Centroamérica.

Costa, G. (2012). Citizen Security in Latin America. Inter-American Dialogue Latin America Working Group, febrero de 2012.


10. Latin American Newsletters (2012). Pérez Molina shifts gear on  drugs. Latin American Security & Strategic Review, junio de 2012.