Un proceso en ciernes Cambios en el debate sobre políticas de drogas en América Latina

Las grandes expectativas sobre un debate de alto nivel respecto a las actuales políticas de drogas en la VI Cumbre de las Américas (OEA, abril de 2012), en Cartagena, Co­lom­bia, muy pronto quedarían empañadas y reducidas a no más que el comentario mode­rado de que al menos el tema llegó a tocarse a tan alto nivel. Lo que podría verse como un éxito y un fracaso a la vez: no se discutió sobre alternativas a la prohibición, aunque todos coincidieron en que debía examinarse la evidente ineficacia de las estrategias actua­les. También se acordó que la OEA realice un estudio y examine las pruebas reunidas en busca de estrategias alternativas más efectivas en 2013.

La Conferencia internacional de ministros de Relaciones Exteriores y jefes de organis­mos nacionales especializados contra el pro­blema mundial de las drogas, que se celebra los días 25 y 26 de junio en Lima, será la próxima oportunidad para que los gestores de las polí­ticas discutan la forma y el con­tenido de esta evaluación o estudio. Otra oportunidad estará teniendo lugar al mismo tiempo, el 26 de junio, en Nueva York en donde habrá un debate temático sobre “Drogas y delito como una amenaza para el desarrollo” en ocasión del Día Internacional de la Lucha Contra el uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas en el marco del 66º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Gracias a la insistencia y los esfuerzos de los presidentes Otto Pérez Molina (Guate­mala) y Juan Manuel Santos (Colombia), y a la aten­ción mediática en el período previo a la Cumbre de abril en Cartagena, el tema llegó a estar presente en la agenda de la Cumbre. Finalmente, algunas de las frus­traciones por las políticas de control de drogas promovidas por Estados Unidos pudieron ser puestas en la mesa a un alto nivel político, “liberándose el genio de la botella”. Los presidentes y jefes de delega­ciones discutieron “temas calientes pero secretos” la tarde del domingo a puerta cerrada, y según palabras del presidente San­tos, de “manera abierta y franca”.

El surgimiento de una América Latina cada vez más independiente y segura de sí misma para insistir en un cambio de rumbo en la política contra las drogas refleja un impor­tante cambio en los términos de la relación con Estados Unidos. La demanda de una "democratización" del debate y de alternativas a las actuales políticas se deriva de la percep­ción de que las sociedades lati­noamericanas pagan un precio despropor­cionado en vidas perdidas, secuestro de los sistemas judiciales, abusos y hacinamiento en las cárceles, y des­plazamiento de peque­ños campesinos, debido a la estrategia lide­rada por Estados Unidos que da prioridad a la reducción de la oferta sobre la reducción de su propia demanda.

La bancada del Senado estadounidense sobre fis­calización internacional de narcóticos lo reconoció en su último informe, diciendo que “Estados Unidos debe hacer mucho más para reducir la demanda de nuestro país de drogas ilega­les. En última instancia, es el consumo de drogas en los Estados Unidos lo que ali­menta la violencia en toda América Latina y el Caribe”. Esto no quiere decir que la sociedad estadounidense no haya pagado también un alto precio en términos de vio­lencia relacio­nada con las drogas y de aumento de la población carcelaria, por la aplicación de leyes nacionales para reprimir las drogas.

RECOMENDACIONES

• Garantizar que el estudio encargado a la OEA sobre opciones alternativas para las políticas de drogas sea una reflexión honesta y sin prejuicios sobre los diferentes modelos y estrategias

• Apoyar los pasos que se están dando para la regulación legal del mercado de cannabis y explorar, con una coalición de países voluntarios, la mejor manera de resolver el conflicto legal con las convenciones de la ONU

• Elaborar propuestas para las sustancias específicas con miras a la gestión de los diversos submercados de drogas

• Experimentar con medidas de reducción de daños para reducir los niveles de violencia relacionada con las drogas

• Apoyar el derecho legal a la masticación de la coca y permitir el desarrollo de un mercado lícito de coca en toda la región

• Asegurar la participación de la sociedad civil en el debate sobre la reforma de la política de drogas

• Cuestionar las disposiciones de las convenciones de la ONU que obstaculizan los avances de las reformas basadas en la evidencia empírica.