Licencia para acaparar

Cómo las normas internacionales de inversión socavan la justicia agraria
22 Abril 2015
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La cláusula de ‘solución de controversias entre inversores y Estados’ (SCIE) que incluyen muchos tratados comerciales garantizan una amplia protección a los inversores y limitan la capacidad de los Gobiernos para promulgar leyes agrarias progresistas.

Durante las últimas dos décadas, se ha desarrollado un complejo entramado de más de 3.200 tratados de inversión, la mayoría de ellos en forma de tratados bilaterales de inversión (TBI). Estos se han convertido en la espina dorsal de un régimen de derechos corporativos que protege los flujos de inversión extranjera directa (IED) que circulan a escala mundial, actualmente estimados en 20 billones de dólares.

Estos tratados otorgan a los inversores amplios derechos, a la vez que limitan el control del Estado sobre el capital transnacional y constriñen el espacio normativo de los Gobiernos. Esta tendencia resulta especialmente preocupante en el contexto del acaparamiento mundial de tierras y aguas. En muchos casos de acaparamiento, la IED —que adopta la forma de grandes acuerdos de tierras presentados como ‘inversiones para el desarrollo rural’— se apropia de tierras y de los recursos asociados a esta.

Las normas generales del régimen mundial de inversiones están facilitando este proceso, socavando así un enfoque de derechos humanos en el ámbito de la gobernanza de la tierra.

Una de las disposiciones clave de estos acuerdos de inversión es un controvertido mecanismo que permite a los inversores extranjeros demandar a los Gobiernos en tribunales privados de arbitraje internacional que operan al margen del sistema judicial ordinario de los países. Las demandas de los inversores a través de los mecanismos de ‘solución de controversias entre inversores y Estados’ (SCIE) se han disparado en más de un 400% en los últimos años.

Estos casos de SCIE cada vez cuestionan más las políticas ambientales y de salud promulgadas en pro del interés público y entrañan situaciones (tanto en el Norte como en el Sur Global) en que el mundo corporativo está usando el marco de la SCIE para limitar la capacidad de los Gobiernos a la hora de abordar el acaparamiento de tierras y aguas.

Este informe analiza e ilustra cómo las normas internacionales de inversión representan un obstáculo para la lucha por la soberanía alimentaria y de la tierra. En sus páginas se plantea que —en marcado contraste con el modelo de gobernanza de la tierra y los alimentos liderado desde la base y fundamentado en los derechos humanos que está emergiendo para hacer frente a los acaparamientos de tierras— el régimen mundial de inversiones:

  • obstaculiza una necesaria e importante redistribución y restitución de tierras;
  • fomenta la mercantilización de la tierra;
  • impide que se ponga freno a las vulneraciones de acuerdos de tierras (y aguas) ilegítimos e injustos; y
  • limita el alcance de políticas agrarias y agrícolas progresistas que protegen a los pequeños campesinos y campesinas, y la salud pública.

 Este informe se basa en un informe previo escrito por Tomaso Ferrando para el TNI.
 

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