Por una nueva perspectiva frente al comercio

Mandato de Comercio Alternativo
19 Diciembre 2013
Informe

Para desarrollar sociedades más justas y democráticas, debemos reclamar el control democrático sobre los procesos normativos de la UE en materia de comercio e inversión.

Presentación

El Mandato de Comercio Alternativo ha sido desarrollado a través de un amplio proceso de consulta con la sociedad civil en toda Europa. Los grupos que integran y apoyan el Mandato de Comercio Alternativo no coinciden necesariamente con todos los puntos de este documento, pero respaldan sus líneas generales. También consideran que es un documento en constante evolución; una invitación para que otros grupos se sumen al debate sobre el futuro de la política de comercio e inversión de la UE.

La alianza del Mandato de Comercio Alternativo está formada por grupos de campesinos y campesinas, grupos que trabajan en materia de desarrollo, activistas del comercio justo, sindicalistas, trabajadores y trabajadoras migrantes, ambientalistas, grupos de mujeres, derechos humanos, consumo y de base confesional de toda Europa que buscan desarrollar una perspectiva alternativa de la política comercial europea: una visión que sitúe a las personas y el planeta por delante de las grandes empresas.

Principios básicos

  • que los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos indígenas, los derechos laborales y la protección del ambiente primen por encima de los intereses empresariales y privados.
  • la transformación estructural, el acceso universal a servicios públicos de calidad, la protección social, normas laborales y ambientales más estrictas, la democracia y la transparencia.
  • que los Gobiernos regulen las importaciones, exportaciones e inversiones de forma que estas sirvan a sus propias estrategias de desarrollo sostenible.
  • que los países, las regiones y las comunidades puedan controlar la producción, la distribución y el consumo de sus propios bienes y servicios.
  • que la política comercial europea respete el derecho de los países y las regiones a desarrollar el comercio local y regional –y a darle prioridad– por encima del global, por ejemplo, en el sector de la alimentación.
  • que los Gobiernos y los parlamentos europeos puedan exigir a sus corporaciones que rindan cuentas por las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones en Europa y el resto del mundo.
  • que se respete la soberanía alimentaria, y se permita que países y comunidades prioricen los sistemas alimentarios locales y regionales.
  • que se fomente una política industrial que favorezca una transición justa hacia otro modelo de desarrollo.
  • que se fortalezcan las regulaciones sociales y ambientales, y se garantice la total transparencia de las cadenas de valor mundiales.
  • que se asegure una distribución justa de la renta en las cadenas de valor mundiales, garantizando unos ingresos estables y dignos a los productores y trabajadores, y precios asequibles a los consumidores, especialmente en lo que respecta a necesidades como alimentos y medicamentos.
  • que los Gobiernos, los parlamentos y las autoridades públicas tengan plenos derechos para regular los mercados financieros y el sector de los servicios financieros con el fin de proteger los derechos sociales y el bienestar, asegurar la sostenibilidad, salvaguardar el control democrático y garantizar la estabilidad financiera (entre otras medidas, limitando los movimientos de capital).
  • el intercambio de conocimientos y el libre acceso a estos, por ejemplo, a través de sistemas de código abierto, iniciativas de intercambio de semillas o patentes mancomunadas, y sistemas de licencias abiertas para promover la innovación y el acceso a medicamentos.
  • que ciertos sectores, entre los cuales estarían bienes públicos como el agua, la salud y la educación o los servicios financieros, queden excluidos de las negociaciones de la UE en materia de comercio e inversiones.
  • que se reconozcan responsabilidades comunes pero diferenciadas para los países en desarrollo y se garantice un trato especial y diferenciado para los más pobres.
  • que se aplique el principio de precaución (por el que se asume la responsabilidad de proteger al público de daños potenciales, aunque aún no estén demostrados) en todas las regulaciones y normas de comercio e inversiones.